(Argentina, 1956-1983)^[1]

Cecilia Gárgano^[2]

Definición

El INTA, siglas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es un organismo autónomo y autárquico dependiente del Ministerio de Agricultura. Es el encargado de realizar y centralizar investigaciones en materia de tecnología agropecuaria y desarrollo rural y desenvolver la extensión rural en todo el territorio nacional. Estas tareas actualmente son realizadas a través de una estructura institucional de alcance territorial, que incluye un Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA) ubicado en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, 22 institutos de investigación, 52 Estaciones Experimentales Agronómicas (EEA), y 350 Agencias de Extensión Rural (AER) distribuidas a lo largo del país. Esta institución es la principal agencia estatal orientada al sector y fue concebida como un medio para elevar la productividad agrícola. Al mismo tiempo, asumió el objetivo de mejorar las condiciones de vida de lo que denominó la “familia rural”. Dos directrices que, en diversas coyunturas, se tornarían antagónicas. Las profundas, y siempre presentes, implicancias políticas, económicas y culturales del agro argentino estuvieron entrelazadas a la trayectoria del INTA y permanecen unidas a su ADN institucional.

Orígenes y periodización

Fundado el 4 de diciembre de 1956, fue puesto en marcha en 1957. Junto a otras de las instituciones del complejo científico-tecnológico nacional, fue creado en el marco del llamado Plan Prebisch, que el economista y secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Raúl Prebisch, elevó al régimen militar autodenominado “Revolución Libertadora”. El agotamiento de las posibilidades de expansión horizontal de la frontera agrícola y la necesidad de incrementar los rendimientos por unidad de superficie hacían de la incorporación de tecnología al agro un imperativo para asegurar la existencia de divisas agropecuarias y la provisión de alimentos baratos, dos de los pilares fundamentales en los que descansaban los esquemas de sustitución de importaciones. Pionero en su tipo en el país y en toda América Latina, tuvo una dotación inicial de 300 millones de pesos (moneda nacional) y recibió un importante número de dependencias que estaban en manos del entonces Ministerio de Agricultura y Ganadería, entre ellas el Servicio de Agronomías Regionales y la Oficina de Estaciones Experimentales (León y Losada, 2002). La combinación de los servicios de investigación y extensión rural en una misma institución, mediante la descentralización de los servicios técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería y la radicación de profesionales en las áreas rurales, fue la mayor novedad que conllevó su creación.

El decreto-ley fundacional reprodujo de manera implícita una contradicción propia de la estructura económica del agro argentino, que se desplegaría dentro del INTA en las décadas siguientes. Afirmaba que incrementaría la producción agropecuaria desarrollando la investigación, experimentación y extensión agraria. Y que, su vez, estas tareas promoverían mejoras en las condiciones de vida de la familia campesina (Decreto-Ley 21.680, citado en Valeiras, 1992: 143). La trayectoria posterior del organismo mostraría a la estructura de propiedad de la tierra como un obstáculo infranqueable para la convergencia entre estos dos objetivos. Al mismo tiempo, se explicitaba que quedaba excluido de toda función de inspección de la producción agropecuaria, evidenciado la reticencia inicial de las entidades de productores que advertían que no debía orientar la política sectorial. También las universidades inicialmente manifestaron preocupación, en este caso por la posible burocratización dada la magnitud del organismo (Losada, 2005). En definitiva, la creación del INTA no fue un proceso sencillo.

Para su financiamiento se estipuló la conformación de un Fondo Nacional de Tecnología Agropecuaria, cuyo principal sustento lo constituyó un gravamen ad valorem del 1,5% a las exportaciones agropecuarias. Se conformó un Consejo Directivo encargado de administrar el presupuesto, nombrar y remover personal, fijar las políticas, y aprobar los planes de trabajo. Verdadero enlace con el Poder Ejecutivo, las universidades y las principales corporaciones rurales del país, en 1960 quedó integrado por tres representantes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (presidente, vicepresidente y un vocal), un vocal en representación de las facultades de Agronomía y Veterinaria de las universidades nacionales, y cuatro del sector privado por las principales entidades agropecuarias: SRA, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), y Federación Agraria Argentina (FAA). En 1980, por resolución de su intervención militar, se incorporó la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA).

La creación del INTA fue parte de un proceso más amplio, que en pocos años avanzó creando instituciones de investigación orientadas al medio rural en distintos países de la región. El peso de las agencias internacionales fue sumamente relevante, tanto por los aportes de recursos materiales, como por la propagación de diversos enfoques que impregnaron el abordaje de la cuestión rural. Esta situación estuvo estrechamente vinculada a la difusión de los esquemas teóricos e insumos productivos propios de la revolución verde. Estos planteos funcionaron como marco ideológico y como referencia para los planes de desarrollo rural, que acompañaron y viabilizaron las transformaciones en las pautas de producción y consumo, y sus correspondientes implicancias sociales. Tomando como referentes organizacionales al Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) francés y al sistema de extensión rural estadounidense, la puesta en marcha del INTA tuvo como primer desafío la implementación de estos modelos, productivos y teóricos, en un escenario geográfico y socio-económico completamente diferente.

