(Región Pampeana, Argentina, 1988-2018)

Diego Ariel Fernández^[2]

Definición

Proceso en el que –al calor de la consecución de economías de escala– un conjunto relativamente reducido de explotaciones agropecuarias (EAP) asume el control de porciones mayores de la producción, el capital y la superficie agropecuaria; normalmente en detrimento de una mayoría de unidades que desacumula o directamente es eliminada del mapa productivo.

Origen

En el sector agropecuario el proceso de acumulación/concentración del capital se asimila a un juego de suma 0: el avance de las empresas que concentran en la mayoría de los casos requiere una ampliación de su radio de acción territorial, y por ende está necesariamente ligado –dada la limitación de la cantidad total de tierras– a la reducción o a la lisa y llana eliminación de unidades. Expresión clara de esto es la evolución en el número de EAP, que muestra una continua caída desde mediados del siglo XX, disminución que se ha acelerado marcadamente a partir de la década de 1990. En efecto, el Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 1988 registró la existencia de alrededor de 180.000 EAP en la región pampeana, el de 2002 126.000 y el de 2018 solamente 91.000; lo que evidencia una contracción de aproximadamente el 50% en el período, a razón de 8 EAP eliminadas cada día. La variación porcentual global tiende a disimular lo ocurrido con las EAP de tamaño más pequeño o las más propias de los estratos “chacareros” (Muzlera, 2013). En efecto, si se atiende a lo ocurrido con las unidades de hasta 200 hectáreas, lo que se encuentra es que la eliminación de explotaciones entre 1988 y 2018 alcanzó el 60% (de 118.000 a 47.000) (Azcuy Ameghino y Fernández, 2020; Fernández, 2018). El efecto más definitivo de esto es la constatación de que, según los números del censo más reciente, las EAP de hasta 200 ha –que constituyen el 51,9% del universo– se aglomeran en sólo el 7,4% de la superficie censada, mientras que aquellas de más de 1.000 ha –que son solamente el 12,8% de las EAP– concentran el 63% de la tierra. Dicho de otro modo, 11.646 explotaciones disponen de 31.658.219 ha, con un promedio de 2.718 ha cada una (Azcuy Ameghino y Fernández, 2020, p. 18).

La desaparición de EAP está fuertemente asociada en la región a su secular proceso de despoblamiento rural. Los mismos CNA registraron 519.000 personas viviendo en las EAP en 1988, 398.000 en 2002 y sólo 212.000 en 2018; de estos contingentes, los miembros de las familias titulares de las explotaciones cayeron en un 71% entre puntas, lo que constituye una disminución significativamente mayor que la del número de EAP, fenómeno que expresa un complemento (y a la vez un factor explicativo) del proceso de concentración, que es la opción por la vida fuera del campo, facilitada por la difusión de las nuevas tecnologías productivas y motivada por los crónicos déficits que aquejan al sector rural en materia de servicios elementales (comunicaciones, salud y educación), insuficiencia de fuentes de trabajo extraprediales, etc.

Tecnología y la organización productiva

La década de 1990 vio surgir un nuevo paradigma tecnológico (que se despliega hasta la actualidad) en la agricultura –actividad que se expandió de forma notable, desplazando fundamentalmente a la ganadería de invernada–, caracterizado por, entre otros desarrollos, una exponenciación en el uso de químicos y la acelerada difusión de la semilla transgénica y la siembra directa de los principales cultivos. Los efectos del nuevo modelo sobre la estructura socioeconómica del agro no han sido neutros, tal como lo ilustra el impacto en el reforzamiento del proceso de concentración productiva. La velocidad que tenga cada productor para aprehender los nuevos requerimientos que se van imponiendo es en sí un factor diferenciador entre explotaciones (pese a que el proceso de difusión fue sumamente veloz, debe esperarse a la primera década del siglo XXI para que el nuevo paquete se vuelva hegemónico). Ahora bien al margen de ello, se ha comprobado que la composición de la inversión que requiere el nuevo modelo afecta la continuidad de las explotaciones de tipo chacarero y demás pequeñas y medianas empresas agrarias dado que (a) requiere un mayor anticipo de capital, y por ende un mayor financiamiento, al que pueden acceder en mucho mejores condiciones los grandes capitales del ramo (Giberti y Román, 2008) y (b) por el creciente peso en el uso de agroquímicos y el deletéreo efecto que tiene sobre la contratación de mano de obra la implantación vía la siembra directa, se registra una importante tendencia al incremento de la composición orgánica del capital agrario (Fernández, 2014). Esta última opera en un doble sentido. Por una parte, aumenta el peso que tienen aquellos ingredientes de la inversión sobre los cuales la empresa grande obtiene sus principales economías de escala (Posada y Martínez de Ibarreta, 1998). Al mismo tiempo, disminuye la materia del componente –el trabajo directo– que no representa para la unidad de tipo familiar un costo contable o financiero y que, incluso, en una estrategia de supervivencia, puede ser subvaluado o directamente no contabilizado (Balsa y López Castro, 2010). Así, por esta doble vía, se genera un importante sesgo en favor de la empresa grande en la competencia por el uso del suelo.

