Alejandra Salomón y José Muzlera

Según la Real Academia Española, el término rural constituye un adjetivo que alude a la vida del campo, a sus labores y a sus habitantes (https://dle.rae.es/rural). Proviene del latín rurālis, que a su vez deriva de rus, que significa ‘campo’. Utilizado para caracterizar fenómenos, estructuras sociales y, fundamentalmente, espacios, a lo largo de la historia latinoamericana reciente ha sido observado desde diversos ángulos en ámbitos políticos, académicos, empresariales y populares, por lo que no existe un consenso sobre el vocablo.

Tradicionalmente, ha sido definido por oposición a lo urbano. Asimismo, si bien su significado es distinto, hasta hace pocas décadas solía utilizarse como sinónimo de agrario ya que sus significantes se yuxtaponían en tiempo y espacio. A diferencia de los espacios urbanos, en los rurales vivían pocas personas y se producían bienes primarios. Ergo, el término rural, aunque técnicamente refiere a la dimensión demográfica, solía asociarse a dos dimensiones, una demográfica y otra productiva. De allí su asimilación a lo agrario.

Entre mediados de la década de 1980 y comienzos del presente siglo, el mundo comenzó a experimentar una serie de profundos cambios que, tanto por su vertiginosidad como por su contemporaneidad, son difíciles de describir con precisión y ponderar su alcance. En este marco, lo rural empezó a separarse de lo agrario. Al mismo tiempo, lo agrario fusionó sus fronteras con lo industrial y lo rural con lo urbano. De esta manera, la relación entre rural y fronteras se ha nutrido de perspectivas binarias, a la vez que las transformaciones recientes, asociadas en gran medida al agronegocio, han impulsado la posibilidad de repensar límites y conexiones entre espacios.

Este capítulo ofrece un recorrido por la palabra rural y el concepto de ruralidad. Se organiza en cinco secciones. La primera explora la comprensión histórica de lo rural, marcada por su contraposición con lo urbano. La segunda aborda los diversos criterios y las limitaciones de las definiciones oficiales empleadas por los estados para delimitar lo rural. La tercera describe la evolución histórica de los espacios rurales latinoamericanos, desde la colonia hasta finales del siglo XX. La cuarta sección analiza la profunda reconfiguración de la ruralidad a partir de la segunda mitad del siglo XX. Finalmente, la última sección profundiza en la complejidad de la ruralidad actual.

Enfoque dicotómico

El análisis de la noción de ruralidad, sustentado en la dualidad y contraposición con lo urbano, posee una sólida raigambre en las ciencias sociales interesadas en sus inicios por la evolución del capitalismo en el campo y la economía campesina. Por ejemplo, ya a finales del siglo XIX, autores clásicos como Marx y Weber interpretaban la evolución de la sociedad desde un sistema social tradicional (rural) a otro moderno (urbano). El interés por la explicación del desarrollo del capitalismo en el agro, comprendido como sinónimo de la modernidad, dio lugar al despliegue teórico de las tres vías:

• la clásica, descrita por el propio Marx en base al caso inglés,
• la vía Junker, trabajada por Kautsky para el caso prusiano y
• la vía Farmer, examinada por Lenin para el caso norteamericano.

Si bien la noción de bipolaridad (rural-urbano) pervivió durante gran parte del siglo XX, ya en la década de 1920 se registran los primeros cuestionamientos. La dicotomía, en líneas generales, permeó el imaginario colectivo, prevaleciendo implícitamente la idea de que el mundo estaba separado en dos partes opuestas y nítidamente diferenciadas: lo urbano y lo rural.

Desde el punto de vista socioeconómico, se asociaba a este último con la actividad agropecuaria, la intensa dependencia de los recursos naturales, la baja densidad de población, el tamaño reducido de los asentamientos y la deficiente o inexistente disponibilidad de servicios públicos, como calles pavimentadas, cloacas, servicio médico asistencial, ofertas educativas y alumbrado. Otra antigua característica distintiva de este ámbito la constituía una estructura socio-ocupacional definida casi exclusivamente a partir de la propiedad de la tierra, que tendía a ser subordinada material y simbólicamente en el contexto de consolidación capitalista.

