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Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART)[1]

(Tucumán, Argentina, 1923-1956)

María Lenis[2]

Definición

El Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART) se fundó en 1923 con la finalidad de nuclear a los empresarios azucareros tucumanos en un contexto signado por la protesta obrera y un expansivo conflicto con el sector cañero por el precio de la materia prima. En tal sentido, el objetivo central del CART era representar los intereses de los propietarios de ingenio en un mundo azucarero atravesado por las diversas disputas sectoriales.

Origen

La conformación de esta nueva entidad se produjo en el marco de la reorganización estatutaria e institucional del Centro Azucarero Argentino(CAA) que, en 1923, impulsó una descentralización en la toma de decisión, promoviendo la creación de tres comisiones regionales: una que nucleara a las fábricas azucareras ubicadas en la provincia de Tucumán, otra que reuniera los ingenios de Salta y Jujuy y la tercera representaría los establecimientos de las provincias de Santa Fe, Corrientes, y Gobernación del Chaco. La comisión regional de Tucumán fue la que se formó con mayor celeridad y comenzó a funcionar ese mismo año en las oficinas céntricas del Ingenio Concepción propiedad de Alfredo Guzmán.

La puesta en marcha del CART se produjo casi de manera simultánea a la reforma institucional del CAA que denominó a la nueva entidad como “Comisión Regional de Tucumán”, mientras que la asociación tucumana se refería a sí misma como “Centro Azucarero Regional de Tucumán”. Esta cuestión no constituye un detalle menor, toda vez que la Comisión Directiva Central del CAA marcaba de manera recurrente el carácter subordinado que tenía la Comisión de Tucumán, lo que se reflejaba no sólo en la nomenclatura utilizada sino también en la relación existente respecto a la distribución de las cuotas sociales. Desde el punto de vista económico y en lo relativo al acceso del dinero, quedaba claro que el CART no era una entidad independiente del CAA, ya que sus ingresos y financiamiento eran, en gran medida, el resultado de decisiones que se tomaban desde Buenos Aires.

Otro aspecto relevante para destacar es que la base material de la entidad tucumana reunía ciertas notas distintivas, ya que la mayor parte de los integrantes de la Comisión Directiva (con la excepción de Manuel García Fernández) no habían ocupado cargos dirigenciales en el CAA. Aún más, Alfredo Guzmán, el primer presidente del CART, en diversas oportunidades expresó cuestionamientos a las acciones colectivas desplegadas por la corporación por considerarlas parciales y favorables al grupo Tornquist (como la conformación de la Unión Azucarera Argentina de 1896, la Ley de primas de 1897 y las llamadas Leyes Machete de 1902 y 1903). En tal sentido, la configuración de los espacios asociativos en los ámbitos regionales puede ser interpretada como una estrategia implementada por el CAA con el propósito de evitar una ruptura con un grupo de industriales tucumanos.

Representación de intereses y acción colectiva

El CART, a diferencia del CAA, no bregó por representar a la industria azucarera en su conjunto, sino fundamentalmente a los empresarios. Se configuró con el objetivo de defender los intereses del sector frente a las demandas de otros actores de la industria. En tal sentido, las gestiones del CART se desplegaron en un escenario marcado por la disputa con el sector cañero y por los reclamos de los trabajadores azucareros en materia de salario y de jornada laboral. Las primeras acciones llevadas adelante por el CART estuvieron vinculadas con la sanción de las leyes obreras de 1923 y el movimiento de protesta que sobrevino con motivo de la presión ejercida por los industriales azucareros para neutralizar los alcances de la Ley del Salario Mínimo y de la Jornada Laboral de 8 horas.

Otra intervención clave del CART tuvo lugar en el marco del conflicto con los plantadores de caña por el precio de la materia prima. Una nueva crisis de sobreproducción se iniciaba hacia 1925 y, como consecuencia, los propietarios de ingenio ofrecían bajos precios por la materia prima a los cañeros. La presión tributaria que recaía sobre los principales actores productivos de la provincia intensificó la disputa. Las discusiones en torno al “contrato único” (instrumento que pretendía regular la compra de materia prima por parte de los ingenios) y las reuniones celebradas con los representantes cañeros fueron llevadas adelante por el CART sin intervención formal del Centro Azucarero Nacional. Cuando estalló la huelga cañera en 1927 y el presidente Alvear intervino para zanjar el conflicto, la representación de los industriales recayó sobre el CART y fue esta asociación la que asumió los costos de un Laudo que arbitraba a favor de los cañeros.

