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La educación para el consumo y las políticas sociales: ¿nuevas formas de inclusión social?

Angélica De Sena y Florencia Chahbenderian[1]

Palabras clave: políticas sociales, educación, consumo, inclusión social

Introducción

En el sistema capitalista emergen diferentes políticas sociales que buscan intervenir directamente en el consumo de los sujetos, en pos de asegurar una mayor “inclusión social”. En este trabajo consideramos dos: los Programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos y la Educación para el Consumo. De este modo, tenemos por objetivo brindar una aproximación acerca de algunas posibles conexiones entre la educación para el consumo, las políticas sociales y la inclusión social.[2]

Para ello, el trabajo se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, discutimos brevemente en torno al consumo como práctica social e introducimos algunos aspectos sobre las políticas sociales, en particular los Programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos. Luego esbozamos algunas ideas vinculadas con educar al consumidor y, por último, se exponen algunas reflexiones finales.

Algunas aproximaciones teóricas en torno al consumo y las políticas sociales

En primer lugar, entendemos por consumo todo gasto monetario que efectúan los sujetos en la compra de bienes y servicios bajo el supuesto de que tiene un carácter simbólico y juega un importante rol en la construcción identitaria. En este trabajo es considerado relevante por varios motivos ya que, por un lado, posibilita la reproducción del sistema capitalista, al culminar el proceso de producción con la realización del valor. A su vez, los criterios de selección del consumo y las vivencias temporales y espaciales que los acompañan nos posibilitan ingresar en un nivel de análisis diferente al identificar su carácter simbólico y su papel en la construcción de identidad. Además, el consumo constituye uno de los lugares donde se continúan los conflictos entre clases, producto de la desigual participación en la estructura productiva (Canclini, 1995).

Consumir en la actualidad involucra un juego indeterminado de maneras de vender, de comprar, de sentir y sentirse en y con el mundo de las cosas. En este contexto es fácil advertir que el consumo está atravesado por la gestión de las emociones, es decir, por los modos sociales de generar y distribuir formas específicas de sensibilidades (De Sena y Scribano, 2014).

Dadas las características de la sociedad contemporánea, el consumo es una práctica transversal a todas las clases sociales, que si bien se vincula fuertemente a las personas y clases de mayores ingresos, se verifica en aquellas que encuentran en él un medio (tal vez el único) para experimentar “inclusiones aceptables” en una sociedad que gira en torno a la figura del consumidor (Baudrillard, 2009; De Sena y Scribano, 2014).

Entre las muchas aristas que posee la problemática señalada, una que ha adquirido importancia en nuestro país es el aumento del consumo por parte de millones de sujetos subsidiados a través de las políticas sociales (De Sena y Scribano, 2014).

Son múltiples los abordajes e investigaciones teóricas y empíricas sobre las políticas sociales en general, en Argentina y América Latina (Lo Vuolo y Barbeito, 1993; Danani, 1996; Danani, 2004; Hintze, 1996; Grassi, 2008; Pautassi, 2010; Ramacciotti, 2010; Scribano y De Sena, 2013, entre otros). Desde nuestra perspectiva, entendemos que las políticas sociales, al actuar sobre las condiciones materiales y simbólicas de la vida social, construyen y moldean subjetividades y sensibilidades (De Sena y Cena, 2014; Scribano y De Sena, 2013), es decir, hacen sociedades (Danani, 2004). De este modo, constituyen formas de intervención de los Estados modernos, que por su particular lugar en los procesos de estructuración social, resultan altamente ambiguas; expresan, definen e instituyen la cuestión social. A su vez, poseen un fuerte potencial normativo, no solamente al normatizar y normalizar lo que en un momento determinado constituye una problemática social y quiénes la concretizarán, sino también porque son susceptibles de ser posicionadas como derechos reconocidos gubernamentalmente; expresan intervenciones estatales que, por acción u omisión, dan cuenta del resultado de la lucha de clases al establecer los límites de la desposesión constitutiva del capitalismo; por último, pone en circulación una serie de satisfactores desde unas esferas de la estructura social hacia otras, configurando así las redes de responsables y responsabilizaciones del bienestar social (De Sena y Cena, 2014; Scribano y De Sena, 2013).

Los Programas de Transferencias Condicionadas de Ingreso (PTCI) actualmente constituyen la consolidación en versión siglo XXI del paradigma de abordaje de la cuestión social por antonomasia en el país y la región (Paz, 2010). Estos programas surgen en Argentina a partir del año 2000,[3] y sobre todo a partir de 2003, en una etapa de recuperación y crecimiento económico. Si bien hay diferentes matices respecto a su definición e implementación, existe cierto consenso en la literatura internacional que los define como transferencias de dinero en efectivo que pretenden aumentar los niveles de consumo de las familias disminuyendo la pobreza en el corto plazo y, a través de las condicionalidades, buscan incrementar el capital humano de los menores para interrumpir el ciclo intergeneracional de la pobreza (CEPAL, 2009; Calabria et al., 2010; Correa, 2009).

