(Tucumán, Argentina, siglos XIX-XX)
María Celia Bravo[2]
Definición
Es un productor independiente dedicado al cultivo de la caña de azúcar que mantiene una relación contractual —no salarial— con los ingenios. La heterogeneidad del sector impide caracterizarlo como una clase social o una categoría socio-profesional. De todos modos, a lo largo del tiempo adquirió una identidad grupal por los lazos que entabló con otros sujetos del complejo azucarero —industriales y trabajadores—, por su capacidad para esgrimir un discurso reivindicatorio sustentado por sus asociaciones representativas y por las modalidades de acción colectiva utilizadas.
Origen
La modernización de la agroindustria azucarera tucumana, principal región productiva de la Argentina, se configuró en paralelo al auge agroexportador de fines del siglo XIX. La tecnificación y el incremento productivo fueron alentados por tarifas protectoras al azúcar, la conexión ferroviaria, la expansión del mercado doméstico y el crédito bancario, además del proporcionado por las compañías fabricadoras de maquinarias. En ese contexto, se erigieron modernos ingenios que reemplazaron a los tradicionales trapiches de madera, se incorporaron mejoras parciales como los trapiches de hierro, las centrífugas y se instalaron ingenios llave en mano.Una singularidad de este proceso consistió en que el concentrado núcleo de industriales no logró desplazar a los propietarios de la tierra, labradores de fundos orientados simultáneamente a la subsistencia y al mercado regional.
Las hipótesis en torno al origen de los cañeros y su persistencia en el universo azucarero tucumano ha llamado la atención de los estudiosos. Emilio Schleh (1945) consideraba que los plantadores de caña surgieron y se multiplicaron con los modernos ingenios. Su núcleo originario fueron los propietarios de trapiches domésticos que no lograron acceder al estadio industrial y se concentraron en el cultivo de la caña de azúcar. Esta visión era semejante a las explicaciones sobre el origen del colonato cubano, conformado por productores de caña de azúcar que crecieron al influjo de la eliminación del sistema esclavista y de la aparición de los ingenios centrales a fines del siglo XIX (Santamaría García, y García Mora, 1999). Esta versión fue adoptada por Romain Gaignard (2011) al observar que la expansión azucarera fue acompañada por la preservación e incluso el desarrollo de la explotación cañera. Otro factor insoslayable que explica la persistencia del sector cañero reside en la resistencia campesina a la proletarización, expresada en la negativa de los productores a trabajar tierras que no fueran propias. Debe computarse además el incentivo que representó el incremento del precio de la materia prima en la década de 1890 debido a las necesidades de materia prima derivadas del crecimiento productivo (Bravo, 2008). Tales condiciones contribuyeron a la formación de los cañeros.
Su lugar en la estructura productiva y en la política pública
Dentro de la estructura productiva azucarera, el universo de plantadores incluía a productores de distintas escalas, desde los grandes cultivadores —que también eran profesionales o comerciantes— hasta el modesto labrador propietario de pequeños fundos. Existía otro sector de cultivadores denominados colonos que laboraban las tierras de los ingenios según sus directivas (tiempo de cosecha, de cultivo, tamaño de los surcos, tipo de semilla, etc.). Se trataba de una forma descentralizada de explotación de los fundos de los establecimientos azucareros que se desarrolló a finales del siglo XIX, al influjo de la falta de mano de obra. El colono era responsable de reclutar sus trabajadores, aunque algunas fábricas explotaron sus tierras de manera directa (Juárez Dappe, 2010). A diferencia del colono, dependiente de las fábricas; el cañero, por lo general propietario de sus tierras, organizaba su labor según su criterio. Para diferenciarse de los colonos, los cañeros se identificaron como productores independientes, vocablo que definía la relación libre entablaba con los ingenios.
¿Cómo se configuró este sector como grupo reivindicativo dada su amplia diversidad social? La respuesta radica en su compleja relación con el ingenio. Industriales y cañeros constituyeron una suerte de “sociedad” comercial que no se desenvolvió armónicamente. Los industriales trataron de controlar el proceso productivo expandiendo sus plantaciones con el objetivo de reducir el número de cañeros abastecedores y controlar el precio de la caña. Para los cañeros grandes y medianos (con capacidad de derivar su cosecha a los ingenios que ofrecieran mejores precios) era evidente que el avance de los industriales en el estadio agrario modificaba las condiciones del mercado de la materia prima. En consecuencia, desarrollaron una representación del sector centrada en la fragilidad de la posición cañera en relación con los establecimientos azucareros. Tal visión promovió, como contrapartida, la unidad de los plantadores en la defensa de sus intereses. La confluencia de grandes, medianos y pequeños propietarios en torno a reivindicaciones concretas favoreció la capacidad de resistencia cañera, puesto que los reclamos realizados al principio por medianos y grandes propietarios fueron respaldados por los pequeños productores.
