Mariana Arzeno

La palabra ordenamiento es definida por la Real Academia Española como “acción y efecto de ordenar” (https://dle.rae.es/ordenamiento). Ordenar (del lat. Ordināre), a su vez, tiene varios significados: “colocar algo o a alguien de acuerdo con un plan o de modo conveniente”, “encaminar y dirigir algo a un fin” y “mandar, imponer, dar orden de algo” (https://dle.rae.es/ordenar).

La raíz de esta palabra proviene de orden (del lat. ordo, –īnis), que también engloba diversos significados relacionados: “colocación adecuada de las cosas en su respectivo lugar”, “armonía o disposición favorable entre los elementos” y “regla o método seguido para realizar una tarea” (https://dle.rae.es/orden).

En el trasfondo de estos significados es posible distinguir dos componentes: un objetivo y un sujeto que ordena. Si se hace foco en el objetivo, estas palabras contienen en su definición valoraciones que pueden adquirir distintos sentidos, pero que tienen una carga normativa (el deber ser) y valorativa (remite a algo bueno). Esto se refuerza si se considera al principal antónimo de la palabra orden: desorden. Aquí las definiciones apuntan a situaciones de confusión, alteración, perturbación, disturbio, exceso o abuso. El desorden se asocia a la idea de caos, desbarajuste, desorganización, anarquía, sólo por mencionar los primeros sinónimos de este término mencionados por la Real Academia. Si bien desorden tiene muchos sinónimos, tiene un solo antónimo: la palabra orden.

Esta etimología de la palabra orden y aquellas asociadas como ordenar y ordenamiento habilitan a priori un conjunto de interrogantes que van a ser la esencia de todas las discusiones académicas y políticas relativas al ordenamiento: ¿Cuál es el lugar que les corresponde a las cosas? ¿Qué es una buena disposición? ¿Qué es un modo conveniente? ¿Bueno o conveniente para quién? ¿Para qué?.

Por otro lado, frente a esta carga valorativa y normativa de las palabras orden y ordenamiento, existe un sujeto que tiene la legitimidad para establecer sus alcances: el estado. Las discusiones de Bourdieu (1997) acerca de la génesis del estado permiten entender esto. El autor afirma que se trata de un campo de poder en el que se pone en juego un recurso particular: lo universal, lo oficial, aquel punto de vista que constituye el ‘buen punto de vista’. Y eso es resultado de un largo trabajo de construcción simbólica que impuso la representación oficial del estado como lugar de la universalidad y del servicio al interés general. Debido a esto, el estado se instituye como la voz autorizada para responder a los interrogantes mencionados más arriba. Así, las asociaciones entre ordenamiento y quehacer del estado se vuelven indisociables. Un campo de discusión y práctica política donde esta asociación es clara es en el ordenamiento territorial.

Este capítulo analiza las implicancias espaciales del ordenamiento y sus posibles relaciones con la discusión sobre fronteras en un sentido amplio. El texto se organiza en seis secciones. La primera aborda los contextos de emergencia del ordenamiento territorial como política estatal y la mirada predominante que se ha construido en torno a este tema. La segunda revisa las perspectivas neoliberales y desarrollistas, mientras que la tercera repasa algunas miradas teóricas críticas sobre ordenamiento en su dimensión espacial. La cuarta sección analiza la relación entre ordenamiento y fronteras. A la luz de estas conceptualizaciones, las secciones quinta y sexta abordan situaciones empíricas, asociadas a fronteras internacionales y a fronteras inmateriales urbanas.

Orígenes del ordenamiento territorial

No hay precisión en la literatura con respecto al origen y difusión del término ordenamiento territorial para referir al conjunto de las políticas actualmente englobadas dentro de esa denominación. Pero sí existen indagaciones sobre cuándo y cómo cierto tipo de intervenciones del estado tuvieron por objetivo incidir, regular, podría decirse literalmente ordenar, situaciones que eran conceptualizadas como problemáticas por el mismo estado y también por sectores del poder económico y las burguesías emergentes. Así, ciertas prácticas espaciales de otros sujetos eran vistas como una amenaza, traba y entorpecimiento para el despliegue de las relaciones de trabajo capitalistas y de los ideales de tales sectores.

