María Mercedes Cardoso

La palabra accesibilidad viene del latín accesibilitas. El lexema o palabra raíz es cessus, que significa ‘llegado’. Se completa con tres morfemas: (1) el prefijo ad que significa ‘hacia’, (2) el sufijo bilis, que remite a ‘posibilidad’ y (3) el sufijo dad, que indica ‘cualidad’. Según la Real Academia Española (RAE) significa “cualidad de accesible” (https://dle.rae.es/accesibilidad), de poder acercarse (o llegar) a algo. Accesible es el adjetivo que se aplica a la persona o cosa a la que se puede acceder o llegar sin dificultad. Pertenece a la familia léxica derivada del verbo latino accedere: ‘llegar, acceder’.

En tanto cualidad o posibilidad de algo o alguien de ser alcanzado, la accesibilidad es una condición que deben reunir los espacios, objetos, personas, dispositivos o prácticas para ser comprensibles, apropiables, utilizables y beneficiosas para toda la población, con total libertad y autonomía. En este sentido, es un instrumento que garantiza el goce de los derechos humanos como la salud, vivienda, educación, seguridad, ambiente sano y espacio público.

La accesibilidad representa una ventaja o beneficio que incide en la calidad de vida de todas las personas, promoviendo el desarrollo. Sin embargo, para ciertos grupos sociales, como aquellos que se encuentran en situación de pobreza o tienen algún tipo de vulnerabilidad, discapacidad o limitación, la accesibilidad se vuelve un reclamo o lucha por esa necesidad imprescindible para el logro de una vida digna.

Desde esta perspectiva, la accesibilidad es concebida como una herramienta fundamental de los estados para la inclusión social, la equidad y la justicia. Con referencia a la planificación y diseño de políticas públicas, en el ámbito de la ordenación territorial, la accesibilidad debe ser elevada al rango de criterio o principio que orienta los proyectos y las prácticas de producción del espacio físico y social. Esto supone la eliminación de barreras y dificultades que impiden su alcance.

La accesibilidad atañe a los derechos ciudadanos, reconocidos internacionalmente. Ejemplo de ello es la salud, contemplada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU: “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure –así como a su familia- la salud y el bienestar…” (Art. 25). Los estados deben legislar y establecer los instrumentos que garanticen la accesibilidad a la salud de su población.

Es posible concebir la accesibilidad como una frontera construida a partir del encuentro entre diferentes actores, donde el vínculo o relación social puede ser de integración, cooperación o división. Según el tipo de interacción que se establezca, la frontera puede erigirse en un puente o una barrera para la accesibilidad.

El capítulo se organiza en 6 secciones. La primera presenta distintos enfoques y perspectivas de la geografía y otras disciplinas para el estudio de la accesibilidad. La segunda sección trata sobre investigaciones hechas en Latinoamérica que aportan conocimientos y distintas metodologías para la comprensión de la complejidad de esta palabra. La tercera, por su parte, ofrece definiciones y una tipología según las dimensiones que se pueden reconocer. La cuarta sección introduce una propuesta de conceptualización de la accesibilidad como frontera, recuperando aportes de la concepción relacional. La quinta sección aborda la cuestión de las escalas, mientras que la sexta realiza cuestionamientos referidos al problema de la inaccesibilidad a los servicios públicos, como una evidencia de las injusticias territoriales.

Estudios geográficos de la accesibilidad

Los estudios geográficos han abordado la accesibilidad desde materias como servicios, salud, urbana, transporte y movilidad, planificación y ordenamiento. Las diversas tradiciones disciplinares han hecho un tratamiento de este concepto partiendo de diferentes problematizaciones.

La corriente geográfica cuantitativa clásica, a través de la teoría de la localización de Walter Christaller, de la década de 1930, se aproxima al estudio de la accesibilidad empleando los conceptos de alcance y umbral de un bien o servicio. Mediante la teoría de los lugares centrales, referida a la distribución espacial de las ciudades o centros de servicios en el espacio, según jerarquía y organización, el concepto de alcance se refiere a la distancia máxima que los usuarios están dispuestos a recorrer para la satisfacción de una necesidad.