El dualismo conceptual se ha trasladado también a la dimensión cultural. En sintonía con la concepción lineal del progreso, lo rural evocaba a un paisaje bucólico, atrasado, conservador y anclado en la tradición, en franco contraste con la vida urbana, moderna, cambiante e industrial. Junto a estos valores, se lo concibe como un espacio con límites precisos, aislado y portador de cambios lentos. Las valoraciones de signo positivo (comunitario, natural, moral) y, las más de las veces, negativo (ignorante, arcaico, supersticioso) tendieron a construir estereotipos sobre dicho término. Desde finales del siglo XX, la clásica fragmentación entre lo urbano y lo rural se ha desvanecido ante la emergencia de situaciones más heterogéneas.

Medición, criterios y problemas

La conceptualización de lo rural, la determinación de sus límites y su diferenciación de lo urbano ha sido una temática de interés para los estados, puesto que delimita el ámbito de pertinencia de las políticas públicas. Habitualmente, las definiciones responden a criterios establecidos por los organismos nacionales de estadística (densidad de población, estructura ocupacional, uso del suelo, distancia al centro urbano más cercano, etc.) y con ello muestran la persistencia de planteos dicotómicos.

En América Latina la denominación de lo rural se ha mantenido con cierta coherencia desde el siglo XIX y difiere entre los países, según las variables empleadas y sus umbrales establecidos en los dispositivos censales. Los criterios más ampliamente adoptados son cuatro:

• Puramente demográficos: población con menos de 2.000 o 2.500 habitantes, según sea el caso de Argentina, Venezuela, México o Bolivia.
• Administrativos: población que vive fuera de las áreas urbanas –determinadas administrativamente–, como Brasil, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Ecuador.
• Combinación de límites demográficos (como densidad y tamaño de los aglomerados) con el porcentaje de ocupación agraria de la población económicamente activa: caso chileno.
• Falta o escasez de servicios básicos: como en Cuba y Panamá.

Tal como se vislumbra, las definiciones oficiales en uso contienen, por un lado, una idea implícita de lo rural como residual y carente. Por otro lado, expresan limitaciones para comprender la dinámica actual de la ruralidad, efectuar comparaciones entre países y formular iniciativas que den respuesta a realidades complejas y diversas.

El límite cuantitativo que oficia como frontera de lo urbano no logra captar los rasgos funcionales, ni el contexto geográfico, ni las múltiples interrelaciones entabladas en territorios difusos. Esta conceptualización atraída por las demarcaciones espaciales ha motivado objeciones. Las mismas emergen de la atemporalidad de las clasificaciones o la arbitrariedad de la escala, o porque el afán por la medición ignora datos cualitativos.

Para sortear tales falencias, hay otras perspectivas que procuran combinar los datos estadísticos con las percepciones y significados. Al respecto, es valioso el aporte de Williams (2001), quien considera lo rural como una construcción subjetiva del espacio fundada en valores, representaciones y estilos de vida propios. Los estudios realizados desde esta mirada constructivista exhiben una gran diversidad, en virtud de la imposibilidad de concebir una imagen única y atemporal de lo rural. En ello justamente repara la corriente crítica, básicamente por su relativismo, dificultosa comparabilidad histórica y escasa aplicabilidad a la toma de decisiones políticas (Mazorra y Hoggart, 2002). El problema de este tipo de definiciones es su operacionalización.

Configuración espacial rural en Latinoamérica

En América Latina, el ascenso y la consolidación del sistema económico dominante, de la mano de sus élites exportadoras, configuró un campo modernizado, reordenado y reapropiado en función de las demandas y los parámetros urbanos (Castro, 2018). Hasta la conquista y la colonización americanas, la campaña fue un ámbito explotado, pero poco ocupado, en el cual los pueblos originarios establecieron su hábitat y desarrollaron sus formas de vida en base a los principios de reciprocidad y redistribución.

