Lucas Eguren Zambrano y María Victoria Herrainz
La Real Academia Española explica que el sustantivo Antártida (https://www.rae.es/dpd/Antártida) y el adjetivo antártico/a (https://dle.rae.es/antártico) derivan del adjetivo latín antarcticus. Éste, a su vez, proviene del griego antarktikos, cuya traducción es “opuesto al ártico”.
En su condición de sustantivo, Antártida admite dos acepciones: una física (geológica) y otra política (jurídica). Según la definición geológica, abarca una porción de 14.000.000 km2 de la superficie terrestre que se separó del supercontinente Gondwana entre el cretácico inferior (145 a 100 millones de años) y el mioceno (23 a 5 millones de años), y se situó en torno al polo sur.
La acepción jurídica, en cambio, remite a la región polar austral que comprende a las tierras emergidas (continente e islas) y las barreras de hielo que se encuentran al sur del paralelo de 60° de latitud sur. Esta definición surge del artículo VI del Tratado Antártico (1959) y se complementa con los demás documentos que integran el Sistema del Tratado Antártico (STA): la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas (CCFA) de 1972, la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) de 1980 y el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente de 1991.
En el plano de lo cotidiano, Antártida es muchas veces definido como un continente de características extremas. Esto se debe a que es el más frío, el más seco, el más ventoso, el más alto en promedio y el que menos hospitalidad ofrece a la presencia humana. También se apela a la expresión ‘fin del mundo’ para enfatizar en su condición polar y de aislamiento con respecto a demás continentes. Otro imaginario muy extendido es el que asocia Antártida con ‘última frontera de la humanidad’. Esta idea remite al hecho de que fue el último ámbito geográfico del planeta en ser descubierto, explorado, cartografiado, ocupado, investigado y visitado turísticamente. Sin embargo, las intersecciones entre lo antártico y lo fronterizo no se agotan en estas expresiones coloquiales, sino que ofrecen un interesante potencial heurístico que es preciso explorar.
El presente capítulo se divide en cuatro secciones. En la primera se relatan las diferentes versiones que circulan sobre el descubrimiento de la Antártida y las primeras tentativas de exploración, alcanzando hasta las primeras décadas del siglo XX. En la segunda se describen los procesos de incorporación estatal de diferentes porciones del espacio antártico entre la década de 1940 y la firma del Tratado Antártico en 1959. En la tercera se ponen en tensión los límites jurídicos que se definen en el Sistema del Tratado Antártico, con los límites físicos del continente y el océano Antártico. Finalmente, en la cuarta se identifican las distintas fronteridades que tienen lugar, actualmente, en la zona de la península antártica.
Descubrimiento y exploración
No se sabe con exactitud quién descubrió la Antártida. Las versiones más difundidas indican que en el transcurso del año 1820 tres expediciones marítimas avistaron por primera vez diferentes puntos de ese continente: (1) la del explorador de la armada imperial rusa Fabian von Bellingshausen, que circunnavegó los mares antárticos y registró el avistamiento de tierras continentales en una zona inmediatamente al este del meridiano de Greenwich el 27 de enero; (2) la de Edward Bransfield, de la royal navy británica, que recorrió las islas Shetland y avistó el extremo norte de la península antártica entre el 16 y el 30 de enero; y (3) la de Nathaniel Palmer, capitán ballenero estadounidense, quien durante noviembre de 1820 se internó en las islas Shetland y navegó las aguas que rodean la península antártica.
Otras versiones menos conocidas, pero al mismo tiempo más aceptadas en los países sudamericanos, sostienen que fue el navío de guerra español San Telmo el que primero llegó a las islas Shetland, donde naufragó en septiembre de 1819 (Facchin, 2021). Asimismo, según Fitte (1973), existen documentos que prueban que los barcos foqueros San Juan Nepomuceno y Espíritu Santo, registrados en las Provincias Unidas del Río de la Plata (actual Argentina), ya capturaban lobos marinos en los mares que rodean esas islas desde 1817.