La accesibilidad es considerada como la facilidad para llegar al lugar central, se trate de una ciudad o del equipamiento que presta el servicio. La localización y distribución de los centros (urbanos o de servicios) son el factor principal de análisis. El análisis espacial retoma principios de la corriente cuantitativa (Sánchez, 2017). A través de herramientas de los sistemas de información geográfica, como el análisis de redes, realiza estudios de accesibilidad que integran gran cantidad de datos, dimensiones y variables.

Las perspectivas del humanismo y de la geografía de la percepción contribuyen a la diferenciación entre distintos tipos de barreras que pueden existir para la accesibilidad: físicas o tangibles (medibles en distancias y tiempo en rutas, por ejemplo), e imaginadas o intangibles. Estas últimas son barreras culturales o simbólicas, como representaciones y creencias, o cosmovisiones sobre la vida, la naturaleza y la muerte. Estas barreras son construidas por los sujetos a partir de sus percepciones, imágenes mentales individuales y colectivas. La percepción, alcanzada a través de la experiencia con el entorno, influye en la imagen que puede representar una barrera o un puente para la accesibilidad a determinado bien, servicio o dispositivo, contribuyendo al bienestar de la persona.

Los enfoques críticos en geografía cuestionan la desigualdad social basada en las facilidades para la accesibilidad a los servicios, equipamientos o derechos, o en las barreras que se interponen. En el contexto actual latinoamericano dominado por el neoliberalismo, se atribuyen responsabilidades de esta situación tanto a la estructura social como al ejercicio diferenciado del poder. Las aportaciones para la atención de este problema se orientan hacia la revisión de la práctica de la planificación y gestión de políticas públicas. Para ello, se emplean criterios de equidad y justicia espacial para que todas las personas, de distintos sectores sociales, puedan alcanzar los beneficios de los recursos y obtener las mismas oportunidades.

Otras disciplinas, como la arquitectura, abordan la accesibilidad o su carencia como una cualidad del urbanismo, la edificación, el transporte o la comunicación que permite a todas las personas utilizar el espacio con autonomía. La falta de accesibilidad es vista como una patología del espacio construido.

Estudios de accesibilidad en Latinoamérica

En Argentina se conocen una serie de trabajos que analizan desequilibrios territoriales asociados a problemas de accesibilidad a la salud (Ramírez, 2006; Buzai y Baxendale, 2006; Aveni y Ares, 2008; De Pietri et al., 2013; Ponce, 2015). En la provincia de Santa Fe, tomando algunos parámetros de la accesibilidad geográfica, como el tiempo de llegada por rutas a centros públicos de salud de mayor complejidad, se identifican amplios sectores de inaccesibilidad en el norte provincial. Se estima que el tiempo que se requiere para llegar a un centro supera una hora. Estos diagnósticos denuncian injusticias territoriales y reclaman políticas públicas más eficientes que tiendan a un reequilibrio, a escala provincial, entre el norte, centro y sur. Es aquí, en el sur, donde se concentran los equipamientos, servicios y programas.

Semejantes análisis se han realizado en las provincias de Chaco y Buenos Aires, a escala regional y urbana, así como en otros países latinoamericanos. En México, Sánchez-Torres (2015) aborda las barreras culturales que afectan la accesibilidad. Analiza las diferencias culturales entre el personal de los servicios, los médicos (mestizos) y la población demandante, los pacientes (de la comunidad indígena). Allí identifica un impedimento para el entendimiento mutuo, basado en diferencias en la cosmovisión de la enfermedad, de la muerte, las costumbres, sus normas e, incluso, el lenguaje.

Los estudios de Landini et al. (2014) sobre el tipo de accesibilidad simbólica y las posibles barreras hacen referencia a las concepciones que determinados grupos sociales en condiciones de pobreza tienen de la atención gratuita en salud pública. La consideran una política de beneficencia, por tanto la rechazan, instaurando, así, una barrera para su uso y aprovechamiento. Estas construcciones de sentidos individuales, grupales o colectivos, perspectivas, creencias y expectativas, tanto de los beneficiarios como de los agentes, alteran e impiden la accesibilidad.

