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Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR)[1]

(Argentina, 2004-2020)

Adriana Chazarreta[2]

Definición

La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) es un organismo público-privado encargado de la implementación del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), una guía consensuada entre diferentes sectores de la actividad para el desarrollo de la vitivinicultura argentina (proyectada, inicialmente, para 2020). Surgió en 2004 y entre sus principales funciones figuran la selección y evaluación de proyectos y la administración de recursos para financiar acciones alineadas con objetivos estratégicos vinculados al posicionamiento de los vinos varietales argentinos en el exterior, al reimpulso del mercado argentino de vinos y al apoyo a pequeños productores de uva. De este organismo participan entidades empresariales (que agrupan tanto a grandes como medianos y pequeños bodegueros y viñateros) y representantes de los gobiernos de las provincias vitivinícolas y de organismos nacionales de ciencia y técnica y de contralor.

Origen

La COVIAR se fundó en 2004, mediante la Ley Nacional 25.849, como persona jurídica de derecho público no estatal a cargo de la implementación del PEVI. Su origen se produjo cuando eran evidentes las transformaciones en la actividad vitivinícola luego del inicio de la “reconversión vitivinícola” (a fines de la década de 1980) y de la recomposición de la burguesía vitivinícola. A su vez, otros países, como Australia o Estados Unidos, también en ese momento, ya habían diseñado o comenzado a diseñar sus Planes Estratégicos Vitivinícolas (Ruiz y Vitale, 2011).

La década de 1990 había representado una transición en la relación de la burguesía vitivinícola con el Estado, particularmente en la principal provincia vitivinícola, Mendoza. Allí el gobierno provincial instituyó diversos entes (la mayoría público-privados), que cubrían una amplia variedad de objetivos e intereses sectoriales. Uno de los más importantes fue el Fondo Vitivinícola de Mendoza en 1994, entidad que nació como persona jurídica de derecho público no estatal, producto de un acuerdo entre las provincias de Mendoza y de San Juan sobre el destino de la producción (Ley Provincial 6216). El propósito principal de este acuerdo consistió en la regulación de la oferta, a fin de evitar crisis de sobreproducción de vino, a través de la diversificación productiva hacia el mosto. De este modo, los establecimientos vitivinícolas debían destinar un porcentaje mínimo de su uva (ya sea de producción propia o comprada) a la elaboración de mosto.

Estructura

El órgano de gobierno de la COVIAR es el Directorio de Representantes, en el cual el sector privado ha tenido mayor peso que el estatal: de las diecisiete instituciones que lo conformaban, doce pertenecían a entidades empresarias correspondientes a todas las etapas de la cadena vitivinícola, desde viñateros a grandes elaboradores y fraccionadores de vino (Bodegas de Argentina, Unión Vitivinícola Argentina, Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto, Cámara de Productores Vitícolas de San Juan, Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas –ACOVI–, Cámara Riojana de Productores Agropecuarios, Asociación de Viñateros de Mendoza, Cámara de Bodegueros de San Juan, Cámara Vitivinícola de San Juan, Productores de Uvas de Mesas y Pasas y un representante de las demás provincias vitivinícolas), y cinco al sector público (Instituto Nacional de Vitivinicultura –INV–, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y los Gobiernos de Mendoza, de San Juan y de La Rioja).

Desde su formación, las autoridades han estado más asociadas a los sectores de pequeños y medianos productores y al sector cooperativo (por ejemplo, han provenido de organizaciones como ACOVI, Productores Vitícolas de San Juan, Cámara Riojana de Productores Agropecuarios, Federación de Cámaras Vitícolas y Cámara Vitivinícola de San Juan). Los proyectos que formulan son llevados a cabo por Unidades Ejecutoras, entidades públicas o privadas que acreditan antecedentes de abordaje en la temática propuesta.

Para garantizar su funcionamiento, la COVIAR impone una contribución obligatoria a los establecimientos vitivinícolas, excluyendo a los que actúan solamente en la producción primaria. Por ello, las cámaras que participan en la misma consideran que las acciones son financiadas por el propio sector privado. Sin embargo, la Ley 25.849 menciona específicamente los aportes que realizan las provincias productoras para el desarrollo de la vitivinicultura, equivalentes a los montos efectivamente recaudados del sector privado por la contribución instituida por la misma ley. También la COVIAR puede recibir otros recursos de los Estados nacionales o provinciales o de organismos de asistencia financiera, estatales o privados, como ha ocurrido con el del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Proyecto de Integración de Pequeños Productores a la Cadena Vitivinícola (Chazarreta, 2013).

