En la misma colección

9789871867769_frontcover

Cómo publicar

BannerV02-Blue

La universidad en el debate sobre políticas de ciencia, tecnología e innovación[1]

Gabriela Alejandra Michelini, Mónica Ettlin, Guillermo Damián Spina, Fernando Luján Acosta y María Victoria Santorsola[2]

Palabras clave: universidad, políticas de ciencia, tecnología e innovación, comunicación de la ciencia, comunicación pública de la ciencia

Introducción

La universidad latinoamericana tiene un rol central en los procesos de intercambio y transferencia de conocimiento científico. La centralidad de este rol descansa en su predominio como ámbito de desarrollo de la investigación científica. Pero esta centralidad se afianza en la triple función que asume progresivamente la universidad desde la Reforma del 18, que además de la investigación, incluye en su quehacer la formación profesional y la vinculación social.

Sin embargo, la investigación en la universidad asume características distintivas, ya que la integración de estas funciones impacta en las prácticas que asumen los actores en su actividad científica. Estas prácticas se construyen en la tensión entre las políticas que definen la actividad de la universidad y las tradiciones instaladas en las comunidades científicas. La evaluación del personal científico-tecnológico, por caso, toma elementos de ambas. Y sin embargo, la fuerte orientación social de las universidades impulsa el desarrollo de investigaciones que no pueden medirse con las herramientas consolidadas, los índices bibliométricos. Un exhaustivo trabajo al respecto fue desarrollado por la Comisión de Evaluación del Personal Científico Tecnológico, que dio lugar a la constitución de los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS), que permiten enfatizar la orientación social del desarrollo tecnológico o social por delante de la producción en términos de artículos científicos.[3] Estos antecedentes demuestran una tendencia general hacia el establecimiento de una política pública integradora para ciencia, tecnología e innovación.

Una política de ciencia, tecnología e innovación orientada a satisfacer las necesidades y demandas de la sociedad para su desarrollo no puede excluir a la universidad con sus prácticas inherentes. En este sentido, la presente ponencia se enmarca en un programa de investigación financiado por la Universidad Nacional de La Matanza que integra dos proyectos de investigación orientados a producir nuevos conocimientos respecto de la producción científica en la universidad. Por un lado, la cooperación internacional en ciencia, tecnología e innovación. Por el otro, la visibilidad social de la producción a través de la comunicación pública de la ciencia.[4] A continuación, se describen algunos de los puntos centrales de estos proyectos, para debatir sobre esas características generales de la actividad científica en la universidad.

La actividad científica en la universidad y la internacionalización

La triple función de la actividad universitaria se ha visto potenciada por la globalización. La universidad definida en la legislaciones nacionales como un ámbito de investigación, docencia y extensión se ha consolidado en un contexto regional de creciente integración económica, con la firma de acuerdos que fomentan la libre circulación de recursos humanos altamente calificados y estudiantes de grado y posgrado, al mismo tiempo que promueven en cada Estado la diversificación de la oferta en formación, la reestructuración de los currículos, la constitución de redes desterritorializadas, el acceso a las nuevas tecnologías y procuración de fondos.

No solo una multiplicidad de actores confluyen en la caracterización del sistema científico tecnológico nacional, sino que también se trata de niveles diferenciados de acción: el plano internacional, en el que la dinámica del sistema impone restricciones a los actores, los Estados, que operan en el sistema internacional de elevada interdependencia y definen la política interna en función de las demandas sociales y las demandas internas, dentro de los cuales las universidades son instituciones legitimadas para el desarrollo de actividades de CyT.

Organizaciones internacionales como CEPAL, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, organismos de Naciones Unidas han señalado la importancia de la internacionalización de la educación, la investigación y el acceso a la información como determinantes para la participación de los Estados en distintos ámbitos del sistema internacional. En América Latina en particular y en Iberoamérica en general, este factor se ha acelerado en paralelo a la globalización y a la internacionalización de otros factores sociales, económicos y culturales, como lo es la internacionalización de la educación superior (Didou Aupetit, 2007).

En este sentido, la internacionalización se percibe en la actualidad como una condición necesaria para el desarrollo de la práctica científica en un mundo crecientemente interrelacionado, así como una vía para la mejora de la calidad de las actividades científicas y tecnológicas, la formación de recursos humanos, la circulación de la información, la creación y el fortalecimiento de capacidades, la proyección de los resultados y la consecución de mayores sinergias en el entramado internacional de la cooperación (Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, 2007). La incidencia de la dimensión internacional modifica los patrones de organización y ejecución de la investigación en diversos planos, ya sea a nivel de política nacional como en el plano subnacional. En este sentido, las instituciones de enseñanza superior han progresivamente adecuado sus políticas de investigación a las necesidades del contexto, con el fin de obtener la aprobación de los organismos de evaluación nacionales e internacionales, así como también acceder a subsidios y prestaciones que otorgan las agencias locales de ciencia y tecnología sobre la base de fondos nacionales y aquellos ofrecidos por el BID o el BM, entre otros.

