(Argentina, siglos XX-XXI)

Jorge Tomasi^[2]

Definición

El concepto de vivienda rural campesino-indígena se refiere a un tipo particular de arquitectura doméstica asociada con las lógicas productivas agrícolas y ganaderas de pequeña escala orientadas fundamentalmente al autoconsumo, con excedentes que se comercializan o intercambian a través de distintas formas, más o menos alternativas a las lógicas capitalistas. La vivienda rural es un ámbito central para la producción y reproducción de los grupos domésticos en el tiempo, contribuyendo al modelado de sus prácticas. La disposición en el espacio tiende a ser dispersa, aunque suelen conformarse caseríos de las unidades domésticas (UDs) vinculadas, muchas veces, por lazos de parentesco que, a su vez, son centrales en relación con su construcción material.

Genealogía

El inicio de la constitución de la “vivienda rural” como objeto de estudio, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, se inserta en el devenir de las tradiciones de la Geografía Humana francesa, vinculada con Vidal de la Blanche, y la Antropogeografía alemana, asociada a Ratzel (Tomasi, 2012). En este contexto, la “habitación humana” permitía vincular la sociedad con el “medio geográfico” y el aprovechamiento y la explotación de sus recursos (Bruhnes, 1948). Desde esta perspectiva, el “hábitat rural”, y la vivienda en particular, se establecieron como un campo privilegiado para las indagaciones. La conformación de la “Comisión del hábitat rural” en 1925, integrada por algunos de los referentes de la Antropogeografía europea, fue el punto de partida para la constitución de un campo de estudios que se sostendría hasta la década de 1960 (Chiozza y de Aparicio, 1961). Más allá de la falta de continuidad de la temática dentro de la Geografía, estas primeras indagaciones establecieron una cierta forma de mirar las arquitecturas rurales campesino-indígeneas, cuya persistencia condicionaría los abordajes posteriores. Esto se refiere a una mirada evolucionista relacionada con lo primitivo-civilizado en la oposición rural-urbano, el determinismo ambiental como interpretación primordial de las conformaciones arquitectónicas y las materialidades de la vivienda rural, y, en relación con esto último, la definición de tipologías esquemáticas de sus características.

En Argentina, más allá de un antecedente temprano en la obra de Kühn (1924), la Antropogeografía tendría un desarrollo muy importante entre las décadas de 1930 y 1960, en base a los aportes particularmente de Aparicio (1931) y Ardissone (1937), que también tuvieron a la vivienda como principal objeto de estudio (Barros, 2001). Estos trabajos se centraron en la construcción de esquemas clasificatorios en relación con el tipo y origen de los materiales utilizados, la “calidad” de las viviendas y ciertos aspectos funcionales, vinculados con la producción agropecuaria asociada. El abordaje general de los estudios proponía una asociación entre la “vivienda rural” y la “vivienda natural”, entendiendo a la segunda como aquella asociada con los “pueblos que están supeditados a la naturaleza” (de Aparicio, 1931, p.7). La vivienda rural, entonces, estaba ambientalmente determinada tanto por el origen de los materiales utilizados, que se obtenían del entorno inmediato, como en las conformaciones que respondían en forma directa a la incidencia de factores ambientales, como los regímenes de precipitaciones o la amplitud térmica.

Esta construcción permearía también los abordajes desde la Arquitectura, particularmente en torno al ordenamiento de las viviendas por regiones ambientales de la Argentina. La publicación de “Tipos predominantes de vivienda natural de la República Argentina”, desde el Instituto de Investigaciones de la Vivienda (1972), es un claro ejemplo de un espíritu clasificatorio que dejaba de lado un conjunto de factores de análisis como las formas de tenencia de la tierra, las conformaciones sociales de las unidades domésticas y las comunidades o las territorialidades y movilidades.

La noción de “rancho” también se consolidaría en el marco de estos estudios, más allá de su uso ya en documentos coloniales, para referirse a la vivienda rural, particularmente aquella construida con tierra (Chiozza y de Aparicio, 1961). Al tiempo que se resaltaba su belleza y “armonía con la naturaleza”, el “rancho” se asoció rápidamente con la idea de lo rústico, la improvisación y la precariedad, que daría pie a los prejuicios y los discursos higienistas orientados a su erradicación. De alguna manera, los estudios de la primera mitad del siglo XX tuvieron un carácter oscilante entre las miradas que, con un tono romántico, valoraban la vivienda rural vernácula como un hecho primordial y los impulsos civilizatorios que veían en su transformación la condición necesaria para el “progreso” del ámbito rural (Tomasi, 2012).