Descubiertos los archipiélagos y las costas de la Antártida, se inició un período de reconocimiento y cartografiado que se extendió a las siguientes décadas del siglo XIX. Más adelante, se realizó el primer año polar internacional (1882) y los congresos de geografía de Londres (1895) y Berlín (1899), donde se recomendó enfáticamente la organización y el envío de expediciones para explorar las áreas polares australes. A partir de entonces se encararon una serie de viajes: Adrien de Gerlache (1897-1899), Robert Scott (1901-1904 y 1910-1913), Otto Nordenskjöld (1901-1903), William Bruce (1902-1904), Jean-Baptiste Charcot (1903-1905 y 1908-1910), Ernest Shackleton (1907-1909 y 1914-1917) y Roald Amundsen (1910-1912).
Por la relevancia que tuvo para el desarrollo posterior de los intereses antárticos de Argentina y Chile, de todas ellas cabe resaltar dos expediciones. Una de ellas la realizó Otto Nordenskjöld a la costa oriental de la península antártica, donde participó el alférez de la marina argentina José María Sobral. Otra que también fue relevante es la segunda que hizo Ernest Shackleton al mar de Weddell, entre 1914 y 1917. Ambas naufragaron y debieron ser auxiliadas, respectivamente, por las marinas argentina y chilena. El éxito alcanzado en estos dos rescates motivó la profundización del tratamiento de los intereses antárticos, que ambos estados venían desarrollando previamente de manera dispersa (Mancilla González, 2011; Torchio, 2021).
A su vez, es oportuno destacar de esta lista la expedición de William Bruce, ya que edificó el primer observatorio meteorológico y magnético en las islas Orcadas del Sur. A su regreso, Bruce se dirigió a Buenos Aires y vendió esa instalación al estado argentino (Facchin, 2024). A través de la oficina meteorológica del Ministerio de Agricultura este país tomó posesión del observatorio, a la vez que el Ministerio del Interior instaló una estafeta postal. De esta manera, Argentina pasó a ser en 1904 el primer país del mundo en tener un asentamiento permanente y con presencia estable de organismos estatales en la región antártica.
Sobre la base de las exploraciones realizadas, el sostenimiento de la presencia de funcionarios públicos y el otorgamiento de permisos de pesca, varios estados reclamaron la incorporación a sus dominios de diferentes sectores antárticos y subantárticos: Argentina reclamó las islas Orcadas del Sur (1904) y Georgias del Sur (1905); Chile las islas Shetland del Sur (1906); el Reino Unido el British Antarctic Territory (1908); Nueva Zelanda la Ross Dependency (1923); Francia la Terre Adélie (1924); Australia el Australian Antarctic Territory (1933); y Noruega la isla Pedro I (1929) y la Dronning Maud Land (1939).
Incorporación
Hacia la década de 1940, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, varias potencias (especialmente las contendientes) se interesaron de manera creciente por la Antártida. El potencial de recursos naturales marítimos y terrestres que se le atribuía, como así también su ubicación estratégica para la conexión entre océanos, fueron elementos codiciados y abrieron una etapa de rivalidad internacional (Torchio, 2021).
El detonante de estas rivalidades lo constituyó el envío de una flota de guerra en 1939 a los mares antárticos que realizó Alemania, con el propósito de capturar y saquear barcos balleneros (Fontana, 2020). Esta acción motivó, a su vez, el despacho de una misión del Reino Unido para contrarrestar la presencia militar alemana en la región. Estas tensiones no pasaron desapercibidas a los gobiernos de Argentina y Chile, quienes rápidamente intensificaron sus esfuerzos de exploración y ocupación de las islas, costas y tierras continentales de la Antártida. El propósito de estas acciones era incorporar a sus respectivos ámbitos de soberanía estatal las porciones de ese continente identificadas como Sector Antártico Argentino o Antártida Argentina y Territorio Antártico Chileno o Antártica Chilena.