De este modo, es posible presumir que la internacionalización científico- tecnológica ha tenido en Iberoamérica un factor promotor de la actividad científica y la innovación. Como afirma Rama:

En el marco de la sociedad del conocimiento, el nuevo modelo educativo a escala global más allá de estar llevando adelante una amplia variedad de caminos, tiene uno de los ejes en una mayor centralidad de la investigación para lograr aumentar la calidad de la educación, la atracción de estudiantes y capitales y la competitividad (Rama Vitale, 2009, p. 62).

Algunos trabajos señalan que estas vinculaciones son alimentadas por la identidad de los Estados involucrados, en cuanto la proyección internacional de las actividades científicas se construye en la intersección entre la política exterior y la política científica (Kern, 2008), a partir de modalidades específicas de articulación.

Siufi explica que

el término “cooperación internacional” ha sido entendido de diversas formas a través de la historia pero puede decirse que es la modalidad de relación entre países que persiguen un beneficio mutuo, y en especial para alcanzar un desarrollo óptimo de sus ciudadanos, que sería difícil de lograr en forma aislada. Este término sufrió transformaciones en las últimas décadas, y hoy se propone más como un acto de corresponsabilidad o de “asociados” que como un proceso asistencial (2009, p. 124).

Por otra parte, la cooperación internacional universitaria es

el conjunto de actividades realizadas entre o por instituciones universitarias que, a través de múltiples modalidades, implica una asociación y colaboración en los ámbitos de la política y gestión institucional; la formación, la investigación, la extensión y la vinculación para el mutuo fortalecimiento y la proyección institucional; la mejora de la calidad de la docencia; el aumento y la transferencia del conocimiento científico tecnológico; y la contribución a la cooperación para el desarrollo (Siufi, 2009, p. 124).

En la actualidad las universidades públicas y privadas suelen adoptar diferentes formas jurídicas para gestionar la educación superior.

Las universidades públicas autónomas son creadas por ley, con su propio presupuesto y capacidad para dictar su propio estatuto, designar sus propias autoridades. Son organismos descentralizados del Estado, sujetos a las normas de control financiero pero no a la Administración Pública, sí a las leyes nacionales. La autonomía universitaria es funcional, en el marco de la gestión de los cometidos educativos y científicos asignados. En el caso argentino, la autonomía universitaria se encuentra plasmada en el texto constitucional (CN, 1994, art. 75, inciso 19).[5] Señala Molina que “a partir de la reforma constitucional de 1994 (…) la universidad es un ente autónomo respecto del gobierno nacional en lo académico, científico y de extensión. La autarquía universitaria es la capacidad de administrarse con sujeción al control financiero interno de la SIGEN y AGN y excluye el control ordinario y extraordinario del PEN” (2013).

En este contexto, se asumen diferentes modelos de cooperación internacional entre universidades; y entre universidades y otras organizaciones, como la cooperación universidad-empresa.[6]

Las universidades públicas o privadas, nacionales y extranjeras pueden realizar diversos tipos de acuerdo de cooperación que comporten crear o no una nueva persona jurídica, de carácter privado. Muchas veces plasman sus modalidades de acción colectiva en estructuras caracterizadas por una amplia plasticidad institucional, funcional y territorial (Diez de Velasco, 2010, p. 45).[7]

Por medio de la firma de acuerdos de voluntades, establecen objetivos y fines, sus derechos y obligaciones de estos ámbitos de cooperación.

Es creciente la colaboración organizada, como dice Calduch citando a Pérez González, “entre individuos y entidades pertenecientes a distintos países”, lo cual va de la mano

con la nueva visión de un Derecho no exclusivamente internacional, de un Derecho “transnacional” (JESSUP) que, en buena parte, se va desarrollando a partir de relaciones jurídicas transnacionales entre grupos, sobre todo privados y semipúblicos, que tratan directamente entre sí (Friedmann), desplegando de consuno actividades que abarcan múltiples aspectos de la conducta humana (culturales, científicas, económicos, político-sociales, etc.) (Calduch, 1991, p. 11).