El proceso de cambio tecnológico también tuvo su costado organizacional. La gran empresa encabezó una transformación en su manera de reunir los “factores productivos” mucho más proclive a la potenciación del capital: en el período se produce un marcado vuelco hacia la tercerización, que se expresa en un aumento del área operada por contratistas de servicios y en un resonado cambio en el régimen de tenencia del suelo en medro de todo tipo de contratos de alquiler. Poniéndole números al fenómeno, siguiendo los CNA desde 1988, se constata que el coeficiente “superficie contratada/superficie implantada” en la región ha ido en vertiginoso ascenso, pues de computarse en 0,59 (aprox.) al inicio del período trepa a 1,24 en 2002 y hasta 2,33 en 2018; mientras que, por su parte, el régimen de alquileres pasó de operar el 20,2% de la superficie agropecuaria en 1988, al 27,8% en 2002 para escalar al 38% en 2018.

Como se ha estudiado (Fernández, 2017), este tipo de emprendimientos posibilita que el organizador de la producción minimice la inmovilización de capital, maximizando el radio de superficie ocupado y, con el mismo, (a) las economías de escala que está en condiciones de obtener, y (b) la diversificación productiva y territorial y, por ende, cierto control de los riesgos productivos y de mercado. Se quiere remarcar esto en oposición a una interpretación alternativa (Anlló, Bisang y Campi, 2013) que postula el reemplazo de un paradigma (el del productor con una función de producción más “integrada” en un titular) por otro (“el campo operando en red”), visión que en opinión de quien suscribe tiende a confundir la forma con el fondo de la cuestión: el proceso de tercerización es innegable, pero sólo existe en virtud de que es la forma que le permite a la gran empresa acceder a mayores economías de escala. Por caso, hasta donde hay datos, se registra que han caído y perdido superficie de trabajo todos los estratos de EAP de hasta 500 ha que recurren a alquilar campos de terceros (dando la pauta de que no es el formato en sí lo beneficioso).

El rol de las políticas públicas

Como se señalara previamente, el motor central del proceso de concentración productiva son las economías de escala que está en condiciones de obtener el polo concentrador. Sin embargo, así como la tecnología no juega un rol neutro, tampoco las políticas públicas tienen una despreciable incidencia. Por acción u omisión las decisiones políticas pueden favorecer la concentración del capital o, por el contrario, atenuarla, acaso parcialmente desandarla.

Los años 90 fueron una década emblemática en cuanto a la presión que le impuso el gobierno a las explotaciones pequeñas y medianas (Obschatko, Foti y Román, 2007). Esto habida cuenta de la liquidación de los organismos de control y sostén que –precariamente– existían, y de la creación de nuevos costos (como el peaje en las rutas asfálticas) emergentes del proceso de privatizaciones y concesiones al capital privado (que, como punto más saliente, integró el ferrocarril general Mitre con Aceitera General Deheza, gigantesca productora de oleaginosas). Pero, sobre todo, por una política de tasas de interés positivas y elevadas (problema que retornaría con fuerza durante el gobierno de Macri) y un manejo cambiario que, como señalara Peretti (1999) inclinaba el campo de juego. El dólar sostenidamente subvaluado impactaba de forma diferente en los costos de unas y otras explotaciones, ya que mientras que abarataba maquinarias e insumos importados (o, en general, transables) –destino excluyente de los excedentes de la gran empresa en crecimiento– no frenó por largos años el aumento del IPC (Índice de Precios al Consumidor) –en especial en sus rubros de ‘servicios’–, índice con el que se deflactan los ingresos de una familia chacarera.

Luego de la caída de la Ley de Convertibilidad el Estado mostró un rostro más intervencionista en la economía, desarrollo que tuvo su expresión en el sector agropecuario pampeano vía la multiplicación de los impuestos y subsidios que lo impactan. Sin embargo, la palabra clave para leer esta nueva interacción es “indiferenciación”. El gobierno procedió como si el proceso de concentración no existiese y el campo fuese una entidad homogénea. Así, de una parte, no hubo ningún criterio diferenciador en cuanto a los principales subsidios que se dieron en esta etapa, como la pesificación de las deudas hipotecarias en 2002 o el sostenimiento de un precio controlado del gasoil ante el crecimiento a nivel internacional de la cotización del barril de crudo.

De otra parte, al calor de la devaluación y el auge de los commodities que acabaron combinándose para multiplicar los ingresos de los productores durante buena parte de lo que va del siglo XXI, se incrementaron fuertemente los impuestos. Esto ocurrió a través de la reinstalación de las retenciones agropecuarias y la desactualización de las escalas de tributos que originalmente eran progresivos, como el a las ganancias de personas físicas. La combinación de ambos fenómenos generó no sólo el esperable incremento en la presión fiscal, sino sobre todo la equiparación en la carga a diferentes tipos de productores. Pagan virtualmente lo mismo, como porcentaje de su ingreso, productores familiares que megaempresas que controlan decenas de miles de hectáreas (si bien en 2015 se registra un intento de segmentar la carga tributaria mediante el programa de estímulo a los pequeños productores de granos).