Por su parte, Jaramillo Cruz (2022) cuestiona la producción del espacio público en el contexto actual. Con especial interés en las necesidades y demandas de las personas con discapacidad, el autor estudia el rol de las políticas públicas en la promoción del derecho a la ciudad, la inclusión o exclusión, por lo tanto, en la accesibilidad. Concluye identificando una separación entre la producción del espacio físico respecto del social como resultado de la tecnocracia que orienta las decisiones de los gestores públicos. Identifica una distancia entre las concepciones, proyecciones y materializaciones de las intervenciones de expertos con respecto a las prácticas, percepciones y vivencias de las personas usuarias. Esta distancia se puede considerar una frontera que desune, fragmenta o excluye en el ámbito del espacio público. En cambio, debería constituir, por excelencia, un territorio destinado a la integración, encuentro, cooperación y establecimiento de relaciones sociales en una ciudad.

Una investigación de Cordero (2021) acerca del acceso a la salud en áreas rurales de Santiago del Estero, Argentina, demuestra que evaluar la accesibilidad revela las discrepancias entre el diseño de las políticas públicas y su aplicación efectiva en el terreno. Se podría teorizar como un tipo de dimensión política de la accesibilidad o como una barrera práctica de la implementación de la política pública, la desconexión entre lo declarado y los instrumentos y medios para llevarlo a la práctica. El caso de estudio se centra en la comunidad rural Pozo del Castaño, una población vulnerable de esa provincia, atravesada por el despojo y el desmonte vinculados a la expansión de la frontera agropecuaria. En este contexto de carencia de servicios básicos, se analizan estrategias comunitarias autosuficientes en salud, basadas en la cooperación, los lazos solidarios y el vínculo con instituciones no gubernamentales, como la iglesia. Este trabajo realizado desde un enfoque sociológico abona a la concepción relacional de la accesibilidad.

Definiciones sobre la accesibilidad

Una definición de accesibilidad recogida de un diccionario de geografía humana refiere a la “facilidad con la que las personas pueden llegar a sitios de actividad deseados, como los que ofrecen empleo, compras, atención médica o recreación” (Gregory et al., 2009, p. 2). En los estudios sociales se evalúan la oportunidad de encuentro e interacción, en función de la distancia, los patrones de uso del suelo y la movilidad. La accesibilidad es considerada un parámetro de la calidad de vida.

Otras aportaciones establecen variaciones acordes a los objetivos de los estudios. En este sentido, la accesibilidad puede considerarse “un atributo compartido, tanto del origen (usuarios potenciales) como del destino (unidades de servicio), ya que los relaciona de manera directa” (Garrocho y Campos, 2006, p. 7). Esta definición sirve de sustento a los estudios que atienden a la demanda (origen), a la oferta (destino) o a la distancia entre ellos. También permite observar aquello que los une, los separa o los relaciona.

En la accesibilidad inciden tanto la distancia entre origen y destino como las características de las personas que demandan y ofrecen determinado bien, servicio o dispositivo. Un centro de servicios puede ser accesible para un individuo, pero inaccesible para otro. Ambos pueden vivir a la misma distancia, pero sus atributos y condiciones personales marcan la diferencia en sus oportunidades de acceso. Las dificultades para alcanzar el objetivo (servicio, bien o derecho) no se restringen a las físicas o geográficas. Los problemas de accesibilidad también derivan de dificultades de otras índoles:

• Económicas, como dinero para el transporte.
• Administrativas, relativas a la organización misma de los servicios, como son los horarios de atención o turnos.
• Culturales, que surgen de diferencias entre el personal de los servicios y la población, como las que existen entre pacientes pertenecientes a culturas originarias que se niegan a tratamientos de la medicina occidental.

En el análisis de las distancias entre origen y destino se pueden identificar dos tipos, la física y la social (Garrocho y Campos, 2006). La distancia física, geográfica o locacional es la que separa al usuario potencial del punto de servicio. Expresa la proximidad espacial en términos de horas o metros. La distancia social se refiere a la clase social, ingreso, educación, valores, percepciones y creencias del potencial usuario y de las personas implicadas en el destino. En este caso inciden factores como el horario de trabajo de los profesionales, o la calidad y disponibilidad de la atención brindada. Cordero (2021) reconoce otro tipo de distancia, la política. Está determinada por lo que anuncian los planes y programas públicos de gobierno y lo que realmente se pone en práctica en el territorio.

