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Zona

Victoria de La Vega y Bianca De Marchi Moyano

Una primera definición de zona surge de explorar su origen etimológico griego. Para Covarrubias Orozco (1611), el término proviene del vocablo ζώνη, que se refería a un ‘ceñidor o cinto’. Con el tiempo, se utilizó para denominar “los círculos de la esfera” terrestre. Hacia el siglo XVIII la perspectiva geográfica de la definición se asentó para definir zonas del planeta. En 1713 se describe zona como:

Cualquiera de las cinco partes o bandas en que se considera dividida la superficie de la tierra, [de] polo a polo. Hay una llamada Torrida (sic.), cuya anchura es igual a la distancia entre los dos trópicos, y está dividida por el ecuador en dos zonas iguales; dos Glaciales que se extienden desde los polos hasta los círculos polares; y dos Templadas, comprendidas entre los mismos círculos y los trópicos (RAE, 1713, s. p.).

Este origen permite destacar dos aplicaciones de la palabra zona asociadas a la cuestión fronteriza contemporánea. La primera tiene que ver con la división geométrica del globo terrestre y el establecimiento de partes. Con ello, se reconocen parcialidades asociadas a sus características, principalmente climáticas y ambientales. La segunda se vincula a la idea de franja de amortiguamiento, tapón o buffer, una banda que rodea cierta porción delimitada para contenerla y protegerla, ya sea un país o un área de conservación.

Ambas nociones están presentes en la forma técnica y sistemática de planificación territorial y urbana. Este campo de acción, principalmente estatal, retoma la idea de zona para ordenar la espacialidad de un país o una región. Un instrumento clave de la planificación es la zonificación. Hoy en día, ésta se refiere al proceso mediante el cual se establece cierta división del espacio con fines específicos de uso, regulación y/o gestión.

La zonificación es un proceso directamente relacionado con la asignación de zonas geográficas para actividades determinadas, como la urbanización, la agriculturización, la extracción de productos o la preservación de la biodiversidad. De este modo, tiene como finalidad gestionar el uso del espacio, sus recursos y circulación, de acuerdo con criterios legales que se definen económica, técnica y ambientalmente.

Este capítulo se propone revisar, críticamente, esta mirada tecnocrática y funcional del establecimiento de zonas a través de tres secciones. La primera revisa los ejercicios técnicos de ordenamiento o planificación territorial que aplican zonificaciones urbanas. La segunda sección observa su utilización en unidades destinadas a la protección de la biodiversidad. La tercera sección aborda casos de fronteras, cuando estas se conciben en tanto zonas que se zonifican, según los intereses de control de la movilidad y la demarcación defensiva de los estados-nación.

Zonificaciones precisas

Desde la planificación se asume que una zona delimitada es un área geográfica definida por límites precisos para fines particulares, principalmente de gestión de usos de suelo. Estos pueden ser establecidos por razones legales, administrativas o ambientales, y se asume que son fundamentales para el control y el desarrollo de ciertas actividades. Así, por ejemplo, el Diccionario de Geografía Aplicada y Profesional, dirigido por López Trigali, identifica el término zona con su designación “industrial [en tanto] una de las que forman parte de la zonificación municipal, junto a las zonas residenciales, comerciales o de mezcla de usos, bien como las zonas de espacios libres y actividades deportivas, según una aproximación al uso” (2015, p. 641).

Estas zonificaciones devienen del ejercicio de delimitar, es decir, de “…separar, restringir acceso y, a la vez, definir, distinguir ámbitos de ocurrencia, situaciones o esferas de acción diferentes” (Alvarado, 2020, p. 213). Las zonas de un plan de desarrollo urbano, por ejemplo, son aquellas donde la autoridad gubernamental identifica áreas ideales para cada tipo de actividad. Además, se distingue lo urbano de lo rural: la frontera entre dos modos de producción del espacio que, muchas veces, se asumen como claramente diferenciados.