Funcionamiento y relación de las cámaras empresariales vitivinícolas

Se pueden identificar dos etapas respecto a la lógica de funcionamiento de la COVIAR y a la relación forjada entre las diferentes cámaras empresariales vitivinícolas. En un primer momento (2005-2011), la COVIAR fue el reflejo de una “homogeneidad construida” (Lissin, 2008), donde prevalecían el consenso y los objetivos a largo plazo. En esta primera etapa, los conflictos pocas veces se difundían por fuera de esa institución. En cambio, en un segundo momento (2012-2020), se han exteriorizado las diferencias y controversias e incluso se ha puesto en duda la utilidad de la institución.

Etapa 2005-2011: gremialismo empresarial transversal y consenso

En sus comienzos, la COVIAR cristalizó una nueva forma de relacionamiento al interior de la burguesía vitivinícola y cobró importancia la noción de consenso para posicionarse ante el Estado como el actor responsable de diseñar las políticas vitivinícolas. Por ello esta primera etapa (2005-2011) fue identificada como de pasaje de un gremialismo empresarial sectorial a otro más transversal, donde se construyó la homogeneidad y se proyectó la unidad de la cadena como leit-motiv. Además, a nivel macroeconómico estos años se caracterizaron por un tipo de cambio relativamente competitivo para las exportaciones –impulsado por la devaluación del peso en 2002– y el fomento del mercado interno.

El funcionamiento institucional de la COVIAR no se centraba en la determinación de precios o la participación del Estado en la actividad (promoviendo el mercado interno o el mercado externo), sino en la distribución de los recursos estatales y de los excedentes que, a partir de la fijación de las contribuciones, integraban su presupuesto. Es decir, esa burguesía no discutía la intervención del Estado, sino que, a tono con las nuevas formas institucionales promovidas por el agronegocio, orientó sus prácticas políticas y económicas a la construcción de la coordinación de la cadena agroindustrial. En este sentido, profundizó el proceso de integración industrial y el mayor control ejercido por el sector que se ocupa de la elaboración y del fraccionamiento del vino –ubicado en la etapa núcleo de la cadena y favorecido en su capacidad de demanda frente al Estado–. Específicamente, fortaleció a las pequeñas y medianas empresas locales y nacionales integradas y a las cooperativas, sectores orientados predominantemente al mercado interno.

Esta organización canalizó parte importante de las demandas de la burguesía vitivinícola al Estado (especialmente en su nivel nacional), obteniendo respuestas relativamente satisfactorias. Entre las más relevantes pueden mencionarse: a) un crédito del BID; b) la devolución de la mitad de los fondos recaudados por el Estado nacional a través de las retenciones a los gobiernos provinciales, asignados a la actividad con la intervención de la COVIAR; y c) el desarrollo de acciones para la promoción del vino como bebida nacional, con la promulgación del Decreto 1800/2010.

Si bien fueron pocos los conflictos públicos hasta 2011, se registran algunos vinculados al aumento de la contribución obligatoria por parte de pequeños productores, a los proyectos de integración productiva y a la prohibición de implantar nuevos viñedos. Finalmente, en temas coyunturales, entre las organizaciones seguían existiendo diferencias en torno, por ejemplo, al porcentaje de elaboración de mosto o al pronóstico de cosecha que todos los años estima el INV. Estas cuestiones que enfrentaban a los distintos sectores de la burguesía encontraban otros espacios de discusión, es decir, quedaban fuera del ámbito de incumbencia de la COVIAR.

En ese sentido, en esta primera etapa, frente a una heterogeneidad de intereses al interior de la COVIAR prevaleció una homogeneidad construida, en virtud de la cual, siguiendo a Lissin, “diversos actores empresarios coinciden en sus intereses frente a una determinada coyuntura específica o una determinada política pública” (Lissin, 2008, p. 3). Sin embargo, en este caso los acuerdos se establecían priorizando el largo plazo por sobre temas coyunturales. Esto obedece a la importancia otorgada por estos mismos sectores a la COVIAR como un espacio diferenciado de los existentes, capaz de trazar políticas de largo plazo para la actividad (Chazarreta, 2014).