La apropiación de la tierra por parte de la población blanca y la paulatina organización política del territorio dominado, junto a la instalación de fortines y las sucesivas campañas militares, jugaron un papel crucial en la expropiación de los bienes de uso común y en el desplazamiento de personas. Las tierras comunales fueron usurpadas, se instalaron las primeras estancias y crecieron la producción y la población. Aun así, estos espacios eran apenas distinguibles de sus pares urbanos, signados por la presencia de asentamientos precarios concentrados bajo la forma de pueblos, fortificaciones o simples rancheríos.

Fue a mediados del siglo XIX cuando el espacio rural experimentó las mayores transformaciones, como consecuencia de su definitiva integración a las reglas del mundo capitalista, que culminaron con la inserción plena de Latinoamérica en la economía mundial. Este proceso fue consecuencia del incremento de la demanda de materias primas y alimentos en los países industrializados (lana, azúcar, algodón, café, cereales, carne, etc.), los que podían ser producidos a costos ventajosos en los países latinoamericanos.

La rápida expansión agropecuaria, no exenta de conflictos ni de heterogeneidades regionales, fue posibilitada por un conjunto de condiciones ecológicas, sociales, políticas y económicas. Se incluye la abundancia de recursos naturales, la evolución operada en los transportes y las comunicaciones, la llegada de capitales externos, la elaboración de un marco jurídico a partir de la consolidación de los estados, la inmigración extranjera, la colonización y la política de desarticulación, desplazamiento y/o exterminio de comunidades indígenas y campesinas.

Estos fenómenos, acelerados a finales del siglo XIX, trajeron aparejados profundos cambios en los espacios rurales. Esto ocurrió bajo el impulso de la favorable coyuntura internacional, la agresiva política de avance de frontera y el desarrollo de proyectos de inversión ferroviaria. También, fue clave el marco jurídico liberal que afianzó la propiedad privada, mientras que la iniciativa individual facilitó la apropiación de tierras y su puesta en producción. La irrupción del alambrado para cercar los campos constituyó una expresión material de la extendida práctica de apropiación y delimitación del suelo en el medio rural, la cual redundó en la consolidación de los latifundios y de los sectores rurales hegemónicos (Benedetti, 2024).

Por entonces, la tierra representaba una mercancía valorizada que, con bajas inversiones iniciales, constituyó una de las principales fuentes de rentabilidad rural. En base a estos pilares se erigió un sistema productivo altamente especializado que concertaba la propiedad con modalidades contractuales (arrendamiento, aparcería, etc.) y la fuerza de trabajo asalariada con mano de obra familiar. Nuevos oficios y pobladores se establecieron para el desarrollo de estancias, haciendas, chacras, tambos y demás establecimientos rurales, que solían combinar tanto la producción como la residencia.

La expansión agropecuaria se expandió y diversificó, y con ella se fortaleció la especialización territorial. En este devenir se vigorizaron los pequeños asentamientos abastecedores de la campaña –muchos de ellos en torno a estaciones ferroviarias o centros de acopio de la producción–, al igual que el poblamiento a campo abierto. La organización de los territorios rurales, nítidamente diferenciada de los urbanos, adquirió así rasgos que prevalecieron hasta finales del siglo XX.

A pesar de la importancia de la actividad agropecuaria, este largo período está marcado por el estancamiento o la declinación de la población rural a mediados del siglo XX. En varios países se registraron entonces las primeras manifestaciones de abandono del campo por pequeños arrendatarios y obreros rurales que, afectados por la caída de las exportaciones agropecuarias, buscaban nuevos horizontes en las grandes ciudades.