Este proceso se apuntaló a través de una amplia variedad de estrategias materiales y simbólicas. Entre las estrategias materiales, estuvieron el envío de expediciones marítimas, aéreas y terrestres a la región. Además, se procedió al balizamiento de los canales de navegación y a la instalación de bases, destacamentos y refugios (Santibáñez Lehuedé, 2018; Fontana, 2023). Por su parte, las estrategias simbólicas consistieron en la construcción y circulación de narrativas sobre la pertenencia de estas áreas a cada país, con un fuerte sesgo alegatorio y desde la perspectiva del nacionalismo territorial (Escudé, 2000; Lacoste, 2002; Quintero, 2004). También se incluyeron en las representaciones cartográficas e iconográficas oficiales (Lois, 2012; Eguren Zambrano, 2024) y se aplicaron topónimos vinculados a sus culturas nacionales para designar a los accidentes geográficos descubiertos (Herrainz, 2022).
Para esta época, Australia, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y el Reino Unido reconocían mutuamente sus respectivos reclamos en la Antártida. Más allá del vínculo amistoso que existía entre estos estados, lo cierto es que, como paso previo a formalizarlos, habían tomado contacto entre sí para consensuar sus límites. De esta manera, las áreas reclamadas por estos cinco países no tenían superposiciones con las que pretendían los demás.
En cambio, las áreas reivindicadas por Argentina y Chile sí se superponían parcialmente entre sí, y ambas con las del Reino Unido. De allí que ningún país miembro de la Commonwealth o aliado del Reino Unido reconociera cualquiera de estos dos reclamos. Preocupados por esta situación que entendían desventajosa, Argentina y Chile, a través de sus Cancillerías, iniciaron una política de acercamiento y colaboración en el plano de sus intereses comunes en la Antártida. Fruto de este entendimiento inicial, en 1947 y 1948 firmaron dos tratados de mutuo reconocimiento de sus derechos sobre el espacio que, de común acuerdo, denominaron Antártida Sudamericana.
Al término de la contienda mundial, en 1945, el escenario internacional ingresó en la guerra fría y las tensiones que existían en torno a la Antártida no se detuvieron. Pueden mencionarse, por ejemplo, dos episodios conflictivos que tuvieron lugar en la zona de la península antártica entre las fuerzas armadas de Argentina y Chile con las del Reino Unido, en 1948 y en 1952. El primero de ellos se originó por la presencia de las flotas de guerra de los tres países en aguas antárticas. Se resolvió con la firma de un acuerdo tripartito, a través del cual se comprometieron a no enviar más barcos de ese tipo al sur del paralelo de 60° de latitud sur. El segundo involucró a las fuerzas terrestres desplegadas en diferentes puntos de la península antártica, donde había bases y destacamentos, que en varias ocasiones llegaron a intercambiar disparos de fuego preventivo (Fontana, 2021).
En ese contexto, Estados Unidos presentó dos propuestas con el propósito de regular las relaciones antárticas (Villamizar Lanús, 2021). La primera de ellas consistía en una administración fiduciaria bajo la esfera de la naciente Organización de las Naciones Unidas (ONU). La segunda propuesta era la creación de un condominio entre Estados Unidos y los siete estados que habían hecho valer sus reclamos. Sin embargo, ambas propuestas de internacionalización fueron rechazadas por la mayoría de ellos.
En cambio, sí prosperó la iniciativa de realizar en la Antártida y en otras áreas del planeta el Año Geofísico Internacional (AGI). Entre julio de 1957 y diciembre de 1958 tuvo lugar este evento científico coordinado entre varios países, para realizar observaciones de distintos parámetros. El AGI constituyó una experiencia exitosa de cooperación científica internacional. Asimismo, sentó las bases que posibilitaron la instrumentación de un modelo de gestión política para este continente (Colacrai, 1997). A su término, ya estaban funcionando más de cuarenta bases científicas en la Antártida.
