La mercantilización del saber universitario

Alicia Iriarte y Ana Ferrazzino^[1]

Palabras clave: universidad, internacionalización, trans­naciona­lización, inclusión

La educación superior trasnacional

El hacer referencia al tema de la globalización supone aludir a un conjunto complejo de procesos. La globalización es política, tecnológica, y cultural tanto como económica. Knight y de Wit (1999) desde la perspectiva internacional de la educación superior (ES) sostienen que

a) La globalización es el flujo de tecnología, economía, conocimientos, personas, valores, ideas (…) a través de las fronteras. Afecta a cada país de manera diferente en virtud de la historia, las tradiciones, la cultura y las prioridades de cada nación. b) La internacionalización de la educación superior es una de las maneras en que un país responde a las repercusiones de la globalización, no obstante que respeta la idiosincrasia de la nación.

Estas dos aseveraciones están relacionadas activamente.

La globalización aparece como un catalizador, mientras que la internacionalización constituye su manifestación. La expresión “internacionalización de la ES” es de carácter multidimensional, pero la mayoría de los expertos considera que es la manifestación de la globalización llevada al campo educativo (AA. VV., 2007).

En consonancia con el escenario global, se han registrado transformaciones en los sistemas de educación superior en las últimas décadas, en tanto se ha ido configurando un modelo de universidad más orientada al mercado, considerándola como un servicio negociable, esto es, como una mercancía. Esta es la razón económica que abre las puertas para la internacionalización de la educación superior.

En este nuevo paradigma del modelo transnacional, las relaciones de colaboración entre instituciones se asientan más en la competencia que en la cooperación, se produce la diversificación de proveedores, y la de los estudiantes/usuarios.

Una de las tesis principales que guían nuestro análisis es la que señala que, en estas nuevas estrategias de internacionalización priman tendencias orientadas por la mercantilización ‒donde la educación es entendida como mercancía y la universidad como empresa‒, en tanto se postergan aquellas que ponderen la educación superior como bien público y derecho, propiciando los principios para que los individuos devengan ciudadanos activos.

Globalización e internalización de la educación superior

La Organización Mundial del Comercio aprobó un Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), un conjunto de normas multilaterales que regula los intercambios y libera el acceso de proveedores extranjeros a los mercados de cada nación. En 1998, se incluyó la educación superior entre los servicios reglamentados y, a fines de 2001, se avanzó en la misma dirección con un nuevo acuerdo. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en los treinta países altamente industrializados que la integran, el mercado de la educación superior superaba en 2003 los treinta mil millones de dólares anuales. El Estado abandonó su función pública en la educación superior (Lorca, 2005).

Esta inclusión de la enseñanza superior entre los servicios transables, libres de regulación, implicó que los proveedores transnacionales de ES se instalaran en América Latina en los 90 y se afianzaran en el siglo XXI. Su consolidación se volvió tema de reflexión e indagación.

Analizando las principales características de los sistemas educativos de nivel superior se constata que se han incorporado pautas regidas por la calidad y la eficiencia, y se ha priorizado una evaluación de las instituciones universitarias según los criterios de productividad, además de nuevos aparatos de acreditación. Por otra parte, la universidad cada vez más internacionaliza sus instituciones y se transnacionaliza guiada por el lucro. Según el modo de las organizaciones del mundo de los negocios, siguen la lógica de la renta. Es el caso de las universidades corporativas que se asemejan a una empresa.

En el ámbito de la evaluación (Correa Arias, 2010), se produjo un desplazamiento del papel de la evaluación formativa hacia una evaluación competitiva. Las experiencias curriculares son reemplazadas por evidencias mensurables. Se avanzó con la estandarización y homogenización de las competencias, y la forma de evaluarlas en muchos casos, desconociendo la diversidad de las disciplinas. Por otra parte, hay serios problemas relacionados con la calidad de la oferta académica, la probidad de los nuevos tipos de proveedores y el reconocimiento de las acreditaciones.

El estadio del capitalismo actual se ha estructurado en función de un paradigma productivo basado en la especulación financiera, y tiene su correlato en el ámbito de la educación superior en un modelo de universidad que se orienta por la ganancia, por la eficiencia, por la calidad; con la consecuente mercantilización de estas instituciones, lo que da lugar a la emergencia de lo que muchos denominan, en algunos casos, “pseudo universidades”.

