Martín A. Isturiz^[1]

Palabras clave: ciencia, tecnología, políticas CyT

 

Las políticas en ciencia y tecnología (CyT) implementadas en Argentina durante el período 2003-2014 han sido sustancialmente diferentes a las llevadas a cabo durante, por lo menos, los últimos cincuenta años. Esto se ha expresado tanto desde hechos concretos como desde lo simbólico, instalando al sector CyT en un lugar destacado en la escena nacional.

En efecto, frente a los históricos vaivenes, el desinterés, las improvisaciones, o la fugacidad de algunas buenas intenciones del pasado, a partir del año 2003 se ha intentado posicionar a la ciencia y a la tecnología como herramientas fundamentales para el desarrollo, en un despliegue que ha mostrado fortalezas claras pero también ha expuesto debilidades, en un escenario en el cual emergieron otras realidades y han quedado en el camino algunas asignaturas pendientes que deberían debatirse en el futuro.

Por eso es necesario conocer dónde ubicamos la fortaleza de esas políticas para, luego, introducirnos en lo que identificamos como sus debilidades o carencias no resueltas, que determinan que la ciencia y la tecnología aún no se puedan desplegar en toda su potencialidad en nuestro país. Finalmente, se plantean algunas propuestas correctivas.

Fortalezas

Durante el período 2003-2014 ha sido visible la jerarquización del sector CyT, sustentado esencialmente en una mirada que le adjudicó protagonismo desde lo económico/productivo, aunque mayoritariamente sesgado al ámbito privado y atenuado en cuanto a lo relacionado con las necesidades públicas.

La mayor inversión realizada en esos años se puede visualizar en la mejora de los salarios en relación con épocas anteriores; una mayor adjudicación de subsidios para el desarrollo de proyectos; una duplicación/triplicación de investigadores y becarios, o en ayudas para retornar al país a través de programas especiales como el programa “Raíces”. Todo esto generó una expansión necesaria y esperada de planteles de investigación en distintas disciplinas, así como de la capacidad de producción del sector científico-tecnológico.

Por otra parte, se ejecutaron importantes obras de infraestructura en laboratorios a través de la construcción de 190.000 metros cuadrados; se fundaron catorce universidades nacionales; se crearon empresas estatales como ARSAT, dedicada al desarrollo tecnológico en el sector satelital de telecomunicaciones, o YPF Tecnología S.A. (Y-TEC) para hacer desarrollos en el área energética, etc.

En síntesis, lo que se ha hecho en CyT durante el período 2003-2014 ha sido un gran paso hacia adelante, potente y significativo, aunque no exento de debilidades y contradicciones.

Debilidades

Más allá de continuar con la actividad de financiar proyectos de investigación en distintas áreas del conocimiento y de impulsar el desarrollo en campos disciplinares (biotecnología, nanotecnología, tecnologías en informática y comunicaciones), o de subsidiar proyectos en diferentes rubros; desde el año 2003 las políticas para el sector CyT se han caracterizado, principalmente, por priorizar la vinculación entre organismos públicos y empresas privadas, sobre la base de proyectos generados en el ámbito privado y financiados, o subsidiados, por el sector público.

La gran mayoría de esos proyectos público/privados fueron facilitados desde el Estado a través del otorgamiento de subsidios; la incorporación de becarios e investigadores a empresas privadas solventados con fondos públicos; el otorgamiento de bonos de crédito fiscal, aportes no reembolsables, devolución anticipada del IVA, reducción del impuesto a las ganancias, créditos a tasas reducidas, etc. También se subsidió el desarrollo de proyectos de base tecnológica en pequeñas y medianas empresas (Pymes), el sector productivo que más trabajo genera, aunque el más vulnerable en el marco de una economía muy extranjerizada como la argentina.

Sin embargo, estas políticas dirigidas ostensiblemente a la implementación de proyectos en el ámbito privado y escasamente en el público no ha dado los resultados previstos en cuanto a la esperada mayor inversión por parte del sector privado, que permaneció estancada en el 30% de la inversión total en CyT cuando se preveía incrementarla al 50% para el año 2010. Ese objetivo no alcanzado ahora ‒inexplicablemente‒ se plantea alcanzarlo en el año 2020 (Plan Nacional de CyT “Argentina Innovadora 2020”). Esto indica que se sigue pensando en la burguesía local como eje de un desarrollo cuando históricamente ha sido rentista, poco inversora, y muy afecta a la fuga de capitales.

