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Soberanía alimentaria[1]

(América Latina, 1996-2020)

Diego Monton[2]

Definición

Propuesta política para enfrentar el hambre y sus consecuencias. Es una ética de vida vinculada al derecho de los pueblos a una alimentación saludable, nutritiva y adecuada culturalmente, basada en alimentos producidos de forma ecológica y sustentable. Incluye el derecho de los pueblos a producir sus propios alimentos y decidir su propio sistema agroalimentario, priorizando la participación y necesidades de las personas involucradas (productores, distribuidores y consumidores) por sobre los intereses de las empresas y mercados.

Origen y antecedentes

El concepto de soberanía alimentaria —extendido globalmente— no se originó en los ámbitos académicos, aunque éstos lo han adoptado para sus estudios. En tanto concepto nativo, está lejos de responder a una definición precisa, exhaustiva y excluyente, destacándose por su dinamismo. Es decir, emerge como resultante de un proceso de construcción colectiva, participativa, popular y progresiva que resguarda a las organizaciones campesinas de las políticas agrarias neoliberales. En su proceso histórico ha sido apropiado –en instancias sociales, institucionales y de gobernanza—, adquiriendo, en muchos casos, carácter normativo respecto a las políticas agrarias y alimentarias.

El concepto fue lanzado por las organizaciones de la sociedad civil en 1996. Particularmente, el movimiento social internacional Vía Campesina —compuesto por más de 200 millones de miembros nucleados en 182 organizaciones distribuidas en 81 países, representa a campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, mujeres y jóvenes del campo, indígenas, sin tierra y trabajadores agrícolas— lo incorporó al debate público en el Foro de la Organización de la Sociedad Civil de Roma. La declaración final de este foro, Beneficio para pocos o comida para todos, fue presentada en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación organizada por la FAO ese mismo año.

El concepto surgió como una réplica de las organizaciones campesinas frente a las presiones de la Organización Mundial del Comercio (OMC, creada en 1995) sobre las políticas agrícolas y agroalimentarias para liberar el mercado y eliminar las barreras proteccionistas nacionales. En este contexto, la soberanía alimentaria proporcionaba una alternativa frente al neoliberalismo y la globalización, y se propuso como respuesta superadora al término seguridad alimentaria. Este último había ganado protagonismo dentro de la comunidad internacional en la década de 1970 en su interés por garantizar el derecho a la alimentación —incluido dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948— y por revitalizar las discusiones sobre el hambre, la pobreza y la brecha entre ricos y pobres. Un aporte significativo al debate había provenido del brasileño Josué de Castro quien, elegido presidente del Consejo de la FAO en 1952, consolidó —en base a su obra Geografía del hambre traducida a más de 40 idiomas— la idea de que el hambre constituía un problema social, resultante de la forma de organización social de la producción y la distribución de los alimentos. Para ello demostró que en Brasil había más hambre en las regiones de mayor productividad de alimentos que en las de menor productividad.

En base a estos antecedentes, en 1975, la FAO definió a la seguridad alimentaria como la “Capacidad en todo momento de aprovisionar a todo el mundo con productos básicos, de modo que se pueda sostener un crecimiento del consumo alimentario, soportando las fluctuaciones y los precios.” (Gordillo, 2013, p. 2). De este modo, con cierta ambigüedad, se la asociaba con la posibilidad de asegurar la disponibilidad de comida, no poniendo en discusión dónde, quién y en qué condiciones la producía. De allí que, para La Vía Campesina, el sentido que la OMC le atribuía a la seguridad alimentaria no orientaba las acciones urgentes que la gravedad de la situación requería. La organización entendía, y aún entiende, que la crisis alimentaria no respondía a una falta de productividad, ya que la producción global superaba las necesidades (ETC GROUP, 2017, p. 15). En otras palabras, el problema no era de disponibilidad de alimentos sino de accesibilidad. El problema radicaba en cómo y quiénes tomaban las decisiones sobre los sistemas agroalimentarios.

Consolidación de una lucha colectiva

Desde su lanzamiento, el concepto se ha vuelto una referencia insoslayable en el discurso sobre las problemáticas alimentarias, en particular entre los movimientos sociales, y se ha enriquecido a la par de la celebración de varios eventos mundiales y regionales. Un hito en la evolución ocurrió en 2007, a raíz de la conferencia mundial de soberanía alimentaria realizada en Mali. En tal ocasión se consolidó, de la mano de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y La Vía Campesina, una gran alianza con otros movimientos sociales (de pescadores, pastores, mujeres del campo y de ciudad, consumidores, ambientalistas, nutricionistas, investigadores, científicos, movimientos de salud pública) y con gobiernos progresistas, los que construyeron colectivamente un nuevo entendimiento sobre soberanía alimentaria. Allí nació el Foro Internacional de Nyéléni —principal plataforma y punto de referencia internacional para los debates—, el cual la definió como:

el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas (Nyéléni – Vía Campesina, 2006).

