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Políticas nacionales de comunicación: el presente como historia

Santiago Gándara[1]

Palabras clave: políticas de comunicación, mercado, Estado, democratización

 

Quiero abordar el tema de la mesa –las políticas de comunicación– desde una perspectiva histórica. Es decir, desempolvando –una vieja expresión que ahora, digitalización mediante, es apenas metafórica– algunas viejas discusiones, conceptos, perspectivas, que forman parte de la prehistoria de los estudios latinoamericanos de comunicación y cultura (CyC). Para no fatigar lo voy a hacer a través de dos citas, de dos autores clave que formaron parte de un campo de estudios que ya tiene más de cuatro décadas.

1. Previamente, una consideración obvia para los que estamos aquí presentes: el tema de las políticas de comunicación no es un invento reciente. Casi podríamos decir –y sin “casi”– que los estudios latinoamericanos de CyC nacieron, emergieron, al calor de esta problemática fundamental: qué hacer con el sistema de medios, cómo enfrentar a los oligopolios imperialistas o en manos de las burguesías “nacionales” que se apropiaron –también y además– de la comunicación y sus medios de producción y de circulación, cómo construir nuevas relaciones de propiedad y a partir de qué modelo (mixto, estatal, social)… Esta y otras tantas preguntas movilizaron esas primeras investigaciones; definieron las primeras intervenciones de intelectuales, de periodistas, de activistas; promovieron los debates, conferencias, congresos que se tradujeron en declaraciones, en algunos célebres libros (el llamado informe McBride) y en proyectos… Recordemos, de paso, que tales movilizaciones se dieron en el cuadro –o fueron impulsadas– de aquellas otras que planteaban la transformación radical del Estado y de la sociedad capitalista: desde la Revolución cubana, pasando por el proceso peruano de Velasco Alvarado hasta el laboratorio chileno.

2. Segunda consideración obvia: este debate sobre las políticas no es reciente, pero sí lo es su reactualización. Y aquí entran en juego elementos que abrirían otra polémica no tanto ya sobre políticas de comunicación sino sobre política, a secas. No para escaparnos pero sí para acotar este otro debate, concedamos que en esta última década se ha replanteado la cuestión de las políticas de comunicación a partir de tres hechos (quiero decir: de tres hechos principales, factores, causas de). Por un lado, la crisis de lo que algunos insisten en denominar “neoliberalismo”. Más fuertemente, digamos una nueva crisis del capitalismo que se expresa de diversos modos pero con una base homogénea en toda América Latina desde mediados de los noventa y principios del dos mil (desde el Caracazo, pasando por el alzamiento zapatista, las rebeliones indígenas en Ecuador y las grandes movilizaciones en Bolivia por el agua y el gas, hasta el Argentinazo). Esa crisis casi se lleva puestas a las empresas mediáticas –que fueron subsidiadas, rescatadas por el Estado– pero al mismo tiempo abrió una profunda crisis de credibilidad en los medios masivos, como resultado de haber sido protagonistas, voceros privilegiados del capital financiero durante todo el período. El otro hecho es la emergencia de gobiernos autoproclamados o denominados como nacionales, populares, progresistas, nacionalistas burgueses, de izquierda, según las variadas caracterizaciones que implican variados posicionamientos políticos. Es en este terreno –de crisis e intervención de gobiernos nacionalistas burgueses– sobre el cual se reactualiza el debate que coloca de manera central al Estado como “árbitro”, institución propulsora, aparato de regimentación –también abro el menú de las conceptualizaciones diversas políticamente– del sistema de medios. Esta reactualización tiene, para decirlo con moderación, las virtudes y los límites de las políticas más generales de tales gobiernos.