La forma más estructurada de cooperación es la asociación civil o fundación. En el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina (CCyCN), aprobado por la Ley 26.994 de 2015, tal tipo de cooperación puede apuntar a crear una persona jurídica como “asociaciones civiles” o “simples asociaciones” o “fundaciones” (CCyCN, título II, cap. 2, art. 168 y ss.).

Otras formas de cooperación pueden contemplarse en el actual capítulo 16 del nuevo CCyCN, que regula diferentes “contratos asociativos”, orientados a la colaboración, la organización o participación como medios de cooperación. Así, contempla: negocios en participación, agrupaciones de colaboración, uniones transitorias, consorcios de cooperación; lo que posibilita, en estos supuestos de “comunidad de fin”, encontrar una forma jurídica de actuación, sin crear una sociedad al respecto (véase CCyCN, art. 1442). A estos contratos no se les aplican las normas sobre sociedades, no se constituyen personas jurídicas, sociedades ni sujetos de derecho. Estos contratos tienen libertad de forma (véase CCyCN, art. 1444), libertad de contenidos (véase CCyCN, art. 1446) y pueden estar o no inscriptos (véase CCyCN, art. 1447).

En los supuestos de formas asociativas que busquen una posibilidad de desarrollos científicos-tecnológicos en unión con empresas, las formas jurídicas apropiadas son las sociedades previstas en la Ley General de Sociedades 19550, ya que estas “se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción e intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas” (Ley 19550, art. 1, con las modificaciones de la Ley 26994). También es posible realizarlo por la forma de consorcios de cooperación (CCyCN, art. 1470), que tienen fin de lucro y desarrollan actividad externa con resultados a repartir.[8]

Otra forma de cooperación es la conformación de redes desterritorializadas. En el marco del IESALC, las redes se definen como:

Organizaciones, instituciones o asociaciones, internacionales o multinacionales que conforman un conjunto integrado por diversas instituciones relacionadas entre sí de manera horizontal y autónoma (no de dependencia ni piramidal) que persiguen propósitos específicos y comunes; (…) un entramado de mecanismos de comunicación entre instituciones interrelacionadas de manera permanente y multidireccional (Ramos, 2007, p. 4).

La clasificación sobre la base de la cual trabaja el IESALC,[9] las agrupa de la siguiente forma: 1) redes regionales; 2) redes nacionales; 3) redes temáticas y 4) agencias y organismos internacionales.

A través de estas modalidades, las universidades ingresan como actores relevantes en el contexto internacional para la producción de conocimiento. Pero para consolidar actividades de investigación que respondan más a las necesidades regionales y locales antes que a las exigencias externas canalizadas por las fundaciones internacionales y las instituciones financieras en la política de la educación superior (Alcántara, 2006, p. 14), es necesario que esas prácticas se integren a partir de su afianzamiento en el sistema científico- tecnológico y en la dinámica social. Para lograr este último objetivo, la visibilización de la producción científica en el plano social resulta un proceso central para la articulación de la vinculación de la universidad en su entorno comunitario. La visibilización debe ser una estrategia dentro de la política pública de comunicación de la ciencia.

La comunicación pública de la ciencia

La importancia de la ciencia en las sociedades modernas y en los países en desarrollo se debe a la necesidad de desarrollar una ciencia propia y por lo tanto, juega un importante rol en la evolución de ese desarrollo, aunque no siempre esta percepción se traduce en acciones concretas y efectivas.

La cobertura periodística contribuye a que la ciencia y la tecnología se incorporen a la sociedad, en tanto y en cuanto, los medios masivos comuniquen la actualidad científica. En este sentido, Mario Albornoz afirma que “el periodismo impacta en las percepciones que se forman los ciudadanos sobre la ciencia y la tecnología. Los medios masivos son por lo tanto mecanismos importantes en la construcción de la imagen y las representaciones de la ciencia y la tecnología” (2006, p. 4).

El periodismo científico, entendido como aquel que aborda temas con componentes científicos y tecnológicos para exponerlos a la sociedad, por ende cumple una importante función de visualizar y hacer pública la ciencia que se desarrolla en universidades e Institutos para intentar la apropiación de sus beneficios por la sociedad, ya que “habitamos una sociedad en la que los individuos y las instituciones dependen cada vez en mayor medida de la información y la comunicación para poder funcionar con eficacia en casi cualquier campo de actividad” (Mc Quail, 1998, p. 25).