Además, esas políticas no resolvieron importantes problemas estructurales en CyT. Algunos de ellos son: 1) la conducción política y la planificación en CyT están descentralizadas y la fragmentación institucional persiste, hecho que limita la articulación de saberes en función de resolver problemas con características interdisciplinarias. 2) Los organismos de CyT están presupuestariamente desbalanceados en relación con sus capacidades potenciales, aspecto fundamental que restringe la absorción de recursos humanos formados en el país. 3) La inversión hoy es insuficiente teniendo en cuenta el incremento de los planteles de investigadores, becarios y profesionales calificados formados durante el período 2003-2014. 4) Salvo algunas pocas excepciones, el desarrollo de proyectos que resuelvan necesidades públicas es muy escaso. A continuación, y para evitar abstracciones, una muy breve referencia a esos problemas:

1. Conducción política y planificación

Más allá de contar con un Ministerio de CyT no tenemos una conducción política ni una planificación centralizada en CyT, un problema que impide la articulación y utilización eficaz del conocimiento disponible en función de proyectos nacionales que es necesario desarrollar. Así, los organismos de CyT y las universidades están bajo la órbita de ocho ministerios.

Como consecuencia de ello, salvo honrosas excepciones, como la construcción de satélites, radares, reactores nucleares, etc, los organismos de CyT y las universidades nacionales están muy fragmentadas en su accionar y habitualmente funcionan como compartimientos estancos, generando políticas endógenas que, en no pocas oportunidades, y más allá de las buenas intenciones, suelen estar descontextualizadas o aisladas por carecer de un marco referencial de una planificación estratégica integrada a nivel nacional.

A modo de ejemplo, hay muchos trabajos realizados en los últimos sesenta años acerca de la enfermedad de Chagas. Sin embargo, no hay ‒ni hubo‒ una recuperación orgánica de ese conocimiento en función de generar un Plan Nacional de erradicación o atenuación de la enfermedad, entre otras cosas. En síntesis, hoy tenemos muchísimo más conocimiento sobre el mal de Chagas que en décadas anteriores pero la situación actual es muy similar a la de otras épocas. Esto es, alrededor de un millón y medio de personas infectadas.

2. Organismos presupuestariamente desbalanceados

El presupuesto del año 2013 para los trece mayores organismos de CyT de Argentina fue de 8.500 millones de pesos (aproximadamente 1.300 millones de dólares). Este se canalizó ‒en términos porcentuales‒ de la siguiente manera: Consejo Nacional de Investigaciones CyT-CONICET, 33,9%; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria-INTA, 23,9%; Comisión Nacional de Energía Atómica-CNEA, 17,5%; Comisión Nacional de Actividades Espaciales-CONAE, 9,0%; Instituto Nacional de Tecnología Industrial-INTI, 5,3%; Administración Nacional de Institutos de la Salud-ANLIS Malbrán, 3,6%; Servicio Geológico Minero Argentino-SEGEMAR, 1,6%; Instituto de Investigaciones CyT para la Defensa-CITEDEF, 1,4%; Instituto Nacional del Agua-INA, 1,1%; Instituto Antártico Argentino-IAA, 1,2%; Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero-INIDEP, 1,2%; Instituto Geográfico Nacional-IGN, 0,8 %; Fundación Miguel Lillo, 0,8%.

Llama la atención que, por ejemplo, el INTI, el organismo tecnológico más multidisciplinario y con mayor capacidad efectora potencial que tenemos en nuestro país (con alrededor de cuarenta centros tecnológicos en diferentes áreas y con presencia en todas las provincias), tenga un presupuesto tan exiguo (5,3%). O que el del INIDEP sea insignificante (1,2%) considerando que tenemos 3.000 kilómetros de litoral marítimo y más de un millón de kilómetros cuadrados de aguas territoriales, en donde hay una sobreexplotación/depredación de los principales recursos pesqueros por empresas multinacionales ‒varias especies de merluza, mariscos, entre otros‒. Lo mismo se observa en el SEGEMAR, con el 1,6% del presupuesto cuando Argentina es el sexto potencial minero del planeta y, según la Secretaría de Minería del Ministerio de Planificación Federal, de dieciocho emprendimientos mineros que había en el país en el año 2002 se pasó a 614 en el año 2011 y ‒según el ministro de Planificación, Julio de Vido‒ a 700 en 2015. Sin embargo, los minerales son exportados por las empresas multinacionales que actúan en el sector sin otro valor agregado que llevarlos a una concentración necesaria para abaratar su transporte a granel.

