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Agricultura familiar[1]

(Argentina, 2000-2019)

Natalia Lopez Castro[2]

Definición

Agricultura familiar es una categoría de uso relativamente reciente en el ámbito académico y político argentino, y se trata de un concepto en construcción, marcado por la heterogeneidad de sujetos que procura incluir y los lenguajes que se cruzan en su elaboración (Schiavoni, 2010). Refiere a unidades productivas que centran su funcionamiento en la mano de obra familiar e incluye tanto a familias productoras más o menos capitalizadas (tradicionalmente identificadas como chacareras o farmers), unidades campesinas, pescadores artesanales y grupos pertenecientes a pueblos originarios.

Origen y características

Respecto de la introducción del término agricultura familiar en Argentina, su uso data de principios de la década de 2000, y se articula a un proceso de organización motorizado desde Brasil, donde las organizaciones de productores junto con el Estado impulsaron la creación de la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar del Mercosur (REAF) con el objetivo de fortalecer las políticas públicas para el sector y facilitar la comercialización de sus productos en la región. Así, la agricultura familiar se incorpora a la agenda pública regional en el marco de la discusión y denuncia de los efectos del neoliberalismo sobre el agro y la búsqueda de soluciones asociadas a la recuperación y fortalecimiento del Estado como actor estratégico en el planeamiento del desarrollo a escala nacional y supranacional.

La conceptualización de las unidades productivas familiares (antes bajo la denominación de chacareros o productores familiares y ahora identificadas como agricultura familiar) ha sido objeto de debates a lo largo del tiempo (Roman, 2014; López Castro y Prividera, 2011; Soverna et al, 2008) pero existe un extendido consenso respecto de que la organización social del trabajo resulta fundamental para caracterizar a las unidades productivas, distinguiendo a las familiares de los otros tipos de explotaciones.

Las unidades familiares se centran en el trabajo directo (manual e intelectual) de los miembros de la familia y, aunque pueda darse la contratación de trabajadores (permanentes o transitorios), el trabajo familiar prevalece y no existe una relación pura de explotación del trabajo asalariado. A este primer elemento es posible agregar otros que permiten delinear su especificidad: la posesión de cierto capital propio, que les provea relativa autonomía para la realización de las tareas; y la existencia de una lógica y un modo de entender y llevar adelante la producción –una racionalidad peculiar asociada a la yuxtaposición de la unidad doméstica y la unidad productiva–.

Estos rasgos subrayan la singularidad de estos actores sociales que, si bien son parte del sistema social dominante y juegan en muchos aspectos según sus reglas, poseen una característica que dificulta su clasificación como típicamente capitalistas: la coincidencia en una persona o grupo de personas de la propiedad de los medios de producción y la fuerza de trabajo. Se trata de un tipo de organización económica que, a través de la combinación de algunos rasgos más tradicionales (culturales, idiosincráticos, de manejo del riesgo e incertidumbre) y ciertas flexibilidades (suministro de trabajo, herramientas propias, sacrificio de retornos), logra articular estrategias adaptativas y sostenerse en un contexto de creciente intensificación productiva vía capital y aumento de escala que pone en tensión su permanencia.

Los aspectos señalados hasta aquí forman parte, en mayor o menor medida, de las definiciones desarrolladas en ámbitos académicos y de política pública, pero existe también una definición surgida del Foro de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familiar (FONAF), que coincide en algunos puntos y señala la necesidad de articular aspectos estructurales con otros de carácter cultural o subjetivo para definir al sector. Así, la agricultura familiar es identificada como una “forma de vida” y “una cuestión cultural”, que tiene como principal objetivo la reproducción social de la familia en condiciones dignas, donde la gestión de la unidad productiva y las inversiones en ella realizadas son hechas por individuos que mantienen entre sí lazos de familia, la mayor parte del trabajo es aportada por los miembros de la familia, la propiedad de los medios de producción (aunque no siempre de la tierra) pertenece a la familia, y es en su interior que se realiza la transmisión de valores, prácticas y experiencias (FONAF, 2006: 8).