Entre esos antecedentes pueden mencionarse las políticas enmarcadas dentro del urbanismo y el higienismo. Estas políticas empezaron a implementarse durante el siglo XIX para regular el crecimiento de las ciudades que estaban siendo foco del desarrollo industrial y destino de enormes contingentes migrantes. El hacinamiento y la insalubridad de las viviendas, y la pobreza urbana en general, así como las protestas sociales, constituían el centro de las preocupaciones en aquel momento. Estas problemáticas dieron origen a algunas iniciativas de fines del siglo XIX que buscaron delinear modelos de ciudad más sana, tales como la ciudad lineal o la garden city (Cabrales Barajas, 2006).

Más allá de los ámbitos urbanos, y especialmente luego de la crisis de 1929 y durante la postguerra, cobró trascendencia el concepto de planificación regional que comenzó a asociarse a la noción de desarrollo económico. Aquí se suman otra serie de problemáticas que, a otra escala, daban cuenta de procesos de concentración de la actividad económica y la riqueza en determinadas áreas en detrimento de otras. Se hablaba así de disparidades o desequilibrios regionales, incluso en los países desarrollados. La intervención estatal, por tanto, debía orientarse a equilibrar la distribución del crecimiento económico y de la población.

Bajo esta idea se empezaron a discutir soluciones y estrategias de intervención que han sido parte del repertorio estable de herramientas de ordenamiento territorial. Estas han tenido una amplia difusión en América Latina de manera más sistemática a partir de la década de 1960. Por ejemplo, la idea de región y de pensar el desarrollo regionalmente ocupó gran parte de las discusiones.

La experiencia del Tennessee Valley Authority, que implementó políticas de ordenamiento a nivel de cuencas hidrográficas, constituyó una referencia para pensar el desarrollo regional. El proyecto estaba orientado al aprovechamiento de energía hidroeléctrica, que fue concebida como eje catalizador del desarrollo a nivel de la cuenca y supuso un proceso de planificación de otras actividades económicas en esa unidad de intervención. Las propuestas de desarrollo rural integrado también reconocen un origen en esta experiencia (De Mattos, 1986). Esta iniciativa inspiró otras desarrolladas en América Latina, tales como la Corporación del Santa (Perú, 1943), la Comisión del Valle del San Francisco (Brasil, 1948) y la Corporación del Valle del Cauca (Colombia, 1954).

Otras estrategias buscaron enfocarse en otro tipo de regionalización, determinada por áreas que se consideraban deprimidas. El caso paradigmático fue la experiencia italiana de la Cassa per il Mezzogiorno. Esta agencia estatal, que estaba destinada a la modernización del sur de Italia, inspiró experiencias latinoamericanas como la Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste-SUDENE (Brasil, 1959) o la Corporación Venezolana de Guayana (Venezuela, 1958). Estos son casos de un enfoque de planificación intrarregional, es decir, de una región considerada en forma aislada del resto del contexto nacional (De Mattos, 1986).

Hacia mediados del siglo XX se consolidó la planificación del desarrollo y la planificación regional, con cobertura nacional. Entre otras se difunden las propuestas de regionalización, inspiradas en la experiencia francesa del aménagement du territoire (arreglo del territorio), cuyos objetivos estuvieron orientados a la descentralización y corrección de desequilibrios entre regiones (Cabrales Barajas, 2006). Otra propuesta fue la creación de polos de crecimiento, inspirados en los desarrollos teóricos de Karl Gunnar Myrdal, François Perroux y Albert Hirschman. En este caso se buscaba impulsar el crecimiento de determinados centros urbanos fomentando ciertas actividades económicas, que generalmente eran industriales. Con ello se esperaba que esa dinámica irradie hacia los espacios circundantes.

En particular a partir de la década de 1960 en América Latina y bajo el impulso de la Alianza para el Progreso, estas ideas y prácticas de planificación estuvieron muy en boga. Las mismas se difundieron ampliamente dentro de lo que se conoció como planificación regional del desarrollo. Aquí la capacidad ordenadora del estado debía concentrarse en orientar, dirigir, incentivar o frenar el crecimiento, considerando la dimensión espacial para evitar desequilibrios.

Ordenamiento, neoliberalismo y neodesarrollismo

Las décadas de 1980 y 1990 reconocieron un repliegue de la planificación con fines de ordenamiento. Este hecho estaba en línea con las políticas neoliberales y la idea de que el mercado corregiría las disparidades por sí mismo.

Pero hacia la década del 2000, reapareció en la agenda de políticas públicas la planificación y ordenamiento territorial. Los diagnósticos de los que se partían seguían siendo similares, aunque se sumaron dimensiones del desarrollo poco contempladas en otros períodos históricos, como la ambiental. Esta temática fue colocada nuevamente en agenda ante el fracaso del modelo neoliberal en la superación de las desigualdades socioeconómicas y territoriales. Del mismo modo, ofrecían limitaciones para lograr avances en la sostenibilidad ambiental del uso de los recursos naturales y de la ocupación del territorio (Massiris Cabezas, 2008).