De investigaciones recientes sobre PTCI surge que la ayuda[4] que brindan es utilizada principalmente para el consumo (ya sea para aquel efectuado en el pasado o para la adquisición inmediata de bienes o servicios). Esto les permite a los y las destinatarios/as constituirse y reconocerse, ya que el hecho de transformarse en consumidoras y consumidores les aporta dignidad e identidad como personas (Halperin Weisburd et al., 2011; Cena et al., 2014). En este punto nos interesa tensionar y profundizar en las posibles vinculaciones existentes entre las políticas sociales, el rol del consumo y la reproducción del modo de producción capitalista.

La educación para el consumo y la “inclusión social”

Existen diversas modalidades de políticas sociales que intervienen con la finalidad de brindar nuevas herramientas a los sujetos que median en las comunidades. Entre ellas se halla la educación para el consumo (EpC), que se refiere a la promoción de comportamientos transformadores para lograr un cambio de actitudes para contribuir a un desarrollo equilibrado basado en elecciones selectivas. En términos generales, podemos conceptualizarla como un proceso de enseñanza-aprendizaje orientado a proveer de una mirada crítica sobre el consumo en tanto práctica social y sus consecuencias sobre las posibilidades de una vida más humana y en respeto por el planeta y todos los seres vivos. Los temas centrales que aborda son la educación alimentaria, el cuidado del medio ambiente, la lectura crítica de la publicidad, y las consecuencias sociales y ambientales del consumo no responsable (UNEP, 2010).

Desde diversos municipios y organizaciones no gubernamentales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se vienen promoviendo programas sobre la educación para el consumo.[5] Estos buscan desarrollar las habilidades y los conocimientos necesarios para formar personas que puedan reflexionar críticamente acerca de sus derechos y deberes en su participación en la sociedad de consumo.

Con el objetivo de incorporar la educación para el consumo en las currículas escolares e introducir el tema en las aulas, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor (SDC, 2013) elaboró un documento con los principales lineamientos de la Educación para el Consumo. Este campo emerge a partir del reconocimiento de que, en las sociedades contemporáneas “de consumo”, se establecen relaciones e identidades a partir de los objetos. A su vez, el consumo no se agota en su dimensión individual, sino que está influenciado y contribuye a formar pautas sociales de consumo, lo que conforma un acto colectivo y cívico (SDC, 2013). De este modo,

… cuando tomamos decisiones de consumo también estamos ejerciendo la ciudadanía; cuando los consumidores tomamos decisiones sobre qué y cómo consumir o no consumir, estamos produciendo diversos impactos en la economía y la sociedad que es necesario conocer. Por esta razón, la educación para el consumo trae consigo un mejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos al brindar herramientas que les permitan actuar en el mercado con eficacia, sentido crítico, responsabilidad y solidaridad (SDC, 2013, pp. 3-4).

Por otro lado, la sociedad de consumo no está al alcance de todos (al menos no de igual manera) puesto que grandes sectores poblacionales no tienen acceso a bienes y servicios elementales. En este contexto, resulta necesario promover una actitud reflexiva y crítica de los sujetos en su rol de consumidores que restablezca el lugar del ciudadano, y asegure las herramientas y destrezas para transitar críticamente la sociedad de consumo contemporánea (SDC, 2013).

En este sentido, si consideramos los PTCI y los programas de EpC podemos observar como, por un lado, se busca otorgar dinero para paliar los problemas sociales como la pobreza y la exclusión social (según la retórica presente en el diseño de los programas) y, por otro, se promueve direccionar ese consumo en ciertos sentidos, y no en otros. En conjunto, la intervención social que implica el desarrollo de ambos programas pareciera señalar cuál es la “inclusión social” deseada y posible para los sujetos beneficiarios de estas políticas.

El tema de la “inclusión social” se encuentra presente en los debates actuales en las ciencias sociales contemporáneas, y particularmente en el ámbito de las políticas sociales. A partir del desarrollo precedente, podemos tomar algunas pistas para pensar que el concepto de “inclusión social”, como es empleado actualmente desde estos programas, involucra la inserción en el mercado de aquellos que están “excluidos”, por ende remite a una mercantilización de las poblaciones.

