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Capitalismo y políticas públicas hacia la educación superior

Néstor Horacio Correa[1]

Introducción

A pesar de la amplia literatura y trabajos de investigación sobre las políticas públicas hacia la educación superior en América Latina que ponen de relieve su sentido privatizador y mercantilizador, son escasas las que indagan sobre su contenido social: su carácter capitalista, como así también los análisis que vinculan la profundidad de la perversidad destructiva de esas políticas con la etapa actual del desarrollo de la sociedad capitalista, signada por sistemáticas crisis de sobreproducción, el predominio del capital financiero, el peso creciente del capital ficticio, y de conjunto, de declinación y decadencia del orden social vigente y la barbarización de las relaciones sociales.

En consecuencia, poco se estudia y debate en relación con los avatares, fracasos, impulsos y retrocesos de las citadas políticas en su vínculo con la actual crisis capitalista de alcance mundial (y sus etapas), que crecientemente abarca a grandes corporaciones y bancos, regiones y a los propios Estados.

Sin duda, al analizar el ritmo con que se aplican las políticas mercantilizadoras, su empuje o su freno en uno u otro país, no puede estar ausente la observación de los movimientos sociales, particularmente estudiantiles pero también de sectores crecientes del movimiento docente, que se desarrollan urbi et orbe.

Este artículo solo pretende provocar el debate y desafiar el abordaje de las cuestiones planteadas señalando algunos aspectos esenciales referidos a ellas, en el convencimiento de que solo con un claro diagnóstico sobre el contenido social de las fuerzas que impulsan la destrucción privatizadora de la universidad pública se puede comprender su alcance y dotar de “programa”, profundidad a su defensa.

Especialistas en… el ocultamiento

En fecha reciente, el diario La Nación (04/10/14) reunió a un conjunto de lo que el diario de los Mitre denomina “especialistas en educación superior” en Argentina, a fin de que expusieran sus ideas sobre la “universidad del futuro”.

Se trató de encumbrados “gestores” y asesores de políticas públicas universitarias en el país: Catalina Nosiglia, secretaria académica de la Universidad de Buenos Aires (UBA); Fernando Nápoli, coordinador general de la Red Argentina de Posgrados en Educación Superior (Redapes); Andrés Hatum, director del Centro de Investigación Grupo RHUO del Instituto Argentino de la Empresa; Marcelo Rabossi, profesor e investigador del Área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella, e Ignacio Peña, consultor y ex director del Boston Group.

El programa y las propuestas en que “coinciden” los expositores, y que el cronista sintetiza, no tienen desperdicio: una universidad de “tres años básicos, una especialización, flexibilidad, educación personalizada, formar a la juventud para el mercado global”.

Sin embargo, la síntesis del periodista no abarca en toda su dimensión las “modernas ideas” y “propuestas” coincidentes con la que los disertantes se regordearon en pos de “la universidad del futuro”. Así, se escuchó: “la universidad debe formar a nuestra juventud para trabajar hacia el mercado global”; “un sistema que vaya a la especialización flexible, personalizada”; “dejemos atrás el currículum cerrado, las carreras largas y demandantes”; “que los alumnos se enseñen entre ellos” y “completando con vivencias: en la empresa”; “con una formación blanda es posible un sistema con 60% de la población con título con aprendizaje semipresencial”.

La Secretaria Académica de la UBA concluyó. “desde los 90 las numerosas universidades públicas y privadas creadas deben acordar para un sistema de especializaciones”.

La fundamentación con que estos promotores de las “contrarreformas” intentan sostener sus planteos se centran en lo que denominan la “inadecuación” de la universidad actual respecto a la “realidad cambiante”. Una vulgaridad, sin la menor referencia al mundo real de un capitalismo decadente y que enfrenta los primeros peldaños de una crisis “global” que ya es considerada por una mayoría de autores como la mayor del capitalismo en su historia.

En estas, como en todas las exposiciones de los administradores de políticas públicas educativas, está ausente otro aspecto esencial de la realidad, que debiera ser de su directa competencia: no se hace la menor referencia a las consecuencias y resultados de las reformas de igual contenido que se aplicaron en los últimos veinticinco años.

Se encubre así que las políticas mercantilizadoras y privatizantes han resultado por doquier en un absoluto fracaso desde cualquier ángulo educativo, científico o pedagógico, y que solo han arrastrado a la universidad, y a la educación como un todo, a la quiebra y descomposición capitalistas.