Concluido el Año Geofísico, a instancias del gobierno de Estados Unidos, los doce países que habían participado de él en la Antártida se reunieron en una conferencia para establecer acuerdos y decidir sobre el futuro de esa región. El resultado de esta convocatoria fue la firma del Tratado Antártico, el 1° de diciembre de 1959. Los doce estados signatarios fueron: Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Sudáfrica y la Unión Soviética. De ese total, siete mantenían reclamos territoriales: Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Asimismo, dos de ellos, Estados Unidos y la Unión Soviética, se reservaron el derecho de efectuarlos en el futuro.
Delimitación exterior e interior
En su artículo VI, el Tratado Antártico estableció que su jurisdicción comprende toda la región terrestre e insular situada al sur de los 60° de latitud sur (Figura 1). De esta manera, quedan incluidas las barreras de hielo, pero no la de alta mar. Esta definición fue complementada por la CCFA, que sí incluyó el mar al sur de dicho paralelo, aunque sólo en lo referente a seis especies de mamíferos marinos (artículo I). A este sistema normativo desde 1980 se sumó la CCRVMA. Su ámbito de aplicación se extiende a todos los recursos vivos marinos antárticos desde las costas hasta la convergencia antártica. Sin embargo, para los fines prácticos, se simplificó su límite exterior con el trazado de una línea que se basa en la consideración de distintos paralelos y meridianos (artículo I).
A instancias de las disposiciones de estos dos cuerpos normativos, surgen dos límites jurídicos exteriores. Ambos se apoyan sobre criterios geodésicos y tensionan con otros tipos de bordes y barreras físicas. Por un lado, el ámbito de aplicación del Tratado Antártico supera ampliamente la extensión geológica de ese continente y su prolongación submarina (Figura 1).
Figura 1. Plataforma continental de la Antártida y ámbito de aplicación
del Tratado Antártico

Fuente: elaboración propia.
Por otro lado, el límite establecido en la CCRVMA no se ajusta completamente al carácter estacionalmente variable de la convergencia antártica (Figura 2). Esta última es aceptada como la barrera oceanográfica que separa una masa de agua con características físicas, químicas y biogeográficas particulares denominada océano Antártico o Austral, de las otras masas de agua que constituyen los océanos Atlántico, Índico y Pacífico.
Figura 2. Océano Austral o Antártico, convergencia antártica y ámbito de aplicación de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos

Fuente: elaboración propia.
Por otra parte, el Tratado Antártico también dispuso que su adhesión no implicaba la renuncia de cualquiera de los estados signatarios a sus derechos de soberanía o a los reclamos que hubieran hecho valer con anterioridad a su firma. A su vez, suspendió la posibilidad de que se efectúen ampliaciones y nuevos reclamos (artículo IV). De esta manera, al interior del área antártica se yuxtaponen o se superponen los sectores atribuidos a cada uno de los siete países que mantienen reclamos territoriales. Los de Australia, Francia, Noruega y Nueva Zelanda se yuxtaponen. Los de Argentina, Chile y el Reino Unido se superponen en la zona de la península Antártica. En sus aristas y zonas de contacto estas áreas definen los límites políticos interiores de la Antártida (Figura 3).
Figura 3. Reclamos territoriales de Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega,
Nueva Zelanda y el Reino Unido en la Antártida

Fuente: elaboración propia.
Multifronteridad antártica contemporánea
“Continente extremo”, “fin del mundo”, “última frontera de la humanidad” y “último lugar prístino del planeta”, son algunas de las expresiones que comúnmente se utilizan para aludir a la Antártida. En el pasado, el mayor peso simbólico de los imaginarios sobre estas tierras recaía en su posición remota, alejada de la civilización y sin poblados humanos. Sirvan como ejemplo dos placas que aparecen en el documental de cine mudo “Entre los hielos de las Islas Orcadas” (Moneta, 1928), en el cual se narra una expedición a dicho archipiélago realizada en 1927. La primera se presenta en los momentos iniciales del viaje y dice: “Y la estela que dejaba el buque era como una despedida a la civilización”. La segunda, que se puede observar en los instantes finales, justo antes de emprender el regreso, anuncia: “Partimos rumbo al norte, hacia la vida”.