Esta tendencia migratoria se impuso como consecuencia también de la expansión industrial y del mayor atractivo urbano, debido a la mayor oferta de bienes y servicios. Simultáneamente, se destaca en la región la profundización del proceso de mecanización de las tareas agropecuarias, acelerado por la Revolución Verde, junto a la difusión del extensionismo rural. Al calor de estas transformaciones permeadas por ideas desarrollistas, emergió una nueva frontera simbólica: la que diferenciaba los campos modernos de aquellos tradicionales.

Por último, es imposible soslayar que el siglo XX en América Latina fue el de la reforma agraria y de las luchas campesinas por la tierra (Teubal, 2003). Ausentes en algunos países (como la Argentina), en otros constituyeron ejes centrales más radicales o moderados (como México, Cuba y Bolivia) que impregnaron los modos de vida y el valor simbólico de la ruralidad.

Avance del agronegocio

Una de las últimas reconfiguraciones históricas que atravesó la ruralidad ocurrió con la irrupción y expansión del modelo agronegocio. Este concepto emergió a mitad del siglo XX, pero se consolidó de manera contundente en la década de 1990. Dicho modelo, de escala global, se asienta en cuatro pilares fundamentales: tecnológico, financiero, productivo y organizacional (Gras y Hernández, 2024). Su objetivo primordial es la producción de dinero, a menudo mediante complejos mecanismos financieros, materializando la producción de flex crops (cultivos flexibles o comodín) que sirven indistintamente como grano, forraje o combustible. Además, prioriza las lógicas de la financiarización sobre la producción de alimentos o la vida de las personas y los territorios.

A pesar de su alcance global y su lógica financiera, el modelo agronegocio posee un innegable anclaje territorial. Se adapta y actualiza según los contextos sociohistóricos, agroclimáticos, culturales y económicos específicos de cada región. Esto ha generado un nuevo mapa agro-rural, signado por asimetrías y pactos territoriales yuxtapuestos (Albadalejo, 2017), que no están exentos de tensiones y conflictos. Fenómenos como el acaparamiento de tierras (land grabbing) y la acumulación por desposesión de bienes naturales son manifestaciones directas de este proceso que afecta las ruralidades locales, sus límites y sus relaciones.

La penetración de lógicas empresariales y tecnológicas en territorios tradicionalmente agrarios ha provocado profundas reconfiguraciones. Se han generado nuevas relaciones sociales de producción (Moreno, 2019; Neiman, 2010), una creciente precarización del trabajo (Kay, 2016; Flores y Saldaña, 2017) y un significativo impacto territorial (Iscaro, 2024). Estas transformaciones han disociado los espacios productivos de los reproductivos, intensificando los conflictos por el uso de la tierra —ya sea para vivienda, turismo o producción— y diluyendo las fronteras tanto entre lo rural y lo urbano como entre lo agrario y lo industrial.

A principios del siglo XXI, el modelo agronegocio se había diseminado de forma considerable en los principales países agrícolas de América Latina, convirtiéndose en el motor de las principales exportaciones agrícolas, dominadas por la soja transgénica. Entre 2002 y 2010, la superficie cultivada con soja genéticamente modificada se disparó: 30% en Brasil, 46% en Argentina y 1.000% en Uruguay (International Services for the Acquisition of AgriBiotech Applications, 2011). Se produjeron incrementos también notables en Paraguay (80%) y Bolivia (55%). Esta expansión demuestra la magnitud del impacto del agronegocio en la ruralidad de la región.

La instalación del modelo agronegocio ha derivado en el agrandamiento de las explotaciones y la intensificación del éxodo de quienes viven en ellas. Al mismo tiempo, los responsables de la producción se desdibujan, tanto por la lógica de la dinámica pool como por el ausentismo de los dueños del capital asociado a esta (Hernández, 2024). Cabe aclarar que un pool es una forma de organizar la producción a menudo vinculada al capital financiero, en la que distintos actores aportan factores productivos y, finalizado el ciclo, dividen ganancias según lo acordado previamente. El cotidiano desplazamiento de mano de obra, la diversificada y creciente oferta y demanda de insumos y servicios para el agro y la vuelta al campo como producto turístico simbólico han tornado más imprecisas las fronteras de lo rural y lo urbano.