Crecimiento y crisis. Un poco de historia

Ciertamente, todas estas formulaciones no son nuevas, ni su aplicación es patrimonio de los países “en vías de desarrollo”. En cuanto a esto último, las recomendaciones y orientaciones de políticas públicas de organismos internacionales (Banco Mundial, FMI, OCDE, GATT, CE, etc.) como la de los gobiernos de los países capitalistas centrales son en lo esencial las que adoptan y siguen los administradores y gobiernos en los países de desarrollo atrasados, de un común contenido capitalista y mercantilizador.

Aunque corresponde hacer la distinción: por un lado, en la periferia del sistema capitalista, las “reformas” agudizan su perversidad destructiva; por otro, procuran liberalizar títulos y normas para abrir paso franco a los negocios de monopolios del negocio educativo y la banca, al timpo de “liberar” fondos públicos con destino al pago de las deudas con los acreedores internacionales, lo que profundiza la dependencia y el coloniaje.

En el período que sucede a la Segunda Guerra Mundial, se asistió a un crecimiento sin precedentes de la matrícula universitaria. La impulsaron, por un lado, la necesidad de mano de obra calificada que demandó el boom económico que se asentó en la reconstrucción de una destrucción humana y de fuerzas productivas sin precedentes en la historia, y en las nuevas ”innovaciones” desarrolladas en el sistema militar-imperial. Pero por sobre todo, por el giro hacia posiciones anticapitalistas y revolucionarias de muy amplias capas populares, particularmente de la juventud, que obligaron a concesiones ante sus demandas (Coggiola, 1998).

Solo a título de ejemplo: en Francia en solo diez años (1956/67) los estudiantes universitarios pasaron de 150 mil a casi 700 mil. En Estados Unidos se pasó de tres millones a diez millones entre 1958 y 1974. En los países del este Europeo el crecimiento fue mucho mayor aun.

En Estados Unidos se pasa de una matrícula universitaria de tres millones de estudiantes en 1958 a diez millones en 1974, siendo que en este país ya se había evidenciado una masificación de la universidad en la pre-guerra (1920-1949).

En América Latina, aunque el porcentaje de jóvenes que accede a la universidad es mucho menor al de los países “centrales”, se verifica un proceso similar: si en 1950 se registraban setenta y cinco universidades con 270.000 alumnos, hacia 1988 las primeras llegaban a 450 y los alumnos a seis millones. En ese contexto, en Argentina la matrícula se multiplicó por 20 entre 1950 y el 2000, pasando de 86 mil a más de un millón setecientos mil. La tendencia a la masificación es, de conjunto, similar en toda la región.

Se creaban así, por un lado, las condiciones para un “apetecible negocio” para el capital, que acentuará su atracción en las condiciones del estancamiento y la crisis y, particularmente, con la irrupción de las llamadas nuevas tecnologías. Por otro lado, y al mismo tiempo, ponía en crisis al sistema universitario heredado, crisis que buscará ser aprovechada y que, a su turno, será profundizada por la invasión del gran capital en el ámbito universitario.

La vieja universidad de “elites” atraviesa cambios profundos, con el fortalecimiento de las organizaciones estudiantiles, no siendo menor el de la pérdida de peso de las corporaciones profesionales, y el surgimiento del docente y profesor que se asimila a las condiciones de un trabajador de la educación y construye masivas organizaciones sindicales.

Crisis capitalista y piratería

Ya a mediados de los años 60 el freno y la caída de la inversión y de la tasa de ganancia, particularmente en EE. UU., ponían de relieve el agotamiento del crecimiento económico de posguerra. En algo más de una década (menos de lo que canta un gallo en términos históricos) el capitalismo veía reaparecer la sobreproducción, tendencia postergada por la fabulosa inversión armamentista y la destrucción bélica, primero, y por la “reconstrucción” posterior. Y por las extraordinarias tasas de explotación de las masas trabajadoras antes, durante y en la inmediata posguerra, que ahora se ven limitadas por un movimiento de trabajadores y de la juventud que rearma su organización y movilizaciones.

Pero va a ser con un primer estallido agudo de estas contradicciones, con la llamada crisis del petróleo (1973), su secuela de quiebras masivas, cesación de pagos, y con un estancamiento que extiende sus efectos hasta 1984 (particularmente en EE. UU.), cuando los centros de decisión del capital financiero se van a abocar a diseñar las políticas de colonización de la educación, y muy particularmente de la educación superior, por el gran capital en crisis ávido de ámbitos donde recuperar la ganancia (otros sectores con escasa injerencia del capital como el sistema jubilatorio o los sistemas públicos de salud van a correr igual suerte).

