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Universidad y conocimiento, una propuesta para el desarrollo del territorio

Ximena Sánchez[1]

Palabras clave: innovación social, territorio, política educativa, educación superior

Introducción: el contexto de la educación superior en Chile

Se presentan en este trabajo un conjunto de antecedentes desde la perspectiva de la política pública para la educación superior en Chile, referidos a la implementación y desarrollo de nuevos instrumentos de financiamiento para lograr mayor desarrollo y mejoramiento institucional en las universidades regionales. Se ejemplifica a partir de un convenio de desempeño sobre innovación social, universidad y territorio, adjudicado y en desarrollo actualmente en la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile

Para comprender el actual contexto de las universidades en Chile, es necesario señalar que en 1981 se promulga la Ley General de Universidades (Biblioteca del Congreso Nacional), elaborada por la dictadura, lo que da inicio al proceso de privatización de la educación superior en el país, que desarticula la estructura de las universidades del Estado existentes (Universidad de Chile y Universidad Técnica del Estado), que con importante desarrollo tenían sedes a lo largo del país. Sus sedes se fusionan en algunos casos y se constituyen en universidades regionales, lo que ha generado dificultades para su desarrollo y proyección, dado el modelo económico imperante a la fecha. Las universidades tradicionales, tanto estatales como privadas con aporte estatal, debieron asumir la política impuesta por los rectores delegados por el régimen de la época, de lograr autofinanciarse[2] (Biblioteca Nacional Digital de Chile).

¿Cómo se financia la educación superior en Chile?, al respecto se señala que

hasta 1981, el financiamiento de las universidades provenía casi enteramente de recursos fiscales, que se encauzaban a través de un aporte global directo establecido en las leyes de presupuesto y por algunas vías indirectas expresadas por medio de leyes especiales. La Constitución de 1980, a diferencia de lo que sucedía con la Constitución de 1925, confirió al Estado un rol subsidiario, y consagró expresamente solo un deber de fomento del desarrollo de la educación en todos sus niveles. Al efecto, la legislación de 1981 estructuró el aporte estatal al financiamiento de las universidades sobre la base de un Aporte Fiscal Directo (AFD) de libre disponibilidad para las instituciones, distribuido según un patrón histórico de reparto y que representaría el financiamiento base de las universidades tradicionales, un Aporte Fiscal Indirecto (AFI) introducido como un estímulo a la competencia y que se repartiría entre las instituciones tradicionales en proporción al número de alumnos que cada una lograse matricular en primer año de entre los postulantes con los mejores puntajes en las pruebas de selección universitaria (PSU), y un sistema de crédito fiscal universitario, destinado a financiar a los estudiantes de escasos recursos por medio de préstamos con cargo a fondos de origen estatal (Bernasconi y Rojas, 2004, p. 157).

Los fondos para la investigación se canalizan a través de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICYT.

Actualmente, nuestro país se encuentra entre las naciones cuyos habitantes pagan más por su educación terciaria; Chile específicamente se ubica entre las seis naciones más caras del mundo en ese rubro (OECD, 2009), el costo promedio de una carrera universitaria es de US$ 3140 al año.[3] Son las familias las que, según el mismo estudio, asumen en su mayor parte el costo de la educación superior, las investigaciones señalan que el 85% del gasto en educación superior es asumido por los hogares de los chilenos.

Los antecedentes muestran un difícil escenario para la educación superior en el país, marcado en los últimos años por protestas estudiantiles, paralización de actividades y movilizaciones sociales. Lo anterior se ilustra señalando que “el sistema de educación superior chileno atraviesa un conjunto de dilemas y tensiones que no son ajenos a los descritos en general, aunque las particularidades nacionales le otorgan rasgos distintivos, que están presentes como ejes problemáticos para las políticas públicas y la conducción de las instituciones” (Rock y Rojas, 2012, p. 9).

Política pública y búsqueda de desempeños notables para la educación superior

En relación con los antecedentes señalados, corresponde reconocer que en los últimos años se han implementado por parte del Estado nuevos instrumentos en el contexto de una política pública para la educación superior, lo cual permite a las universidades acceder a nuevos recursos y el desarrollo de Planes de Mejoramiento Institucional (PMI), que no pueden lograr por sí solas. Estos instrumentos, entre otros, se operacionalizan en lo que se ha denominado desde el Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC) como “Convenios de Desempeño”.