El CIP (Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria) —una red de más de 2.000 ONGs y Movimientos Sociales emanados de un proceso internacional de consulta de la Conferencia Mundial de la Alimentación de 1996— incorporó a esa definición un matiz:  soberanía alimentaria “es el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, laborales, pesqueras, alimentarias y de tierra de forma que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas” (Windfuhr y Jonsén, 2005, p. 13).  

En diciembre de 2018, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó y adoptó la Declaración Internacional de los Derechos Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Áreas Rurales. Poco antes, había asociado la soberanía alimentaria a los objetivos de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En cuanto a su cristalización normativa, Ecuador fue el primer país en reconocer, en 2008, la soberanía Alimentaria en su Constitución. Desde entonces, otros países han seguido  ejemplo, incluyendo Senegal, Mali, Bolivia, Nepal, Venezuela y, el más reciente de todos, Egipto (2014). Esta incorporación legal significa que los Estados deben desarrollar políticas públicas tendientes a su materialización. En el caso de la Argentina, sancionó en 2014 la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar Campesina Indígena (N° 27.118), que en su artículo 1° explicita: “Declárese de interés público la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva”.

Agenda programática

La agenda programática de la soberanía alimentaria comprende la promoción de mercados justos, solidarios y de cercanía; el uso de técnicas productivas tradicionales que respeten la biodiversidad productiva y cultural; y la prioridad a la producción agrícola local de base familiar para alimentar a la población. En abierto desafío a los sistemas de producción basados en cadenas y al modelo de agronegocios, alienta diversas formas de organización de productores y consumidores ancladas en redes locales. También impulsa el desarrollo de la agroecología, herramienta teórica y práctica que motiva la creación de escuelas e institutos educativos y experimentales en todo el mundo, y la participación comunitaria en las instancias de producción, elección y acceso a la información acerca de qué y cómo producir, y consumir. Por ejemplo, muestra especial interés por la divulgación de información sobre las consecuencias ambientales y sanitarias negativas del uso intensivo de los agrotóxicos.

Dentro de las acciones y políticas programáticas que se engloban en el marco de la soberanía alimentaria podemos resaltar el acceso a los recursos esenciales: tierra, agua de riego, semillas y tecnología apropiada. La posibilidad de llevar adelante sistemas alternativos de producción supone un acceso amplio y equitativo a la tierra y otros recursos naturales, respetando su función social.  Asimismo, la presión de las corporaciones para avanzar en la privatización de las semillas y el material genético ha devenido en otra reivindicación: la defensa del derecho a las semillas, en base a la premisa de que éstas constituyen un patrimonio de los pueblos al servicio de la Humanidad.

Estas ideas traen al centro del debate la importancia de los sistemas de producción campesinos y de agricultura familiar. De hecho, los campesinos son los principales proveedores de alimentos para más del 70% de la población mundial y producen esta comida con menos del 25% de los recursos (agua, suelo, combustibles, etc.). En contraste, la cadena alimentaria agroindustrial utiliza más del 75% de los recursos, genera las principales emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y provee de comida a menos del 30% de la población mundial (ETC GROUP, 2017).

El proceso de reconocimiento formal del rol de la Agricultura Familiar en la lucha contra el hambre puede verificarse en el impulso que la FAO le dio con la declaración del año internacional de la Agricultura Familiar en 2014 y el Decenio de la Agricultura Familiar entre 2018 y 2027. La Declaración de los Derechos Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales establece en su artículo 15 que:

Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen el derecho a definir sus propios sistemas agroalimentarios, reconocido por muchos Estados y regiones como el derecho a la soberanía alimentaria. Éste engloba el derecho a participar en los procesos de adopción de decisiones sobre la política agroalimentaria y el derecho a una alimentación sana y suficiente, producida con métodos ecológicos y sostenibles que respeten su cultura.

Pero la dinámica de los sistemas agroalimentarios continúa en tensión y disputa. De allí que los movimientos populares, y particularmente la Vía Campesina, articulen su estrategia en el plano de la gobernanza y en el de la movilización, a fin de sostener en agenda y sensibilizar a más sectores de la sociedad. Para crear conciencia, el 16 de octubre, que coincide con el día internacional de la alimentación para la FAO, fue proclamado como día internacional de la soberanía alimentaria.

