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Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)[1]

(Argentina, 1983-2019)

Susana Grosso[2]

Definición

El INTA, siglas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es un organismo autónomo y autárquico dependiente del Ministerio de Agricultura, es el encargado de realizar y centralizar investigaciones en materia de tecnología agropecuaria y desarrollo rural, y desenvolver la extensión rural en todo el territorio nacional.

Historia

Las características de la institución, desde sus orígenes en 1956 hasta 1983, ya fueron abordadas en este mismo diccionario en este mismo diccionario, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (Argentina, 1956-1983).

Siguiendo las recomendaciones de Raúl Prebisch, el INTA se crea con la misión de: “Impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuarias y acelerar, con los beneficios de estas funciones fundamentales, la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural” (INTA). El mismo llevó a la práctica tres ideas muy innovadoras para ese momento: “que la investigación y la extensión se realizaran bajo la misma estructura, que el organismo fuese autónomo y autárquico y que los productores tuviesen participación activa en su conducción”.

En la actualidad, su máximo órgano de funcionamiento es el Consejo Directivo (integrado por representantes del sector público, las universidades nacionales y las organizaciones de productores) quién define las políticas institucionales a nivel nacional y asegura el “control social” de su accionar. La ejecución de dichos lineamientos está a cargo de una Dirección Nacional.

Cuenta con 15 Centros Regionales (que poseen sus respectivos consejos, integrados por representantes regionales y provinciales) de los cuales dependen 52 Estaciones Experimentales Agropecuarias y 350 agencias y/o unidades de extensión, de gran cobertura nacional. Posee además 6 centros y 22 institutos de investigación, la mayoría ubicado en la localidad de Castelar (Provincia de Buenos Aires).

El INTA, en sus orígenes, agrupó ciertos recursos humanos y materiales existentes en el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, entre ellas 11 Estaciones Experimentales (EEA). Al poco tiempo y gracias a generosos recursos estatales, se crearon las restantes y en menos de una década, unas 200 Agencias de Extensión Rural (AER), le otorgaron una impresionante cobertura territorial.

Las actividades de investigación se organizaron agrupando los planes de trabajo en Programas (por producto o por disciplina) y se conformaron con la participación de destacados especialistas de las universidades y de la actividad privada. En tanto, la extensión se estableció para atender las necesidades de las familias rurales (ubicando casi una AER por Departamento o Partido, al menos en la región pampeana), divulgar las nuevas técnicas y detectar los problemas sobre los que deberían trabajar las EEAs.

Frente a la necesidad de capacitación de sus profesionales (tanto investigadores como extensionistas), se realizó un importante programa de perfeccionamiento en el exterior (principalmente en los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Australia) y en colaboración con algunas universidades estatales, se construyó un sistema de posgrado en temáticas agropecuarias, de cobertura nacional.

El INTA, a más de 60 años de su creación, sigue siendo la única institución pública responsable de la generación y transferencia de tecnología agropecuaria con cobertura nacional. Diversos autores distinguen, a lo largo de su historia, la presencia de diferentes “proyectos institucionales”, los cuáles fueron cambiando, especialmente en su componente de extensión, a medida que los momentos políticos-económicosse fueron sucediendo en Argentina. Con algunas modificaciones semánticas y tomando como referencia a Alemany (2003) y Carballo González (2006), los nombramos de la siguiente manera: el desarrollismo y el paradigma educativo (1956-1976); la revolución verde y la transferencia de paquetes tecnológicos (1976-1991); el neoliberalismo y el intento de privatización de la extensión (1991-2002) y el retorno de la autarquía y el enfoque territorial del desarrollo (2003-2015). Desde 2016, la institución atraviesa nuevamente un período de análisis, recorte presupuestario, reducción de personal e incertidumbre en relación a su cartera de proyectos.