Estos convenios son instrumentos de adjudicación de recursos de tipo competitivo, es decir, entregan financiamiento sobre la base de resultados concretos y productos comprometidos en su postulación, lo que permite a las universidades el desarrollo de nuevas iniciativas para el logro de objetivos centrales de su misión institucional. En relación con ello se señala:

Un Convenio de Desempeño es un instrumento de asignación de recursos del Estado a instituciones de educación superior, debidamente seleccionadas. Este instrumento se caracteriza por cuanto la institución que recibe determinados fondos públicos debe asumir el compromiso de alcanzar desempeños académicos notables, negociados con el Ministerio de Educación, y sobre los cuales debe rendir cuenta pública. El Convenio de Desempeño procura la generación de bienes académicos con alta rentabilidad social. Para la generación de dichos bienes las instituciones de educación superior deben lograr un mejoramiento cualitativo y cuantitativo significativo en algunas de las dimensiones que configuran su quehacer. Estos convenios se caracterizan por cuanto apuntan a desafíos que se asocian directamente con la calidad institucional y con el cambio estratégico. Un convenio de desempeño debe generar bienes públicos. En el caso del sistema de educación superior, estos bienes se asocian preferentemente a la formación de capital humano avanzado de pregrado y postgrado; y a la investigación, desarrollo e innovación (Reich, Machuca, López, Prieto, Music, Rodríguez-Ponce y Yutronic, 2011, p. 11).

El proceso de postulación a este tipo de instrumentos comprende varias etapas; entre ellas, se destaca una convocatoria pública con bases de postulación claramente delimitadas. Las universidades postulan en el contexto de lo que se denomina un Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), que la institución ha considerado relevante de abordar. Tanto la postulación inicial como el posterior proceso de adjudicación, si la propuesta ha sido inicialmente seleccionada, cuenta con el apoyo y acompañamiento de especialistas del Ministerio de Educación. Ellos acompañan al equipo responsable en la revisión de la proposición del Plan de Mejoramiento Institucional comprometido. Una vez adjudicado, la universidad firma un contrato con el Estado, en el marco de la propuesta establecida de acuerdo con los tiempos y productos señalados.

Existe posteriormente un proceso de seguimiento y control por parte del MINEDUC de acuerdo con metas y acciones comprometidas, lo anterior permite retroalimentar el proceso, canalizar mejor las acciones propuestas y corregir deficiencias observadas en el desarrollo de la propuesta inicial.

Los Convenios de Desempeño de Educación Superior Regional han permitido la postulación a fondos específicos para universidades regionales, públicas y privadas. Dada la estructura geográfica del país, la desigualdad territorial se hace también presente en el acceso a recursos para las universidades ubicadas en regiones. Las universidades ubicadas en la región metropolitana, especialmente la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica, concentran la mayor captación de recursos en fondos de proyectos, acceso a becas y otros fondos concursables, lo cual aumenta la desigualdad en el desarrollo del conocimiento, la generación del capital humano avanzado y la transferencia tecnológica en las universidades regionales.

En el caso que aquí se analiza, se exponen los principales antecedentes del Convenio de Desempeño de Educación Superior Regional titulado “Generación de conocimiento compartido: un modelo replicable de innovación social para el desarrollo territorial de Playa Ancha”,[4] adjudicado por la universidad en marzo de 2014, con una duración de tres años. Se propone un Plan de Mejoramiento Institucional que potencie la generación de conocimiento compartido entre la Universidad de Playa Ancha y los actores públicos, privados y de la sociedad civil, mediante un modelo de innovación social que permita contribuir al desarrollo territorial de Playa Ancha.[5]

Innovación social y territorio

A pesar de que existen diferentes definiciones de “innovación”, es posible decir que “innovación son nuevas ideas que funcionan”, lo que lo distingue del concepto de simple “mejora” (improvement), el cual supone solo un cambio de tipo incremental, y también del de “creatividad e invención”, reconociendo, sí, que ambos son procesos importantes para la innovación. Así, “innovación social se refiere a nuevas ideas que funcionan en el cumplimiento de los objetivos sociales” (Fernández, Montes y Asián, 2012, p. 4).

Al respecto, se puede plantear que los ciudadanos pueden tener distintos roles y tareas en un proceso o procesos de innovación Los ciudadanos en su conjunto pueden jugar muchos roles en el marco de las innovaciones sociales. Pueden promover, facilitar y conducir procesos de innovación social, por ello es necesario reconocer que “los impactos de las innovaciones sociales han de ser juzgados en función de su capacidad por mejorar el bienestar de los ciudadanos y su calidad de vida” (Fernández, Montes y Asián, 2012, p. 5).