Etapa 2012-2020: conflicto abierto

A partir de 2012 se registró una apreciación cambiaria, por lo cual las exportaciones argentinas perdieron competitividad. Desde principios de 2016 se profundizó el aumento de los costos internos de producción junto con el de las tarifas de los servicios públicos, sumándose el retraimiento del consumo interno por la pérdida del salario real de los trabajadores y el aumento de la inflación. En este contexto se inició una segunda etapa (2012-2020) en la alianza de la burguesía vitivinícola, a la que se puede categorizar como de conflicto abierto. Tal tendencia se visualiza especialmente en la disputa encabezada por Bodegas de Argentina (cámara que aglutina a las empresas exportadoras de vino) y por el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este con la COVIAR. El consenso no sólo se logra a partir de la exclusión de los temas controvertidos sino también de los agentes disidentes (Moscheni Bustos y Hernández, 2020).

Algunos sectores de los pequeños productores menos integrados a la cadena siguen bregando por el aumento de la contribución obligatoria, en base al argumento de que si bien en muchos casos no les corresponde pagarlo (porque no elaboran vino), en realidad es un costo trasladado por los bodegueros hacia los productores de vid. A su vez, discuten la utilidad y la representatividad de la COVIAR, debido a que ésta ha fortalecido una institucionalidad no representativa del conjunto (Sosa, 2018).

Entre otros aspectos, las entidades que critican a la COVIAR sostienen que llegado el año objetivo del PEVI 2020:

  1. no se cumplieron las metas de crecimiento de mercado interno ni de mercado externo,
  2. se usó a la institución como entidad gremial empresarial para los intereses de algunas entidades,
  3. se avanza en un nuevo PEVI (2030) que no está consensuado y
  4. no hay acuerdo sobre la forma de asignar el presupuesto, por ejemplo, en relación a la comunicación institucional.

Asimismo, se oponen a la forma de promoción de mercado (interno y externo). Incluso, un punto de controversia que surgió en 2019 es el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, ya que la COVIAR se mostró públicamente preocupada por la liberalización de los ingresos de vinos importados de países excedentarios de vino y por el subsidio estatal a su producción. En cambio, desde Bodegas de Argentina promueven los tratados de libre comercio sin restricciones. También hubo cuestionamientos a la forma de elección a las autoridades de la entidad en 2020, lo cual desencadenó en la salida de Bodegas de Argentina y del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este de la COVIAR de esta última.

Además, existen conflictos entre sectores empresariales por temas que se debaten por fuera de la COVIAR, como los referidos a la concentración productiva en la actividad y al desequilibrio entre la oferta y la demanda de uvas (Ferreyra y Vera, 2018). Tampoco la COVIAR canaliza algunas discusiones entre los empresarios vitivinícolas y el Estado (especialmente, nacional). De todos modos, en esta etapa siguieron vigentes proyectos alineados a los objetivos estratégicos definidos desde un comienzo como, por ejemplo, el funcionamiento de Centros de Desarrollo Vitícola y la integración de pequeños productores, la promoción de vinos argentinos en el exterior, la creación del Observatorio Vitivinícola Argentino, el fomento del turismo de vino y el reposicionamiento de la categoría vino en el mercado interno.

Reflexiones

El desarrollo de la trayectoria de la COVIAR permite analizar algunos aspectos. En primer lugar, el consenso implicaba dejar fuera los temas que más claramente causaban los antagonismos al interior de la burguesía, lo cual era necesario para sostener su consideración social como un actor con capacidad dirigencial, que pensaba en el largo plazo.

En segundo lugar, la “homogeneidad construida” era posible cuando las condiciones macroeconómicas beneficiaban la actividad: tipo de cambio competitivo para las exportaciones, auge del mercado interno, bajas tarifas de los servicios públicos (subsidiadas por el Estado) y financiamiento para el impulso de la integración y la reconversión vitivinícola.