La divulgación y el periodismo científico se ubican dentro del amplio campo de la comunicación científica, y este ámbito de la comunicación reúne a aquellos discursos cuyo objetivo es la ciencia y la tecnología, portadores de conocimientos como también de problemáticas relacionadas con el mundo de la ciencia. En este sentido, Calvo Hernando atribuye la función social del periodismo científico en términos de crear una conciencia científica colectiva, función de cohesión entre los grupos sociales, factor de desarrollo cultural, incremento de calidad de vida, comunicación del riesgo, función complementaria de la enseñanza, combatir la falta de interés, los mensajes de la ciencia, función del divulgador, desdramatizar la ciencia y aprender a comunicar (Calvo Hernando, 2006).

Por otro lado, otro concepto relacionado con esta investigación es el de “apropiación social de la ciencia y la tecnología” (ASCyT), que es el desarrollo de las capacidades que tiene la gente para recurrir a conocimientos y prácticas científicas y tecnológicas e incorporarlos en la vida cotidiana para resolver sus problemas, aprovechándolas para su beneficio. Se puede evaluar la ASCyT al medir la comprensión que tiene la gente acerca de lo que son la ciencia y la tecnología, qué producen, cómo lo producen, cuál es su valor social y cultural, y cuáles son sus consecuencias en la sociedad y en el ambiente.

Todo esto se da en el marco de la “sociedad del conocimiento”, un conjunto de rasgos en la sociedad contemporánea entre los que se destaca un modelo de desarrollo económico y social basado en sistemas de conocimientos, principalmente científicos y tecnológicos. El objetivo es el desarrollo de proyectos nacionales que hagan posible la construcción de sociedades plurales, democráticas y más justas, basadas en el aprovechamiento social de los conocimientos y capacidades, tanto científicos y tecnológicos como de otros tipos, mediante la participación de diferentes pueblos y culturas.

En definitiva, una real comunicación pública de la ciencia implicaría una comprensión del contenido sustantivo y de las prácticas metodológicas de la ciencia (Miller et al., 1998). De esta manera, el público demostraría cultura científica cuando sea capaz de asimilar los contenidos propuestos por la ciencia.

Es por esto que Calvo Hernando (2003) plantea que se debe hacer comunicación pública de la ciencia y la tecnología mediante cualquier sistema susceptible de ser vehículo de comunicación científica para la gente común, y que la comunicación pública de la ciencia se propone provocar una apropiación cultural de contenidos científicos.

Discusión

La universidad es una institución clave al pensar las características, estrategias y planificación de una política de ciencia, tecnología e innovación que entienda la producción de conocimiento como un proceso que parte de las necesidades de desarrollo de la sociedad latinoamericana.

Pensar a la universidad como campo de aplicación de la política de ciencia, tecnología e innovación supone analizar los procesos que atraviesan y definen su actividad científica. La universidad tiene una orientación social que articula su misma identidad. Esta orientación social en términos de producción científica se cristaliza en una pluralidad de formas, donde dos dinámicas parecen liderar el proceso de cambio institucional. Uno de ellos, la internacionalización, establece formas de cooperación donde la universidad se convierte en un agente más que promueve la política exterior. El otro proceso, la comunicación pública de la ciencia, vehiculiza la relación social directa entre la producción de conocimiento y la comunidad inmediata, de forma tal que ambas constituyen dimensiones para integrar en el debate por sobre el camino que asume la política de ciencia, tecnología e innovación.

Bibliografía

Albornoz, M. (2006). Informe final del proyecto: Análisis de la oferta informativa sobre ciencia y tecnología en los principales diarios argentinos. Buenos Aires: Secretaria de Ciencia y Tecnología e innovación productiva-Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Alcántara, A. (2006). “Tendencias mundiales en la educación superior: el papel de los organismos multilaterales”. Inter-Ação: Rev. Fac. Educ. UFG, 1(31), pp. 11-33.

Calduch, R. (1991). Relaciones internacionales. Madrid: Edit. Ediciones Ciencias Sociales.

Calvo Hernando, M. (2003). La ciencia como material informativo. Madrid: CIEMAT (Tesis doctoral).

Didou Aupetit, S. (2007). “La internacionalización de la educación superior en América Latina: oportunidades y desafíos”. Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, pp. 1-15.

Hernando, M. C. (2006). “Objetivos y funciones de la divulgación científica”. Manual formativo de ACTA, (40), pp. 99-106. Recuperado el 02 de agosto de 2015 de http://goo.gl/Qz5vAA.

Irwin, A. y Michael, M. (2003). Science, social theory and public knowledge. Filadelfia: Open Univ. Press, Maidenhead.

Mc Quail, D. (1998). La acción de los medios. Los medios de comunicación y el interés público. Buenos Aires, Amorrortu.