Este escaso financiamiento a organismos claves en sus áreas respectivas es, además, una de las causas más importantes de la imposibilidad del sector para absorber profesionales formados en el país que, de mejorarse, podrían incorporarse a ellos.

3. Inversión/financiación

La inversión total en CyT ‒pública y privada‒ actualmente está en el orden del 0,65% del PBI, un ligero crecimiento sobre los valores históricos (en el año 2004 fue 0,49% del PBI), cuando, como para tener algún punto de referencia, los países desarrollados invierten en una franja que va, aproximadamente, del 2% al 3,5%. En nuestro país, el 70% de esa inversión corresponde al sector público y el 30% al privado.

Esto indica que la mayor inversión en el período 2003-2014 ha sido la consecuencia del crecimiento del PBI pero no por un incremental sostenido en porcentuales de PBI, como debería ser si CyT es considerada un área estratégica.

4. Escaso desarrollo de proyectos públicos

Es llamativa la escasa implementación de proyectos públicos destinados a resolver problemas estratégicos que necesitan de CyT para su concreción (algunos de ellos se puntualizan abajo). Esto puede deberse al desconocimiento, a decisiones políticas equivocadas o a una realidad de estructuras débiles, segmentadas y difíciles de vincular.

Propuestas

Salvo algunas excepciones, en nuestro país no hay utilización plena del conocimiento disponible en una gran cantidad de áreas y, por otro lado, llama la atención la carencia de políticas destinadas a atender necesidades públicas. Porque la implementación de proyectos con ese objetivo, más allá del impacto social previsible, es crucial para la atenuación de algunos problemas estructurales del sector, antes mencionados.

Además, actuar sobre ellas conduciría a ampliar la autonomía tecnológica en la resolución de problemáticas propias e induciría una expansión genuina y sostenible del sector que, por el efecto de tracción generado por la demanda, influiría sobre distintas áreas del conocimiento. Esa expansión permitiría, además, absorber profesionales formados en nuestro país y generar un sólido sistema científico-tecnológico, que hoy no tenemos.

Para evitar abstracciones, a continuación puntualizamos algunos proyectos para los cuales, en su gran mayoría, hay capacidad instalada y conocimiento para llevarlos a cabo y que, de actuar sobre ellos en todos los niveles del conocimiento y no solo sobre algunos, serían dinamizadores genuinos y potentes del sector CyT con transferencia del conocimiento a la sociedad. Así, entre otros, podemos señalar los siguientes.

Salud/biomedicina

Producción pública de medicamentos, vacunas e insumos médicos; síntesis química o biotecnológica de principios activos; producción de reactivos de uso hospitalario y equipamiento médico de alto nivel tecnológico; anticuerpos monoclonales para diagnóstico o terapéutica; reactivos para determinar grupos sanguíneos y factor Rh; kits utilizados para diagnóstico e investigación; producción de citoquinas; explotar las tecnologías de ADN en distintos campos, etc.; proyectos destinados a erradicar o atenuar la incidencia de la enfermedad de Chagas; eliminación de arsénico en aguas para consumo ya que hay tecnologías disponibles generadas para ello en el INTI.

Agro/pesca

Desarrollo de un banco público de semillas adaptables a distintas regiones geográficas en donde el Estado sea el titular de las patentes y, así, evitar el pago de royalties a empresas transnacionales, implementación de proyectos destinados a evitar la erosión y desertificación de suelos; programas destinados a proteger de la depredación de recursos ictícolas y normalizar el ecosistema marino.

Industria

Producción de circuitos integrados por el Centro de Micro y Nanoelectrónica del INTI para abastecer la producción nacional de netbooks necesarias para el Programa “Conectar Igualdad”, tablets y otros set top box para el Sistema Argentino de TV Digital (SATVD); proyectos energéticos/comunicaciones/transporte, energías alternativas no contaminantes, desarrollo de talleres ferroviarios que provean de vagones y locomotoras; utilización de la capacidad instalada en los astilleros estatales (por ejemplo, Río Santiago) para la construcción de buques de carga para transporte de importaciones/exportaciones. Argentina paga alrededor de 7500 millones de dólares anuales por esos conceptos.

Medio ambiente

Estudiar las causas de las inundaciones (por ejemplo, desforestación) y definir las medidas necesarias para prevenirlas o paliar sus efectos económico-sociales; resolver el problema de la contaminación de las cuencas fluviales en forma integral; mayor regulación normativa y control sobre el impacto en salud, saneamiento de suelos y medio ambiente en general, etc, causado por el uso de agroquímicos o prácticas mineras; generar procedimientos adecuados para el reciclado de residuos urbanos e industriales con focalización en empresas Pyme, evitando la centralización oligopólica.