Finalmente, el otro elemento que sumamos al breve cuadro trazado reconoce el enorme proceso de transformación tecnológica al que asistimos en estos últimos años. En concreto, a los veloces procesos de convergencia digital, que son resultado y a la vez causa de una profunda reorganización económica de todo el mercado infocomunicacional, y que están en la base –por su carácter infraestructural- de toda esta reactualización de los debates, de las políticas de comunicación, de los intentos regulatorios…

3. La primera cita la elegí de uno de los padres fundadores de los estudios latinoamericanos de CyC, quien además fue uno de los principales y más destacados investigadores sobre políticas de comunicación. Me refiero a Luis Ramiro Beltrán, el especialista boliviano que fallecó hace poco (el 11 de julio de este año) y que escribió, entre otros textos, uno titulado “Políticas nacionales de comunicación en América Latina: los primeros pasos”, publicado en 1976. El artículo pasa revista a experiencias de intervención de políticas comunicacionales en tres países: Perú, Brasil, Venezuela, para luego concluir con una referencia y rápida evaluación de conferencias y encuentros de especialistas realizados en Bogotá, Quito y San José de Costa Rica, motorizados todos por la Unesco durante aquel período. Como el texto está fechado en 1976, la evaluación no puede estar cerrada, porque algunos de esos procesos todavía estaban en curso. Eso marca el tono, digamos, esperanzado que domina las páginas.

4. La cita reza así:

Un analista norteamericano ha llamado la atención hacia el hábito que tienen aquellos que dominan los sistemas de comunicación de caracterizar a quienes se les oponen como una amenaza a la democracia. “Si, por ejemplo, se cuestiona el ‘libre flujo de la información’, procesada y transmitida por una veintena de corporaciones culturales de unos pocos Estados occidentales, se aduce que la libertad en sí está en peligro”. El mismo analista detectó otra de esas tácticas: equiparar arbitrariamente los derechos de propiedad con los derechos personales y así hacer que las libertades de los empresarios de comunicación resulten sinónimos de las libertades de los individuos garantizados constitucionalmente. Ambas tácticas se han usado frecuentemente en Latinoamérica y, concomitantemente, se ha aplicado una tercera: presentar los intereses de los propietarios de los medios privados de comunicación masiva como necesariamente equivalentes a los de los de la comunidad nacional en general. De esta manera, cuando los primeros se sienten atacados en sus derechos de comunicación, se defienden afirmando que es toda la nación, junto con la democracia, la que está siendo atacada.

5. La cité en extenso para poner en evidencia algunas cuestiones. Una lateral, la fuente que le permite reflexionar sobre el discurso o las operaciones de las empresas mediáticas es Herbert Schiller, un autor clave de la entonces emergente economía política de la comunicación, que fue leído con enorme atención y muy temprano por los investigadores latinoamericanos (como aquellos otros, hoy olvidados, economistas estadounidenses, Paul Baran y Paul Sweezy, cuyo trabajo sobre el capital monopolista se había constituido en un libro de cabecera para quienes estudiaban tanto las políticas de comunicación como la economía de la industria cultural). La otra más importante: quise ilustrar el efecto de lo ya vivido. O mejor, de que leemos algo que grupos empresarios de medios, editorialistas consagrados o periodistas estrella pueden haber escrito/dicho ayer, hace unos años, en relación con los debates sobre políticas en la comunicación en cualquiera de nuestros países. Sobre esto podemos concluir varias cuestiones. Pero propongo dos: una que, en este punto en particular –las políticas de comunicación–, no parece que hubiéramos avanzado mucho más allá del lugar al que nos llevaron autores como Beltrán. La segunda, que esta comprobación –quiero decir, esta conclusión provisoria– no habla tanto de las limitaciones de los investigadores posteriores o del campo de estudios de CyC, sino más bien de que las relaciones de fuerza que entonces anudaban unos medios a unos propietarios no se modificaron. Con más fuerza: no hubo democratización en el ecosistema de los medios (para apelar a la metáfora de las ciencias biológicas, hoy de moda); antes peor, se profundizaron los aspectos más concentrados, internacionalizados, manipulatorios (no hablo de efectos sino de operaciones).[2]