Quedan entonces planteados los interrogantes sobre los significados de la “inclusión social”, el lugar al cual remite dicha inclusión, y sus conexiones con la educación para el consumo y las políticas sociales, el lugar del ciudadano y el del consumidor, en contextos donde parece agudizarse el gobierno del mundo de las cosas por sobre el de las personas. Lo antedicho nos obliga a revisar la transformación de estos vínculos, donde una de las modificaciones más significativas es la inversión en la relación en donde “la objetualización se transforma en lógica de la identidad, y por eso el objeto pasa a ser la entidad del sujeto. Todo sabemos que el capitalismo no es un sistema que produzca objetos para sujetos sino sujetos para objetos” (Scribano, 2011, p. 12).

Reflexiones finales

El escenario actual de expansión global del capital se orienta en la dirección de una agudización de las desigualdades sociales, económicas, en el consumo y el conocimiento, tanto entre países como al interior de ellos. La persistencia de la lógica hegemónica del mercado moldea las prácticas y las subjetividades de las personas. Esto se debe a que el consumo ocupa un lugar primordial en la construcción identitaria de los sujetos, revistiendo un fuerte carácter simbólico y constituyendo un campo de disputa entre clases por captar el producto social.

Esta situación conlleva la necesidad de reconocer y explicitar, desde un conjunto de enfoques e iniciativas de organismos públicos y privados, la necesidad de garantizar un mejor y más igualitario acceso a la información, y a ello ahora se suma respecto al consumo. Las posibilidades de inclusión social y reducción de las desigualdades parecen estar vinculadas con limitar (al menos parcialmente) los mandatos que dicta el mercado, a través de un uso responsable de la información.

La educación para el consumo, en tanto busca moldear las prácticas de los consumidores para que sean responsables y sustentables, hace surgir estos interrogantes: ¿acaso reproduce y promueve la idea de vivir bajo el mandato del mercado?; ¿fortalece o debilita su participación en la sociedad de consumo?; ¿amplía los márgenes de entendimiento mediados por el consumo?, entre otros.

Podemos concluir el presente capítulo intentando problematizar y reflexionar en torno a tres conceptos claves: PTCI, consumo y educación, considerando que las políticas sociales han ocupado en los regímenes de regulación lugares y posiciones estratégicos para producir y reproducir los niveles de acumulación del capital, y de regulación de las emociones. A ello podemos incorporarle su rol en tanto contenedoras de los conflictos sociales y productoras del régimen de acumulación que se encuentra actualizado en los PTCI a través de las nuevas modalidades que el mercado impone como socialmente deseables, de “ser y estar” (Cena et al., 2014). A ello debe añadirse el aprendizaje de cómo consumir, desde nuevas intervenciones del Estado funcionales a ello, y a la captación por parte de las leyes del mercado como meros sujetos de consumo, moldeándose el concepto de consumidor.

Bibliografía

Baudrillard, J. (2009). La sociedad de consumo: sus mitos, sus estructuras. Madrid: Siglo XXI.

Calabria, A.; Calero, A.; D’elia, V.; Gaiada, J. y Rottenschweiler, S. (2010). “Transferencias condicionadas de ingreso en Argentina: la Asignación Universal por Hijo para la protección social”. Trabajo presentado en la XLV Reunión Anual, noviembre. ANALES, Asociación Argentina de Economía Política. Buenos Aires.

Canclini, N. G. (1995). Consumidores y ciudadanos. México: Grijalbo.

Cena, R.; Chahbenderian, F.; D’hers, V. y De Sena, A. (2014). “Programas de atención a la pobreza y consumo: lógicas circulares de satisfacción/insatisfacción”. En De Sena, A. (ed.). Las políticas hechas cuerpo y lo social devenido emoción: lecturas sociológicas de las políticas sociales. Córdoba, Argentina: Estudios Sociológicos Editora/Universitas Editorial Científica Universitaria.

CEPAL (2009). Panorama Social para América Latina 2009. Recuperado el 1 de septiembre de 2015 de http://goo.gl/G7Vtlb.

Correa, N. (2009). “Programas de transferencias condicionadas: aportes para el debate público”. Economía y Sociedad, N° 71, CIES, abril, pp. 74-80.

Danani, C. (1996). “La política social como campo de estudio y la noción de población-objeto”. En Hintze, S. (org.). Políticas sociales. Contribuciones al debate teórico-metodológico. Buenos Aires, Argentina: Eudeba/CEA.

Danani, C. (2004). “El alfiler en la silla: sentidos, proyectos y alternativas en el debate de las políticas sociales y de la economía social”. En Política social y economía social. Buenos Aires, Argentina: Universidad Nacional de General Sarmiento-Fundación OSDE, Ed. Altamira.

