(Buenos Aires, Argentina, 1936-1957)

Mónica Blanco^[2]

Definición

Organismo que estuvo a cargo de la colonización agraria en la provincia de Buenos Aires entre 1936 y 1957. Creado originariamente en 1936 por ley la 4.418, fue reemplazado en 1945 por la Dirección General de Colonización y refundado en 1948 por la ley 5.286. Fue derogado por el decreto-ley 4.699 de 1957, pasando sus funciones a ser desarrolladas por el Ministerio de Asuntos Agrarios.

Origen

La creación del Instituto Autárquico de Colonización de la Provincia de Buenos Aires (IAC) da cuenta de la importancia que la cuestión agraria asume en la provincia y, fundamentalmente, en su conducción política. Su establecimiento en 1936 como ente especialmente encargado de la colonización marca la tensión que la problemática de la tenencia de la tierra estaba generando y la imposibilidad de seguir postergando posibles respuestas. En el marco de un gobierno de corte conservador, el IAC estuvo pensado como un organismo encargado de colaborar en la generación de estrategias capaces de garantizar el acceso a la propiedad de la tierra a los productores rurales, entendiendo que de ello se derivarían beneficios económicos y sociales esenciales para el crecimiento de la provincia. Sus funciones involucraban la colonización, el arrendamiento, la administración y la venta de las tierras que adquiriera el Estado.

La gobernación de Manuel Fresco (1936-1940) tomó, desde el inicio mismo de su mandato, un compromiso explícito con la “cuestión agraria” enfatizando la crítica al latifundio en tanto escollo en la subdivisión de la tierra y la promoción del crecimiento económico. Precisamente fue el Poder Ejecutivo provincial (PE) quien envió el proyecto de creación del IAC a la legislatura bonaerense y solicitó una moción de preferencia en el tratamiento del tema por cuanto sostenía que era de “actualidad y urgencia” para toda la provincia. Sin duda era un tema que ocupaba la atención social por cuanto ya habían ingresado, previamente, al mismo recinto otros tres proyectos que esperaban ser abordados. Ello generó un largo y vehemente debate que puso de manifiesto los disímiles criterios no solo de los partidos opositores al Partido Demócrata Nacional (PDN) que respaldaba la gobernación de Fresco, sino también al interior del mismo oficialismo.

Diseño normativo inicial

La ley 4418, otorga al IAC, para el desarrollo de sus funciones, un presupuesto específico para gastos administrativos y de inversión. La conducción del organismo fue conferida a un Directorio integrado por un presidente, nombrado por el PE, y cuatro vocales, uno elegido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería e Industria y los tres restantes, designados por el Banco de la Provincia, la Sociedad Rural Argentina y el PE. En este último caso se los nombraba a propuesta de los “Productores Organizados”, aludiendo con ello a una representación supuestamente plural que pudiera incluir a representantes de los productores, posibles beneficiarios de la colonización. Sin embargo, si observamos la primera constitución del Directorio, esta vocalía fue ocupada por el presidente de la Sociedad Rural Cooperativa de Juárez, el Sr. Raúl M. Puchuri, propietario de 3400 ha. en ese partido. De modo que la concepción que de la representación de los productores subyacía en el nuevo Instituto se limitaba a reproducir la de los grandes productores y propietarios que controlaban las principales entidades corporativas del sector.

En la selección de los predios a colonizar se contemplaban como principales criterios la aptitud productiva de los mismos, su correcta irrigación y el fácil acceso a los centros de consumo. Para acreditar como adjudicatario se requería ser agricultor, argentino nativo o naturalizado con 5 años de residencia y con hijos argentinos, con disponibilidad de capital para la explotación del lote, buena conducta y moralidad acreditada. Se establecían, asimismo, niveles de preferencias vinculados a la proximidad de los postulantes con la colonia, el monto de capital disponible, el mayor número de hijos y la antelación en la formulación de la solicitud. Se requería disponer de un capital equivalente al 10% del valor del lote que debía abonarse de contado y como anticipo. En la primera Memoria de la Institución se explicitaba que esta era una exigencia que permitiría optimizar la selección de los aspirantes y asegurar su radicación. Se afirmaba que esa cuota no excedía demasiado la suma que un arrendatario abonaba en dos períodos anuales de arrendamiento. Ello indica que se trataba de una suma mayor que la pagada anualmente en concepto de arrendamiento y requería, por lo tanto, de un proceso previo de capitalización por parte del colono. Sin duda no se estaba pensando en los sectores más desposeídos, sino en los que tenían una capitalización significativa como para responder con solvencia ante la deuda contraída. En ese primer balance de gestión del IAC se destacaba que esa erogación era acorde a la condición de un “agricultor competente y laborioso”, lo cual da cuenta del sesgo elitista que el proceso adquiría.