En el presente, narrativas como estas se siguen empleando en un amplio abanico de actividades y sectores, tales como el turismo, los medios de comunicación, las redes sociales y los discursos que producen y difunden organismos estatales. Por ejemplo, se usan para publicitar experiencias turísticas de élite (Vereda y Jensen, 2019).
También aparecen en las campañas de un conjunto de organizaciones no gubernamentales ambientalistas nucleadas en torno a la Antarctic and Southern Ocean Coalition, bajo eslóganes como “The Southern Ocean surrounding Antarctica is one of the most pristine places on earth. Let’s keep it that way” [El Océano Austral que rodea a la Antártida es uno de los lugares más prístinos de la tierra. Mantengámoslo así] o “The global crisis has reached the Earth’s last great wilderness” [La crisis global ha llegado a la última gran área silvestre de la Tierra] (s. f.). Finalmente, se utilizan para activar y reforzar sentimientos de adscripción nacional. Al llegar a la Antártida, el presidente argentino Alberto Fernández afirmó: “Aquí, en el fin del mundo, uno puede asumir la dimensión de la Patria” (República Argentina, s. f.).
Así, en el espacio antártico se condensa un entramado complejo de estrategias que ponen en juego actores muy variados con el propósito de controlar distintos sectores, mediante el establecimiento de una frontera. Son sus fronteridades. Unas se manifiestan a través del conflicto o la competencia, otras por medio de la cooperación y la complementación. A continuación se mencionan las más relevantes, que suceden actualmente en tres niveles, sin que ello suponga agotar todas las posibilidades: interestatales, intraestatales e intersectoriales.
Las fronteras interestatales son las que relacionan a los estados que tienen diferentes condiciones con respecto a la Antártida. Son parte del Tratado Antártico 58 países. De ese total, 29 poseen estatus consultivo, vale decir, tienen plenos derechos para la toma de decisiones, mientras que los 29 restantes no los tienen. A su vez, 42 suscribieron el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente Antártico y 52 forman parte de la CCRVMA, aunque varios de ellos no firmaron el Tratado Antártico. Además, 31 sostienen allí su presencia con bases permanentes y temporales en las que desarrollan programas de investigación científica. Por último, siete poseen reclamos territoriales.
En términos generales, en este nivel, las relaciones son de consenso y cooperación. Esto se debe a que, salvo muy pocas excepciones, son países que forman parte del Sistema del Tratado Antártico. Este régimen internacional tiene como regla de oro el consenso en la toma de decisiones y promueve la cooperación científica en la Antártida (artículo III del Tratado Antártico). Sin embargo, hay algunas excepciones.
Como ya se vio, Argentina, Chile y el Reino Unido mantienen un conflicto pasivo por la superposición de sus reclamos territoriales. A su vez, entre Argentina y el Reino Unido existe una controversia todavía activa por la posesión de las islas Malvinas. Sobre la base de títulos legales e históricos que se remontan hasta 1820, Argentina las considera propias y reivindica la pertenencia a su territorio de este y otros archipiélagos subantárticos. A pesar de ello, es el Reino Unido quien, a partir de la invasión a dichas islas en 1833, mantiene una ocupación efectiva a través de sus fuerzas militares. Esta ocupación es lo que le permite sostener su reclamo en la Antártida (Pintore y Llorens, 2017).