Miller, J.; Pardo, R. y Niwa, F. (1998). Percepciones del público ante la ciencia y la tecnología. Estudio comparativo de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Canadá. Bilbao, España: Fundación BBV.

Molina, M. (2013). “Los reglamentos emitidos por las universidades nacionales en el ordenamiento jurídico argentino”. Revista Universidades. Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, sección “Academia”, año 1, N° 3 y 56.

Rama, C. (2009). “La tendencia a la propietarización de la investigación”. Revista Sudamericana de Educación, Universidad y Sociedad (1), pp. 54-72.

Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (2007). Manual de indicadores de Internacionalización de la ciencia y la tecnología. Recuperado el 02 de noviembre de 2012 de http://goo.gl/nQfmZg. RICYT.

Shamos, M. H. (1995). The Myth of Scientific Literacy. New Jersey: Rutgers Univ. Press.

Siufi, G. (2009). “Educación superior y sociedad”. Nueva Época, año 14, N° 1, enero. Recuperado el 15 de junio de 2015 de http://goo.gl/Is6yAB.

Spina, G. D. (2013). La comunicación publica de la ciencia en los medios gráficos Argentinos. Tesis de Maestría en Comunicación, Cultura y Discurso Mediático de la Universidad Nacional de La Matanza.


  1. El presente trabajo corresponde a un avance del proyecto de investigación Nº 55A196, “Características de la comunicación de la ciencia en la cooperación universitaria”, del programa de investigación “Comunicación de la Ciencia” radicado en el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNLaM, dirigido por el Dr. Fernando Luján Acosta y cuyos investigadores son: Gabriela Michelini, Mónica Ettlin, Mariana Beccaria, Angélica Álvarez, Matías Cadermatori, Patricia Franco, Francisco Paterna, Gaspar Grieco, Sergio Barberis, Lorena Turriaga. También presenta avances del proyecto “La Comunicación Pública de la Ciencia en los diarios de Argentina” (PROINCE 195) del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales y el Instituto de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de la Matanza. Dicho proyecto está dirigido por María Victoria Santorsola y Guillermo Spina e integrado por Adriana Amado Suarez, Natalia Pizzolo, Maximiliano Bongiovanni, Cecilia Diaz, Santiago Fuentes, Valeria Antelo, Patricia Franco, Alejandra García Vargas, Milton Rubén Terenzio, Mariana Mendoza, Silvina Chaves, Daniel Pichl, Francisco Paterna y Nicolás Camargo Lezcano.
  2. Gabriela Alejandra Michelini, especialista en Gestión de la Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, Programa de Comunicación de la Ciencia. Contacto: gabrielaalejandramichelini@gmail.com.
    Mónica Ettlin, abogada, Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, Programa de Comunicación de la Ciencia. Contacto: viviettlin@gmail.com.
    Guillermo Damián Spina, magíster en Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, Programa de Comunicación de la Ciencia. Contacto: spinaguillermo@gmail.com.
    Fernando Luján Acosta, decano, Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, Programa de Comunicación de la Ciencia. Contacto: fernando@unlam.edu.ar.
    María Victoria Santorsola, vicedecana, Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, Programa de Comunicación de la Ciencia. Contacto: vsantors@uflo.edu.ar.
  3. El Banco Nacional de PDTS está disponible en http://goo.gl/aS5u75.
  4. Programa de Comunicación de la Ciencia. Director: Dr. Fernando Luján Acosta. Proyectos PROINCE: “La comunicación pública de la ciencia en los diarios de Argentina” y “Características de la comunicación de la ciencia en la cooperación universitaria”.
  5. “… sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales…”.
  6. Al respecto puede consultarse Noguera, C.; Rondero López, N. y Vega Montoya, V. “Innovación, vinculación universidad-empresa y desarrollo. Desafíos y posibilidades de la RedUE en el espacio ALCUE. Unión de Universidades de América Latina y el Caribe”. Sección Dossier. Revista Universidades, año 1, N° 5 y 58. Recuperado el 27 de junio de 2015 de http://goo.gl/4jDMBE.
  7. Si bien Diez de Velasco utiliza esta caracterización para referirse a diferentes organizaciones internacionales no gubernamentales, la descripción le cabe perfectamente al modo en que opera y se desenvuelve la cooperación universitaria internacional.
  8. Conforme el art. 149 del CCyCN, la participación del Estado en personas jurídicas privadas no modifica el carácter de estas, sin embargo la ley o estatuto puede prever derechos y obligaciones diferenciados, considerando el interés público comprometido en dicha participación.
  9. Se puede consultar en el sitio de IESALC/UNESCO: http://goo.gl/w3OEDZ.


Deja un comentario