Entre otras acepciones del concepto de innovación social, se considera importante destacar aquella que pone el énfasis en el cambio y la innovación de las relaciones sociales que se dan entre las personas, entre los grupos sociales, la comunidad y las instituciones. También es importante el cambio en las instituciones y en las nuevas formas de gobernanza que es posible establecer. Desde esa consideración de la innovación social, el capital social que tienen las comunidades e instituciones se constituye en el tipo de capital fundamental para llevar a cabo procesos de transformación y cambio. En ese contexto, tanto la innovación social como la institucional se pueden constituir en el centro de los procesos de políticas públicas en el área.

En ese sentido, se considera a la innovación social como

innovación de las relaciones sociales de gobernanza y la satisfacción de las necesidades básicas que aquellas dejan al descubierto. Es decir, la innovación del capital social o institucional desencadena en primer lugar las siguientes pautas innovadoras: innovaciones en los procesos de manifestación de necesidades, en las formas de cooperación, en la comunicación y en una gobernanza adecuada facilitadora de estos procesos (Estensoro, 2011, p. 6).

Considerando los antecedentes conceptuales señalados y destacando la misión institucional de la universidad que reconoce la inclusión social como un compromiso fundamental de su quehacer como universidad pública, en este Convenio de Desempeño se plantearon los siguientes objetivos:

1. Desarrollar un Plan de Mejoramiento Institucional que potencie la generación de conocimiento compartido entre la Universidad de Playa Ancha y los actores públicos, privados y de la sociedad civil, mediante un modelo de innovación social que permita contribuir al desarrollo territorial de Playa Ancha.

2. Generar y potenciar redes de cooperación en el territorio a través de la creación de una Mesa Territorial de Desarrollo y de una Unidad de Innovación Social.

3. Fortalecer la formación de profesionales a través del aprendizaje logrado mediante la generación de conocimiento compartido.

4. Fortalecer el equipo de académicos(as), de las carreras insertas inicialmente en este Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), a saber: Sociología, Periodismo, Bibliotecología, Pedagogía en Educación Física, y Nutrición y Dietética, construyendo capacidades y resultados académicos relevantes, en vinculación con el medio, a partir de la generación compartida de conocimiento, aprendizajes, valores y desarrollo entre los distintos actores locales.

5. Generar un modelo de innovación social para su transferencia y aplicabilidad en otros territorios similares.

Específicamente, este Convenio de Desempeño propone contribuir a la generación de conocimiento compartido para aportar al desarrollo territorial del barrio de Playa Ancha, a partir del diseño e implementación de un plan de vinculación con el medio, todo ello fundamentado en un modelo replicable de innovación social. La propuesta central de este convenio y plan de mejoramiento institucional es lograr la asociación en el territorio de los distintos actores, incluida la universidad desde una perspectiva institucional, considerando especialmente a los académicos(as) y estudiantes, como actores activos determinantes de su propio desarrollo. La elección del territorio de Playa Ancha se fundamenta primero dado que la universidad se encuentra ubicada y vinculada a ese espacio. El cerro de Playa Ancha y sus barrios patrimoniales concentra prácticamente un tercio de la población de la comuna de Valparaíso y, a diferencia de otros sectores de la ciudad, tiene una vocación residencial, universitaria, deportiva y cultural-patrimonial, lo cual está simbolizado en la diversidad y cantidad de organizaciones en las cuales participan desde diferentes perspectivas y espacios, los actores del territorio. Desde esa perspectiva es posible observar e integrar realidades e intereses distintos, lo que constituye un aspecto importante para las acciones que se han propuesto

Elementos fundamentales para el logro de los objetivos centrales de este convenio son la creación de una Mesa Territorial de Desarrollo y de una Unidad de Innovación Social. La primera espera lograr la vinculación de distintos actores del territorio, y trabajar en una relación mutua y recíproca que permita establecer e identificar tanto dificultades existentes en el territorio como potencialidades, que permitan ser superadas o consideradas como activos importantes para el desarrollo territorial del barrio de Playa Ancha.

Un aspecto importante de lograr es establecer un nuevo modelo de gobernanza entre la universidad, sus actores y los habitantes del territorio. Nuevas formas de gobernanza entre el Estado y sus territorios deberían constituirse en elementos centrales en todo proceso de innovación social. Se fundamenta lo anterior señalando que nuevas formas de relaciones con el Estado permitirán mejorar la inclusión social potenciando la creación de redes y la generación de capital social entre los diferentes actores del territorio. Además de la Mesa Territorial de Desarrollo, se ha creado una Incubadora Universitaria de Proyectos, que ya tiene cuatro iniciativas ingresadas desde la universidad y el territorio. Se complementa lo anterior con la implementación de un Observatorio Socio-Territorial.