6. La otra cita es de la argentina Margarita Graziano, quien fue una de las primeras directoras de la carrera de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y fundó la cátedra de Políticas y Planificación, reconocida investigadora del campo a partir de sus primeros trabajos en su exilio en Venezuela. Pertenece a un breve artículo titulado “Para una definición alternativa de la comunicación”, publicado en 1980, bajo el auspicio del Ininco, el instituto de investigación fundado y dirigido por el venezolano Antonio Pasquali. No pasaron tantos años entre uno y otro artículo, pero ya el cuadro, contexto, en el que se publica este trabajo de Graziano es diferente. Parte del fracaso de las políticas de comunicación. O, más bien, de la toma de conciencia, cito textual, “de las limitaciones de una posible incidencia del sector investigación en los niveles de toma de decisiones en el plano nacional”. Observación esta última que ya podríamos conectar con otras más recientes o que, si se quiere, están expresadas en la actual dispersión –para usar un término de Soledad Segura (2011)– de aquellos colectivos, como el de la Coalición por los 21 puntos, que hace una década protagonizaban los reclamos por la democratización de los medios.

7. Suponerle otro carácter que el de desiderata a la perspectiva de la UNESCO sería suponer al mismo tiempo o un sistema de medios dispuesto a abrirse después de más de treinta años de asumir la “comunicación” como “negocio” privado o un Estado en el que los conflictos internos entre sectores de clase logren la aparición de una brecha que permita el favorecimiento de propuestas de este tipo. Sin embargo, incluso en el caso de que la propuesta y las definiciones de UNESCO fueran viables, creemos necesario redefinir los mecanismos de acceso y participación a la luz de un proyecto distinto, aun cuando no contradictorio con el de las políticas de comunicación, como el de la comunicación alternativa (Graziano).

8. Aquí me interesa subrayar dos puntos. Por un lado, su reflexión amarga, por decirlo así, en torno a las resoluciones de la Unesco, a las que coloca en el orden del deseo. Es decir, el balance de aquellos debates en torno a las políticas nacionales de comunicación resulta concluyente: en el mejor de los casos, sobreviven como expresión de deseos. En ese sentido, su reflexión sintoniza con las de otros investigadores que abundarán en similares caracterizaciones de toda una etapa que, lejos de abrir un proceso de democratización comunicacional, se clausura con dictaduras o la hegemonía cristalizada de partidos de Estado, como el PRI en México. Para no abundar, remitimos a las conclusiones del investigador brasileño Luis Gonzaga Motta, quien sostuvo: “En realidad, el impacto de la conferencia de Costa Rica fue pequeño, casi nulo, en términos prácticos. Y pocos gobiernos de la región se preocuparon de aplicar lo que ellos mismos habían aprobado anteriormente”.

9. Esperar otra cosa más que una declaración de deseos –y es el otro aspecto que queremos destacar de la cita de Graziano– sería imaginar que el mercado está dispuesto a abandonar –en tránsito pacífico, por decirlo así– el formidable negocio que en Latinoamérica ha venido llevando adelante desde la conformación de las primeras industrias culturales. Pero, además, y subrayamos, atribuirles algo más que deseo a las declaraciones de principios de la Unesco también implica fabular un Estado capitalista que pudiera abrirse a propuestas alternativas, contrahegemónicas o simplemente populares y participativas, cuestión que la autora recusa a la luz de las experiencias que estamos recordando. Es decir, ya como balance de un proceso concluido, Graziano nos permite reflexionar sobre un problema hasta ese momento bastante oscurecido: el del Estado (de los Estados o de los organismos supranacionales como la Unesco); no en términos de árbitro o propulsor de medidas democratizadoras o liberadoras de la palabra –concepciones que primaron en el momento eufórico de los debates– sino más bien como aparato represivo o como consejo donde se administran los negocios de la burguesía.