Esta reaparición vino acompañada de nuevas perspectivas basadas en concepciones estratégicas y fórmulas participativas en cada uno de los procesos de planificación, que contemplaban la elaboración de las imágenes objetivo, las estrategias para alcanzarlo y las etapas de ejecución, con la participación de los actores locales (Leiva Lavalle, 2012). Esta nueva planificación flexible y participativa, en teoría vendría a garantizar una mejor intervención y éxito del proceso de definición e implementación de políticas. El concepto de ordenamiento del territorio pasó a ocupar una posición más destacada. Massiris Cabeza (2002, s. p.) propone una definición que ha sido recuperada ampliamente por la literatura académica, donde el ordenamiento territorial sería:

un proceso y un instrumento de planificación, de carácter técnico-político-administrativo, con el que se pretende configurar, en el largo plazo, una organización del uso y ocupación del territorio, acorde con las potencialidades y limitaciones del mismo, las expectativas y aspiraciones de la población y los objetivos de desarrollo.

Más allá de estas distintas perspectivas y estrategias, es posible rastrear en las propuestas orientadas a regular espacialmente el curso del desarrollo en América Latina, un diagnóstico común que reconoce el desequilibrio como rasgo espacial característico del desarrollo económico y social de la región. También se advierte que este proceso genera deterioro ambiental. Frente a ello se plantea que es necesario intervenir para lograr una situación de equilibrio y armonía en la configuración territorial de los países, que cada vez más toma en consideración a la naturaleza.

Algunas miradas críticas sobre el ordenamiento territorial en tanto política pública parten de identificar una serie de dilemas y dificultades desde la complejidad del territorio (Blanco, 2023) o las condiciones del caos (Hiernaux, 2020).

Blanco (2023) introduce la noción de políticas territoriales y no de ordenamiento territorial. Para ello toma en cuenta qué tipo de iniciativas/normas son útiles para regular o acordar (en lugar de ordenar) el uso de los territorios considerando (y articulando con) las prácticas sociales. El autor reflexiona sobre la necesidad de pensar la integralidad de las políticas territoriales. Para ello considera que se deben tener en cuenta, entre otros aspectos:

• los imperativos de la equidad social y la sostenibilidad en tensión con las presiones y prioridades de los actores capitalistas más concentrados,
• el planteo de políticas en clave social y territorial simultáneas (y no exclusivamente sectoriales),
• la articulación vertical de las políticas y la búsqueda de acuerdos mayoritarios (no consensos unánimes).

Por su parte, Hiernaux (2020) propone, desde la perspectiva de la geografía humanista, una deconstrucción del modelo de ordenamiento territorial que se implementó en América Latina. Su análisis parte de una crítica respecto de las miradas predominantes sobre el ordenamiento territorial desde las políticas y desde la geografía académica que se impone como saber legítimo en las discusiones sobre ordenamiento territorial. Frente a ello, plantea la necesidad de considerar los conocimientos que surgen desde una geografía vernácula, es decir, una forma de actuar sobre el territorio. Propone la idea de modelar, en lugar de ordenar. Con ella busca reconocer el conocimiento que parte del propio habitar, que surge de la experiencia directa del territorio.

Ambos autores reflexionan respecto de cómo debería pensarse el ordenamiento territorial, empezando por desestimar su denominación. Para ello, consideran indispensable tomar en cuenta los conocimientos y la práctica de habitar, así como la necesidad de que los acuerdos respecto de los usos del territorio se hagan en base a consensos mayoritarios con participación popular.

Perspectivas teóricas críticas

Algunos autores han discutido teóricamente el concepto de ordenamiento territorial. Por ejemplo, Haesbaert (2006) plantea una serie de debates que exponen la dificultad de hablar de (y pensar en) un ordenamiento territorial. En relación con la idea de orden, el autor propone que no debe ser separada de “su par indisociable, el desorden” (p. 118). Esto significa que cada orden gesta su propio desorden. En otras palabras, el desorden no está fuera de ese orden, esperando ser ordenado. Asimismo, llama la atención con respecto a la redundancia de hablar de ordenamiento territorial. Ello se debe a que el territorio, concepto teórico ampliamente discutido por la geografía, que focaliza en la relación espacio-poder e implica algún tipo de control, supone ya la imposición de un determinado orden (Haesbaert, 2014).