Este observatorio tiene como función principal establecer relaciones de coordinación y, de monitoreo entre la universidad y el territorio en tres ámbitos que fueron considerados centrales y pertinentes en la propuesta presentada: desarrollo socio-territorial, patrimonio tangible e intangible (Valparaíso ha sido declarada ciudad patrimonial por la UNESCO y Playa Ancha tiene además sectores de importante patrimonio arquitectónico), y convivencia escolar y salud; este último ámbito se incorporó a petición específica del Ministerio de Educación, y se centra este aspecto en un estudio piloto, en tres establecimientos públicos del sector.

Lo anteriormente señalado se concretizará a partir de un conjunto de nuevos contenidos en las asignaturas especialmente referidos a aspectos territoriales, pasantías territoriales, recursos para tesis de pre- y postgrado y apoyo a la investigación de estudiantes, académicos y profesionales de la universidad, asistencias técnicas, pasantías de especialización para académicos, visita de especialistas nacionales e internacionales, seminarios, espacios de formación ciudadana, creación de un Diplomado en Innovación Social, publicaciones de resultados de las investigaciones y edición de libros con contenidos territoriales vinculados a las distintas acciones y actividades comprometidas.

Central a esta propuesta es el fortalecimiento de la universidad, tanto en el contexto de la región de Valparaíso, como a nivel nacional. Se espera contribuir a una formación más integral de sus profesionales más vinculados al desarrollo de su región y de sus territorios, lo que permitirá consolidar sus conocimientos con mayor pertinencia, en directa relación con el modelo y proyecto educativo de la universidad.

Tanto los estudiantes como los académicos de la universidad podrán desarrollar proyectos de investigación respondiendo a requerimientos temáticos de la comunidad, así como prestar asistencia en materias de su especialidad, que sean requeridas por los actores sociales del territorio y viceversa, favoreciendo el conocimiento compartido, valorando el conocimiento que emana de la universidad, como el saber del territorio, todo ello desde el aporte de los diferentes actores en una perspectiva integrada.

Bibliografía

Bernasconi, A. y Rojas, F. (2004). Informe sobre la Educación Superior en Chile. Santiago de Chile: UNESCO. Ed. Universitaria.

Estensoro, M. (2012). “Innovación social en la gobernanza territorial: Innobasque y las redes comarcales de la comunidad autónoma de Euskadi”. Trabajo presentado en las XII Jornadas de Economía Crítica. Zaragoza.

Fernández, M. T.; Montes, O. y Asián, R. (2013). “La innovación social como solución a la crisis: hacia un nuevo paradigma de desarrollo”. Trabajo presentado en las XIII Jornadas de Economía Crítica. Sevilla.

OECD (2009). Revisión de políticas nacionales de educación. La educación superior en Chile. Santiago de Chile: Ministerio de Educación de Chile para la edición en español.

Reich, A.; Machuca, F.; López, D.; Prieto, J.; Music, J.; Rodríguez-Ponce, E. y Yutronic, J. (2011). “Bases y desafíos de la aplicación de convenios de desempeño en la educación superior de Chile”. Ingeniare. Revista Chilena de Ingeniería, 19(1), pp. 8-18.

Rock, J. y Rojas, C. (2012). “Cambios en el sistema universitario chileno: reflexiones sobre su evolución y una propuesta de gobernanza”. Calidad de la Educación, N° 37, pp. 163-188.

Sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional. Recuperado el 13 de julio de 2015 de http://goo.gl/lD9TY.

Sitio web de la Biblioteca Nacional Digital de Chile. Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos (DIBAM). Recuperado el 14 de Julio de 2015 de http://goo.gl/opZW4k.


  1. Socióloga, magíster en Ciencias Sociales. Directora Convenio de Desempeño Educación Superior Regional UPA1301. Universidad de Playa Ancha, Facultad de Ciencias Sociales, Chile. Contacto: xsanchez@upla.cl.
  2. En Chile existen cincuenta y nueve universidades, veinticinco de ellas pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), de las cuales dieciséis son estatales y nueve son privadas con aporte del Estado. Las treinta ycuatro universidades restantes son propiedad de privados.
  3. Según medición corregida por paridad de compra.
  4. Formaron parte de la elaboración de la propuesta del Convenio de Desempeño los académicos Ximena Sánchez, Boris González, Nelson Carroza y M. Francisca Briones, en conjunto con el vicerrector de Investigación, Postgrado e Innovación Daniel A. López.
  5. Actualmente el equipo del convenio está conformado por un equipo estable de académicos y profesionales, con participación de estudiantes en formación de pregrado de los últimos años.


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