El desarrollismo y el paradigma educativo de la extensión (1956-1976)

Esta primera etapa del INTA, que ya fue tratada en esta obra en la entrada mencionada anteriormente cargo de Cecilia Gárgano, estuvo fuertemente influida por el pensamiento desarrollista, y la tarea de extensión, por los enfoques desarrollados por la sociología rural Norteamérica (Alemany, 2003), la cual bajo una visión dual tradicional-moderno, consideraba al ‘tradicionalismo rural’ como el principal responsable de los bajos niveles de vida y la limitada producción rural. Ambas corrientes coincidían en que, para lograr el desarrollo rural, era necesario trabajar sobre dos aspectos: sobre el técnico, para lograr los objetivos económicos en cuanto a la producción y utilización racional de los recursos; sobre el educativo, para cambiar la mentalidad del hombre rural y tornarlo apto para la vida moderna.

El accionar del INTA se organiza de “arriba hacia abajo” (top-dow), es decir, desde la investigación y la experimentación hacia los agricultores, con limitada participación de estos últimos, y cuyos productos se adaptaban en mayor medida a las posibilidades de los sectores con mayor capacidad económica-financiera. Según Carballo Gonzáles (2006), “se partía del supuesto de que las nuevas tecnologías ‘ofertadas’ por la extensión, en función del diagnóstico hecho por los técnicos de la institución, eran las más apropiadas para transformar la producción y asegurar el bienestar de la población rural”.

Durante estos primeros 20 años, la extensión del INTA se concentró en la familia rural. Para ello, las AER contaban con un “equipo extensionista”, constituido por un Jefe de Agencia, ingeniero agrónomo, médico veterinario o técnico agrícola; una asesora de “Hogar Rural” con formación en economía doméstica y un Asesor de Clubes, técnico agrícola especializado en el trabajo con juventudes rurales. “4 A”.

Como lo muestran los documentos institucionales de la época, el campo de actividades era muy amplio: desde los problemas de la agricultura como las condiciones en la que esta se desarrollaba, o sea, todo lo concerniente al bienestar de la población rural: su situación económica y social, sus niveles de alimentación, salud, habitación, vestuario, recreación, etc. Los lineamientos de la extensión se traducían operativamente en la organización de la familia rural en componentes separados y de acuerdo a sus “intereses comunes”. Se crearon grupos de hombres para el análisis de las formas de producir, clubes de mujeres para tratar los problemas del hogar (Clubes de Hogar Rural), y de jóvenes (Clubes 4 A) para iniciar nuevos proyectos y actividades para facilitar la socialización e incorporar y/o transformar actitudes.

La profundización de la revolución verde y el paradigma transferencista de la extensión (1976-1991)

El Golpe de Estado de 1976 repercutió fuertemente al interior del INTA, especialmente en su trabajo de extensión. Según Carballo González (2006), dan cuenta de ello: “la expulsión de aproximadamente el 20% de sus técnicos, la desaparición, asesinato y detención de otros, la acentuación del verticalismo, la censura y autocensura y los cambios en los planes de trabajo”.

En relación a sus objetivos fundamentales, se dejó paulatinamente de trabajar con la familia rural, para concentrarse en la “generación y transferencia de paquetes tecnológicos de alto rendimiento en los cultivos claves de exportación” (Alemany, 2003). De esta manera, la investigación se organizó en base a productos o cadenas (trigo, maíz, soja, leche, carne, etc.), y no en función de sistemas de producción; mientras que la extensión se concibió como parte de una “secuencia articulada de los procesos de generación, difusión y adopción tecnológica de acuerdo a un modelo lineal y descendente” (Alemany, 2003). Consecuentemente, la tarea del extensionista pasaba más por ver “cómo se ‘enganchaba’ en los programas nacionales [de investigación], que en detectar y priorizar problemáticas locales”.

La acción de extensión se centralizó en los productores agropecuarios, priorizándose las metodologías de: productor demostrador, reuniones técnicas abiertas, cartillas de divulgación, y más sobre el final del período, la utilización de medios masivos de comunicación, como la radio y la televisión. Si bien no se realizó una diferenciación explícita por tamaño, el sistema priorizó a los productores medianos viables, es decir a aquellos que, de acuerdo al discurso dominante de la época, tenían condiciones y capacidad para absorber la tecnología existente y dar respuestas rápidas al estímulo modernizante. La pequeña producción y el minifundio no estaban incluidos en las preocupaciones de la época.