Estos fenómenos han provocado conflictos por el uso y los precios de la tierra y por las contaminaciones químicas y visuales de la producción agropecuaria. Los campos se tornan fábricas de mercancías. Los pueblos devienen lugares dormitorios y comunidades idealizadas a donde quieren residir quienes viven en las urbes. Este proceso es identificado con el concepto de neorruralidad (Méndez Sastoque, 2013; Muzlera, 2019; Trimano, 2019), el cual encierra otro que emerge con fuerza: el de rururbanidad.

Ruralidad contemporánea

Comprender la ruralidad en la actualidad exige trascender visiones simplificadas y dicotómicas que oponen campo y ciudad. Las teorías económicas clásicas y neoclásicas, al obviar los aspectos territoriales (confluencia de límites, poder, recursos y agencia), constriñeron el análisis. En contraste, el territorio puede ser entendido como un espacio delimitado por procesos de organización, demarcación y apropiación de hábitats naturales por parte de los agentes. Este concepto es fundamental para aprehender las reconfiguraciones generadas por el agronegocio.

La ruralidad contemporánea está caracterizada por una creciente porosidad de las fronteras entre lo rural y lo urbano y a su vez está transformada en complejas construcciones socioespaciales, culturales y económicas. Esto implica un flujo constante de personas, bienes, ideas y capitales (Llambí, 2012). La movilidad poblacional deviene un rasgo intrínseco de estas nuevas dinámicas. Aunque persiste la migración campo-ciudad en busca de mejores oportunidades laborales ante la precarización rural, emergen también nuevas formas de movilidad circular o pendular que conectan de forma innovadora las áreas rurales y urbanas (Kay, 2016; Neiman, 2010).

Como consecuencia del pilar tecnológico del agronegocio, se ha acentuado el éxodo rural y una fuerte movilidad de la población residente. Esto ha provocado una pérdida significativa de servicios y comercios de proximidad tradicionales. Los pueblos, en este contexto, desaparecen o ven transformada su función, pasando de ser espacios de vida a localidades dormitorio.

Ante este escenario, el concepto de neorruralidad busca superar las limitaciones de las definiciones tradicionales de ruralidad que resultan falaces. En oposición a una visión estática, los espacios rurales actuales se definen por la organización de sus ecosistemas, sus vínculos con los espacios urbanos contiguos, la baja densidad demográfica, la sociabilidad de interconocimiento y su interdependencia con las ciudades.

La rururbanidad es una manifestación clave de esta neorruralidad. En ella, surgen zonas periurbanas caracterizadas por la disponibilidad de modernos medios de transporte, usos no productivos del suelo, la presencia de servicios de cercanía (por ejemplo, supermercados y centros de salud) y una menor dependencia local para el abastecimiento de alimentos, que ahora proviene de espacios más lejanos (Llambí, 2012).

Estos enclaves, que conectan y separan el espacio rural del agronegocio con las urbes, han experimentado una disminución de la agricultura tradicional y el auge de nuevas actividades productivas. Dentro de estas nuevas ruralidades se insertan actividades y formas de sociabilidad predominantemente urbanas, como residencias secundarias, servicios turísticos y actividades recreativas. Aunque pueden mantener su base agraria, estos espacios son resignificados por la llegada de capitales y modos de vida urbanos (Linck, 2001; Ruiz Rivera y Delgado Campos, 2008).