El INTA, a más de 60 años de su creación, sigue siendo la única institución pública responsable de la generación y transferencia de tecnología agropecuaria con cobertura nacional. Diversos autores distinguen, a lo largo de su historia, la presencia de diferentes “proyectos institucionales”, los cuáles fueron cambiando, especialmente en su componente de extensión, a medida que los momentos políticos-económicos se fueron sucediendo en Argentina. Con algunas modificaciones semánticas y tomando como referencia a Alemany (2003) y Carballo González (2006), los nombramos de la siguiente manera: el desarrollismo y el paradigma educativo (1956-1976); la revolución verde y la transferencia de paquetes tecnológicos (1976-1991); el neoliberalismo y el intento de privatización de la extensión (1991-2002) y el retorno de la autarquía y el enfoque territorial del desarrollo (2003-2015).

En estas páginas, nos ocuparemos principalmente del primer período y parte del segundo, hasta la vuelta de la democracia. Las características y transformaciones que ocurrieran de allí en adelante, son tratadas en esta misma obra en Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (Argentina, 1983- 2019).

Mientras que en las décadas de 1950 y 1960 las innovaciones tecnológicas asociadas al agro se destacaron por la difusión de maquinaria e implementos agrícolas, las siguientes lo hicieron por la introducción de semillas mejoradas. El INTA fue un agente clave en el proceso de transformaciones registrado en la década de 1970 en la agricultura local, especialmente por sus investigaciones en trigo y maíz. A su vez, a diferencia de sus pares internacionales abocados por completo a la investigación, sostuvo un esquema institucional en el que la investigación agropecuaria y la extensión se desarrollasen en conjunto. El reconocimiento social comenzó así a crecer a base de su presencia territorial, lo que a su vez fomentó que empezara a cuestionarse lentamente la idea, heredada de los teóricos de la modernización agrícola, del campo como lugar del atraso y de sus habitantes como elementos arcaicos a los que había que transformar en agentes económicos racionales.

El surgimiento de voces disidentes

Desde su origen, el interlocutor típico del INTA fue el “chacarero”, seguido por los productores más capitalizados. Ni asalariados rurales, ni campesinos o productores de subsistencia estuvieron dentro de las directrices institucionales. Sin embargo, durante la primera mitad de la década de 1970, parte de su personal comenzó a cuestionar la orientación tradicional hegemónica, que ponía el foco en el aumento de los niveles de rendimiento y producción en desconexión con las problemáticas estructurales del sector. Esta posición, que hacía foco en la trama de las economías regionales y la necesidad de revisar el acceso desigual a la tierra, cuestionaba para qué y para quiénes tenía que trabajar el INTA, en un marco histórico local y regional de intensa movilización y expectativas de transformación social. La renovación no duró mucho, en mayo de 1975, en medio de una profunda crisis política y económica a nivel nacional, el INTA fue intervenido mediante un decreto del Poder Ejecutivo. Menos de un año después, el 24 de marzo de 1976, se produjo un nuevo golpe de Estado de características únicas en la historia argentina, que se extendería hasta 1983. Fueron precisamente estas disputas, heterogéneas y de alcances limitados, las que quedaron truncas. En un momento en el que, no casualmente, las trasformaciones del espacio rural argentino incrementaban en forma inédita su polarización social.

Entre 1976 y 1983, la intervención militar del INTA supuso, por un lado, la puesta en marcha en su interior de una serie de mecanismos represivos. Con un alto nivel de violencia, el 29 de marzo de 1976 se realizó un operativo militar en su CNIA, que dejó como saldo centenares de detenciones. En simultáneo, la estación experimental de Famaillá (provincia de Tucumán) fue ocupada por personal militar. El 31 de marzo, el interventor designado al frente del INTA, el capitán de Fragata Alberto Rafael Heredia, firmó una resolución enmarcada en la Ley 21.260 que dejó cesantes a 153 personas en las distintas sedes del país. Llegarían a 794 para 1981. El disciplinamiento social desarticuló las actividades políticas y gremiales, dejó a paso tres asesinatos y al menos seis detenciones-desapariciones de trabajadores del organismo. Al mismo tiempo, las agendas de investigación y extensión experimentaron transformaciones cualitativas en sus contenidos y destinatarios. Junto a la desarticulación de algunos casos testigo (se destacan las investigaciones en genética aviar en la Estación Experimental Agronómica Pergamino y el trabajo con la cooperativa cañera “Campo de Herrera”, en la de Famaillá), las investigaciones registraron dos tendencias generales. Por un lado, el incremento en la mercantilización de conocimientos científicos y tecnológicos generados, y su creciente apropiación por parte de una fracción fuertemente concentrada de los capitales privados. Esta tendencia fue especialmente visible en el área de fitomejoramiento, en la que el INTA cedió, por decreto de su intervención militar, todos sus materiales genéticos. Por otro, la exclusión de aquellos enfoques que problematizaban críticamente la mirada económica y social del agro. Estas tendencias fueron coincidentes con el perfil que adquirió la extensión rural, área en la que mermaron las actividades realizadas con jóvenes y mujeres rurales. Finalmente, si bien en este período su presupuesto creció nominalmente, no fue suficiente para compensar la creciente inflación. Esta situación, sumada a la interrupción de su autarquía financiera, motivó la búsqueda de financiamiento externo. Ya en democracia, en 1987, el INTA fue pionero en organizar Convenios de Vinculación Tecnológica con empresas.

Las transformaciones en las agendas de investigación y extensión fueron efecto, y a la vez insumo, de los cambios que experimentaba el espacio rural. Desde mediados de la década de 1970 el avance de la expansión agrícola fue simultáneo al de su contracara: el desplazamiento y marginación de los sujetos sociales agrarios menos capitalizados, que no accedieron a los cambios tecnológicos, ni a las ganancias derivadas de la exportación de los cultivos en auge.

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