Las políticas públicas hacia la vivienda rural

De acuerdo a los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, en el año 2010 se registraron alrededor de 1,3 millones de viviendas en áreas rurales, representando el 9,72% del total país, de las cuales poco más de 845 mil (6,11%) se indicaron como dispersas. En algunas provincias su significación es aun mayor, como en Santiago del Estero (28%), Catamarca (28%), Misiones (25%), Tucumán (20%), La Pampa (20%), Formosa (20%), Mendoza (19%) o Jujuy (14%). Las cantidades absolutas de viviendas rurales son similares a las registradas en el 2001, por lo que se identificó un descenso en su incidencia relativa en el total, frente al crecimiento de las urbanas. Al mismo tiempo, en base al mismo censo de 2010, el 45,47% de las viviendas rurales se calificaron como “insuficientes” en la evaluación de la Calidad Constructiva, que involucra tanto los materiales como las instalaciones, frente a un 13,38% de las urbanas.

Ciertamente, los datos censales se refieren a una producción que excede los límites de lo campesino-indígena, incluyendo otras poblaciones en áreas rurales que no responden a sus formas de producción y consumo. Por otra parte, el modo en que se construyen los índices de calidad de la vivienda merece una discusión conceptual y metodológica, en torno a los prejuicios sobre ciertos materiales. De todas maneras, la vivienda rural presenta problemáticas significativas en todos los distritos, que no se ha correspondido históricamente con una acción estatal al respecto. Por el contrario, sí se han desarrollado políticas, más o menos explicitas, relativas a la urbanización de la población rural dispersa y móvil, con implicancias importantes en su territorialidad, formas de relación y lógicas productivas (Tomasi, 2014).

Desde las primeras décadas del siglo XX se comenzaron a desplegar políticas estatales orientadas a las problemáticas de vivienda en todo el país. Las primeras acciones se organizaron en torno a la creación de la Comisión de Casas Baratas en 1915, concentrándose casi exclusivamente en los contextos urbanos, relegando al sector rural pese a las deficiencias existentes. Durante el gobierno peronista, a pesar del gran impulso que tuvo la política de vivienda, tampoco se desarrolló una política amplia orientada concretamente al sector rural (Cerdá y Salomón, 2017). Esto no quita que, en ciertos distritos como Jujuy, durante el peronismo se establecieran algunas acciones orientadas a la mejora de las condiciones de habitación de los trabajadores rurales, por ejemplo, en los ingenios azucareros (Jeréz, 2017).

De todas maneras, las concepciones mismas sobre la vivienda rural estuvieron atravesadas por un imaginario urbano, tanto para la definición de los problemas como para la aplicación de soluciones. Al mismo tiempo, los discursos higienistas constantemente reforzaron la idea de atraso sobre la vivienda rural, en todo el país, y entonces de la necesidad de su reemplazo. En 1956, con la creación de la Comisión Nacional de la Vivienda, se propuso la conformación, nunca concretada, del “Instituto de la Vivienda Rural de Interés Social” que, como ente autárquico, debía encargarse de un diagnóstico de la situación general del sector y la elaboración de propuestas para la mejora de las condiciones habitacionales (Cerdá y Salomón, 2017).

Durante este proceso, en todo caso, se sostuvieron los prejuicios sobre estas arquitecturas domésticas y sobre sus habitantes, en torno a las ideas de hacinamiento, promiscuidad, falta de higiene y precariedad. En este sentido, la mirada sobre la vivienda rural ha estado constantemente atravesada por la moralidad y las pretensiones civilizatorias de una población, supuestamente, sumida en el atraso.

Tal como se ha indicado, la definición del “rancho” como problema se remonta a finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX tanto desde los ámbitos académicos como en las políticas estatales. De la mano de este imaginario, se desplegaron políticas en todo el país orientadas a la “erradicación de ranchos” que, de hecho, se consolidaron a finales del siglo XX y comienzos del XXI, con una actualidad plena en las políticas públicas, particularmente en ciertas provincias como Córdoba, Santiago del Estero, San Juan y Catamarca, entre otras (Mandrini et al., 2018; Suyai Pereyra y Quevedo, 2020). Las políticas sanitarias relativas al Chagas tuvieron un rol sustancial en tanto pusieron el foco en la vivienda como principal causa del problema. Se vinculó la reproducción de la vinchuca con determinadas técnicas de construcción con tierra, sin observar que el problema no se refería a una tecnología particular sino a un conjunto más amplio de variables (Rolón et al., 2016). En todo caso, lo sanitario actuó como justificación de la destrucción de múltiples viviendas, para reemplazarlas por otras que respondían a lógicas urbanas, inadecuadas para los contextos locales.