Otras discusiones se han centrado en entender el ordenamiento como correlato de un determinado orden social, guiado por una lógica que se reproduce en múltiples dimensiones. Una de las líneas teóricas desarrolladas retoma los aportes de Foucault (2004) para pensar al ordenamiento como una técnica orientada a traducir espacialmente cierto orden social, o bien a incorporar expresiones de multiplicidad a cierta lógica de organización socio-espacial. En otras palabras, supone subsumir lo múltiple.

Moreira (2011) alude al ordenamiento territorial como la forma en que la estructura espacial se autorregula para mantener la sociedad funcionando según su propia lógica. Así, el ordenamiento supone una orientación hacia un fin. Ese fin, en sus términos más abstractos, es la producción o reproducción de un cierto orden, que es social pero también espacial. Ese orden se traduce en reglas que dicen lo que se puede o no se puede hacer y en normas que dicen lo que debe ser, es decir, legitiman y naturalizan las reglas. En términos espaciales, el autor asocia las reglas al imperativo: “póngase en su lugar”; y las normas a la sanción: “ese es su lugar natural”. Asimismo, recupera a Henri Lefebvre para reconocer la existencia de resistencias que definen contraespacios, es decir, modos espaciales mediante los cuales excluidos y dominados ponen en cuestión el orden espacial instituido como forma de organización de la sociedad, rechazando (o imitando) el modo de vida que ella impone.

Sevilla Buitrago (2008), por su parte, enfatiza la forma en que ciertos mecanismos de regulación espacial fueron empleados a lo largo del tiempo para normalizar la reproducción socioespacial en la vida cotidiana. Lo interesante de su planteo es que discute cómo ciertas técnicas urbanísticas históricamente ejercieron una regulación espacial con fines de gobierno, entendido en un sentido foucaultiano, como “conducción de las conductas”.

Diferentes iniciativas de reforma urbana implementadas hacia fines del siglo XIX, que incluían zonificaciones, la creación de parques y otras infraestructuras, buscaron la transformación de ciertos barrios populares y el espacio público. El objetivo de estas iniciativas era modificar la conducta de las clases trabajadoras y establecer nuevos patrones de comportamiento, por ejemplo, separando lugares de producción y reproducción o eliminando usos espontáneos del espacio público. También, en relación con esta discusión, Sevilla Buitrago (2014) reconoce la existencia de otras codificaciones del espacio, prácticas y formas de asignación de usos, discursos e imaginarios que coexisten y luchan con la territorialidad hegemónica, por imponer su propio ordenamiento del territorio.

Estas discusiones permiten reflexionar sobre ciertos procesos e intervenciones que operan como formas de ordenamiento, aun cuando no se las denomine explícitamente de esa manera, desplegando un determinado orden social y espacial, que suele ser disputado. Ese orden socioespacial se expresa en reglas, normas y representaciones que emergen de ellas, sobre los lugares, sujetos y grupos, orientando prácticas y relaciones.

Desde esta perspectiva el ordenamiento es, entonces, una dimensión intrínseca a la producción del espacio, que está orientada a definir y regular sus pautas de acceso y uso en función de cierto orden. Asimismo, contiene una dimensión de desorden, es decir, de resistencia o desautorización que lo cuestiona.

Ordenamiento y fronteras

Las discusiones sobre el ordenamiento pensadas desde las políticas públicas, como las discusiones teóricas críticas, tienen muchos puntos de contacto con la cuestión de las fronteras. Desde el ámbito público las propuestas de ordenamiento territorial tienden a definirse a partir de las divisiones político-administrativas, de fuerte incidencia en la producción e implementación de políticas.

Es debido a eso que muchos planes de ordenamiento se han formulado a nivel de unidades jurisdiccionales preexistentes. Por ejemplo, se implementan planes de ordenamiento en entidades subnacionales, como las provincias en Argentina o los estados en Brasil, o a nivel municipal.

Un ejemplo claro de cómo inciden los niveles jurisdiccionales estatales en la definición de planes se encuentra en las propuestas de ordenamiento territorial de bosques nativos en Argentina. En esos casos, las delimitaciones por niveles de protección de los bosques se definen en el interior de cada jurisdicción provincial. Esto da por resultado situaciones incoherentes como el establecimiento de áreas de máxima protección de bosques de un lado del límite jurisdiccional y de menor protección al otro lado. Algo similar ocurre entre países con ciertas áreas de conservación. De igual forma, las propuestas de ordenamiento, al intentar ser aplicadas en superficies contiguas, requieren del establecimiento de límites que definan áreas a las que se les asignan usos posibles y se restringen otros, aún dentro de una misma jurisdicción.