Las crisis de sobreproducción constituyeron un factor amenazante para la supervivencia del sector cañero. En 1925, debido a la caída del precio del azúcar y de la materia prima, los medianos y pequeños plantadores desplegaron un movimiento de lucha contra los ingenios que culminó con la primera huelga agraria en 1926. El litigio se resolvió con el Laudo Alvear que asumió las demandas cañeras al concluir que los costos productivos y fabriles eran equiparables, en consecuencia, debía repartirse en partes iguales el precio del producto elaborado. El Laudo contribuyó a consolidar y desarrollar la presencia de los plantadores, especialmente de los pequeños cañeros.
Durante la década de 1930 se implementaron leyes de regulación de la producción de carácter provincial que eximían del recorte productivo a los pequeños productores cañeros. La legislación revelaba la gravitación de los plantadores en la política provincial y su interés por normativas de carácter distributivo. Dentro de tales marcos, el número de explotaciones se multiplicó: 14.690 en 1937 y 18.977 en 1946 con una fuerte presencia de fundos de 0 a 5 has, el 76 % del total en ese último año. Se trataba de pequeños productores, que laboraban sus tierras ayudados por mano de obra familiar, con escasa o ninguna tecnificación.
El gobierno peronista (1946-1955) nacionalizó la política azucarera y otorgó al Estado una posición dominante en la actividad: fijaba el precio del azúcar, los salarios de los trabajadores, el volumen de azúcar fabricado según región productiva, la rentabilidad de los comercializadoras y las cuotas de entrega al mercado interno. A partir de 1949, el peronismo aplicó una política de racionalización azucarera que se formalizó con la creación de la Dirección de Azúcar y la formación del Fondo de Regulación Azucarera, alimentado por un impuesto sufragado por ingenios y comercializadores de azúcar, que se destinaba a compensar a las unidades fabriles de mayores costos, que eran por lo general los ingenios tucumanos, situados en una zona de menores rendimientos sacarinos (porcentaje de azúcar producido por la planta en función de las condiciones agroecológicas.). La creación del Fondo Regulador Azucarero impulsó la confrontación de la industria salto-jujeña (integrada por 5 ingenios integrados abastecidos con sus propias plantaciones) con la industria tucumana por el control del mercado interno.
La década de 1960 fue superavitaria en materia de azúcar. La situación determinó la caída de los precios del azúcar y de la caña, la descapitalización de la agroindustria tucumana debido a la política azucarera implementada y al desfinanciamiento del Fondo Regulador Azucarero. Con la caída del peronismo, los ingenios salto-jujeños dejaron de aportar al organismo y realizaron un recurso administrativo por considerarlo anticonstitucional. En 1961 los plantadores, arruinados por las deudas de los ingenios, declararon la huelga cañera que culminó con una masiva manifestación en San Miguel de Tucumán, denominada la “marcha del hambre”. En esta protesta participaron 23.000 productores pertenecientes a la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT). En tal contexto, la entidad radicalizó su discurso: cuestionó a los industriales por transferir el peso de la crisis a los plantadores, puso en duda su capacidad para liderar las demandas de la agroindustria tucumana frente a la ofensiva de los ingenios salto-jujeños y reclamó el pago de las deudas de las empresas por las pasadas zafras de 1959 y 1960. El movimiento cañero terminó con una victoria pírrica, las deudas de los ingenios se saldaron parcialmente y el incumplimiento se mantuvo debido a las dificultades financieras de la agroindustria.