Vínculos

Recurrentemente se ha asimilado a la agricultura familiar con los pequeños productores, pero esa asociación resulta problemática. Por un lado, habiendo señalado la organización social del trabajo como el rasgo definitorio para distinguir entre tipos de unidades productivas, lo fundamental para indicar su carácter familiar será que el trabajo se articule principalmente en torno a equipos de trabajo familiar y no el tamaño de la explotación (ya que explotaciones pequeñas pueden estar organizadas en base a mano de obra asalariada –empresa pequeña– o en torno al trabajo de un solo individuo, con el apoyo eventual de contratistas de labores o trabajadores transitorios –unidades unipersonales–). Por otro, el propio concepto de tamaño requiere una reflexión acerca del modo en que se lo define, si por superficie operada, volumen producido, cantidad de familias que podría abastecer con el ingreso producido u otras opciones, cada una de las cuales posee implicancias particulares.En conjunto, la agricultura familiar es identificada como un sector que produce alimentos y commodities para el mercado interno, pero también en parte para el mercado internacional, bajo una forma particular de organización económica donde predomina el aporte de trabajo familiar y ello le imprime un carácter específico respecto del modo de entender la actividad. Otros rasgos que suelen asociarse a la agricultura familiar son el arraigo en los territorios, su aporte a la circulación de bienes (materiales y culturales) y capital por los espacios locales, su capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, el sostenimiento de esquemas productivos mixtos o diversificados y su articulación al desarrollo de sistemas agroecológicos. Se trata de unidades productivas que se insertan en los mercados a través de una diversidad de mecanismos, como canales cortos de comercialización (ferias, venta directa), cooperativas agropecuarias, acopiadores de granos y consignatarios de hacienda. Por sus características, la agricultura familiar resulta un actor social de relevancia para la provisión de alimentos y el desarrollo de los territorios pero articulado de manera subordinada al modelo agropecuario dominante, caracterizado por un alto grado de concentración de la producción asociado a las economías de escala, la implementación de paquetes tecnológicos con altos requerimientos de inversión, la producción de commodities, la especialización agrícola y el avance de los procesos de financiarización de la actividad agropecuaria.

Debates y reflexiones en torno a su pervivencia

En Argentina la aparición de esta categoría adquiere un rasgo específico respecto de lo ocurrido en Brasil, ya que puede ser caracterizada en buena medida como una creación “desde arriba” (Craviotti, 2014), más vinculada a una impronta estatal que a un reclamo de las organizaciones sociales. En ese marco, desde 2005 se desarrollaron una serie de instancias institucionales que jerarquizaron al sector como sujeto de políticas públicas específicas: la implementación del Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) (2007) y el Monotributo Social Agropecuario (2009), la inclusión de organizaciones de productores en el diseño de políticas específicas –especialmente la Federación de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familiar (FONAF)–, la creación del Centro de Investigación y Desarrollo para la Agricultura Familiar del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (CIPAF-INTA) (2005) y la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (2008) y, finalmente, la sanción de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar (27.118) (2014).

Esta institucionalidad, que fue construida sobre la base de esfuerzos estatales y académicos previos (Soverna, 2013) e implicó un relativo fortalecimiento económico y político de sectores articulados subordinadamente al modelo agropecuario dominante, puede entenderse como reflejo de la existencia de un debate, inconcluso pero de baja intensidad, respecto de los modelos de desarrollo agropecuario, el rol del Estado y los diferentes sujetos sociales agrarios en su configuración.

De modo que la agricultura familiar aparece en el escenario político en la década del 2000, pero su existencia en tanto sujeto social del agro argentino es previa. La existencia y persistencia de unidades productivas familiares a lo largo del proceso de desarrollo capitalista en el agro ha suscitado debates en torno a su peculiaridad y posibilidades de pervivencia en tanto forma de organización de la producción, que se reflejó en los clásicos debates entre las perspectivas campesinistas y descampesinistas (Tapella, 2003 y Abramovay, 1998; entre otros). En la actualidad, se registra una tendencia estructural de debilitamiento de este tipo de unidades productivas, pero matizada por una multiplicidad de trayectorias de persistencia y su relativo fortalecimiento político, productivo e institucional.