Reflexiones teóricas recientes sobre fronteras permiten establecer un marco común con los debates críticos sobre el ordenamiento. Existe una estrecha relación entre el orden social, sus expresiones espaciales y el establecimiento de fronteras como forma de concretarlo.

En este sentido, un proceso de ordenamiento espacial (sea explícito o implícito) supone generalmente otro de fronterización, es decir, de delimitación, demarcación o marginalización dentro de un espacio mayor a partir de diferentes intereses (Benedetti, 2018). Incluso Matossian (2023) establece un vínculo estrecho entre ambas discusiones, definiendo el proceso de fronterización como prácticas de ordenamiento y de creación de otredad.

Ordenamiento y fronteras internacionales

El carácter relacional de las fronteras, en su doble direccionalidad hacia afuera y hacia adentro (Benedetti, 2018), asume características particulares en torno a las fronteras internacionales. En particular, el discurso de la seguridad nacional activa el imaginario de la frontera-epidermis que defiende a la nación de agentes externos, como extranjeros e inmigrantes. De manera explícita o implícita, este imaginario actúa como mecanismo de legitimación de diversas políticas orientadas a establecer o reproducir cierto orden socioespacial en zonas de frontera internacional.

El caso de la provincia argentina de Misiones permite abordar esta cuestión. Misiones presenta como particularidad que la mayor parte de su perímetro es frontera internacional con Paraguay y con Brasil. Por ello, a lo largo del proceso de consolidación del estado nacional argentino, la presencia de población paraguaya y brasilera en el territorio provincial fue considerada problemática en varios sentidos: porque suponía infiltraciones que atentaban contra el fortalecimiento de la soberanía territorial argentina, pero además porque se consideraba indeseable a esa inmigración, cuestión sustentada en un discurso con fuerte contenido racial.

Ante esa situación, el poblamiento de la actual provincia de Misiones se incentivó a partir de la inmigración europea y la figura del colono, en torno al cual se construyó la identidad provincial. Esta idea acompañó toda la historia de la provincia hasta el presente, que abrevaban en la idea de la frontera como una epidermis.

Estas ideas, que estaban presentes dentro del discurso de la seguridad nacional, encontraban asidero en análisis académicos que reforzaban y aportaban datos respecto de esta amenaza. Por ejemplo, en su libro Geopolítica argentina, el antropólogo Guillermo Terrara (1979) alertaba sobre la presión que ejercía el “arco étnico-cultural brasileño” con una “diferencia demográfica de 70 a 1” entre las provincias de Misiones y Corrientes y el espacio colindante de Brasil (p. 60). Asimismo, advertía sobre la “penetración brasileña” a través de las radioemisoras en portugués que se escuchaban en Misiones, lo cual consideraba parte de una inteligente política de penetración cultural del país vecino (p. 76).

Un ejemplo puntual permite ver las asociaciones entre el despliegue de un orden socioespacial vinculado a la condición de frontera internacional y, posteriormente, a partir de mediados de la década de 1980, a su condición de espacio selvático que se debe resguardar. Se trata del diseño e implementación del Plan de Colonización de Andresito en el área norte de la provincia (actual municipio de Comandante Andresito), frontera con Brasil, que fue llevado adelante entre 1978 y 1982, durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

Dicho plan tuvo como principal objetivo frenar lo que se percibía como amenaza latente de invasión brasileña al territorio argentino. Consistió en un minucioso proceso de selección para adjudicar grandes extensiones de tierra a quienes se definieron como “auténticos productores” y “pobladores genuinos”. Fueron seleccionados por su nivel de capitalización, nivel educativo y fundamentalmente su origen. Esa población debía ser argentina, preferentemente misionera relacionada con las colonias de origen europeo más antiguas de la provincia, o bien extranjera, pero no de países limítrofes. Esta colonización buscó reemplazar a la población original —mayormente obrajeros y agricultores provenientes de Paraguay y Brasil— considerados “intrusos” y población no deseada (Pyke, 1998, p. 11 y 19). Fue progresivamente desplazada o reubicada en las peores tierras y en menores extensiones (Díaz Lacava, 2003). Esto dio por resultado una segregación espacial guiada por esa distinción respecto del origen y características de la población asentada previamente y aquella población “deseada”.