La vivienda rural campesino-indígena en sus tramas complejas

En torno a la década de 1980 comenzaron a desarrollarse algunas iniciativas específicas, tanto estatales como académicas, para la vivienda rural, con abordajes más integrales. En buena medida de la mano del trabajo del arquitecto Ernesto Vautier, un profesional con una larga trayectoria en Latinoamérica desde la década de 1950 y que ya había participado en la idea del “Instituto de la Vivienda Rural” de 1956, se establecieron Programas de Vivienda Rural, primero desde la Secretaría de Vivienda de la Nación, y luego desde el Instituto de Vivienda de la provincia de Buenos Aires (Gutiérrez, 2005). Este trabajo luego continuaría con la creación de la Asociación Argentina de la Vivienda Rural, que organizó diversos encuentros y publicaciones sobre la temática, desde un abordaje orientado al “desarrollo rural”, pero partiendo desde las prácticas constructivas locales.

Los abordajes contemporáneos han permitido reconocer la complejidad de las tramas sociales en las que se inserta la vivienda rural campesino-indígena, donde se cruzan los aspectos productivos, las construcciones sociales sobre el ambiente y sus transformaciones, las conformaciones de los grupos sociales –en la escala doméstica y comunitaria–, la disponibilidad de servicios básicos, las configuraciones espaciales y constructivas de las viviendas, las técnicas y materiales empleados para su construcción, junto con las territorialidades y movilidades asociadas (Cerdá, 2020; Comerci, 2017; Rolón y Rotondaro, 2010; Tomasi, 2014; entre otros). Estás temáticas, de hecho, se han trabajado en las provincias que presentan los mayores porcentajes de viviendas rurales dispersas, como La Pampa, Mendoza, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca o Jujuy.

Ciertamente, los alcances de lo campesino y lo indígena se constituyen como un campo de discusiones significativo, en torno a sus particularidades y superposiciones. La mayor parte de las poblaciones rurales indígenas tiende a asumir formas productivas que ingresan en las lógicas campesinas, aunque a la inversa no todos los grupos campesinos se reconocen como parte de un colectivo indígena. Más allá de sus particularidades, centradas en sus diferentes conformaciones históricas y marcos sociales y culturales diversos, los grupos campesino-indígenas comparten un universo de sentido, en torno a las formas de producción, relevantes para la comprensión de la problemática de la vivienda. En todo caso, esto no debería invisibilizar la densidad de las formas de concebir el mundo de los diferentes grupos y cómo estas inciden en las conformaciones de la arquitectura doméstica.

En este marco, las prácticas campesino-indígenas, históricamente modeladas, tienden a estar centradas en el rol de las UDs, en el marco de una determinada territorialidad, atravesada por importantes problemáticas respecto a la tenencia de la tierra. La propiedad de la tierra, con una relación directa en la producción de la vivienda, ha tenido estudios muy relevantes en el noroeste argentino, mostrando el sostenimiento de muchas dinámicas propias de momentos coloniales, a través de las lógicas del arriendo o formas de propiedad precaria, que han motivado luchas sostenidas de estos colectivos sociales (Fleitas y Teruel, 2007).

Las formas de producción, en términos arquitectónicos, son fundamentales para la comprensión de la vivienda rural en los grupos campesino-indígenas, puesto que implican la puesta en juego de lazos de parentesco y vecindad, a través de diversas formas de colaboración y reciprocidad, atravesadas hoy en día también por lógicas propias de las dinámicas capitalistas (Barada, 2018). Esta producción suele darse a lo largo del tiempo, por lo que la vivienda es un hecho fundamentalmente dinámico, en relación con los cambios en las conformaciones de los grupos domésticos y de las formas de producción campesina, entre otros factores (Tomasi, 2014). En el marco de esta construcción continua, la vivienda tiende a tener configuraciones espaciales en general más abiertas que compactas, en base a la incorporación de diversas construcciones más o menos integradas, orientadas tanto a la residencia de los y las miembros de la unidad doméstica como a funciones propias de las actividades productivas.

Reflexiones

Desde finales del siglo XIX, las construcciones de la “vivienda rural” de los sectores campesino-indígenas como objeto de estudio y de intervención estatal han estado atravesadas por un ideario civilizatorio basado en prejuicios modelados desde miradas urbanas. La falta de políticas sistemáticas es indisociable de estas trayectorias, pero también de la invisibilidad de este ámbito rural en términos más amplios, que exceden, aunque incluyen a la vivienda. Esto se refiere al desconocimiento de sus prácticas productivas, la falta de derechos en relación con la tenencia de la tierra o los procesos de expulsión y sedentarización de los grupos campesino-indígenas. En este marco, la conformación de un campo de investigación y de acción, que integre los espacios académicos y estatales, junto a las organizaciones sociales que se movilizan en reclamo de sus derechos, sigue siendo un desafío pendiente. De esta manera, se podrán abandonar los marcos de referencia urbanos, reconociendo las problemáticas en los propios términos de las poblaciones campesinas.

Bibliografía

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