Dicho modelo favoreció la segmentación de la investigación y la extensión, organizándose como áreas independientes y fuertemente centralizadas. Pero también la priorización de las políticas de generación sobre las de transferencia de tecnologías, expresadas en una asimetría creciente en las oportunidades de capacitación y de obtención de recursos operativos, produjo una jerarquización de la primera por sobre la segunda y no pocas tensiones internas entre los profesionales de la institución.

Estos cambios se vivieron de manera muy traumática, especialmente por los extensionistas. El abandono del trabajo con Hogar Rural y Clubes 4 A, llevó a la reubicación del personal en otras tareas y a un cambio de la imagen del INTA en la sociedad, como lo expresa Alemany (2003):

“En las sociedades locales se mantenía vigente la imagen del anterior modelo totalizador y comprehensivo de la problemática agraria. Como el proyecto transferencista mantuvo a la AER como unidad operativa de trabajo, éstas continuaron siendo la ventanilla de recepción de las preocupaciones de la totalidad de las cuestiones que afectaban a la familia rural. Contradictoriamente, el extensionista tenía que resolver en su práctica cotidiana esta demanda, aunque el nuevo modelo institucional no lo contenía”.

Con el retorno de los gobiernos democráticos, se inicia un proceso de reorganización interna, conocido en los documentos institucionales como INTA II, que “en sus aspectos fundamentales se mantiene hasta el presente” (Carballo González, 2006). Se pretendía desburocratizar la toma de decisiones y adaptar la organización a los cambios acontecidos (tanto en el sector agropecuario como en el contexto político y social), a través de tres ejes: descentralización, participación e integración.

Por medio de la “descentralización” se otorgaron responsabilidades a la organización regional, creando 15 Centros Regionales y sus respectivos consejos. Este proceso es conocido también como la “regionalización” de INTA, dónde se le reconoce a cada espacio geográfico la capacidad de enfrentar sus propios problemas. La “participación” a través de la creación de los Consejos de Centros Regionales, integrados por representantes de productores, de los estados provinciales y de la comunidad universitaria, permitiendo la ampliación de la colaboración regional y local en la toma de decisiones de la institución. Y, por último, la “integración”, a partir del reconocimiento de la existencia de un conjunto de actores públicos y privados con acciones en la investigación y transferencia de tecnología, particularmente en la región pampeana.

La necesidad del INTA de plantear la integración surge, entre otras cosas, por la presencia creciente de ingenieros agrónomos en el medio (a través de los Grupos CREA, servicios de extensión cooperativos, proveedores de insumos y asesores privados), quiénes comienzan a cuestionar la labor de las AER como una “competencia profesional desleal”. Este hecho, genera un nuevo público para la acción de extensión: los profesionales de las ciencias agropecuarias, quienes a mediados de los años ‘80 comenzarán a monopolizar la mediación entre el INTA y los productores.

Los cambios que plantea INTA II, según los autores revisados, no fueron suficientes para modificar el proyecto institucional transferencista, aunque destacan tres aspectos positivos con la “regionalización”. Primero, la creación de la “Unidad de Coordinación de Planes y Proyectos de Investigación y Extensión para minifundistas”, Minifundio en el vocabulario interno y por el cual se reconoce la presencia del campesinado en Argentina. Segundo, el inicio del trabajo en “experimentación adaptativa”, como estrategia de adaptación de tecnología a niveles locales. Y, por último, el abandono de la planificación centralizada de programas difusionistas para el rendimiento de los cultivos priorizados, a través de una nueva figura:  el Proyecto Regional.

El neoliberalismo: entre conocimientos libres y apropiables (1991-2001)

Los cambios políticos y económicos de la década de 1990 generaron un nuevo escenario para el INTA. En un contexto que cuestionaba al Estado considerándolo sobredimensionado, este Instituto se encontró frente a una sociedad que le demandaba probar su utilidad y eficiencia.