Reflexiones y debates

El avance del proceso de concentración suscita debates interpretativos, algunos de los cuales se exponen muy abreviadamente en este apartado. En primer lugar, se podría señalar el que puede surgir sobre la relación de las empresas concentradoras con los propietarios de campos. Si bien la contradicción capital/tierra es objetiva, y pese a que las economías de escala posibilitan que el gran capital agrario logre retener algo de lo que sería renta del suelo, no debe entenderse al desarrollo de aquel proceso como opuesto a los intereses de los terratenientes. Por una parte, porque en la medida en que avance el proceso y se generalice un nuevo tamaño del capital mínimo todas esas sobreganancias se convertirán en renta terrateniente, en un desarrollo que solamente se ve retrasado, más nunca inhibido. Por otra, porque las fronteras son difusas: el caso más corriente –hasta donde se tiene información– es el mixto, el de la gran empresa que, partiendo de una porción de tierra en propiedad, se expande alquilando campos de terceros. Esto, y el proceso de concentración en sí –ya se ha visto que los números sobre eliminación de explotaciones son apabullantes–, es a su vez contradictorio con la idea de que el nuevo modelo productivo ha tenido una impronta “democratizadora” en lo que hace al sector agropecuario (ver reportaje a Gustavo Grobocopatel en Guerriero, 2015).

Finalmente, se ha presentado la interpretación de que las economías de escala no juegan un papel relevante y que las explotaciones familiares difícilmente puedan ser reemplazadas por grandes organizaciones (Lema et al., 2003). Según esta perspectiva, el factor clave es la existencia de un fenómeno de riesgo moral que encarece la operatoria de la organización empresarial. Sin embargo, este encarecimiento estaría asociado a los salarios de eficiencia (más altos que lo normal para que en el temor al despido el trabajador se esfuerce óptimamente) que la empresa debiera pagar para evitar dicho riesgo moral; y tal situación resulta incompatible con el nivel salarial efectivamente vigente en la región pampeana (Villulla, 2015), considerando que los trabajadores agrícolas, en el mejor de los casos, ganan sueldos asimilables a la media de la economía.

Bibliografía

Anlló, G., Bisang, R. y Campi, M. (comps.) (2013). Claves para repensar el agro argentino. Buenos Aires, Argentina: EUDEBA.

Azcuy Ameghino, E. y Fernández, D. (2020). El Censo Nacional Agropecuario 2018: visión general y aproximación a la región pampeana. Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, 51, 5-36.

Balsa, J. y López Castro, N. (2010). La agricultura “moderna”. Caracterización y complejidad de sus formas concretas en la región pampeana. En López Castro, N. y Prividera, G. (Comps.), Repensar la agricultura familiar (pp. 45-75). Buenos Aires, Argentina: CICCUS.

Fernández, D. (2014). La alteración en el peso relativo de los componentes de las funciones productivas que implica el proceso de cambio tecnológico de la agricultura pampeana. 1992-2010. Revista de Economía Agraria (Chile), 18, 25-45.

Fernández, D. (2017). ¿“Empresas red” en la agricultura pampeana? Un enfoque inadecuado. Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, 44, 5-38.

Fernández, D. (2018). El desierto verde. Sobre el proceso de concentración en la agricultura pampeana. Buenos Aires, Argentina: Imago Mundi.

Giberti, H. y Román, M. (2008). Cambio tecnológico y evolución en los costos de producción. Realidad Económica, 235, 84-101.

Guerriero, L. (5 de agosto de 2015). El mago de la soja. El País. http://t.ly/vb7J

Lema, D., Barrón, E., Brescia, V. y Gallacher, M. (2003). Organización económica de la empresa agropecuaria: Especialización, incentivos y escala en las explotaciones pampeanas. Revista Argentina Economía Agraria, VI(1), 5-22.

Muzlera, J. (2013). La modernidad tardía en el agro pampeano. Bernal, Argentina: UNQ.

Obschatko, E., Foti, M. y Román, M. (2007). Los pequeños productores en la república argentina. Importancia en la producción agropecuaria y en el empleo en base al Censo Nacional Agropecuario 2002. IICA-SAGPyA, Serie Estudios e Investigaciones, 10, 1-155.

Peretti, M. (1999). Competitividad de la empresa agropecuaria argentina en la década de los ’90. Revista Argentina de Economía Agraria, Nueva Serie, II(1), 27-42.

Posada, M. y Martínez De Ibarreta, M. (1998). Capital financiero y producción agrícola: los pools de siembra en la región pampeana. Realidad Económica, 153, 112-135.

Villulla, J. M. (2015). Las cosechas son ajenas. Ituzaingo, Argentina: Cienflores.

---