(América del Sur, 1990-2015)

Carla Gras y Valeria Hernández ^[2]

Definición

El modelo de agronegocios emerge en América del Sur en la década de 1990 y se consolida a inicios de los 2000 favorecido por el clima político neoliberal imperante a escala global. Este modelo socio-productivo se apoya en cuatro pilares fundamentales (tecnológico, financiero, productivo y organizacional) cuya dinámica en red le permite integrar cadenas de valor transectoriales y distribuir el riesgo productivo en diferentes regiones y actividades.

Desarrollo y consolidación del Modelo de Agronegocios (MA)

La consolidación del MA no puede comprenderse por fuera de la hegemonía del neoliberalismo a nivel global y sus traducciones nacionales. Es decir, los ejes dinámicos del MA se asientan –dependen y alimentan– en la liberalización de los mercados, el rol del conocimiento y la tecnología como factor directo de producción y como norma ideológica; la expansión y complejización de los servicios; la activa participación de capitales financieros en la producción y en la valorización de tierras y commodities agropecuarios. En el contexto de auge de la globalización capitalista, el MA va a postular una radical reinvención de la relación entre agro y desarrollo, que retoma los principios de la primera oleada modernizadora –esto es, la asimilación entre tecnología, crecimiento de la productividad y desarrollo– y los reconfigura a partir del abandono de la histórica contradicción entre la industria y el agro como bases antagónicas del desarrollo económico. Según sus referentes, el MA es una agricultura industrial en la cual las ventajas comparativas a nivel nacional devienen ventajas competitivas, articulando a partir de ellas “cadenas de valor” (Ordoñez, 2000). Pero, además, el agronegocio se plantea un horizonte mayor: el de un desarrollo que excede el mero crecimiento económico, fundando un modelo de sociedad que reclama ser capaz de una integración social mayor que los históricos modelos agroexportadores.

El MA se asienta en cuatro pilares que “hicieron sistema”. El pilar tecnológico, con las biotecnologías de derecho privado y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TICs), permitió desarrollar ventajas competitivas potenciando las ventajas comparativas. El financiero actuó “por arriba”, mediante la intervención de los especuladores institucionales que presionaron incrementando la demanda y haciendo subir los precios de los commodities agrícolas (en particular de la soja), y “por abajo”, a nivel local, a través de las estrategias implementadas por los productores y empresarios, quienes organizaron la producción, el almacenamiento y la comercialización de su producción en función de las “herramientas” financieras. El productivo, donde los factores tierra y trabajo se vieron directamente interpelados por la nueva lógica de negocio, adoptando formas acordes con ella: por un lado, una dinámica de acaparamiento de la tierra no sólo vía compra sino, de manera más general, mediante el alquiler; y por otro, la tercerización de las labores agrícolas. El organizacional, mediante la implementación de nuevas herramientas de gestión (apoyadas en las TICs), cuya incidencia en la noción misma de empresa llevó a una profunda reconfiguración de las prácticas productivas, políticas, sociales e institucionales del sector y, con ello, a la fundación de nuevas identidades profesionales. En suma, el MA impulsa un cambio en las lógicas de acumulación, así como en las identidades individuales y colectivas, con consecuencias directas en las dinámicas territoriales.

Declinaciones nacionales del MA en América del Sur

Es importante subrayar que el MA es un régimen global. Por un lado, porque lleva a la constitución de grandes plataformas productivas especializadas en pocos cultivos que están estrechamente relacionadas con requerimientos y políticas elaboradas en otras regiones del mundo. Por otro lado, porque la expansión del MA en los grandes países agrícolas del Sur Global está conectada con el progresivo incremento de la demanda de proteínas animales impulsada por las elites mundiales. Por último, porque los protagonistas del MA son ellos mismos actores globales. Sin las empresas transnacionales de semillas e insumos, las corporaciones agroalimentarias y exportadores, los fondos financieros institucionales, la organización de las cadenas/redes de valor y la acción de los organismos multilaterales (FAO, OMC, etc.), la agricultura como negocio no se habría podido estructurar en tanto modelo agrario hegemónico en la región. En efecto, por el aporte que realiza América Latina —y particularmente los países del llamado Mercosur ampliado (Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay)— al mercado mundial la sitúan como una de las mayores plataformas globales de alimentos. En 2018, estos últimos aportaron en conjunto el 49% de la producción mundial de soja, el 11% de la de maíz y el 41% de la de caña de azúcar (tres de los cultivos que lideran el incremento del área cultivada global), mientras que en 1980 lo hacían con el 23%, 7% y 23% respectivamente. Además, según las proyecciones de OCDE/FAO, se espera que para el 2022, el 93% de la canasta mundial de oleaginosas sea satisfecha por los países agrícolas americanos.

La expansión del MA ha implicado el surgimiento de nuevos espacios de interacción social no sólo en el plano de las economías nacionales sino también a nivel regional y mundial, redefiniendo antiguas interdependencias y asimetrías y alianzas entre actores a nivel mundial.

