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Asociación Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR)[1]

(Argentina, 2003-2020)

Gabriel Fernando Carini[2]

Definición

Es una entidad que expresa las formas asociativas que emergieron con el agronegocio en Argentina. Surgió como una estrategia asociativa para favorecer el posicionamiento de la producción de maíz y sorgo, la cual, con un criterio transectorial, reúne a los diversos actores que integran la cadena de producción de esos cereales. Esta amplitud de intereses le otorga características específicas a sus prácticas, que combinan elementos vinculados con las tradicionales entidades gremiales –focalizadas en la mediación política con el Estado– con rasgos asociados a las entidades técnicas –más interesadas en la innovación y el conocimiento–.

Origen

La red de representación de intereses rurales en Argentina se caracterizó históricamente por la presencia de asociaciones de tipo gremial, es decir, que tenían por objeto la defensa y reivindicación de los intereses de su base social. Estas entidades propiciaban distintos mecanismos de mediación política frente al Estado. Algunos de ellos poseían la capacidad de reconfigurar el campo político, como las acciones de protesta, que en ocasiones trascendían lo sectorial y se integraban a frentes o bloques inter-empresarios.

Con la configuración y vigencia del agronegocio emergió una nueva institucionalidad que desplazó el carácter gremial de sus modelos organizativos y promovió como eje de su quehacer novedosas maneras de operar colectivamente dentro del aparato productivo, mediante asociaciones estructuradas en torno a modernas tecnologías, rubros específicos de producción y, eventualmente, nuevos modelos productivos (Lattuada, 2006; Flood, 2005). El conjunto de asociaciones propició modalidades sustancialmente diferentes, no solo de presentarse en el espacio público, sino también en las finalidades y formas organizativas. Muchas de estas asociaciones surgieron con el propósito de favorecer la implementación de prácticas agronómicas específicas o bien fomentar la producción de determinados bienes agrícolas (Carini, 2018). Así, durante la década de los 2000 se crearon entidades como la Asociación Argentina del Girasol (ASAGIR, nacida en 1980 aunque en 2000 integró verticalmente a la cadena de valor), la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar, 2003-2004), la Asociación de la Cadena de Soja Argentina (ACSOJA, 2004) y la Asociación Argentina de Trigo (ArgenTrigo, 2011).

Fueron estas entidades las que han encarnado más decididamente las orientaciones del nuevo patrón productivo, al asumir la transectorialidad como necesidad organizativa. Se han denominado como hiperalianzas, es decir, como representaciones pluricategoriales que atraviesan distintos colectivos y son funcionales a la construcción de un posicionamiento estratégico en el diálogo con otros actores, en particular el Estado. Este tipo de red contribuye a generar un efecto de cohesión y unidad en el sector, otorgándole una imagen de coherencia y consenso en la dirección y determinación de los objetivos que persiguen, en particular, a la hora de articular demandas específicas que hacen a la producción y a las consecuencias de las políticas públicas (Córdoba, 2013, p. 265). De esta forma, la presencia de estos nuevos actores apuntaló el proceso de complejización y fragmentación que se registraba en la red de representación de intereses rurales a mediados de la década de 1990 (Lattuada, 2006). No obstante, no hay que pensar las prácticas impulsadas por estos actores como lógicas excluyentes, sino que, por el contrario, es preciso atender a las solidaridades que se construyeron y a los fenómenos de multi-representación asociativa.

MAIZAR fue presentada en sociedad en diciembre del año 2003 y fundada en marzo de 2004 como una asociación que integraba a todos los actores de la cadena de valor del maíz y sorgo de Argentina. La noción de cadena de valor se institucionalizaba en su modelo organizativo y era pensada como una herramienta para potenciar las posibilidades de posicionamiento estratégico de las commodities agrícolas en un contexto macroeconómico que se presentaba promisorio. Las consideraciones sobre mejorar la performance de los diversos componentes de la cadena estuvieron en el origen de la entidad. El diagnóstico de la situación de la dirigencia que impulsó su creación partía de la necesidad de superar las caídas sucesivas que venía registrando el área sembrada y el volumen del cultivo del maíz en las campañas agrícolas y del reconocimiento de las potencialidades que la industrialización del mismo abría para las economías de los países productores. En la raíz de este problema se encontraba “la caída de competitividad de algunos eslabones de la cadena del maíz argentino”. Así, los objetivos que asumía la asociación consistían en trabajar sobre la generación de información “útil y precisa para que cada eslabón mejore su operatoria y competitividad” (MAIZAR, 2006).