Minería

Proyectos para implementar desarrollos mineros sustentables en diferentes rubros (reservas de cobre, plata y oro), con incorporación del sector CyT como parte activa en extracción, refinación, tratamiento de residuos contaminantes, y su articulación con otros desarrollos públicos; resguardo y utilización pública del litio, teniendo en cuenta que nuestro país, junto a Chile y Bolivia son parte del denominado “triángulo del litio”, con el 80-85% de las reservas mundiales de ese mineral, un recurso natural estratégico en la industria electrónica, para la construcción de baterías, autos eléctricos, electrodomésticos, etc.

Economía

Proyectos tendientes a intentar resolver el problema de la extranjerización de la economía y a evitar la restricción externa, la falta de divisas para afrontar el desarrollo en países periféricos como el nuestro debido a la mayor necesidad de insumos importados; instalar procedimientos y normativas para evitar o atenuar la fuga de capitales, la evasión impositiva, el lavado de dinero o el empleo en negro, complementados con legislación ad hoc para cada caso.

Satélites, radares, etc

Continuar con el impulso a empresas estatales como el INVAP, quien junto a la CNEA, CONAE, ARSAT y otras, están involucradas en la fabricación/diseño/instalación de satélites, radares, reactores nucleares, complejos sanitarios, turbinas eólicas, sistemas de control fiscal, ingeniería de procesos industriales, equipos de radioterapia, etc.

A continuación, un breve comentario sobre este último punto, por su importancia. Esos desarrollos del INVAP/CNEA/CONAE/ARSAT y otros constituyen un modelo a replicar en otras áreas por dos aspectos centrales: lo que resuelven y lo que generan. Además, son muy didácticos para comprender por qué el hecho de actuar sobre áreas estratégicas habitualmente complejas y de tratamiento interdisciplinario (un satélite, por ejemplo), permite la integración de diferentes campos disciplinares (en este caso: matemática, física, química, computación, informática, metalurgia, ingenierías varias, etc.) que, por una parte, demandan conocimientos tecnológicos y, por otra, conducen inexorablemente al desarrollo de las ciencias básicas. Además, esos proyectos requieren de la incorporación de muchos actores (organismos de CyT y Pymes) que, en el caso de las Pymes incluso son ayudadas a alcanzar el nivel tecnológico necesario y quedan blindadas a la apropiación de sus conocimientos por parte de empresas multinacionales.

Veamos un hecho muy ilustrativo, el INVAP. Esta es una empresa estatal de alta tecnología de la provincia de Río Negro en la que, en el año 2002, trabajaban 340 personas y hoy, 2015, el plantel estable es de 1360 personas. Debido a las características multidisciplinarias de sus proyectos al INVAP se “cuelgan” entre 300 y 400 Pymes y varios emprendedores personales que con sus capacidades específicas le suministran el 80% de las provisiones necesarias (fuente consultada: INVAP). Al mismo tiempo, INVAP ha encarado sus proyectos aprovechando la capacidad instalada de varios organismos de CyT y universidades, así como la infraestructura y la alta calificación del personal científico-tecnológico.

Este caso demuestra que actuar ante una necesidad intensiva de conocimiento (el satélite, o eventualmente cualquier otra necesidad compleja como las puntualizadas arriba), además de resolver problemas estructurales del sector CyT como la fragmentación institucional o las emigraciones involuntarias, entre otros, genera un circuito virtuoso que apalanca el desarrollo de numerosas disciplinas, con inclusión social, sustitución de importaciones y soberanía.

En síntesis, si desde el conocimiento se actúa sobre necesidades públicas, esa demanda genera efectos expansivos y sistémicos que abarcan no solo a la ciencia y la tecnología, sino a toda la sociedad.

Para implementar la mayoría de esos proyectos mencionados, hay conocimiento para hacer desarrollos vigorosos en el ámbito público que, por otra parte, muchos de ellos no han sido ni serán tenidos en cuenta por el sector privado. A veces por falta de infraestructura y otras porque el objetivo principal ‒si no único‒ de las empresas privadas es la rentabilidad y no solucionar problemáticas públicas, un aspecto que indudablemente debe ser encarado desde el Estado, donde, por otra parte, residen las mayores capacidades disponibles, localizadas principalmente en las universidades y en los organismos de CyT.