La adjudicación se realizaba después de un período de prueba de 3 años donde el colono debía acreditar haber residido y trabajado en el predio, cumplido con el pago regular de las cuotas asignadas, realizado la inversión adecuada de capital y acatado las normas de explotación establecidas por el Instituto.

Refundación

El advenimiento del peronismo implicó cambios significativos que se tradujeron en reformas a la ley originaria y enfoques disímiles respecto de las modalidades con que era asumida la redistribución de la tierra productiva.

El gobernador peronista Domingo Mercante (1946-1952) se perfiló como referente político de la causa agraria comprometiendo directamente el accionar de su gestión con la implementación de una reforma agraria en la provincia. Para Mercante la política agraria era una problemática central y la colonización una de las ideas rectoras. Sostenía que al otorgar la propiedad de la tierra a los trabajadores directos se garantizaría el arraigo de la familia campesina, la detención de las migraciones hacia los centros urbanos y la generación de las condiciones básicas de crecimiento económico. La centralidad del tema se puso de manifiesto en los discursos de apertura de las asambleas legislativas, así como en decisiones de gestión que incluyeron, además de la creación del IAC, la instauración, en junio de 1949, de otra institución clave para el proceso de colonización: el Ministerio de Asuntos Agrarios. El gobernador hablaba de la necesidad de acercar “soluciones integrales” que definieran una política agraria capaz de superar la exclusiva división del latifundio. Incluyó así nuevos parámetros como la modernización de los medios de producción, el desarrollo del cooperativismo, la capacitación práctica de los hijos de colonos y la protección permanente del Estado como ente colonizador.

El nuevo IAC, creado por la ley 5.286, era parte de un proyecto político diferente y por ello surgió investido de atribuciones más amplias que, al contemplar aspectos sociales antes desatendidos, evidenciaba un mayor compromiso con los trabajadores del agro, a quienes se buscaba arraigar en el medio rural asegurándole mejores condiciones de vida y de sociabilidad. Así, un extenso enunciado de funciones le confería amplias atribuciones en la asistencia técnica, económica y social de los colonos. Correspondía al Instituto convenir planes de colonización con el banco provincial, asesorar en intentos de colonización privada, ensayar nuevas formas de colonización que apuntaran a solucionar el problema social del peón rural o del pequeño propietario, y facilitar asistencia técnica y material necesaria para promover el progreso y mejoramiento cultural, económico, social y moral de los colonos. Este último aspecto incluía desde el impulso a la arborización, mejoramiento agrícola y ganadero, organización del seguro agrícola o del sistema cooperativo y promoción de industrias rurales transformadoras, hasta la distribución de becas para los hijos de los colonos que desearan ingresar a las escuelas agrícolas oficiales, o la fundación de escuelas agrícolas en las mismas colonias.

Cambios institucionales

La conducción del Instituto era conferida a un Directorio, pero de una conformación diferente que le otorgaba autonomía respecto de los intereses de los sectores rurales más acomodados. La mayor innovación radicaba, precisamente, en la incorporación de la representación de los colonos. El Directorio pasaba a estar integrado por ocho miembros: un presidente, un vicepresidente y seis vocales, cargos estos últimos desempañados por el director de Agropecuaria, un representante del Banco de la Provincia, otro de la Facultad de Agronomía de La Plata, y tres elegidos por las sociedades rurales de fomento, las cooperativas agrarias y los consejos de colonos, respectivamente.

Los requerimientos para la adjudicación, así como la forma de abonar el pago de la tierra, también fueron modificados, atendiendo al sentido social de esa política pública. Ya no era prioritario disponer de un capital inicial o estar en condiciones de anticipar el pago de un 10% del valor del predio. Para acceder a la calidad de colono bastaba acreditar la condición de productor rural, no propietario, con familia a cargo y buena conducta. El anticipo inicial sería establecido por el Directorio en cada caso, no pudiendo nunca exceder el 10% del valor del lote, al tiempo que se contemplaba la habilitación de créditos especiales con tal finalidad. En tal sentido, fue habilitado el Banco de la Provincia de Buenos Aires para desarrollar líneas crediticias destinadas a fomentar pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias mixtas, y apoyar al IAC en el otorgamiento de préstamos hipotecarios.