Estructura organizativa

La asociación pretendía trabajar a partir de la noción de “estructura sin fronteras”, es decir, de un modelo de circulación de la información donde no existiera un límite definido entre el interior y el exterior de la institución y, por ende, en donde cada actor pudiese “liberar el crecimiento y desarrollo hasta su máxima expresión”. En este sentido, uno de los rasgos característicos de esta institucionalidad es la flexibilidad y apertura que le posibilitan estas innovaciones organizacionales, dado que pueden introducir cambios de forma rápida a su estructura organizativa, lo que supone la posibilidad de realizar alteraciones en sus roles y funciones y, en particular, en las modalidades de vinculación con otros actores. Esto no implica dejar de lado la coordinación vertical –de hecho, su estructura se presenta similar a la de otras organizaciones empresarias más tradicionales en donde existe una dirección ejecutiva y un consejo directivo– sino que se propone lograr una coordinación lateral entre eslabones de la cadena o entre comisiones de trabajo a los fines de que los asociados conozcan las posibilidades de interacción entre ellos. Esa sinergia recaía sobre el trabajo en comisiones, que inicialmente eran cinco y respondían, a grandes rasgos, a los actores involucrados: 1) empresas agropecuarias, 2) producción, ciencia y tecnología, 3) industria, 4) comercialización y 5) comunicación. Esta construcción institucional buscaba, en la prédica de la dirigencia, servir como un agente de cambio para que toda la cadena del maíz generara nuevos puntos de contacto e intercambio y así “promover el espíritu emprendedor, la confianza, la comunicación y la mejora continua a todo su largo y ancho” (MAIZAR, 2006).

Otro elemento innovador fue el carácter abierto de sus esquemas organiza­cionales, que hace referencia a, por ejemplo, la incorporación de empresas vinculadas con el sector agropecuario como asociadas. Si bien la comisión directiva debía estar compuesta por productores agro­pecuarios, que son los que tenían voz y voto en las asambleas, se incluyó, desde el inicio, la posibilidad de incorporar como socios a empresas tanto del sector privado como público (Bocchicchio y Cattáneo, 2005; Gras y Hernández, 2013a). Esto se plasmaba de forma contundente en la organización de MAIZAR.

Si observamos sus eslabones encontraremos que entre sus asociados se hallan los principales actores del agronegocio que han tenido un rol fundamental en su penetración y legitimación en Argentina. A modo de ejemplo, en el eslabón productivo identificamos a empresas como MSU Agro y el Grupo Tejar y también entidades agrarias gremiales y técnicas como la Sociedad Rural Argentina (SRA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Asociación Argentina de Siembra Directa (AAPRESID) y la Asociación Argentina de Consorcios de Experimentación Agrícola (AACREA); en el vinculado a la provisión de insumos y la biotecnología se integraron la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), FERTILIZAR y empresas como Dow, Monsanto, Nidera, Pionner, Syngentta, Advanta,  Bayer, Basf. El eslabón de la comercialización cuenta entre sus asociados a las Bolsas de Cereales de los centros más significativos como Buenos Aires, Córdoba y Bahía Blanca; la Bolsa de Comercio de Rosario y empresas como Cargill, Morgan, García Mansilla y Gear. En tanto que el de la industria incluye a diversas cámaras y centros industriales como el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA); la Cámara Argentina de Engordadores de Hacienda Vacuna (CAEHV); la Cámara de Industriales de Maíz por Molienda Seca (CAFAGDA); la Cámara Argentina de Fructuosas, Almidones, Glucosas, Derivados y Afines; la Asociación de Productores de Leche (APL); la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros (CACF) y empresas como BIO IV (primera en el país en producir bioetanol en base a maíz), Ledesma y Quickfood. Por último, en el eslabón de la ciencia y la tecnología predominan entidades del sector público como las universidades nacionales y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (MAIZAR, 2006). La heterogeneidad de actores y, por ende, de intereses dentro del modelo organizativo de MAIZAR, le han posibilitado el diseño de estrategias y acciones empresarias que se presentaban, en principio, homogéneas. De todas maneras, resta avanzar en análisis que indaguen cómo se construyen estos consensos o procesan los conflictos al interior de este tipo de asociaciones.