10. Ahora bien, voy a intentar recuperar algunas líneas trazadas para formular alguna o algunas conclusiones. Las citas fueron excusas. La de Beltrán nos permitió hablar del entusiasmo de un investigador ante el papel democratizador que podía cumplir el Estado frente a los oligopolios, que denunciaba con energía a partir de los aportes y las denuncias de ese compañero de ruta latinoamericano que fue Schiller. La cita más radicalizada de Graziano, escrita pocos años después, para denunciar tales ilusiones, para mostrar los límites del Estado y de los organismos supranacionales. Trajimos a cuenta estas referencias y las conclusiones que estas referencias promueven, porque entendemos que los debates que se desplegaron en América Latina –desde 2004, con la aprobación de una nueva legislación en Venezuela, hasta 2014, en Uruguay– y, más precisamente en nuestro país, donde lo pudimos seguir casi online, desde 2008 hasta ahora, carecieron de muchas cosas. Una de esas carencias fue su desmemoria. O su imposibilidad de recuperar la historia del campo de la CyC no para colocar toda esa experiencia bajo el rótulo de “antecedentes” y cumplir con el rito burocrático administrativo sino para pensar críticamente los procesos. Los del pasado y los actuales. Dicho de otro modo: un examen de la historia en el presente de estas políticas de comunicación –en Argentina, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Bolivia– nos hubiera al menos prevenido de ciertas ilusiones o precavido ante sus límites para denunciarlos oportunamente, y no esperar al cierre de ese ciclo –como ya se empieza a advertir en estos últimos años– para recusar el hecho bastante evidente de que el mapa de medios y de las telecomunicaciones en la región no solo presenta pocos cambios progresivos en términos de democratización de la palabra o inclusión de organizaciones sociales y políticas sino que más bien exhibe de manera persistente un paisaje concentrado y extranjerizado.

Si de lo que se trata –y de lo que se trataba– es de transformar el sistema de medios, redes y telecomunicaciones, no está de más recordar el cierre de la cita de Graziano: será tiempo de retomar la necesaria reflexión sobre otras comunicaciones, aquellas que están “insertas en una praxis transformadora de la estructura social en tanto totalidad”.

Bibliografía

Beltrán, L. R. (1976). “Políticas nacionales de comunicación en América Latina: los primeros pasos”. Nueva Sociedad, N° 25, pp. 4-34.

Gándara, S. (2010). “Una reflexión sobre el estado del campo de la comunicación y la cultura”. Cuadernos Críticos de la Comunicación y la Cultura, 5, pp. 13-27.

Gonzaga Motta, L. (1982). “Costa Rica: seis años después”. Chasqui, N° 3, pp. 14-19.

Graziano, M. (1980). “Para una definición alternativa de la comunicación”. lninco, l(L).

McBride, S. (ed.) (1981). Un solo mundo, voces múltiples. Comunicación e información en nuestro tiempo. México: FCE/UNESCO.

Muraro, H. (1974). Neocapitalismo y comunicación de masa. Buenos Aires: Eudeba.

Segura, M. S. (2011). “La sociedad civil y la democratización de las comunicaciones en la Argentina. La experiencia de la Coalición por una Radiodifusión Democrática”. Argumentos, N° 13.


  1. Docente e investigador de Comunicación y Cultura, Universidad de Buenos Aires, Argentina.Contacto: sjgandar@yahoo.com.ar.
  2. Escapa a esta presentación, pero conviene registrar frente a los debates sobre la manipulación –también reactualizados en esta década– el modo en que fueron revisados críticamente en un libro ya clásico, del argentino Heriberto Muraro, quien recuperaba el potencial crítico del concepto de manipulación, al tiempo que cuestionaba –planteaba poner a prueba– la teoría de los efectos manipulatorios. Sobre otras reactualizaciones y, sobre todo, descontextualizaciones, hemos escrito en Gándara (2010).


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