Tales modificaciones en el diseño de esta política pública fueron la resultante de una decisión política sustentada sobre una larga militancia de la que dan cuenta las críticas que desde las mismas bases se venían registrando en relación a la primera etapa de desempeño del IAC. Así, de las 9 colonias constituidas para 1946, al menos tres fueron objeto de fuertes críticas en el ámbito de la legislatura bonaerense. Es precisamente ese debate al que aquella colonización dio lugar en el período inicial de la gestión política del peronismo el que nos posibilita comprender las formas disímiles de atender una misma problemática. La Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires fue uno de los espacios donde se explicitaron las irregularidades en relación a la implementación de colonias como Calangueyú y Rincón del Quequén, en el partido de Necochea, o Artalejos, en el partido de Laprida. Las denuncias efectuadas ponían de manifiesto procesos de adjudicación que no habrían sido transparentes, favoreciendo a sectores ya acomodados en vez de orientarse hacia los verdaderos agricultores. En el mismo sentido se hacía referencia al accionar del Centro Laborista “Juan D. Perón”, cuya intervención fue clave para reparar las condiciones de desamparo de colonos de Calangueyú que habían sido desalojados por no poder afrontar las condiciones que el Instituto exigía.

El cambio que implicó la refundación del IAC en 1948 fue producto de esa convergencia entre las demandas de las bases y la decisión de la nueva gestión provincial, consustancial al proyecto político nacional. La colonización como vía de acceso a la propiedad de la tierra era una vez más la forma de concretar este objetivo, pero ahora orientada claramente hacia los productores rurales más vulnerados y relegados a los que el primer IAC no había podido llegar, dadas las altas exigencias económicas establecidas y la discrecionalidad en las adjudicaciones.

Accionar

Si bien el peronismo marcó algunas continuidades en materia de legislación agraria e intervención estatal en relación a las políticas que se venían diseñando desde los años treinta, hay sesgos muy significativos en el diseño de las leyes, así como en su efectiva aplicación. El accionar del IAC a partir de 1948 dio clara cuenta de ello.

Durante su período de vigencia el IAC adquirió con fines de colonización 549.320 ha. Un 21,5% de las mismas fueron producto de expropiaciones realizadas durante el gobierno de Mercante. La administración anterior, en cambio, colonizó mayoritariamente sobre campos fiscales (304.713 ha) y a través de compra directa (64.997 ha) o subasta pública (35.456 ha). Los estudios realizados sobre la base de la información disponible en el Ministerio de Asuntos Agrarios permiten concluir que durante la gobernación peronista no solo se adquirieron (129.698 ha) y adjudicaron (106.069 ha) las mayores extensiones de tierras, sino que en el proceso se destacó la expropiación como vía de adquisición. Así, 104.218 ha, o sea el 80,3% de las hectáreas adquiridas, fueron incorporadas al patrimonio del Instituto por esa vía, imprimiendo celeridad a un proceso que venía siendo objeto de irregularidades y demoras. Esto marca una voluntad constituida en acción política para plasmar un objetivo de gestión orientado a democratizar el acceso a la tierra productiva poniéndola en manos de los trabajadores del agro.

Reflexiones

El funcionamiento del IAC en la provincia de Buenos Aires se vinculó a la gestión de dos gobernadores que, en momentos diferentes y desde expresiones políticas disímiles, asumieron la resolución de un tema central en una provincia esencialmente agrícola ganadera, donde la concentración fundiaria ponía de manifiesto los límites del crecimiento económico al tiempo que acrecentaba la conflictividad social.

Manuel Fresco y Domingo Mercante fueron referentes claves de ese proceso de colonización que tuvo en el IAC la institución motora. Sin embargo, la forma en que la ley fue diseñada y aplicada muestra no solo su potencial de reforma sino también sus restricciones. Éstas han estado asociadas al grado de injerencia permitida a los grandes propietarios rurales en una reforma que inevitablemente afectaría sus intereses. El primer IAC dio cuenta de una voluntad política enmarcada en un cauce conservador, con escasa disposición a conducir procesos realmente disruptivos. La coyuntura política y económica en la que se produjo la refundación del Instituto, en 1948, posibilitó avances concretos en el acceso a la propiedad de la tierra, visibilizados en un discurso político que se plasmó en la sanción de una nueva ley que ponía el eje en el protagonismo de los nuevos colonos.

El impulso fue contundente y claramente direccionado, y las precisiones sectoriales siguieron manifestándose por fuera y también por dentro de la construcción política que las alentaba. Los cambios resultaron significativos, las reacciones también y el desenlace quizás previsible. El derrocamiento del peronismo, en 1955, trajo finalmente aparejada la disolución del Instituto, tomando las políticas de colonización derroteros acordes a una realidad política signada por la preeminencia de gobiernos autoritarios.

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