No obstante su dinámica global, el anclaje territorial del modelo de agronegocios tiene especificidades según cada contexto (socio-histórico, agro-climático, cultural, económico, etc.). El mismo no se produce en el vacío, sino que tiene lugar en territorios y sociedades cuya configuración material y simbólica se ve interpelada por las nuevas lógicas, produciendo apropiaciones que es importante comprender en sus singularidades, tal como muestran diversas investigaciones (Muzlera, 2012 y 2010; van Zwanenberg y Arza, 2013). Las asimetrías que se observan en el nuevo mapa agro-rural no están desligadas de procesos históricos —desigual acceso a la tierra y a los recursos productivos–, cuyas raíces remontan a los regímenes coloniales en América Latina, pasando luego por las formas de construcción de los Estados nacionales y, dentro de ellas, los conflictos nacionales asociados a los modos de inserción de la producción agraria. Dichas asimetrías se actualizan en función de las dinámicas propias de la globalización capitalista contemporánea, de las cuales el MA constituye su expresión más radical (fundamentalmente, por la presión del capital financiero, la dinámica de acaparamiento de bienes naturales presentes en los territorios, la dependencia de la tecnología de mercado y la función de la red como espacio económico).

A principios del siglo XXI, el MA se había expandido en los principales países agrícolas de la región y era responsable de las principales exportaciones agrícolas, fundamentalmente basadas en soja transgénica. En sólo 8 años, entre 2002 y 2010, la superficie cultivada con soja genéticamente modificada aumentó 30% en Brasil, 46% en Argentina y 1000% en Uruguay (ISAAA, 2011). Esta expansión también se registra en Paraguay y Bolivia (80% y 55% respectivamente). El MA logró además permear los imaginarios sociales del ciudadano no directamente relacionado con la actividad agropecuaria gracias al desarrollo de alianzas con el sector académico, político, mediático. De este modo, construyó una identidad afín, la del “empresario innovador” asociándola a nociones valoradas socialmente como la de desarrollo, progreso y modernidad. Ese grado de consistencia no es otra cosa que la construcción de hegemonía (Gramsci 2004) al articular relaciones que involucran el nivel del dominio de un grupo o clase social y también la capacidad política de dotar a una determinada concepción del mundo de un contenido “universal”.

Debates en torno del MA

La dinámica que adquirió el agro sudamericano es presentada por los empresarios del agronegocio y por miembros del mundo académico que impulsan este modelo, como superadora de la antigua dicotomía agro/industria ya que el esquema de negocio “derrama” sus beneficios hacia un abanico muy amplio de actividades: la metalmecánica asociada a los equipos de maquinaria  agrícola, los comercios de venta de insumos que avivan los mercados locales, los desarrollos de la bioenergía (con base en aceite de soja), el turismo rural, los servicios informáticos para el agro…. y la lista continúa. Desde otra vertiente, se plantea que la híper intensificación productiva (con prácticas de inter siembra, doble y hasta triple cosecha en algunos años) y el cuasi monocultivo de soja al que llevó “de hecho” el MA en buena parte de la región no parecen mostrar una actividad generadora de recursos a partir de los cuales promover el crecimiento de la actividad industrial moderna, sino que se constituye en el eje de un patrón de acumulación basado – como la minería o las actividades hidrocarburíferas– en la sobre-explotación de recursos naturales cada vez más escasos y en la expansión de las fronteras de explotación agrícola hacia territorios antes reservados a otros usos y prácticas (selvas, yungas, bosques nativos, montes, valles). Muchos analistas del régimen alimentario global han caracterizado este modelo como extractivista, subrayando su relación destructiva con los territorios que agota los recursos naturales, destruye la biodiversidad y avasalla las comunidades locales. Un tema especialmente debatido en este contexto refiere a la evolución de los precios de alimentos básicos que, como ha mostrado Rodríguez (2012), aumentaron de manera importante en la región. En ese contexto, el MA en la región no sólo repone la cuestión de la seguridad alimentaria, sino también la de la soberanía para definir las políticas sobre la producción, gestión y distribución de los recursos.

Por último, es de subrayar las líneas de conflicto que engendra la sociedad del agronegocio. Por un lado, los impactos ambientales del MA (en particular en relación con la salud) fueron denunciados por las organizaciones campesinas y movimientos sociales en juicios contra empresarios del agronegocio. También se generaron conflictos en torno del proceso de acaparamiento de la tierra en las zonas de expansión del MA, visibilizando la necesidad de regular las dinámicas del mercado de tierras rurales. Por último, dado el rol económico que tiene el MA en tanto principal proveedor de divisas a los Estados nacionales, se abren complejos y paradójicos debates en torno a su regulación: por un lado, las políticas públicas deben acompañar la dominancia del agronegocio para garantizar el equilibrio de la balanza comercial, y por el otro, debe asegurar la coexistencia del MA con la agricultura familiar y campesina, impidiendo que se multipliquen los conflictos antes subrayados. Se trata de un problema de gobernanza territorial de las empresas que ocupan la cúpula del agronegocio, esto es, la capacidad de los diferentes niveles del Estado (nacional, provincial, municipal) para regular tanto los conflictos que suscita la lógica expansiva del modelo en el plano ambiental como social, y también las necesidades del agronegocio para incorporar nuevas áreas donde invertir sus ganancias, áreas que hasta ahora han sido marginales al proceso de acumulación de capital. En este contexto, la disputa por definir qué se gana y qué se pierde con el dominio del MA, así como las crecientes críticas de intelectuales y la organización de movimientos de oposición que protagonizan poblaciones que no participan de la mirada sobre el agro como un negocio o de la megaminería, requieren situar el análisis del MA no sólo en términos del desarrollo productivo industrializador o reprimarizador sino también en su relación con el proyecto de sociedad que dicho modelo implica.

Bibliografía

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