Hacia la década de los 80, y con mayor intensidad en la década siguiente, como ha sido repetidamente señalado, el Banco Mundial delineaba su programa para la universidad de final de siglo. En palabras del BM: “Por tanto, los conceptos fundamentales de nuestra Agenda son: privatización, desregulación y la orientación hacia el mercado”. Traduciendo, las propuestas del Banco Mundial apuntaban a tres o cuatro cuestiones fundamentales:

  • Transformar la educación universitaria en “servicios-mercancías” rentables para la inversión del capital.
  • Traspasar “gasto improductivo” del Estado en los sistemas de enseñanza hacia subsidios al sector privado, y satisfacer el pago de la deuda.
  • Desregular (“desnacionalizar”) los títulos universitarios para facilitar la penetración de las corporaciones educativas capitalistas de los países centrales.

Posteriormente se suceden las reuniones y documentos de los organismos financieros internacionales que incorporan nuevos lineamientos, orientaciones e instrumentos “recomendados”, a las que se van sumando la Unesco, la Organización Mundial de Comercio (OMC), y posteriormente la Comunidad Europea (con su propio programa de “reformas” sintetizado en el “proceso de Boloña” [1999] y que busca terciar en la competencia por el “gran negocio educativo”).

No resulta menor señalar, en relación con las propuestas de reflexión que se proponen en este artículo, que así como las primeras propuestas globales sistemáticas de privatización de los sistemas universitarios surgieron en el Banco de Bancos, el proceso de Boloña es hijo directo de la European Round Table of Industrialists (ERT), que agrupa a muchos de los principales grupos monopólicos capitalistas de Europeos, Total, Renault y Siemens entre otros (véase Rojas Breu, artículo en este libro).

Las medidas, que se conocen como “reformas de segunda y tercera generación” se orientan descarnadamente a la destrucción de la universidad estatal, pública y gratuita en beneficio de la rentabilidad del capital, y cuya aplicación está produciendo un fenomenal retroceso educativo, científico y social en nuestros países.

En una apretada síntesis destaquemos:

  • Degradar el título universitario de grado de las universidades públicas. Se promueven las carreras “cortas” y los “títulos intermedios”. Y paralelamente promover el crecimiento de los posgrados pagos.
  • Promover el financiamiento “externo” de las instituciones universitarias estatales por medio de convenios con las empresas, esencialmente en el ámbito de la investigación, con el consecuente ahondamiento de la “segmentación” de cátedras y laboratorios con ingresos (aquellas que sean demandadas por la empresa) y otros abandonados a su suerte. Pero además alejando aun más a la universidad de las necesidades sociales y humanas, ya que el objetivo del capital es la renta y no el perfeccionamiento del conocimiento, la ciencia o el desarrollo social.
  • Ahondar la flexibilización y precarización del cuerpo docente mediante la multiplicación de cargos precarios, los contratos, la reducción de las dedicaciones a tiempo integral. Y atacando o buscando cooptar a sus organizaciones sindicales.
  • Impulsar la autarquía fiananciera, que permita a las administraciones universitarias hacer negocios sin el control de organismos públicos, el parlamento y la ya de por sí limitada publicidad que impone un gobierno colectivo (y no democrático) de los integrantes de la universidad.
  • La acreditación y evaluación de títulos, carreras y universidades por organismos extra universitarios, integrados por representantes de la empresa y la educación privada que las “rankean” según la aplicación de las “reformas” (acortamiento de carreras, financiamiento externo, etc).
  • La educación a distancia, vía Internet, que ya significa un mega negocio de más de cien mil millones de dólares, promoviendo la universidad sin pizarrón, sin aula y con docentes en el súmmum de la precariedad. En realidad una fábrica de títulos, que elimina todo resabio de producción social y colectiva del conocimiento. Según la OCDE, con la virtud “de transformar al estudiante directamente en cliente que debe inevitablemente pagar por el servicio”.
  • Definir y asegurar la educación superior como bien transable de libre circulación en el mercado mundial. En 1998 la OMC la incluye en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), del cual nuestros países son signatarios especificando que se trata ahora de un “bien privado, comercializable” y no un derecho y un bien público. Ante el “escándalo” de tamaña explicitación, en la Asamblea de la Unesco en París (2002) intentaban edulcorar el zarpazo. 144 países votaban la “Declaración Mundial sobre Educación Superior en el siglo XXI”, señalando que la universitaria es un derecho humano y público, pero sin decir una palabra sobre si debe ser estatal, gratuita, científica y laica, y afirmando que “lo público” puede ser de gestión pública o… privada. En síntesis, un derecho humano y público que según su precio, y calidad podrá ser adquirido con quien cuente con capacidad adquisitiva para hacerlo.