Varios especialistas advierten cómo el proceso de globalización en el campo educativo también dio lugar a la transnacionalización de la educación superior (García de Fanelli, 1998) y a la internacionalización de los espacios académicos, expandiendo las fronteras del conocimiento contemporáneo (Iriarte, 2010; Rama, 2005), “frente a los efectos homogeinizadores y desnacionalizadores de la globalización” (Gacel y Ávila, 2003).

Los expertos en este tema indican que los procesos de educación superior virtual o transnacional están ligados a un interés comercial, según las leyes del mercado, sistemas que en muchos casos se conocen como “el negocio de la educación sin fronteras”. Este fenómeno se encuentra en constante aumento. En virtud de este interés comercial que guía estos procesos de transnacionalización de la ES es que se constata, además, un cambio de paradigma en las relaciones de colaboración entre instituciones. Tradicionalmente, el énfasis en estas relaciones entre instituciones estaba puesto en la cooperación y la colaboración; sin embargo, con la transnacionalización, el paradigma que surge se asienta en la competencia.

Al respecto, López Segrera (2011) señala que las innovaciones de otras épocas, como la de gestión científica (Taylor), la cadena de montaje móvil (Ford), gestión de calidad total (TQM), producción ajustada (Toyota), gestión de la cadena de suministros (Dell), Seis Sigma, entre otras, han contribuido a la productividad en un marco de competencia y no de colaboración y cooperación.

Este nuevo modelo del mercado educativo global se define por diferentes factores, tales como el incremento y la diversidad de los diferentes tipos de proveedores, el incremento en el grupo de clientes/usuarios, y un nuevo rol del Estado en este sector educativo.

El aumento de la demanda a escala mundial de educación superior sería una de las principales impulsoras del desarrollo del mercado de la educación sin fronteras. Hay una nueva demanda que proviene principalmente de un nuevo sector de estudiantes, que son adultos activos y que requieren modalidades de aprendizaje más flexibles. En consonancia con esta tendencia es que han surgido nuevos proveedores, tales como las universidades corporativas y otros tipos de instituciones de lucro que se enfocan en cubrir esta nueva demanda.

Esa creciente demanda de educación superior a escala mundial viene traccionando la oferta educativa a nivel transnacional y el desarrollo de la educación sin fronteras o transnacional, orientada a ese nicho de la oferta que no es satisfecha por la demanda nacional en términos cuantitativos o de flexibilidad y según modalidades de aprendizaje, aprovechando el uso de nuevas tecnologías. Está más vinculada a ofrecer tipos de educación más flexible, con la finalidad de captar grupos no tradicionales y posibilidades de educación continua.

Este sector de la educación superior que viene creciendo está en manos del sector privado, responde a las leyes del mercado y no se sostiene con recursos públicos. Su principal fuente de ingresos lo constituye lo que aportan los estudiantes.

Asimismo, se puede remarcar que la educación transnacional y virtual se concentra en un número limitado de áreas académicas, que dan prioridad a los sectores del conocimiento vinculados a áreas económico-administrativas.

La ES se convierte así en servicio subordinado a las reglas del mercado con predominio de los intereses de las empresas educativas transnacionales. Siguiendo lo que sostiene García Guadilla (2005), en la transnacionalización se facilita el establecimiento de filiales de universidades extranjeras, venta de franquicias académicas, fundación e instalación de universidades corporativas, auspiciadas por grandes empresas transnacionales, difusión de programas e instituciones virtuales administradas por universidades y empresas de las naciones más desarrolladas, aparición de programas conjuntos entre universidades locales y extranjeras con doble titulación, así como programas articulados y programas gemelos.

En este diseño, la tradicional trinidad de la universidad: enseñanza, investigación y servicio que ha guiado su evolución y su contribución al desarrollo social, cultural, humano, científico y económico de una nación se verían amenazadas, ya que entre estas, solo la enseñanza tendría potencial comercial (Levine, 2000). ¿Aún es admitida la disposición de estas funciones, o pueden ser separadas y proporcionadas por proveedores distintos?

López Segrera (2011) sostiene que el modelo de la “universidad de investigación”, que sería un paradigma actual predominante, debería dar paso a un modelo de universidad que sea a la vez nacional y global, que esté en función de las necesidades del entorno y globales, y que contenga una visión de servir a la sociedad, con la restauración del ideal de lo público y no meramente la de obtener ganancias.