Otras definiciones de accesibilidad ponen el foco en las interrelaciones dadas entre los elementos, es decir, entre las personas, en sus diferentes roles, objetos, prácticas y dispositivos. Algunos estudios realizados en el ámbito de la psicología, con interés en la salud, abonan a un enfoque relacional o vincular. Se propone que la accesibilidad es el vínculo que se construye entre los sujetos y los servicios. En otras palabras, la posibilidad de acceder o no es el producto de una multiplicidad de situaciones (Comes et al., 2007).

La definición relacional de la accesibilidad atiende a la complejidad del concepto, superando la visión restringida de los estudios basados en componentes aislados. Por ejemplo, los estudios que se centran en el análisis exclusivo de la oferta de un servicio pueden ofrecer soluciones relativas a este aspecto únicamente, representando una respuesta parcial que determina una limitación para la meta del objetivo de la accesibilidad.

La concepción relacional de la accesibilidad se refiere a “la articulación o ajuste entre las características de la oferta (…) y las necesidades de la demanda” (Landini et al., 2014, p. 232). En este proceso, la relación entre demanda y oferta de salud es conflictiva, especialmente en la dimensión psicosociocultural. Esta funciona como un espacio de disputa donde chocan las perspectivas y expectativas de los profesionales médicos y los pacientes.

Este enfoque posibilita un acercamiento a los procesos de apropiación, traducción y reconfiguración de los conocimientos y recomendaciones que se dan en este vínculo. Asimismo, además de concebir a la accesibilidad desde la mirada relacional de la oferta y la demanda, introduce el elemento del conflicto basado en aspectos culturales. Éstos pueden representar barreras para el vínculo necesario entre profesionales y pacientes de la salud factibles de ser atravesadas, sorteando ese espacio imaginario de carácter físico y/o simbólico. En síntesis, se puede lograr la accesibilidad, traspasando barreras o espacios imaginarios que median entre profesionales y pacientes, prestadores y usuarios.

En el estudio de la accesibilidad a los servicios, así como a otras prácticas o dispositivos, se reconocen dimensiones de las cuales se puede establecer una clasificación o tipología:

• Accesibilidad geográfica o física: relacionada con las distancias, medida en horas o metros, a la disponibilidad y estado de vías de comunicación y medios de transportes entre los usuarios y los servicios.
• Accesibilidad económica: relativa a los ingresos y la capacidad financiera de las personas para hacer frente al costo del transporte para llegar a los centros de servicios, así como los gastos para la atención recibida y la compra de materiales (como medicamentos) o la realización de estudios, para el caso de la salud.
• Accesibilidad administrativa: refiere a las cuestiones de la burocracia de los servicios, como horarios de atención o sistemas de asignación de turnos.
• Accesibilidad sociocultural: centra la atención en las condiciones sociales de vida, los hábitos y costumbres de la población que instauran diferencias entre los profesionales y la organización del servicio, por un lado, y los beneficiarios, por el otro. Landini et al. (2014) distinguen esta dimensión de la simbólica, la cual refiere al universo subjetivo de imaginarios y representaciones sociales que organiza la vida de las personas.

Accesibilidad como frontera

La accesibilidad, concebida como el espacio de encuentro, el vínculo o relación social que se da entre un origen y un destino (de un determinado derecho, bien, servicio, dispositivo, política, programa, etc.), es una frontera. Toda frontera es un territorio, entendido como un complejo integrado por múltiples dimensiones (Haesbaert, 2011) en el que se ponen de manifiesto las tramas de poder (Souza, 2013). Pensar la accesibilidad como una frontera abre la posibilidad de poner el foco de análisis en lo vincular, en la relación que se produce en atención a las características propias de esos orígenes y destinos, en un determinado tiempo y espacio que favorecen un interjuego de los actores involucrados. Estudiar la accesibilidad implica comprender la territorialización de esa relación.