Soberanía alimentaria y agroecología

Tal como se ha mencionado, la propuesta de soberanía alimentaria va de la mano con la agroecología y su promoción, destacando los siguientes valores / acciones:

  • La protección y desarrollo del mercado local, promoviendo mercados de cercanía y garantizando una política de precios acordes a los costos de producción para garantizar el nivel de vida adecuado de los productores y el acceso a los alimentos de los consumidores.
  •  La participación de los campesinos en la construcción e implementación de las políticas agrarias, así como de los consumidores y la población en general en la elaboración de las políticas de acceso y comercio de los alimentos
  • El límite al tamaño máximo de la propiedad y posesión de la tierra; y garantizar el principio del provecho de toda sociedad sobre los bienes de la naturaleza, agua, y biodiversidad.
  • La reformulación del papel del Estado para que él ordene el proceso de soberanía alimentaria, garantizando su producción y distribución en todas las regiones del país. Control directo del gobierno sobre el comercio exterior (importación/exportación) de alimentos y sobre las tasas de interés y de cambio. Implementar un amplio programa de pequeñas y medianas agroindustrias instaladas en todos los municipios del país, en la forma de cooperativa.
  • La garantía de stocks reguladores de alimentos saludables, por parte del estado, para garantizar el acceso a toda la población.
  • La Garantía sobre el libre uso, conocimiento y mejoramiento de las semillas de parte de toda la población y especialmente de las familias campesinas, la biodiversidad y la diversidad de especies y variedades.

Reflexiones finales

La soberanía alimentaria, como concepto, termina de adquirir su significado en cada comunidad, cada municipio, cada región y cada pueblo. Cada uno detenta el derecho y el deber de producir sus propios alimentos. Siendo la soberanía alimentaria construida a partir de la soberanía popular, es absolutamente incompatible con cualquier estrategia que intente colocar los intereses privados de lucro por sobre los intereses de la población.

América Latina es la región más desigual del mundo, con mayor concentración de la tierra. Sólo pensemos que, según OXFAM (2016) el 1 % de los propietarios concentra más de la mitad de la superficie agrícola. Dicha situación, agravada por el avance del capital financiero sobre las economías y los bienes comunes, impone la transformación de los alimentos en una mercancía cuyo objetivo no es alimentar sino maximizar el lucro y la acumulación de capital. De allí que se erija el imperativo de lograr cambios radicales en los sistemas agroalimentarios, que incluyan una reforma agraria popular que democratice la tierra y ponga en el centro los mercados locales y de cercanía y otras dinámicas de comercio justo en las cuales el objetivo primordial sea la obtención de alimentos sanos a precios justos para todos y todas. Esto requeriría de una gran alianza social y política, urbana y rural, que pueda enfrentar los intereses concentrados y corporativos. La soberanía alimentaria entonces necesariamente demanda una transformación estructural, económica social y política que priorice el derecho a la alimentación por sobre la propiedad privada.

Bibliografía

Coordinación Europea Vía Campesina (2018). ¡Soberanía alimentaria YA! Una Guía por la soberanía alimentaria. Bruselas, Bélgica. Recuperado de http://t.ly/6tPC

ETC GROUP (2017). ¿Quién nos alimentará? ¿La red campesina alimentaria o la cadena agroindustrial? Recuperado de http://t.ly/ydwq

Gordillo, G. (2013). Seguridad y Soberanía Alimentaria (Documento base para la Discusión). FAO. Recuperado de http://t.ly/hNfX

Nyéléni – Vía Campesina (22 de septiembre, 2006). La soberanía alimentaria, un futuro sin hambre. Recuperado de http://t.ly/oDqW

OXFAM (2016). Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina. Oxford, UK: Oxfam GB. Recuperado de http://t.ly/8iLO

Rodríguez, F. (2014). Presentación de Francisca Rodríguez en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Roma, Italia. Recuperado de http://t.ly/88gO

Rodríguez, F. (2016). La Soberanía Alimentaria se abre paso en el mundo. América Latina en movimiento, 512, 4-5.

Stedile, J. P. (2012). Reflexiones sobre las tendencias del capital en la agricultura y los desafíos del movimiento campesino de América Latina. México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de http://t.ly/D2xK

Stedile, J. P. y Martins de Carvalho, H. (2010). Soberanía Alimentaria: una necesidad de los pueblos. Recuperado de http://t.ly/6xPc

Vía Campesina. Campaña contra los agrotóxicos y por la vida. Recuperado de http://t.ly/sZX1

Vía Campesina. Campaña de semillas. Patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Recuperado de http://t.ly/njoZ

Vía Campesina. La Vía Campesina: Escuelas y Procesos de Formación en Agroecología. Recuperado de http://t.ly/p4gD

Windfuhr, M. y Jonsén, J. (2005). Soberanía Alimentaria. Hacia la democracia en sistemas alimentarios locales. Warwickshire, UK: ITDG Publishing. Recuperado de http://t.ly/59Jy


  1. Recibido: junio de 2020.
  2. Ingeniero Agrónomo por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) Somos Tierra. Miembro de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza. Integrante del Colectivo Internacional de Derechos Campesinos de la Vía Campesina que participó de las negociaciones dentro de la ONU sobre la declaración Docente de la Escuela Campesina de Agroecología del Centro de Educación Formación e Investigación Campesina (CEFIC-Tierra). Contacto: diegomonton@gmail.com.


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