Educación superior como servicio transable

En América Latina, los procesos de transnacionalización de la educación superior se han acentuado desde el inicio del siglo XXI. Este avance de dichos procesos señala que esta se ha ido transformando en un servicio subordinado a las reglas del mercado, con predominio de los intereses de las empresas educativas transnacionales. Dentro de este esquema, la educación superior transnacional implica un cambio de paradigma y un modelo de universidad orientado por la ganancia y el interés comercial.

Las consecuencias de esta mercantilización impactarían en particular a los países latinoamericanos por su mayor vulnerabilidad y dificultades para competir en el ranking de universidades. El diseño de prestación de servicios es una peculiaridad de las asociaciones público-privadas (APP), estimuladas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) ‒componente del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo‒, en América Latina y el Caribe.

Asimismo, la introducción de los servicios de educación en el GATS, unido al surgimiento e incorporación de las TIC en la educación superior y el desarrollo creciente de la educación sin fronteras (o educación a distancia), serán sin duda los nuevos mecanismos mediante los cuales los procesos de privatización de la ES se acelerarán en el futuro.

En esta línea, como parte del proceso de virtualización, se suma la denominada “universidad en la nube” (Bergmann y Grané, 2013), que implica un cambio de paradigma facilitador de la transnacionalización educativa. El acceso y disponibilidad de estas herramientas impacta en el paradigma actual imponiendo pedagogías activas, con expertos en videoconferencias y una fuerte inversión en equipos docentes, factores que acentúan la tendencia a considerar la educación como un producto de exportación.

También, es notable la importancia cada vez mayor de un mercado laboral internacional para los académicos y científicos y, particularmente, todos los aspectos relacionados con la tecnología de la información.

A modo de ejemplos, podemos mencionar que hoy en Perú, los establecimientos privados brindan cursos a distancia, y también se ofrecen algunas carreras de grado y posgrado. Se puede observar que estas instituciones educativas son las encargadas de posibilitar estas alternativas académicas, que solo están al alcance de quienes cuentan con recursos económicos para afrontarlo.

Las instituciones que ofrecen este tipo de cursos y carreras son: Asociación Nacional de Educación a Distancia, Universidad Inca Garcilazo de la Vega, Programa de Educación a Distancia no estatal, Universidad Alas Peruanas, PUCP, Universidad San Ignacio de Loyola, Universidad José Carlos Mariátegui, Universidad Ruiz Montoya, Universidad Santa María. Son algunas de estas universidades que sintetizan el crecimiento de la oferta educativa a distancia, marcado por el énfasis que ponen las empresas en los nuevos mercados, reestructurando la economía y el saber académico.

En 2000, el grupo Laureate International Universities desembarcó en Chile, adquirió la Universidad de las Américas (UDLA), y el negocio fue tan rentable que al tiempo sumaron el Instituto AIEP, la Unab y la Universidad de Viña del Mar, centros de educación que juntos suman sesenta mil estudiantes, cifra mayor a los de la Universidad de Chile y la Universidad Católica juntas (Universidad S.A., 2013).

El grupo es dueño de setenta y seis instituciones de educación superior, 12 en 30 países del mundo, con cerca de 600.000 estudiantes. Con fines lucrativos, Laureate crea y compra universidades, y las convierte en filiales en distintos países, aun en aquellos donde el lucro no está permitido legalmente (como México y Chile). Para sacar los capitales de las universidades en dichos países, la corporación establece convenios de gestión con la universidad. Mediante estos obtiene retribuciones por los servicios suministrados. Laureate constituye la mayor red de instituciones académicas privadas, es la principal corporación en el mercado mundial de la comercialización de servicios de educación superior (Universidad S.A., 2013).

El Banco Mundial, con la idea de proporcionar mayores niveles de acceso a la educación superior en los países en desarrollo invirtió 150 millones de dólares en capital accionariado del grupo Laureate International Universities para respaldar la expansión de la red de universidades en América Latina, para favorecer el acceso a la educación superior, previo paso por caja, entidad bancaria o crédito estatal desde donde formalizar la hipoteca estudiantil, para mayor lucro bancario (Universidad S.A., 2013).

En Brasil, se ha incrementado el desarrollo de la educación a distancia. Relacionada con la revolución en las comunicaciones y la información, esta nueva modalidad de la enseñanza creció exponencialmente. Las posibilidades que brinda esta novedosa forma de estudiar se cruzan con la internacionalización de la educación universitaria, donde se suma a la oferta local, la de las universidades de otros países que así pueden competir con las del lugar. Este tipo de educación a distancia corre el riesgo del poco o nulo control que puede tener el Estado sobre los contenidos, exigencias y titulaciones que se ofrecen y posibilita la venta de grados y posgrados sin ninguna instancia de verificación.