La accesibilidad es una frontera construida a partir de la relación social entre actores (locales y globales), con distintas intencionalidades, quienes pueden sortear las diferentes barreras para encontrarse y alcanzar la meta del goce de un derecho, servicio o dispositivo. Los estudios de accesibilidad como frontera se encaminan a la comprensión, diagnóstico y tratamiento de los encuentros y desencuentros. La exclusión es entendida como el desencuentro. Su abordaje requiere desentrañar los mecanismos, lógicas, discursos y prácticas que la generan, con la meta de la equidad y la justicia territorial.

La accesibilidad se compone de tres tipos de territorios (Cardoso, 2022): (1) el de origen del servicio, derecho o dispositivo, (2) el de la demanda y (3) el relacional, que se define a partir de su conflictividad (Fernandes, 2005). La construcción de la accesibilidad como una frontera remite al proceso de reterritorialización (Haesbaert, 2011). Este se da en base a las prácticas socioespaciales de apropiación y dominación de objetos, recursos, bienes, símbolos, creencias y valores sobre determinado ámbito espacial.

Escalas de la accesibilidad

En el análisis de la accesibilidad como fronteras, la definición de las escalas resulta relevante desde el punto de vista metodológico. Es posible reconocer escalas micro y macro.

Según su contenido, la frontera puede facilitar o ser una barrera para la accesibilidad. Dicho de otro modo, la accesibilidad es una frontera en sí misma y a la vez pueden reconocerse fronteras a la accesibilidad, como barreras que impiden o dificultan el encuentro y relación. Benedetti (2020) considera que los tipos de relaciones sociales producidas en una frontera pueden ser de unión, cooperación, integración, división o separación. Las fronteras tienen la capacidad de unir o separar entidades.

Las escalas micro en las condiciones de accesibilidad son las que pueden ocurrir en espacios públicos, tales como parques, calles, veredas, estaciones de transporte público, sedes bancarias, entre otros. Se trata de lugares, servicios, instancias o momentos para el uso y aprovechamiento de todas las personas, de modo autónomo, seguro y confiable, sin exclusión, ofreciendo accesos físicos y formas de comunicación adecuadas. Del mismo modo, las barreras que impiden el uso o goce de un servicio o derecho devienen fronteras. Ejemplos de ello son el cobro para el ingreso a un equipamiento o medio de transporte, vialidades restringidas para el uso peatonal o de ciclistas, el miedo o sensación de inseguridad que genera en una persona una plaza a oscuras, un sector urbano vandalizado, sucio o descuidado, el idioma o la lengua. Estas barreras componen relaciones sociales generadoras de división o separación.

La escala micro es la próxima de los sujetos. Es el de la vivencia cotidiana, los trayectos diarios, las rutinas de trabajo o estudios. Transcurre en el ámbito de las relaciones sociales primarias y secundarias, en el barrio, en un club o en el trabajo. Definida tanto por el alcance como por la temporalidad e intensidad de ocurrencia, es la que se da en el entorno más cercano a la persona, a diario o con mayor asiduidad. Su importancia radica en que permite vehiculizar la apropiación espacial, el sentido de pertenencia y la construcción de simbolismo e identidad social. De esta forma, se logra la cohesión en el seno de la sociedad.

Accesibilidades como fronteras a macroescalas pueden estar representadas por relaciones esporádicas, aisladas o únicas a escala global, internacional o regional, ya sea de índole económica, política o cultural: accesibilidad a importar o exportar productos, o a servicios y activos financieros en el mercado internacional. También remite al conocimiento, innovación, tecnologías para la producción y el consumo, a modas, estilos de vida y valores.

Las barreras de accesibilidad a macroescala pueden estar dadas por políticas públicas, leyes y reglamentaciones que limitan o impiden el libre tránsito de personas entre los países o continentes. Actualmente, esta es una de las principales barreras intangibles para la movilidad de personas. Resultan muy controversiales y conflictivas las de tipo físicas, como los muros u otros dispositivos creados por los estados para frenar la migración hacia las principales economías del mundo, como ocurre en los Estados Unidos o en el espacio Schengen europeo.

La importancia del estudio de la accesibilidad como fronteras de escala macro reside en comprender y analizar el funcionamiento del sistema mundial, en un contexto de globalización, donde las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales que allí se dan inciden en la vida de las personas, en la posibilidad de empleo, en los modos de producción y consumo, en el estilo de vida. Es la escala que posibilita la inserción e integración de las personas con el mundo, con los beneficios o perjuicios que ello puede acarrear. En tanto las relaciones sociales, económicas o políticas que se susciten en estas fronteras posibiliten la unión, integración o cooperación, la articulación tendrá un rasgo positivo, en el sentido del encuentro o puente que se pueda establecer.