En ese sentido, resulta pertinente señalar que esa permanencia de la producción familiar se ha dado en un contexto crecientemente desfavorable para este tipo de actores económicos. Una importante cantidad de limitaciones desafían la capacidad de adaptación tanto productiva como subjetiva y de posicionamiento frente a los conflictos estructurales y el diseño e implementación de políticas.

Entre esas dificultades aparece, por un lado, la alta valorización de las tierras, en un contexto de escasa regulación estatal, que se ha reflejado en altas tasas de alquiler y la virtual imposibilidad de acceder a la compra, situación agravada por la falta de financiamiento adecuado a las posibilidades de los productores familiares (predominan las altas tasas de interés) y de políticas segmentadas y específicas para el sector. A la anterior competencia por la tierra entre productores de diferentes tamaños (en la que la producción familiar se ubicaba en posiciones subordinadas) se ha sumado la creciente puja entre los usos productivos e inmobiliarios de la tierra. Dicha puja se ha traducido en la aparición cada vez más recurrente de conflictos (sobre todo en los espacios cercanos a las grandes ciudades) y suma un condicionamiento importante debido a la escala y al poder económico y político de los diversos actores (rurales y urbanos) con los que los productores familiares rivalizan por el uso del territorio.

Por otro lado, existen diversas problemáticas asociadas a la logística y comercialización de la producción y a la posición subordinada en que se encuentran las unidades familiares respecto de las grandes empresas multinacionales que controlan el comercio exterior y la cadena agroalimentaria. Esa situación, producto en buena medida de la fuerte concentración de la comercialización y distribución se articula además a otros elementos que configuran uno de los cuellos de botella a que se enfrentan las unidades familiares: la producción de volúmenes relativamente pequeños, las deficiencias en las normativas de control de calidad y sanidad y los altos costos que implica el traslado de los productos debido al predominio del transporte automotor (en detrimento de un medio que resultaría más económico, como el tren) y la insuficiencia o escasa articulación de las redes viales.

Además, las deficiencias en infraestructura y la dificultad para acceder a servicios sociales básicos (como educación y salud) y vivienda en el medio rural representan otra limitación de gran relevancia. Las actuales condiciones de vida en el medio rural son, en general, mejores que algunas décadas atrás, pero distan mucho de las que suelen ofrecer los centros urbanos. Esto coadyuva a que la vida rural no resulte un proyecto atractivo para las familias jóvenes, lo que dificulta la renovación generacional y la posibilidad de revertir el envejecimiento de la población y la desarticulación de las redes sociales y la ocupación territorial en los espacios rurales.

Finalmente, en el plano más subjetivo, aparecen la naturalización de la matriz de pensamiento individualista, el debilitamiento de los lazos comunitarios y de las asociaciones cooperativas y la efectividad del “discurso único” del modelo agropecuario dominante, que sostiene la deseabilidad del estado de cosas actual y propone horizontes de identificación social y económica que poco tienen que ver con un agro diverso. Estos escollos resultan particularmente difíciles de sortear, ya que implican poner en cuestión el modelo agrario y el rol de los diferentes actores en el juego productivo, económico y político, tanto a nivel sectorial como nacional.

Sin embargo, las fortalezas que ha mostrado la agricultura familiar a lo largo de estas décadas de constante presión expulsora, la posicionan como un actor con especial potencial para contribuir a una construcción alternativa. Su disposición a adaptarse a los cambios productivos, tecnológicos e institucionales, su potencial como productora de commodities y alimentos para los mercados interno y externo, su arraigo en los territorios que imprime capital y moviliza las economías locales y su funcionamiento en base a sistemas productivos diversificados –o al menos mixtos– resultan rasgos particularmente significativos en ese sentido.

Bibliografía

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  1. Recibido: julio de 2019.
  2. Doctora en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Magíster en Estudios Sociales Agrarios por FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) y Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Investigadora Asistente de CONICET (Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)/Centro de Investigaciones sobre Economía y Sociedad en la Argentina Contemporánea (IESAC) de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Docente investigadora del Departamento de Ciencias Sociales-UNQ. Representante de la UNQ en el Foro de Universidades del IPAF-Región Pampeana del INTA. Contacto: nlopez@unq.edu.ar


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