Reflexiones finales

Las políticas nacionales en CyT no pueden ni deben limitarse a discutir un mayor presupuesto o las disciplinas que se deben desarrollar porque, aunque aspectos obviamente necesarios, son claramente insuficientes para generar un sistema científico-tecnológico sólido y sustentable.

Por eso, lo primero y fundamental a definir en ciencia y tecnología son los ejes rectores de las políticas nacionales a ejecutar, que, en nuestra percepción, deberían basarse principalmente en el desarrollo de proyectos públicos destinados a resolver necesidades nacionales o regionales, sean estas de carácter estratégico, social o económico, en un marco de desarrollo e inclusión social.

Esto constituye un aspecto central porque el Estado, con consenso de la ciudadanía y como representante de ella, es desde donde se debe direccionar el rumbo de proyectos en áreas estratégicas. De esa manera, además de resolver problemas propios y sostener genuinamente un desarrollo con inclusión se evitaría quedar a merced de estructuras de poder como las corporaciones financieras y/o económicas que, ante la inoperancia de un Estado, suelen asumir ese rol y condicionar el desarrollo de los países, a nivel mundial.

Así, si desde el Estado se llevaran a cabo proyectos con las características de los mencionados arriba, eso permitiría resolver problemáticas sociales, sustituir importaciones, eventualmente exportar y hacer desarrollos tecnológicos que generarían efectos dinamizadores en muchas áreas del conocimiento, lo que abriría la posibilidad de agregar valor e incrementar el superávit comercial en muchos rubros, lo cual diversificaría una economía hoy, esencialmente, dependiente de commodities agrarias y mineras.

De esa manera, además, se podría ahorrar ‒y/o generar‒ divisas para hacer frente a la restricción externa, un problema estructural, crónico de nuestra economía que tiene causas múltiples y que se expresa en la carencia de dólares para afrontar importaciones necesarias, vencimientos de deuda externa, remisión de utilidades de las empresas multinacionales o sostener las reservas del Banco Central, entre otras cosas. Además, cuando la restricción externa no se resuelve, concluye en devaluaciones, solicitud de préstamos externos, aumento del desempleo, caída del poder adquisitivo de los salarios, y en la disminución de la envergadura de las políticas sociales, entre sus consecuencias más graves.

Por otra parte, la sociedad es quien financia al sector CyT. Por lo tanto, si el conocimiento útil disponible, o el que se genere, no se transfiere a la sociedad en forma de bienes y/o servicios, no hay una justificación social para la ciencia, ni para la tecnología. Sobre todo en las sociedades actuales donde los problemas de la ciencia y la tecnología están íntimamente ligados a las problemáticas sociales.

Durante el período 2003-2014 el gobierno ha mostrado una voluntad política en impulsar al sector CyT, y esto constituye un excelente punto de partida. Por eso, tenemos la esperanza de que en el futuro podamos asistir a una profundización de los aciertos, así como a una reflexión sobre los errores cometidos, o las carencias detectadas. Tanto como para no malgastar esfuerzos y ponerle la mayor coherencia posible a los emprendimientos y no tener que aferrarnos a escenografías de promoción, comprensibles en las fases iniciales de un lanzamiento, pero hoy innecesarias. Porque las escenografías son importantes y potentes, desde lo simbólico o por la movilización que generan, pero hoy la discusión pasa por llenarlas de contenidos.

Por último, sería deseable la promoción de espacios permanentes de reflexión y debate para la generación de políticas sustentables en CyT en donde, además de los funcionarios, intervengan la comunidad CyT, los partidos políticos, el sector privado, las asociaciones civiles, los movimientos sociales, las estructuras sindicales, así como los centros de investigación con conocimiento en materia de gestión de políticas CyT, con la finalidad de seleccionar proyectos a desarrollar así como estudios prospectivos que den respuestas a los desafíos planteados.

Todo esto como una manera de articular debates interdisciplinarios y generar consensos amplios que protejan o impidan que, ante cambios de gobierno, se intenten modificar rumbos previamente consensuados por entidades representativas de esos espacios.

De esa manera se podrían implementar políticas públicas con continuidad y por encima de cualquier interés sectorial o corporativo, generando políticas de Estado para el sector científico-tecnológico, un aspecto necesario para un desarrollo inclusivo y una industrialización sustentable y potente. Todo ello mirado desde una perspectiva estrechamente ligada a la soberanía como nación.

---