Por otro lado, entre Argentina y Chile las relaciones bilaterales en materia antártica tendieron desde el comienzo a priorizar la colaboración por encima de la competencia. Esto se aprecia en las múltiples instancias de cooperación que se generaron en diferentes momentos. Vale recordar los acuerdos de mutuo reconocimiento de derechos en la Antártida Sudamericana, firmados en la década de 1940 y ratificados en varias oportunidades, la última en 1999. También se pueden mencionar la Patrulla Antártica Naval Combinada, el Comité ad hoc sobre Coordinación Política en Materia Antártica (recientemente elevado al rango de Comisión Binacional en Materia Antártica), el Memorándum de Entendimiento entre sus institutos antárticos y la propuesta conjunta de creación del área marina protegida “Dominio 1” (D1MPA).
En otro nivel, están las fronteras intraestatales, es decir, aquellas que se gestan puertas adentro de los aparatos burocráticos de varios de estos países. En términos binarios, se pueden identificar dos grandes grupos. Por un lado, están los organismos estatales que se encargan de la política exterior, quienes priorizan la cooperación internacional y el compromiso con el Sistema del Tratado Antártico. Este es el curso de acción que llevan adelante las Cancillerías y los cuerpos diplomáticos.
Por otro lado, están los que participan en la construcción, difusión y actualización de los mitos e imaginarios geopolíticos sobre la nación. A través de un amplio abanico de medios y recursos se sostiene la pertenencia al territorio nacional de los espacios antárticos reclamados, relativizando los términos del Tratado Antártico. Algunos de estos elementos son: mapas oficiales, folletos, carteles, manuales escolares, discursos o exposiciones. Suelen ocuparse de esto los institutos geográficos y otros organismos vinculados a las actividades educativas y culturales (ministerios de educación, museos, centros culturales, etc.). Por eso, dos ejemplos muy oportunos de este tipo de prácticas son la publicación y reproducción de las piezas cartográficas conocidas como mapa bicontinental en Argentina y mapa tricontinental en Chile.
Finalmente, en el tercer nivel están las fronteras intersectoriales, que tensionan entre diferentes sectores del capital global. Algunas persiguen el fin de lucro. Es el caso de las empresas turísticas, mayormente de capitales norteamericanos y europeos, nucleadas en la International Association of Antarctic Tour Operators (IAATO). También están las grandes empresas pesqueras de krill. Se trata de un mercado que concentra en más del 90% firmas de China, Noruega, Corea del Sur y Chile (cf. Association of Responsible Krill Harvesting Companies, s. f.).
Las empresas que realizan actividades comerciales, en especial la pesca de krill, suelen contar con el apoyo explícito de los estados de donde son originarios sus capitales, quienes obtienen beneficios económicos a través de la percepción de impuestos. Dicho patrocinio se traduce en una mayor fluidez a la hora de obtener autorización ante los organismos multilaterales de regulación, como la CCRVMA.
Otro sector busca la protección de diferentes áreas sensibles desde el punto de vista ecológico, a través de la instauración de áreas marinas protegidas. Es el que integran las organizaciones no gubernamentales ambientalistas, vinculadas al paradigma de la conservación neoliberal (D’Amico, 2015) y organizadas en la Antarctic and Southern Ocean Coalition. Puesto que las iniciativas de este tipo no derivan en ingresos monetarios directos para los estados, no constituyen una causa prioritaria. Por estas razones, son más resistidas. Los trámites conducentes a su aprobación suelen sufrir postergaciones o requerir múltiples instancias de negociación y ajuste.
Hasta el presente, fueron aprobadas solamente dos áreas marinas protegidas (AMP): South Orkney Islands Southern Shelf Marine Protected Area en 2009 y Ross Sea region Marine Protected Area en 2016. Sumados, alrededor de 1.600.000 km2 del océano Antártico están protegidos bajo esta figura. Sin embargo, se trata de una superficie todavía insuficiente para garantizar la resiliencia de los ecosistemas marinos antárticos más vulnerables. Mientras tanto, otras cuatro propuestas de creación de AMP continúan pendientes de resolución por parte de la CCRVMA, una de ellas desde 2012, año en el que fue presentada (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, s. f.).
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