En Argentina, la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) promueve el Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional, y existen experiencias de internacionalización de algunas universidades nacionales, como la del Litoral, Córdoba, Cuyo y la Universidad de Buenos Aires. Existen convenios de cotitulación de posgrados con universidades extranjeras, acuerdos de movilidad de estudiantes y profesores.

Durante 2014, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, de gestión estatal, y las siguientes universidades privadas: Di Tella, Abierta Interamericana (UAI), Kennedy y el Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE, Universidad Austral), firmaron convenios con Microsoft para implementar sus campus virtuales en la nube.

El país sostiene la gratuidad de los estudios de grado. Impulsa la centralidad del Estado en la garantía del financiamiento de la ES estatal pero habilita otras formas alternativas de financiamiento por medio de contratos con el sector productivo. El marco regulatorio prohíbe al Estado contratar servicios de universidades privadas ‒por ley son entidades sin fines de lucro‒.

Las universidades privadas desempeñan un papel relevante por el financiamiento privado de la investigación universitaria ligada al sector productivo, es decir, inducida por la demanda de que se investigue aquello que se puede convertir fácilmente en una mercancía.

Ellas reciben el financiamiento de empresas privadas para proyectos de investigación. Los contratos de servicios educacionales se rigen por las reglas generales de la ley del consumidor y como ningún organismo las fiscaliza, se quedan con el valor de los servicios no prestados en caso de fuerza mayor o de retracto.

En Argentina, aproximadamente la mitad de universidades son privadas. Entre 2003-2012, la cantidad de universitarios que asisten a universidades privadas se incrementó un 77,6%, en tanto que los registrados en instituciones estatales aumentó el 22,5%. En Brasil y Chile, el sector privado ha absorbido el 70% de la matrícula.

Reflexiones finales

Frente a esta realidad analizada precedentemente, es necesario debatir sobre la configuración de un nuevo modelo de universidad, en tanto en las últimas décadas el modelo que se configura apunta más a la ponderación de la educación como un bien que se compra en el mercado que a un derecho ciudadano.

De tal forma, la universidad deja de ser una institución social preocupada por la equidad y los valores éticos y ciudadanos, además de la transmisión de conocimientos, y se convierte en una organización/empresa orientada por la ganancia. En tal sentido, se ha producido la progresiva eliminación de la gratuidad de la educación superior. De esta manera, y en lo que se denomina el capitalismo académico y sus herramientas de gestión (management), toman posesión de los objetivos, fines y funciones de la educación contemporánea.

En tanto se impulsan estrategias de internacionalización de ES donde priman tendencias de mercantilización y transnacionalización ‒y la educación es entendida como mercancía y la universidad como empresa‒, se postergan aquellas que ponderen la educación superior como bien público y derecho.

Estas tendencias implican una amenaza a su función social, ya que la universidad deja de ser un eslabón entre la educación y el desarrollo, entre el individuo/ser social y la sociedad en la que está inmerso. La educación superior no debiera perder su rol de involucrarse socialmente.

Se deberá trabajar para incorporar nuevos instrumentos participativos de dirección, evaluación y acreditación y para una investigación enfocada tanto en necesidades globales como locales; y para restaurar la función de bien público de la universidad.

Nos parece adecuado resaltar algunos de los enunciados incluidos en el comunicado de la Conferencia Mundial de Educación (2009):

• La prestación transfronteriza de enseñanza superior puede representar una importante contribución a la educación superior, siempre y cuando ofrezca una enseñanza de calidad, promueva los valores académicos, mantenga su pertinencia y observe los principios básicos del diálogo y la cooperación, el reconocimiento mutuo, el respeto de los derechos humanos, la diversidad y la soberanía nacional.
• La educación superior transfronteriza también puede generar oportunidades para prestatarios deshonestos y de poca calidad, cuya acción debe contrarrestarse. Los proveedores espurios (“fábricas de diplomas”) constituyen un grave problema. La lucha contra esas “fábricas de diplomas” exige esfuerzos multifacéticos de ámbito nacional e internacional.

Creemos que será necesario identificar y debatir sobre los puntos específicos que en la región deberían ser tenidos en consideración para adecuarse con justicia, equidad e inclusión al paradigma de la mundialización, cuyos efectos dan origen a la internacionalización y transnacionalización.

Bibliografía

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