Un caso donde se puede observar esta organización espacial se da en la ciudad de La Paz, Bolivia (Figura 1), donde el municipio establece diferentes zonas de uso de suelo y de conservación. Con ello, busca definir tanto límites constructivos y funcionales como parámetros impositivos o de multa y, en consecuencia, de valor del suelo urbano.

Figura 1. Mapa de uso de suelos de la ciudad de La Paz

Fuente: Municipio de La Paz (2025).

De acuerdo con Raffestin (1980, p. 109), este tipo de ejercicio de zonificación, en el sentido de delimitación, supone “aislar, abstraer o, aún más, manifestar un poder en un área precisa”. En este sentido, trazar una división es consecuencia de las relaciones con el espacio y es una forma elemental de producción de territorio.

La división puede tener distintos objetivos, ya sea optimizar las actividades de una población o ejercer control sobre ellas. De ahí que se trate usualmente de una mirada estatal y formal de concebir el espacio y sus habitantes. Sin embargo, para definir el tipo de división y diseñar la planificación deseada, es determinante comprender el funcionamiento operativo del grupo que lo habita: una división vivida, que se busque maximizar, minimizar o, incluso, anular, a través del control.

Zonificaciones y amortiguación

La delimitación de zonas puede considerarse como el acto de trazar un límite para dividir una parcialidad. Esta práctica tiende a centrarse en una lógica lineal. En este sentido, Raffestin (1980) destaca la importancia de comprender estas delimitaciones, a su vez, como zonales ya que las acciones no afectan sólo una localización ni cesan abruptamente fuera de ésta, sino que se desvanecen de manera progresiva en el territorio.

El efecto zonal del límite se manifiesta en la modificación de las actividades de los habitantes en los contornos afectados por la división. Esto se puede incorporar en la planificación técnica, mediante el establecimiento de zonas de amortiguamiento o buffer al interior de los polígonos demarcados. Con ello, se busca ordenar o favorecer su impacto progresivo.

Un ejemplo de esto se puede observar en la zonificación que se desarrolla en las áreas protegidas destinadas a la conservación de la biodiversidad. Este es el caso de la reserva de la biósfera Lauca, emplazada en la región de Arica y Parinacota al norte de Chile, en la frontera con Bolivia y Perú. El plan de manejo de esta área indica una división en tres zonas o tipos de zonas (Figura 2):

  • núcleo (en verde oscuro), de máxima protección y sin actividades;
  • amortiguación (en verde claro), donde se realizan actividades científicas, educativas y turísticas asociadas al núcleo;
  • transición (en amarillo), para gestionar este efecto progresivo y donde se admiten asentamientos humanos poco densos, dedicados al desarrollo sostenible.

Se trata de una zonificación para favorecer la protección de una centralidad en la que el suelo no debería tener ningún uso social ni económico, mientras se permite cierta flexibilización en el entorno, hasta incluir actividades que deberían ser compatibles con los fines de la conservación. Sin embargo, al sureste de esta área, en la región del salar de Surire, se establece una zona de transición. La misma admite la permanencia de la actividad minera de la empresa Quiborax, pese a que sus acciones sobre el salar y sus espejos de agua son poco (o nada) sostenibles, e incluso resultan incompatibles con la conservación de la biodiversidad.

Figura 2. Mapa de zonificación de la reserva de la biósfera Lauca

Fuente: Corporación Nacional Forestal (documento obtenido en el marco del proyecto FONDECYT N° 11240117 en 2024).

Al respecto, Haesbaert (2014) desarrolla la noción de lógica zonal: una forma de racionalidad espacial que estructura el territorio mediante zonas continuas y contiguas. Estas zonas se delimitan para diferenciar, estabilizar y controlar las prácticas sociales, promoviendo la copresencia y cierta homogeneidad interna. Esta lógica, al ser estatal, suele dialogar poco con los territorios colindantes. Así, retomando el caso de la reserva de la biósfera Lauca, aunque contempla una zona buffer hacia el interior del territorio nacional chileno, asume que la conservación termina en el límite internacional de manera abrupta, al menos en términos legales.