Una de las adaptaciones solicitada fue la separación de las tareas de investigación y extensión, intentando provincializar y/o privatizar esta última. Como sostiene Alemany (2003):

Contrariamente, lo que para algunos era la gran fortaleza institucional y que le había dado identidad y reconocimiento nacional e internacional, para otros era lo que estaba atentando contra la eficacia institucional por la imposibilidad de gestionar funciones tan diversas, en un contexto en el cuál la innovación tecnológica y el desarrollo rural se habían complejizado”

Después de un fuerte debate interno, se definió que el INTA daría respuestas a las demandas tecnológicas de “cinco grandes audiencias institucionales”: los productores minifundistas; la pequeña y mediana empresa rural; la mediana y gran empresa; la agroindustria y los sectores carenciados con insuficiencia alimentaria (Torres et Nocetti, 1994). Cada una de estas audiencias requería de estrategias de intervención específicas. De esta manera, mientras que para el caso de la gran empresa y las agroindustrias se privilegiaron la transferencia de tecnología y los convenios de vinculación tecnológica, para las restantes se enfatizaban las propuestas participativas y la capacitación permanente de adultos.

Es importante recordar que la Institución sufre durante esta década un “estado de ajuste permanente”, traducido en una importante reducción presupuestaria: en 1995 pierde su autarquía financiera (la que recuperará en 2002), las políticas de retiro voluntario diezmaron el personal (emigrando mucho de los recursos humanos más calificados al sector privado) y se restringió el ingreso de nuevos funcionarios (no llamado a concurso de las vacantes que se iban generando).

La Vinculación Tecnológica (VT): más transferencia que innovación

En 1987 el INTA inicia una política de vinculación tecnológica (VT) con el objetivo de mejorar la transferencia de tecnología y promover la innovación tecnológica en el sector privado empresarial de ciencia y tecnología para la agricultura. Según los documentos institucionales, esto fue promovido por tres factores (Moscardi, 2006), a saber: “el fenómeno a nivel internacional de privatización de la ciencia, la crisis del modelo lineal para la innovación científica tecnológica y la reducción de fondos públicos para la investigación agropecuaria”.

Esta tarea se inició sin un marco regulatorio a nivel nacional, ya que recién en 1991 se reglamentaría la Ley 23 877/1990 de “Promoción de la innovación tecnológica”. A partir de la existencia de un marco regulatorio, se crean la Fundación Argentina e INTEA SA. La primera como Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) especializada en la administración de fondos de terceros y acciones de promoción y gestión de los convenios. Mientras INTEA SA se constituye en una empresa para la gestión, promoción y firma de convenios, actuando como mandataria por cuenta y orden del INTA. En 1997 se resuelve que INTEA SA además, pueda administrar y gestionar las regalías producidas por los convenios (Devoto, 2004), entre ellas el pago adicional de salario al personal involucrados.

La VT al interior de INTA pasa por diferentes etapas, además de sufrir cambios en su estructura organizativa. Moscardi (2006) identifica a menos cuatro etapas: la primera, entre 1987 y 1992, donde la VT respondió al impulso de sus promotores iniciales que entendían correctamente los alcances y condiciones para llevar adelante esta política. La segunda, a partir de 1993 y hasta el 2000, dónde se fue sesgando la política hacia la “recaudación” en desmedro de “transferir con eficiencia social”. También algunas empresas se fueron alejando dado la “burocracia excesiva” y la atomización innecesaria entre Fundación Argeninta, INTEA SA, aparte de la estructura original. En 1998 comienza un período de evaluación que dará lugar a la tercera etapa entre 2001 y 2004. Aquí se actualizan los objetivos y estrategias que debía cumplir la VT en la institución y se simplifican los procedimientos administrativos. La VT (ahora Dirección) recupera las facultades de ejecución de la política, la gestión de los convenios, la creación de empresas de base tecnológica, la incubación de empresas y la promoción de parques de innovación tecnológica. Queda a INTEA SA la responsabilidad de comercializar los productos y servicios.