Inaccesibilidad a servicios e injusticia territorial

La accesibilidad es considerada un criterio que debe regir los servicios públicos. Éstos, a diferencia de los privados, que son gestionados con la lógica de la ganancia de sus propietarios, se orientan a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. La territorialidad de los servicios públicos debe ser distinta de los privados, procurando el equilibrio, la cohesión y la sustentabilidad, vehiculizados a través de la accesibilidad.

En el contexto neoliberal en el que América Latina se encuentra inmersa, las dinámicas espaciales y los procesos territoriales están signados por desequilibrios que expresan inequidades e injusticias. Entre tantos problemas que convergen en este análisis, la inaccesibilidad a servicios públicos ocupa un lugar destacado en tanto profundiza las desigualdades sociales y acentúa las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de la población. Ante este panorama, las contribuciones hechas desde la perspectiva de la ordenación del territorio (Gudiño, 2015) cuestionan el rol subsidiario de los estados que da lugar al accionar del mercado. Asimismo, reflexionan acerca del papel que debe asumir la sociedad en estas nuevas configuraciones territoriales, reclamando un sentido más activo, demandante y crítico en la participación ciudadana.

La defensa de los derechos adquiridos incluye tanto el fundamento de su existencia como los mecanismos para incluir o excluir a la ciudadanía que se beneficia de éstos. La accesibilidad es una categoría de análisis con capacidad para explorar procesos de encuentros y desencuentros en el goce de los derechos, identificar barreras para la inclusión y redireccionar las políticas públicas.

La accesibilidad se vuelve un instrumento de planificación urbana y regional para el tratamiento de las problemáticas emergentes. La ordenación territorial, como proceso de naturaleza política, técnica y administrativa al servicio del desarrollo y la gestión ambiental, persigue los objetivos de organizar, armonizar y administrar la ocupación del espacio, reducir efectos negativos de las actividades socioeconómicas y resolver los conflictos. Esta práctica se basa en una serie de principios, especialmente relevantes para lo que atañe a los servicios públicos, en el ejercicio de derechos: eficiencia espacial y competitividad, equidad socioespacial, cohesión territorial, justicia territorial, sustentabilidad, calidad de vida y bienestar (Moreno Jiménez y Vinuesa Angulo, 2009).

• La eficiencia espacial y competitividad refiere a la relación entre los recursos disponibles, generalmente escasos para los servicios públicos y los resultados obtenidos.
• La equidad socioespacial persigue la no discriminación o exclusión y procura la igualdad entre individuos, priorizando la situación de los grupos más desfavorecidos y vulnerables de la sociedad.
• La cohesión territorial procura la conformación de estructuras territoriales positivas, cuestionando los desequilibrios y facilitando mecanismos de reequilibrios regionales o urbanos.
• La calidad de vida podría considerarse como la síntesis de las aspiraciones, expectativas y valores que tienen las personas en determinado momento y para una sociedad dada que conducen al buen vivir, bienestar humano o una vida con dignidad.
• La sustentabilidad es el principio que postula el desarrollo con el resguardo y respeto de la casa de todos, el planeta Tierra.

La justicia territorial se vincula a otros tipos de justicia: social, ambiental y espacial. Esta última acepción prioriza al espacio como categoría analítica para el estudio de los conflictos, con la intención de redistribuir beneficios o perjuicios derivados de las prácticas, atendiendo a las injusticias (Soja, 2014). La promoción de la justicia territorial, además de introducir mecanismos de redistribución y reacomodos territoriales, tiene como objetivo la construcción y el sostenimiento de una cultura territorial vigilante de los valores y las prácticas para el beneficio de todas las personas, sin distinción de ninguna clase u otro tipo.

Estos principios son los que deben regir el proceso de construcción de la accesibilidad como esa frontera o espacio de relación y cooperación entre sujetos, con especial injerencia del estado, con participación ciudadana y del conjunto de los actores, incluido el mercado.

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