Esa segregación no solo persiste, sino que recobra otros sentidos vinculados a la protección ambiental en el municipio y en un contexto de revalorización de la tierra producto del avance de la actividad yerbatera, ganadera y, en menor medida, turística. Por ejemplo, en la zona de Cabure-í, paraje cercano al límite del Parque Nacional Iguazú, desde principios de la década de 2010 se inició un conflicto por el dominio de la tierra entre supuestos propietarios y la población de pequeños productores que habitaban el paraje desde hacía varias generaciones. De nuevo, allí se activó el discurso de la intrusión brasilera para deslegitimar la presencia y lucha por la tierra de esa población.

Pero, además, sobre esta población pesa otro elemento clave en la configuración de un orden socioespacial en la provincia que provino del ambientalismo: la necesidad de preservar el último relicto de selva paranaense, más allá de los límites de las áreas protegidas. La principal amenaza de depredación de la selva tiende a asociarse a las prácticas de pequeños productores (en el caso de Andresito, mayormente tabacaleros) y no de otros actores con mayor capacidad de devastación, también vecinos del Parque, como empresas forestales, grandes productores yerbateros y ganaderos.

Esto condujo a la definición de una zona de amortiguamiento (ZAM) del Parque Iguazú y la implementación de algunos proyectos productivos que buscaron fomentar la producción de alimentos y desalentar el cultivo de tabaco, junto con otras prácticas como la caza y extracción de maderas, que formaban parte de la subsistencia de estos productores. Esto se reforzó con una política de educación ambiental que actúa como mecanismo de ordenamiento, en la medida en que trata de difundir valores e ideas propios de una nueva ética ambiental más acorde con los objetivos de preservación (Muñecas, 2023). Aquí, la frontera que se activa es la del parque, que separa, y de la ZAM, que integra, aunque de manera selectiva, dado que las políticas están dirigidas a ciertos sujetos y no a todos los que conviven con el parque.

Frente a este orden socioespacial, la resistencia de la población pone en juego prácticas que se orientan hacia otro orden posible, uno que los ponga como protagonistas del “cuidado de la selva”, pero distanciándose de las “soluciones verdes” que se promueven más recientemente, por ejemplo, el ecoturismo (Muñecas, 2023). En efecto, a partir de la organización como cooperativa, no sólo han resistido a las amenazas de desalojo, sino que han reforzado los procesos de reconversión orientada a la producción y procesamiento de alimentos. Esto se encara desde un posicionamiento político que reivindica la agroecología como paradigma de transformación del sistema agroalimentario y los sitúa como actores que conservan produciendo.

Lo anterior activa otra dimensión de la frontera internacional desde las resistencias. De manera similar a lo que ocurre en la escala fronteriza respecto de estrategias de reproducción sociales que desdibujan los límites y generan formas específicas de sociabilidad, aquí esa condición emerge como estrategia de resistencia. Esto ocurre a partir de la colaboración e intercambio con una organización brasileña, con quienes vienen desarrollando una línea de semillas criollas de maíz, contraponiéndose al avance reciente de la multinacional Monsanto en la región con las semillas transgénicas.

Ordenamiento y fronteras inmateriales

Las fronteras inmateriales son aquellas que, a partir de una fuerte carga simbólica, establecen legitimidades diferenciales para el uso y la representación de distintos espacios (Matossian, 2023). Esto incide en la forma en que distintos sujetos circulan, residen y trabajan en ellos.

Un caso de frontera inmaterial es abordado por Broguet (2016) en la ciudad de Rosario, Argentina. La autora analiza el orden espacial-racial que se configuró en la zona costera central de la ciudad, sujeta a un proyecto de renovación urbana que busca posicionarla como ciudad turística. Estos procesos de renovación tienden a dividir a la ciudad entre las franjas de paisaje para el recorrido turístico (“territorios más blancos” y “menos oscuros”) y aquellas que no. Con ello, se refuerza la imagen de la ciudad blanca, moderna y europea, que es parte de la narrativa fundacional de Rosario.

En el nuevo ordenamiento de la zona costera, el acceso a los espacios públicos que circundan las torres de viviendas exclusivas, aunque no está prohibido, se regula por contraste con el viejo barrio y los usos que hacían sus habitantes. De este modo, las distinciones constructivas, estéticas y experienciales contrastantes con el entorno definen una exclusividad a partir de todo lo que ese nuevo espacio ya no es. De esta forma se establecen “las características y comportamientos de aquellos cuerpos que podrían recorrerlo y aquellos que no” (Broguet, 2016, p. 211), generando una experiencia que aísla al visitante del barrio previo. Así, estos proyectos de renovación terminan funcionando como un mecanismo de ordenamiento que indirectamente establece, para distintos sectores sociales, cuál es el lugar que le corresponde, según esa lógica.