De Sena, A. (2014). “Las mujeres ¿protagonistas de los programas sociales? Breves aportes a la discusión sobre la feminización de las políticas sociales”. En De Sena, A. (ed.). Las políticas hechas cuerpo y lo social devenido emoción: lecturas sociológicas de las políticas sociales. Córdoba, Argentina: Estudios Sociológicos Editora/Universitas Editorial Científica Universitaria.

De Sena, A. y Cena, R. (2014). “¿Qué son las políticas sociales? Esbozos de respuestas”. En De Sena, A. (ed.). Las políticas hechas cuerpo y lo social devenido emoción: lecturas sociológicas de las políticas sociales. Córdoba, Argentina: Estudios Sociológicos Editora/Universitas Editorial Científica Universitaria.

De Sena, A. y Scribano, A. (2014). “Consumo compensatorio: ¿una nueva forma de construir sensibilidades desde el Estado?”. Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad, 2(15), pp. 65-97. Recuperado el 1 de septiembre de 2015 de http://goo.gl/4YaCqX.

Grassi, E. (2008). “La política social, las necesidades sociales y el principio de igualdad: reflexiones para un debate postneoliberal”. En Es posible pensar una nueva política social para América Latina. Quito, Ecuador: Flacso Ecuador/Ministerio de Cultura.

Halperin Weisburd, L. et al. (2011). “Problemas de género en la Argentina del siglo XXI: feminización de la pobreza e inequidad del mercado laboral”. Cuadernos del CEPED, Nº 11. Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo. Buenos Aires, Argentina: Facultad de Ciencias Económicas, UBA.

Hintze, S. (1996). Problemáticas, enfoques y técnicas en el estudio de las políticas sociales. En Hintze, S. (org.). Políticas sociales. Contribuciones al debate teórico-metodológico. Buenos Aires, Argentina: Eudeba/CEA.

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Lo Vuolo, R. y Barbeito, A. (1993). La nueva oscuridad de la política social. Del Estado populista al neoconservador. Buenos Aires: Ed. Miño y Dávila.

Pautassi, L. (2010). Un enfoque de derechos y la inclusión social. Una oportunidad para las políticas públicas. En L. Pautassi (Org.), Perspectiva de derechos, políticas públicas e inclusión social. Buenos Aires, Argentina: Editorial Biblos.

Paz, J. A. (2010). Programas dirigidos a la pobreza en América Latina y el Caribe: sustento teórico, implementación práctica e impactos sobre la pobreza en la región. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Ramacciotti, K. (2010). Reflexiones en torno a cómo pensar las intervenciones sociales del Estado. Revista de Estudios Marítimos y Sociales, año 3, Nº 3 pp. 193-193.

Scribano, A. (2011). “Movimientos sociales, procesos políticos y conflicto social: escenarios en disputa”. Boletín Onteaiken, N° 11, mayo. CIECS-UNC Córdoba. Recuperado el 1 de septiembre de 2015 de http://goo.gl/3XLwlv.

Scribano, A. y De Sena, A. (2013). “Los planes de asistencia social en Buenos Aires: una mirada desde las políticas de los cuerpos y las emociones”. Aposta: Revista de ciencias sociales, N° 59, pp. 3-25. Recuperado el 1 de septiembre de 2015 de http://goo.gl/Qj0wBM.

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UNEP (2010). Aquí y ahora. Educación para el consumo sostenible. Recomendaciones y orientaciones. United Nations Environment Programme.


  1. Angélica De Sena, doctora en Ciencias Sociales (FSOC-UBA), USAL, UBA, Argentina. Contacto: angelicadesena@gmail.com.
    Florencia Chahbenderian, licenciada en Economía (FCE-UBA). USAL, UBA, Argentina. Contacto: florenciachabe@gmail.com.
  2. El presente trabajo forma parte de una investigación en curso enmarcada en el proyecto de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social de la Universidad del Salvador, titulado “Consumo, emociones, políticas sociales y educación para el consumo”, dirigido por Angélica De Sena.
  3. Existe una discusión sobre el inicio; es posible considerar en Argentina sus inicios en los años 1990 (De Sena, 2014).
  4. Es menester considerar que en investigaciones anteriores hemos detectado la noción de “ayuda” de los programas sociales por parte de sus receptoras, véase Halperín Weisburd et al. (2011).
  5. La educación para el consumo se encuentra reconocida en el artículo 42 de la Constitución Nacional argentina y por la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, que promueve la formulación de programas de educación para el consumo. Véase el sitio InfoLEG. Recuperado el 1 de septiembre de 2015 de http://goo.gl/sxxhpW.


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