El turismo rural es un ejemplo paradigmático de la neorruralidad (Aguilar Criado, 2014; Roseman et al., 2013). Configura sus propias fronteras, tanto físicas (delimitación de espacios para la actividad) como simbólicas y socioeconómicas. Además, genera tensiones en el acceso a recursos, modifica los usos del suelo y establece nuevas interacciones entre poblaciones locales y visitantes. La expansión de estas actividades refleja una multifuncionalidad en el medio rural (Aguilar Criado, 2014; Hervieu, 1996). Al mismo tiempo, plantea desafíos en términos de gobernanza territorial y coexistencia de diversos modelos de desarrollo.

En este contexto, el despoblamiento rural es una consecuencia directa de factores como la mecanización agrícola, la escasez de servicios básicos y la creciente concentración de la tierra (Arnalte Alegre et al., 2012). Este fenómeno agudiza la crisis de la ruralidad tradicional (García Bartolomé, 1991), redefiniendo la función histórica de los espacios rurales que, progresivamente, pierden su centralidad en la producción agraria.

Simultáneamente, los modos de vida rurales experimentan una profunda transformación, permeados por patrones de consumo y valores urbanos. Se evidencian la diversificación económica, la desocupación y una creciente similitud con los mercados de trabajo urbanos, más allá de los cambios agrícolas (Aguilar Criado, 2014; Roseman et al., 2013). Los imaginarios sobre el campo y la ciudad se resignifican: el campo trasciende su rol exclusivo de espacio de producción para ser concebido también como un lugar de residencia, recreación o conservación (Linck, 2001; Hervieu, 1996). La tensión entre la modernización impuesta por el agronegocio y la persistencia de formas de vida más tradicionales, sumada a la emergencia de nuevas identidades rurales, son elementos cruciales para comprender estas fronteras en constante cambio.

Esta nueva ruralidad no puede ser entendida sin reconocer que la tierra constituye un bien esencial para alimentar a la población mundial, una necesidad que se ve interpelada por el escenario actual. El agronegocio naturaliza una profundización del alcance conceptual de la propiedad privada para producir ganancias, despojando a la tierra de su función social de producir alimentos.

A pesar del reforzado productivismo agrícola, el desarrollo tecnológico ha desplazado la cuestión agraria de un problema de oferta a uno de demanda: la gran producción agrícola mundial se enfrenta a la incapacidad de acceso y compra de alimentos por parte de vastas poblaciones. Diego Montón (2025) destaca que, mientras los campesinos proveen más del 70% de los alimentos mundiales con menos del 25% de los recursos, la cadena agroindustrial utiliza más del 75% de los recursos para alimentar a menos del 30% de la población, generando además la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero.

En este panorama, el acaparamiento de tierras, en manos tanto de particulares (ex burguesías agrarias nacionales) como de corporaciones internacionales, irrumpe como un fenómeno central. Quienes concentran tierras bajo diferentes regímenes de propiedad (privada, comunal, estatal) lo hacen con el objetivo de extraer recursos y destinar, en muchos casos, la producción de biocombustibles o cultivos comodín, con lógicas cortoplacistas y sin ningún reparo de sustentabilidad.

Las implicaciones de este fenómeno son profundas. Aunque no siempre repercute negativamente en la seguridad alimentaria inmediata del país anfitrión, sí incide en la especulación financiera, el aumento del precio de los alimentos, el despojo y la extranjerización de la tierra, con la consecuente pérdida de soberanía. También agrava la situación de miles de millones de personas que padecen hambre, no por falta de producción, sino por la imposibilidad de acceso.

En suma, repensar la ruralidad, retomando a Luis Llambí (2012), implica un esfuerzo teórico que contemple una contextualización espacial (territorial) e intertemporal (histórica) de los procesos sociales, así como una consideración de los vínculos bidireccionales con los procesos biofísicos. Esta propuesta para comprender las nuevas fronteras, entre hinterlands y espacios centrales, es a su vez política, ya que busca dar cuenta no solo de las transformaciones asociadas a los agronegocios, sino también de la agricultura familiar, la diversidad de actividades productivas y la presencia de minorías campesinas y étnicas.

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