En tercer lugar, la COVIAR representaba una instancia relevante para fortalecer las posibilidades de disputa (y en consecuencia de permanencia) de los sujetos locales/nacionales con relación a la coordinación de una cadena crecientemente globalizada. Esto se debe a que el proceso de reconversión vitivinícola no implicó una subordinación total de las franjas locales y nacionales de la burguesía a las empresas extranjeras o a sus lógicas productivas.

En cuarto lugar, pareciera que en situaciones macroeconómicas estables y beneficiosas para la actividad predominan en la relación entre el empresariado y el Estado los canales institucionales y los conflictos intrasectoriales no son explícitos. En cambio, en un contexto económico adverso prevalecen prácticas vinculadas al lobby, las cuales son ejercidas por empresarios, directivos y/o agrupaciones no institucionalizadas. En dichas prácticas se hacen más evidentes los conflictos al interior de la burguesía vitivinícola y entre los diferentes sectores de la cadena agroindustrial con el Estado.

Por último, existen otros factores que pueden incidir en los cambios de funcionamiento experimentados por la COVIAR. Por ejemplo, la dinámica política entre las entidades y los liderazgos de una entidad por sobre las otras, la búsqueda de otras vías institucionales para alcanzar los objetivos de COVIAR o la emergencia de nuevas entidades por fuera de la institucionalidad vigente (como la Asociación de Viñateros en Acción o la Asociación de Productores del Oasis Este Mendocino), que detentan vías alternativas de vehiculización de reclamos.

Bibliografía

Bertranou, J. (2009). Gestión público–privada en la reforma del estado en el nivel provincial. Creación de agencias descentralizadas en los años noventa en la provincia de Mendoza (tesis de doctorado). Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Chazarreta, A. (2013). La organización de la burguesía y su relación con el Estado: el caso de la burguesía vitivinícola a partir de la década de los 90. En Gras, C. y Hernández, V. (Comps.), El agro como negocio: producción, sociedad y territorios en la globalización (pp. 237-261). Buenos Aires, Argentina: Biblos.

Chazarreta, A. (2014). Los cambios en la organización gremial de la burguesía vitivinícola de la provincia de Mendoza, Argentina (1990-2011). Pampa. Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales, 10(10), 55-85.

Chazarreta, A. (2019). Los conflictos empresariales en la vitivinicultura argentina: génesis, desarrollo y crisis de la alianza social de la burguesía vitivinícola. Escuela de Verano Violencia y conflictos sociales. Berlín, Alemania.

Ferreyra, M. A. y Vera, J. A. (2018). Mendoza: vitivinicultura y transferencia de ingresos. Del sobrestock a la importación. Mundo Agrario, 19(41). Recuperado el 15/01/2021 de http://t.ly/m1l4.

Mateu, A. M. y Natali, P. (2011a). Políticas públicas, corporaciones y reconversión vitivinícola: ¿encuentro o desencuentro? Primer Congreso Chileno de Historia Económica. Viña del Mar, Chile.

Mateu, A. M. y Natali, P. (2011b). Reconversión productiva y corporaciones. El caso de la vitivinicultura mendocina (1980–2004). Terceras Jornadas de Historia de la Industria y los Servicios. Buenos Aires, Argentina.

Moscheni Bustos, M. y Hernández, J. J. (2020). Vino, actores y tramas: espacios de concertación de políticas en la vitivinicultura argentina. Revista Internacional de Organizaciones, 24, 301-324.

Lissin, L. (2008). Acción colectiva empresaria ¿Homogeneidad dada o construida?: un análisis a la luz del estudio de las corporaciones empresarias en la crisis del 2001. Documentos de Investigación Social, 3. Recuperado el 15/01/2021 de http://t.ly/uN5J

McDermott, G. (2007). The politics of institucional renovation and economic upgrading: recombining the vines that bind in Argentina. Politics & Society, 35(1), 103-143.

Ruíz, A. M. y Vitale, J. (2011). Prospectiva y estrategia: el caso del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI). Mendoza: INTA.

Sosa, M. (2018). La COVIAR en su laberinto. Los Andes. Recuperado el 15/01/2021 de http://t.ly/yhBU


  1. Recibido: febrero de 2021.
  2. Licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES). Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con lugar de trabajo en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (IDAES-UNSAM). Docente en IDAES-UNSAM. Contacto: adchazarreta@gmail.com.


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