De la estrategia a la acción

Los primeros años de la asociación se caracterizaron por el diseño de un plan de acción tendiente a la “creación de valor” en la cadena, que se canalizó por medio de dos vías. Una, que privilegiaba la financiación y promoción de investigaciones, que resultó central para favorecer la mejora productiva del maíz. En estas acciones la articulación se propiciaba, fundamentalmente, con entidades del sector público, aunque también con fundaciones de carácter privado. Entre estas iniciativas se encontraban los proyectos “Bases ecofisiológicas para el manejo del cultivo de maíz en el norte argentino” (2006) que consistía en una serie de ensayos agronómicos financiado por doce empresas semilleras; “Calidad industrial de cultivares de maíz” (2006) del INTA-Pergamino y el proyecto “Eficientización del uso de recursos forrajeros para la producción de carne en el NOA” (2009) realizado conjuntamente con la Asociación Argentina de Brangus, la Universidad Católica Argentina y el Instituto para la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) (MAIZAR, 2010).

La otra vía buscaba generar una regulación sobre la producción agroindustrial o bien la sanción de diversos beneficios impositivos que impactaran sobre los costos relativos de la producción del cereal. Entre éstos se destacaron la propuesta de ley de reducción del 21 al 10,5% en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que gravaba a los fertilizantes (2006), el diseño de la ley 26.093 de biocomustibles (2006), el trabajo en las reuniones de las Comisiones de Agricultura y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación en relación con la Resolución 125 (2008) o la participación en el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (2010) (MAIZAR, 2010).

En los últimos años, la dirigencia de MAIZAR estructuró su programa reivindicativo en torno a dos reclamos. Uno se vincula al impulso de una nueva ley de semillas. En ese sentido, se sostiene el imperativo de contar con la actualización de la normativa, a fin de disponer de los avances genéticos y, particularmente, respetar la propiedad privada como mecanismo para brindar las condiciones que permitan incentivar la investigación y el desarrollo de la mejora genética de los cultivos. De forma complementaria, el otro pedido es la sanción de una ley de fertilizantes que contemple un esquema de incentivos a su utilización. Según la perspectiva de los dirigentes de MAIZAR, un nuevo marco jurídico posibilitaría recomponer el balance de nutrientes en los suelos, logrando así tanto la sostenibilidad de la producción en el largo plazo como la reducción de las brechas entre los rendimientos observados y los potenciales (Morelli, 2018).

De esta muestra emerge que el centro de acción empresaria continúa siendo el Estado, principalmente el nacional, dado que es el actor capaz de procesar y dar respuesta a sus demandas. En esa mediación política son centrales los estilos de liderazgo que la entidad construyó y que, como en otras entidades similares, poseyeron un alto grado de profesionalidad con capacidad de gestión frente a los cambios que se produjeron en el contexto. Esta cuestión fue funcional al desarrollo, dado que, en el líder, o en la cúpula de aquéllas, apareció depositada la autoridad para fijar las orientaciones estratégicas, no percibiéndose lími­tes a las clases de innovaciones a adquirirse (Gras y Hernández, 2013b).

El ejercicio de estos liderazgos, indudablemente, se proyectó en la cultura institucional e incluso la dirigencia construyó una discursividad tendiente a enfatizar las cualidades que esas personas debían reunir. Entre éstas se mencionaban una serie de “destrezas” como, por ejemplo, la capacidad de escuchar y de expresar las demandas de los diferentes eslabones de la cadena a los fines de crear espacios de negociación y confianza que posibiliten el cumplimiento de las metas y los compromisos asumidos. De esta forma, la celebración del conocimiento y de las innovaciones tecnológicas como clave, no solo para el crecimiento sectorial sino para el desarrollo social, se constituyeron en las coordenadas que marcaron la acción empresaria desarrollada por la dirigencia de MAIZAR.

Desafíos

La dinámica de las asociaciones agrarias constituye una temática de larga trayectoria en el campo de las disciplinas que componen las ciencias sociales, en particular de la sociología. Existen numerosos trabajos que se han abocado a indagar las lógicas –especialmente políticas– en las que se vieron involucrados estos actores, privilegiándose la mirada sobre las entidades gremiales que procuran acciones empresarias de mayor performatividad política en el espacio público.