En ese marco, es interesante aplicar una mirada crítica sobre este tipo de lógica zonal, tomando en cuenta su relevancia tanto para las políticas territoriales como para la investigación social que las indaga. De hecho, los gobiernos sudamericanos suelen implementar planes fronterizos a través de la definición de zonas de frontera similares, aspecto que se aborda en la siguiente sección.

Zonas fronterizas zonificadas

Para comprender los efectos de la delimitación y la demarcación de zonas, y su formalización en zonificaciones, es importante comprender la manera en que estas se territorializan. Por un lado, el origen de la delimitación de zonas es parte de cualquier forma de planificación y su finalidad es organizar el espacio a partir de la priorización de ciertos usos de suelo. Por otro lado, está la visión que relaciona las zonificaciones como un ejercicio del poder sobre un espacio determinado (Tamayo, 2020).

En este segundo enfoque, una zona delimitada pasa a ser formalmente demarcada cuando su perímetro es materializado sobre el terreno mediante hitos, pilares u otras señales visibles, registrados cartográfica y jurídicamente. La demarcación transforma la línea abstracta, fijada por los documentos, en un referente físico que dota a la zona de condiciones operativas para el ejercicio de competencias, así como para la aplicación de medidas coercitivas y de resolución de conflictos. De hecho, las fronteras internacionales de los países suelen materializar el límite con diferentes dispositivos, y con la aplicación de políticas específicas y restrictivas sobre estos territorios.

Varios países de Sudamérica materializaron sus zonas de frontera (Figura 3). Esto puede verse en Brasil mediante el establecimiento de una franja de frontera que se extiende hasta 150 kilómetros hacia el interior, desde el límite internacional, conforme lo establece el artículo 20.2 de la Constitución Federal y la Ley 6.634/1979. Es un área considerada de interés nacional y que está sujeta a normas específicas de uso y ocupación del suelo, además de políticas diferenciadas de desarrollo e integración (RETIS, 2005). Algo similar sucede en Perú que establece su zona fronteriza, no con una distancia fija, sino a partir de los distritos directamente colindantes con un país vecino (art. 136 de la Ley sobre Municipalidades Fronterizas) y de sus polígonos político-administrativos (Ley Marco de Integración Fronteriza de 2011).

Figura 3. Zonas de frontera en países sudamericanos

Fuente: Benedetti y Eguren (2025).

Ahora bien, estas estrategias en las zonas de frontera no se ejercen de forma simétrica ni constante en toda su extensión, sino que los gobiernos priorizan lugares para un resguardo intenso y concentrado. Así, los pasos de frontera, donde se habilita el control estatal sobre la movilidad de personas y bienes, justamente son una muestra de la intensificación de la institucionalidad y la materialización fronteriza. De hecho, a fines del siglo XX e inicios del XXI la Comunidad Andina de Naciones apoyó procesos que buscaban establecer Zonas de Integración Fronteriza binacionales. El objetivo era:

generar un espacio de mayor cohesión entre los países a partir de la integración de las regiones aledañas al límite fronterizo, el mejoramiento de la infraestructura, la ampliación del comercio, el desarrollo productivo y la agilización de pasos formalizados en las fronteras (Ramírez, 2008, p. 134).

Pese a esta intención, se trató de esfuerzos que terminaron fortaleciendo el equipamiento y la tecnología de control en los pasos de frontera, mientras se han dejado de lado los otros aspectos previstos.

Esa estrategia diferenciada también puede obedecer a una lectura socioambiental, como se observa en la franja fronteriza de Brasil, donde existe una segmentación en tres arcos: norte, centro y sur. En ellos, los ecosistemas, las formas productivas, los asentamientos y las divisiones político-administrativas se diferencian claramente (RETIS, 2005).