Conflictos intersectoriales en la década del treinta

Los caminos divergentes entre el CART y el CAA pueden constatarse ya en la década de 1930. En 1932 los industriales azucareros prestaron apoyo al gobierno de Juan Luis Nougués, ya que, dada la crítica situación de las finanzas provinciales, adelantaron $ 200.000 m/n a cuenta de los impuestos al azúcar, la patente de caña y el alcohol de la cosecha de aquel año. A pesar del respaldo de los propietarios de ingenio y del CART, los fondos resultaron insuficientes, por lo que el gobernador debió explorar otras alternativas para hacer frente a las obligaciones de la administración pública. Recurrió entonces a los industriales azucareros.

En tal sentido, el gobernador proyectó el establecimiento de un impuesto adicional al azúcar que ascendía a dos centavos por kilogramo de azúcar fabricado en la provincia durante las zafras 1933, 1934 y 1935. El mismo debía ser abonado por los fabricantes en pagos mensuales, los cuales corresponderían a la cantidad de azúcar elaborada en cada fábrica en el mes anterior. El 90% de la recaudación se destinaría a saldar la deuda pública, mientras que el 10% restante se invertiría en obras públicas y asistencia médica y social (Parra, 2011.). Como respuesta, el CART envió una misiva a la Legislatura en la que dejaba constancia que la agroindustria no estaba en condiciones de soportar nuevas cargas impositivas. Asimismo, advertía que, si el gobierno persistía en su tesitura, los fabricantes tendrían que trasladar el tributo a los consumidores.

En este contexto altamente conflictivo, la Comisión Directiva del CAA no gestionó posibles soluciones a la crisis de sobreproducción y a las tensiones existentes entre plantadores de caña y fabricantes de azúcar. El eje central de las preocupaciones giraba en torno al cobro de las cuotas sociales atrasadas y a la búsqueda de mayores ingresos para la asociación, avizorándose cierta distancia respecto de la problemática tucumana. Por ejemplo, cuando el CART solicitó la opinión del CAA sobre las modificaciones que los cañeros pedían introducir al contrato único, la Comisión Central Directiva (CCD) no consideró conveniente pronunciarse al respecto, tampoco trató la cuestión del impuesto adicional al azúcar.

Transformaciones y cambios de representación

Durante los primeros treinta años de vida del CAA, sus acciones y política institucional estuvieron centradas en la problemática del parque industrial de Tucumán, y también la mayor parte de sus presidentes eran oriundos de esa provincia. Este cuadro de situación sufrió un viraje a partir de la creación del CART, ya que los caminos de ambas asociaciones se fueron bifurcando paulatinamente durante década de 1930. La falta de discusión y consideración de las cuestiones inherentes al complejo azucarero tucumano revelaba que las bases se apoyo del CAA ya no se encontraban, como en el pasado, tan claramente en Tucumán. Los empresarios provenientes de Salta y Jujuy (Herminio Arrieta del Ingenio Ledesma y de Robustiano Patrón Costas del Ingenio San Martín de Tabacal) cobraron cada vez más relevancia en el seno de la CCD y fueron los impulsores de la organización de la Comisión Regional del Norte (también conocida como Centro Azucarero Regional del Norte Argentino, CARNA) en 1931, que a diferencia del CART siempre fue una entidad subordinada al CAA.  Durante las décadas de 1940 y 1950 el CAA estuvo ausente en los principales debates en torno las normativas que regirían la actividad, sobre todo mantuvo su posición prescindente respecto a las problemáticas del complejo tucumano.

La activa acción del CART en el ámbito local supuso, en alguna medida, la “provincialización” de la problemática azucarera y la desarticulación de un discurso que había señalado de manera sistemática el carácter nacional de la agroindustria. Este repliegue de los industriales tucumanos sobre los problemas propios del complejo agroindustrial provincial iría debilitando sus conexiones con las agencias estatales y los poderes públicos nacionales, mientras los jujeños y salteños fortalecerían dichos vínculos. Este distanciamiento cobraría especial relevancia con la llegada de Perón y, sobre todo, con la Revolución Libertadora de 1955, puesto que, al nacionalizarse la política azucarera, los propietarios de ingenio de Tucumán tuvieron menos canales y recursos políticos para defender sus intereses.