A pesar de que en los últimos años se percibe un interés creciente por indagar lo que se denominó como nueva institucionalidad, resta avanzar, entre otras cuestiones, en análisis más integrales sobre las dinámicas internas de las entidades, las formas de resolución de los conflictos, la composición socio-económica de sus bases sociales, las modalidades en que se vincularon con las restantes entidades del sector y el Estado. En especial, sobre los fenómenos de multi-re­ferencialidad, es decir, sujetos que han pertenecido simultáneamente a alguna de las asociaciones agrarias y que, a su vez, han adscripto a un determinado partido político y/o asumido una función pública, ya sea como legisladores, secreta­rios, ministros o técnicos del gobierno en sus diferentes escalas.

Bibliografía

Bisang, R., Anlló, G., y Campi, M. (2010). Organización del agro. La transición de un modelo de integración vertical a las redes de producción agrícolas. En Reca, L., Lema, D., y Flood, C. (Eds.), El crecimiento de la agricultura argentina. Medio siglo de logros y desafíos (pp. 231-254). Buenos Aires, Argentina: Editorial de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.

Bocchicchio, A. y Cattáneo, C. (2005). Transformaciones en la agricultura e innovación organizacional en asociaciones de productores: los casos de AAPRESID y ASAGIR. En Benencia, R. y Flood, C. (Comps.), Trayectorias y contextos. Organizaciones rurales en la Argentina de los noventa (p. 137-177). Buenos Aires, Argentina: La Colmena.

Carini, G. (2018). Agro, negocio y nueva institucionalidad en las pampas: itinerarios y propuestas de abordajes para el análisis de la representación de intereses agrarios. En Banzato, G., Blanco, G. y Perren, J. (Comps.), Expansión de la frontera productiva (Siglos XIX-XXI) (pp. 417-439). Buenos Aires, Argentina: Prometeo-Asociación Argentina de Historia Económica.

Córdoba, M. S. (2013). La ruralidad hiperconectada: dinámicas de la construcción de redes en el sector del agro argentino. En Gras, C. y Hernández, V. (Coords.), El agro como negocio. Producción, sociedad y territorios en la globalización (pp. 263-288). Buenos Aires, Argentina: Biblios.

Flood, C. (2005). Trayectorias institucionales comparadas de innovación tecnológica en la región pampeana. En Benencia, R. y Flood, C. (comps.), Trayectorias y contextos. Organizaciones rurales en la Argentina de los noventa (p. 137-177). Buenos Aires, Argentina: La Colmena.

Gras, C. (2009). El nuevo empresariado agrario: sobre la construcción y los dilemas de sus organizaciones. En Gras, C. y Hernández, V. (Coords.), La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios (pp. 215-237). Buenos Aires, Argentina: Biblos.

Gras, C. y Hernández, V. (2013a). Asociatividad del empresariado agrícola en Argentina. AACREA y AAPRESID en perspectiva. En Muzlera, J. y Salomón, A. (Coords.), Sujetos sociales del agro argentino. Configuraciones históricas y procesos de cambio (pp. 36-67). Rosario, Argentina: Prohistoria.

Gras, C. y Hernández, V. (2013b). Los pilares del modelo agribusiness y sus estilos empresariales. En Gras, C. y Hernández, V. (Coords.), El agro como negocio. Producción, sociedad y territorios en la globalización (pp. 17-49). Buenos Aires, Argentina: Biblios.

Lattuada, M. (2006). Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina. Transformaciones institucionales a fines del siglo XX. Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes.

MAIZAR (9 de mayo de 2006). El desafío de construir MAIZAR:
Diseño y Cultura Institucional.
Recuperado de http://t.ly/uZGq

MAIZAR (2010). El desafío del trabajo en cadena.  Buenos Aires: MAIZAR.

Morelli, A. (2018). Competitividad con desarrollo. Congreso MAIZAR, Buenos Aires, Argentina.


  1. Recibido: junio de 2020.
  2. Profesor en Historia, Licenciado en Historia y Magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Doctor en Historia y Posdoctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Investigador Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Profesor del Departamento de Historia, Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC y de la Escuela de Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Co-director del proyecto de investigación: Estado, asociaciones agrarias y territorios en disputa: problemas, debates y dimensiones (Argentina, mediados del siglo XX a la actualidad), financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNC y radicado en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades “María Saleme de Burnichon”, FFyH-UNC. Contacto: gcarini@hum.unrc.edu.ar.


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