Otra forma de zonificación de la frontera se produce cuando se trata de prever la amenaza que se atribuye a uno u otro país vecino. Por ejemplo, en los límites de Chile y de Argentina con Bolivia, se ha aplicado el plan “Frontera Norte” (Ramos y Tapia, 2024) y el “Escudo Norte” (López, 2019), respectivamente. Este último se ha actualizado entre 2024 y 2025 con el gobierno de Javier Milei (2023-2027), mediante el Plan Güemes y la Operación Roca que afectan específicamente la frontera argentina con Bolivia. Esta mirada defensiva, que particulariza una frontera y un país, puede considerarse una zonificación de la zona fronteriza y un reforzamiento selectivo del límite: una refronterización.

Así, la zonificación opera como un dispositivo de poder que regula y condiciona prácticas sociales como la movilidad. A la vez, otorga respaldo legal a otras prácticas cuando el modelo económico así lo exige bajo la narrativa de cumplir un rol técnico indispensable para la gestión del territorio por parte del estado nacional. Puede ser el caso de la explotación medioambiental.

Bibliografía

Alvarado, R. (2020). Delimitación. En: A. Benedetti (Dir.), Palabras clave para el estudio de las fronteras (1.ª ed.). Teseo Press.

Benedetti, A. y Eguren, L. (2025). Polígono fronterizo estatal. Países de Sudamérica, décadas de 1940 a 2020. Atlas de las Fronteras 1 (001), https://af.unam.edu.ar/index.php/inicio/article/view/12/44

Covarrubias Orozco, S. de. (1611). Zona. Tesoro de la lengua castellana o española. https://archive.org/details/A253315

Haesbaert, R. (2014). Lógica zonal y ordenamiento territorial: Para rediscutir la proximidad y la contigüidad espaciales. Cultura y representaciones sociales, 8 (16), 9-29.

López, A. N. (2019). “Al resguardo de la seguridad nacional”: Criminalización y militarización de la frontera La Quiaca (Argentina) - Villazón (Bolivia). Revista del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, 14, 65 – 77. Ministerio Público de la Defensa, Defensoría General de la Nación.

López Trigal, L. (Dir.), Rio Fernandes, J. A., Sposito, E. S. y Trinca Fighera, D. (Coord.). (2015). Diccionario de geografía aplicada y profesional: Terminología de análisis, planificación y gestión del territorio. Universidad de León.

Real Academia Española. (1713). Zona. Archivo histórico de la RAE. Recuperado el 17 de octubre de 2025, de https://archivo.rae.es/zona

Municipio de La Paz. (2025). Mapa consolidado de uso de suelos y patrones de asentamiento [Mapa]. Ordenanzas Municipales 493/2013 al 516/2013 y actualizaciones por actos administrativos. Secretaría Municipal de Planificación. Consultado el 6 de octubre de 2025, en https://sitservicios.lapaz.bo/sit/LUSU/

Raffestin, C. (1980). Por una geografía del poder (Y. Villagómez Velázquez, Trad., edición de 2013). México: El Colegio de Michoacán.

Ramírez, S. (2008). Las Zonas de Integración Fronteriza de la Comunidad Andina. Comparación de sus alcances. Estudios Políticos, (32), 135-169.

Ramos, R., y Tapia Ladino, M. (2024). Entre humanitarismo y seguridad: La reorganización del control fronterizo en Chile (2010-2022). Estudios Fronterizos, 25. https://doi.org/10.21670/ref.2418154 

RETIS – Rede de Estudos em Território e Sustentabilidade. (2005). Proposta de reestruturação do Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. Ministério da Integração Nacional. https://shre.ink/oCIS

Tamayo, O. (2020). Demarcación. En: A. Benedetti (Dir.), Palabras clave para el estudio de las fronteras (1.ª ed.). Teseo Press.



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