Frente a este orden socioespacial, un grupo de candombe afrouruguayo realiza formas de ocupación del espacio público que suponen hacer “cosas de negros”, como una manera de resistir ese sistema de segregación espacial y discriminación. Por ejemplo, realizan sus encuentros en una frontera del viejo barrio con el área renovada: una esquina que conecta con la avenida que separa ambos espacios. Allí encienden un fuego con maderas de deshecho. En torno a ese fuego el grupo se reúne, conversa, tocan los tambores, comparte mate y alcohol, bailan. Finalmente, antes de la medianoche hacen una caminata por los límites del barrio. Todas estas acciones marcan un contrapunto con el espacio circundante, en la medida en que no armonizan con la propuesta del nuevo proyecto urbanístico.

Otro ejemplo de la relación entre ordenamiento y fronteras inmateriales es el acceso al espacio público de ciertos grupos sociales en la ciudad en general. Sobre esta cuestión se puede mencionar el caso de las mujeres travesti-trans y personas con discapacidad que analiza Fernández Romero (2021) en la Ciudad de Buenos Aires. El autor estudió la producción del espacio público que, a lo largo del tiempo, estuvo guiada por criterios que fueron configurando un orden respecto a quiénes se espera que aparezcan y circulen por allí.

En la mayor parte de las provincias y municipios argentinos (y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires hasta 1998) existían ciertas ordenanzas municipales que buscaban proteger la “buena moral” y que regularon la presencia de personas “vestidas con ropa del sexo contrario” en el espacio público, básicamente criminalizándolas. Esto generaba situaciones de acoso, detención y violencia hacia estas personas. Las mujeres trans y travestis no eran perseguidas por lo que hacían en la vía pública, sino por existir en la vía pública. Y esto afectaba su vida cotidiana. Actividades como salir de compras, visitar a familiares o amistades, asistir a un centro médico o educativo, suponían un riesgo para esas mujeres dado que eran detenidas durante varios días. Esto, a su vez, dificultaba la posibilidad de estudiar o trabajar porque parte de su vida transcurría periódicamente en la cárcel.

De manera similar, las personas con discapacidad, en particular discapacidad motriz y visual, experimentan un espacio público lleno de barreras de distinto tipo. Aunque su presencia no está prohibida en el espacio público, su experiencia cotidiana se ve alterada por las dificultades que enfrentan para desplazarse, lo cual reproduce situaciones de desigualdad para estas personas. Incluso el ordenamiento mediante rampas y semáforos especiales no salda tales dificultades: las rampas no están bien hechas, los semáforos no están en todas las esquinas. Esto tiene como consecuencia que deban realizar trayectos más largos para desplazarse, que tengan que invertir dinero para pagar medios de transporte privado, o bien que no salgan de sus casas.

Así, los obstáculos que han encontrado o encuentran ambos grupos para el acceso al espacio público responden a la producción de un orden espacial que presupone determinados tipos de cuerpos y de sujetos al construir y regular las áreas públicas de la ciudad.

De alguna manera, ese orden socioespacial configura la calle y otros espacios públicos como fronteras inmateriales que generan discontinuidades dentro de la movilidad cotidiana de estos grupos. Es por eso que en ambos casos han tomado el espacio público en sí mismo como objeto de lucha. En el caso de las personas con discapacidad, su accionar se dirigió a exigir que se garantice la cadena de accesibilidad que permita desplazarse de un lugar a otro, lo cual es un ejemplo claro de cómo el espacio público actúa como frontera que genera una discontinuidad.

Además, lograron instalar la idea de que la forma en que se produce el espacio público es lo que discapacita a las personas, en la medida en que está diseñado para cuerpos capacitados para desplazarse en esas condiciones. A través de su lucha han logrado algunas modificaciones en el Código de Edificación y el Código Urbanístico. La organización y lucha de las mujeres travesti-trans, por su parte, se han dirigido a lograr la eliminación de los edictos policiales que les impedían circular libremente por el espacio público. Aquí el orden instituido fue cuestionado al tomar la calle como lugar de resistencia, con expresiones del tipo “nos sentamos para poder caminar”, aludiendo a esa dimensión elemental de la experiencia cotidiana de las personas (la de circular).

Bibliografía

Arzeno, M., Muñecas, L., y Zanotti, A. (2020). Ordenamiento territorial en cuestión: orden y contraespacio en el norte de Misiones, Argentina. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 29 (1), 51–68.