La política azucarera durante el peronismo y la Revolución Libertadora

A medida que las acciones corporativas se provincializaban, la política azucarera se nacionalizaba. El peronismo intentó resolver los conflictos de la agroindustria a través de la implementación del “Fondo Especial de Compensación y Asistencia Social” (o Fondo Regulador) que se nutría de un impuesto $m/n 0,06 centavos por kilogramo de azúcar. Los recursos estaban destinados a compensar a cañeros e industriales, a quienes se les reconocía los mayores costos por el incremento de los insumos y los salarios (Bravo y Gutiérrez, 2014: 167). EL CARNA objetó la contribución por estimar que la vigencia del régimen de compensaciones suponía una transferencia de ingresos de las fábricas más eficientes a aquellas que no le eran. Esta afirmación tenía, además, una dimensión geográfica concreta, ya que eran los empresarios de Salta y Jujuy los que “compensaban” la falta de competitividad y eficiencia de sus pares tucumanos.

Hacia fines de la década de 1940, el discurso oficial en torno a la actividad azucarera sufrió un giro: la intervención estatal ya no lograría la “armonía de clases”, sino que las pujas distributivas y las disputas sectoriales sólo serían superadas con una mayor productividad y menores costos de producción. El gobierno peronista perseguía una mayor independencia del parque industrial tucumano de la ayuda estatal, aunque esto no suponía un abandono de la regulación.

La “Revolución Libertadora” creó, en 1956, una Comisión Asesora de la Industria Azucarera, encargada, una vez más, de estudiar los costos de producción. En función del análisis realizado el gobierno tomó dos medidas que serían claves para la actividad azucarera. En primer lugar, estableció la libre contratación de caña, lo que liberaba a las fábricas de moler la totalidad de la materia prima del cañaveral. De este modo, se echaba por tierra una de las más caras conquistas del sector cañero e introducía la disputa entre plantadores y fabricantes por los cupos de molienda. En segundo término, fijó un rendimiento sacarino único y anuló el rendimiento promedio de acuerdo a las zonas productoras, lo que colocaba a los ingenios de Salta y Jujuy en una posición ventajosa respecto a los tucumanos, ya que, por cuestiones climáticas, Tucumán se encontraba en el límite apto para el cultivo de caña.

De este modo, el golpe de Estado de 1955 inauguró una nueva etapa en la política azucarera: inició el camino hacia la desregulación de la actividad, que tendría como colofón el cierre de once ingenios en 1966. La crisis azucarera desencadenada desde entonces profundizó las divergencias entre las dos entidades, cuyos derroteros institucionales bifurcaron sus trayectorias. En el caso del CART, perdió aún más sus conexiones políticas “nacionales” y la centralidad de antaño en las acciones de protesta.

Interpretaciones

La mayoría de las contribuciones sobre la industria azucarera advierten las intervenciones del CART en los contextos de conflicto, sin embargo, no existen especificaciones sobre su origen ni sobre el vínculo con el CAA, ya que han sido consideradas como instituciones separadas desde el principio. Esta mirada está teñida por el presente, puesto que en la actualidad la entidad no se reconoce como una institución ligada al CAA sino como una asociación independiente que en diversas oportunidades ha rechazado y confrontado las políticas azucareras promovidas por la organización nacional. Así, mientras el CAA parece representar de manera más acabada los intereses del grupo Ledesma, el CART gestiona a los ingenios tucumanos. Examinar los orígenes de esta última asociación resulta fundamental para esclarecer los conflictos que existían en el mundo empresarial azucarero.

Bibliografía

Bravo, M. C., (2008). Campesinos, azúcar y política: cañeros, acción corporativa y vida política en Tucumán (1895-1930). Rosario, Argentina: Prohistoria Ediciones.

Bravo, M. C y Gutiérrez, F. (2014). La política azucarera argentina: de la concertación sectorial al tutelaje estatal (1928-1949). H-industri@. Revista De Historia De La Industria, Los Servicios Y Las Empresas En América Latina, (14), 153-185.

 Bravo, M. C. (2017). La agricultura: actores, expresiones corporativas y política. Buenos Aires, Argentina: Imago Mundi.

Lenis, M. (2016). Empresarios del Azúcar. Corporaciones, política y discursos, Tucumán 1894-1923. Buenos Aires, Argentina: Imago Mundi.

Lenis, M. (Coord.) (2017). El Asociacionismo Empresario: sociabilidad y política. Buenos Aires, Argentina: Imago Mundi.

Parra, M. G. (2011). Blancos, demócratas y radicales en la encrucijada de los años treinta. El impuesto adicional al azúcar, Tucumán 1932-1934. Travesía. Revista de Historia Económica y Social, 13, 127-162.


  1. Recibido: mayo de 2020.
  2. Licenciada en Historia y Doctora en Humanidades (Área Historia) por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Actualmente se desempeña como Secretaria Académica de la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión de la UNT y como Profesora Adjunta de la asignatura Historia de la Cultura. Contacto: marialenis@gmail.com.


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