Descomposición y quiebra del capitalismo. Fracaso y destrucción de la universidad y la ciencia

Todas las políticas que hemos descripto constituyen orientaciones y medidas para adaptar la educación superior a la crisis de un capitalismo en descomposición que no guarda ni el menor de los rasgos progresivos de su surgimiento. Las políticas privatizadoras/mercantilizadoras de la educación que se profundizan a partir de los 80 encuentran su raíz en la propia evolución del capital en esta etapa de su desarrollo.

Y suponen en síntesis y simplemente la destrucción de conquistas sociales, civilizatorias y humanas, como en las más diversas facetas de la realidad social y aun de la naturaleza sobre la que se asentó nuestra especie.

Este carácter destructivo ya no es pronóstico o reflexión teórica sino realidad viva.

Aun en el país que es mostrado como modelo exitoso de la privatización, en Estados Unidos, la quiebra de la universidad es generalizada: el aumento mayúsculo de la deuda universitaria en los últimos años fruto del incremento del coste de las matrículas, la reducción de las ayudas públicas regionales y las penurias económicas de muchos ciudadanos tras la recesión de 2007. Desde 2007 el pasivo universitario se ha duplicado, hasta los 1,2 billones de dólares, según los últimos datos oficiales. Un 71% de los estudiantes está endeudado cuando se licencia, con una media de 29.400 dólares. Y en paralelo, en un contexto de sueldos estancados y auge del desempleo, los impagos se han extendido ‒alrededor de siete de los cuarenta millones de estudiantes incumple sus pagos‒, lo que ha llevado a que cada vez más expertos alerten de los peligros de este agujero y tracen paralelismos con la burbuja inmobiliaria que estalló hace siete años.

El coste de las matrículas se ha incrementado en un 900% en los últimos treinta años y desde 1999 las cifras de la deuda estudiantil también se han disparado en un 511%, hasta alcanzar en 2010 el billón de dólares, una cifra superior a lo que los ciudadanos estadounidenses le deben a las tarjetas de crédito, 550.000 millones de euros. Y con el mayor índice de paro de jóvenes licenciados de la historia de EE. UU. (9,1%) la devolución de esa deuda se ha convertido en un quebradero de cabeza no solo para ellos sino para el gobierno, que ve cómo la capacidad de consumo (dos tercios de la economía se apoya en el consumo privado) de los jóvenes se reduce exponencialmente.

Los bancos, que tienen garantizados por el Estado sus “prestamos educativos” impulsan el remate de casas y enseres. El fracaso es majestuoso: se ha pasado de la “inversión de capital en la universidad” al reclamo buitre de las deudas.

Allí como aquí antes que inversión de capital privado, hay saqueo de la educación pública y mecanismos de subsidios sociales y estatales al capital.

En nuestro país, y en general en América Latina (y puede decirse que con un alcance mundial), los distintos gobiernos de todo signo que se sucedieron en los últimos cuarenta años fueron adecuando (y en términos actuales, muchas veces con vocación “papista” mayor a la del propio Papa) sus políticas referidas a la educación superior a los distintos lineamientos surgidos en los ámbitos y reuniones de capital mundial. Y los gobiernos denominados progresistas o nacionales y populares han mantenido y perfeccionado la legislación y las políticas “heredadas del neoliberalismo”.

El fracaso y la destrucción de la universidad son también en nuestros países generalizados, haciendo decir en nuestro país, aun al diario La Nación, ferviente impulsor de las “reformas”, que debe añorarse la vieja universidad y la vieja escuela.

La nueva etapa abierta en la crisis capitalista mundial a partir de 2008 impulsa nuevos ataques devastadores a la universidad. Solo para ejemplificar, se denuncia que Grecia ha sufrido, desde que comenzara la crisis, serios ajustes presupuestarios que amenazan la enseñanza básica y superior. Los recortes han llegado a superar el 80%. La Universidad de Atenas, fundada en 1837, tiene un déficit de cinco millones de euros. Las medidas, que anteriores gobiernos comenzaron a implementar, incluyen el tratamiento de una nueva ley de educación, reducción de personal, cortes en suministros básicos como la calefacción y el cierre de laboratorios. En España la reducción del financiamiento estatal alcanza en los últimos años el 20%. En nuestra América Latina los planes de ajuste en curso siguen la misma dirección.

La defensa de la universidad, de la ciencia, de la educación como un todo se coloca por completo en un terreno y accionar que cuestione al capitalismo y su régimen social.

Bibliografía

Coggiola, O. (1998). “A crise universitária no Brasil”. En Revista Adusp, N° 16, pp. 34-42. Recuperado de http://goo.gl/VpcjXr.


  1. Néstor Correa es profesor titular e investigador en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Contacto: nhcorrea12@gmail.com.


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