Becker, B. (2011). A Amazônia e a política ambiental brasileira. En M. Santos & B. Becker (Eds.), Território, Territórios. Ensaios sobre o ordenamento territorial. Lamparina editora.

Benedetti, A. (2018). Claves para pensar las fronteras desde una perspectiva geográfica. Geousp – Espaço e Tempo (Online), 22 (2), 309–328.

Blanco, J. (2023). Políticas territoriales en los territorios de la complejidad. Desafíos para los saberes y las prácticas. Estudios socioterritoriales. Revista de Geografía, 35(número especial), 33–48.

Bourdieu, P. (1997). Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático. En P. Bourdieu, Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Anagrama.

Broguet, J. (2016). “Lo negro en algún lado está…”: orden espacial-racial y candombe afrouruguayo en el barrio Refinería (Rosario, Argentina). Revista Colombiana de Antropología, 52(1), 197–222.

Cabrales Barajas, L. (2006). Geografía y ordenamiento territorial. En A. Lindon & D. Hiemaux (Dirs.), Tratado de Geografía Humana. Anthropos Editorial: UAM.

De Mattos, C. (1986). Paradigmas, modelos y estrategias en la práctica latinoamericana de planificación regional. Pensamiento iberoamericano. Revista de Economía Política, 10, 13–37.

Díaz Lacava, A. (2003). Instrumentos para la planificación integral del uso de la tierra con sistemas de información geográfica: un caso de estudio en Argentina [Tesis de Doctorado]. Universidad de Humboldt, Berlín.

Fernández Romero, F. (2021). Transeúntes inesperadxs: Disputas por el espacio público urbano desde los movimientos travesti-trans y de personas con discapacidad. En M. Arzeno & F. Fernández Romero (coords.), Ordenar, regular, resistir. Disputas políticas por el espacio. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires.

Foucault, M. (2016). Seguridad, territorio, población. Curso en el Collège de France (1977-1978). Fondo de Cultura Económica.

Haesbaert, R. (2006). Ordenamiento territorial. Boletim Goiano de Geografia, 26 (1), 117–124.

Haesbaert, R. (2014). Lógica zonal y ordenamiento territorial: para rediscutir la proximidad y la contigüidad espaciales. Cultura y Representaciones Sociales, 8 (16), 9–29.

Hiernaux, D. (2020). El ordenamiento del territorio: Una relectura desde la geografía humanista. Punto Sur, 2, 111–126.

Leiva Lavalle, J. (2012). Pensamiento y práctica de la planificación en América Latina. CEPAL-ILPES.

Massiris Cabeza, Á. (2002). Ordenación del territorio en América Latina. Scripta Nova, 6 (125).

Massiris Cabeza, Á. (2008). Gestión del ordenamiento territorial en América Latina: Desarrollos recientes. Proyección, 4 (4).

Matossian, B. (2023). Fronteras cotidianas en periferias urbanas: análisis de sus expresiones simbólicas dentro de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), Argentina. Universum, 38 (1), 167-188.

Moreira, R. (2011). O Espaço e o Contra-Espaço: as Dimensões Territoriais da Sociedade Civil e do Estado, do Privado e do Público na Ordem Espacial Burguesa (3a ed.). En M. Santos & B. Becker (Eds.), Território, Territórios. Ensaios sobre o ordenamento territorial. Lamparina editora.

Muñecas, L. (2023). Los valores del verde. Conservación de la naturaleza y orden espacial en Misiones, Argentina (2008-2018) [Tesis de Doctorado en Geografía]. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Pyke, J. (1998). La expansión de la frontera agraria en el nordeste de Misiones: el plan de colonización Andresito 1978-1983. Universidad Nacional de Misiones.

Salizzi, E. (2019). Los momentos de la frontera agraria moderna en el norte cordobés: la reestructuración productiva de los departamentos Río Seco, Sobremonte y Tulumba. En E. Salizzi & J. Barada (Comps.), Fronteras en perspectiva / perspectivas sobre las fronteras. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Sevilla Buitrago, A. (2008). La ciudad y el eclipse de la experiencia. Notas para una historia crítica de la ordenación territorial. Polis. Revista Latinoamericana, 20, 1–18.

Sevilla Buitrago, A. (2014). Hegemonía, gubernamentalidad, territorio. Apuntes metodológicos para una historia social de la planificación. Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales, (27), 49–72.

Terrara, G. (1979). Geopolítica argentina. Población, fronteras, comunicación, antropología. Plus Ultra.