En 1965 una nueva crisis de sobreproducción colocó a la industria azucarera tucumana al borde del colapso. La situación se agravó cuando en 1966 la dictadura de Onganía, a través del decreto-ley 16.926, intervino 7 ingenios con el objetivo de clausurarlos. Finalmente, la crisis produjo el cierre de 11 establecimientos azucareros, ante la falta de financiamiento para la zafra. Además, el decreto-ley 17.163 de 1967 determinó la expropiación compulsiva de cupos a los pequeños cañeros de hasta 3 ha, medida que expulsó alrededor de 10.000 productores de la actividad, sin contemplar para esa franja una alternativa productiva viable. La medida distorsionó el mercado de comercialización de la caña: creó un restringido circuito legal, mientras configuraba otro en negro que deprimió aún más los precios de la materia prima. Los efectos sociales de dicha política se reflejaron en la desocupación y en la emigración, decisión que afectó a las comunidades cañeras campesinas. Al mismo tiempo, se estipuló que el sector cañero no tendría coparticipación en lo producido por el azúcar y sus subproductos, la medida anulaba las fórmulas distributivas del Laudo Alvear de 1927-1928 para el pago de la materia prima y la melaza. Dicha decisión perjudicó a medianos y grandes plantadores y favoreció a los ingenios.
Los cañeros lograron revertir esta normativa durante el período 1973-1976 donde se adoptaron medidas reguladoras en beneficio del sector, pero la dictadura de 1976 retrotrajo tales políticas. En dicho contexto, la participación de los cañeros en el precio del azúcar retrocedió hasta alcanzar el 37 %, porcentaje que contrastaba con el 67 % logrado durante el peronismo (1973-1976). Con el retorno a la democracia durante la etapa de Alfonsín se implementó un sistema de maquila donde el cañero se transformó de productor vendedor de caña en contratante del servicio de molienda al pagar con azúcar al ingenio. La normativa obligó al productor a internarse en el complejo sistema de comercialización del producto elaborado a través de la formación de cooperativas de comercialización. Este sistema perjudicó a los pequeños cañeros que accedieron en menor medida a la maquila.
El golpe definitivo al pequeño productor, se materializó en 1991 cuando se dispuso la desregulación de la agroindustria azucarera. El universo de productores de caña se modificó profundamente. Los pequeños productores se proletarizaron y se sometieron a la multiocupación (Giarraca y Aparicio, 1991). Sin embargo, no se corrigieron las asimetrías del campo cañero -al contrario, se intensificaron frente la concentración de la propiedad rural-, los minifundistas desaparecieron del escenario productivo y sus fundos se articularon a la actividad como depositarios de mano de obra. En ese contexto, emergió un nuevo actor cañero de características empresariales que incrementó los rendimientos sacarinos al adoptar nuevas variedades de caña y utilizar abonos. Se generalizó el uso de cosechadoras integrales que otorgaron a la actividad azucarera un aspecto diferente, sin trabajadores rurales permanentes y con menos días de zafra. Las nuevas condiciones no han resuelto los problemas de la agroindustria, cifrados en el bajo precio del azúcar y del alcohol, su principal subproducto.
Bibliografía
Bravo, M. C. (2008). Campesinos, azúcar y política: cañeros, acción corporativa y vida política en Tucumán (1895-1930), Rosario, Argentina: Prohistoria.
Bravo, M. C. (Coord.) (2017). La agricultura: actores, expresiones corporativas y políticas. Buenos Aires, Argentina: Imago Mundi.
Gaignard, R. (2011). Una especulación tropical en crisis: las plantaciones de caña de azúcar en Tucumán (Argentina). Travesía, 13, 165- 215.
Giarraca, N. y Aparicio, S. (1991). Los campesinos cañeros: multiocupación y organización. Buenos Aires, Argentina: Universidad de Buenos Aires.
Juárez Dappe, P. (2010). When the sugar ruled. Ohio, USA: Ohio University Research.
Schleh, E. (1945). Noticias históricas del azúcar en la Argentina. Tucumán, Argentina: Centro Azucarero Argentino.
Santamaría García, A. y García Mora, L. M. (1999). Colonos. Agricultores cañeros, ¿clase media rural en Cuba? 1880-1898. Revista de Indias, 58(212), 139-140.
- Recibido: julio de 2019.↵
- Doctora en Historia por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Profesora titular de Historia Argentina de la carrera de Profesorado y Licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras (UNT). Directora del Doctorado en Humanidades (UNT). Se desempeña como investigadora independiente del CONICET (Conejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) en el Instituto Superior de Estudios Sociales (CONICET-UNT-ISES). Contacto: mceliabravo@hotmail.com↵