La cuarta etapa de la política de VT se encuadra en el Plan Estratégico Institucional de INTA: 2005-2015, siendo reconocida como uno de los cuatro componentes estratégicos, junto con la 1) Investigación y el Desarrollo Tecnológico; 2) la Transferencia y la Extensión y 3) las Relaciones Institucionales, como veremos en el punto siguiente.

La VT en INTA como toda innovación institucional “nació con apoyos y resistencias”. Como lo expresa Calandra (2009)

“la lógica fundacional [de INTA en 1956] era coherente con los requerimientos y la producción de bienes públicos puros, que podían ser compartidos por el sector de la época sin rivalidades directas y de cuyos beneficios nadie podía ser excluido, independientemente de su contribución a la provisión del bien”. Sin embargo, continúa más adelante la autora, “esta resistencia a los convenios fue decreciendo con el tiempo, hecho que se adjudica tanto al reemplazo generacional como a la experiencia de algunos investigadores que superaron la frustración de la falta de recursos mediante convenios”.

Pero también, como surge de nuestro trabajo de campo, fue generando una inclinación de los investigadores hacia aquellos conocimientos apropiables.

La extensión: entre semi-privatización y contención social

Como respuesta a los efectos negativos de las políticas de ajuste económico y después de un diagnóstico realizado por la institución en 1992 (donde se expresaba que el 60% de las explotaciones agropecuarias no eran viables en dicho contexto económico) el Estado decide apoyar financieramente procesos de reconversión productiva y superación de la pobreza rural.

El INTA inicia de esta manera una política de “focalización” (a través de la definición de “audiencias” mencionada) y complementa su acción en terreno con otras organizaciones, creándose: el Proyecto Integrado de Autoproducción Alimentaria “ProHuerta”, el Programa Social Agropecuario –PSA– y el Programa Federal de Reconversión Productiva para pequeños y medianos productores –Cambio Rural–. El INTA gerencia tanto Cambio Rural como ProHuerta y participaba en la implementación operativa del PSA.

El programa ProHuerta fue creado en 1989, con doble pertenencia institucional: financiado por el Ministerio de Desarrollo Social y ejecutado por el INTA. El mismo, aún vigente, está dirigido a la población urbana y rural de bajos ingresos. Trabaja en la promoción de la autoproducción de alimentos proveyendo insumos biológicos (semillas y aves), asistencia técnica y capacitación. La coordinación es responsabilidad de funcionarios de INTA y para su implementación se contrataron técnicos (en la gran mayoría agrónomos), los cuáles se apoyaban en un número importante de promotores voluntarios (maestros, promotores barriales, etc.).

En 1993, se crea el PSA, dependiente de la SAGPyA (hoy Secretaría de Agroindustria). El mismo estaba destinado a grupos de pequeños productores, prestando capacitación y asistencia técnica y financiera. El mismo perdura hasta nuestros días, pero los cambios institucionales modificaron su denominación y accionar, siendo sus acciones coordinadas desde la Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación.

Cambio Rural fue creado en 1993 por la SAGPyA. Se ideó como un instrumento dirigido a grupos de pequeños y medianos productores basado en dos componentes: asistencia técnica y crédito (el crédito fue algo que no llegó a implementarse adecuadamente). La metodología era la siguiente: el Estado, a través del INTA (la administración estaba a cargo de la Fundación Argeninta), se hacía cargo de parte de los honorarios de contratación de los “promotores-asesores” (agrónomos en su gran mayoría) de manera decreciente por cuatro años; la otra parte de los honorarios debía ser asumida por los productores. Funcionarios de INTA y profesionales contratados para tal fin (los agentes de proyecto) eran responsables de la coordinación de actividades, supervisión y capacitación de los promotores-asesores contratados.

Los grupos de Cambio Rural se difundieron rápidamente en toda la geografía argentina. Datos institucionales nos hablan, a inicios de 1995 (1 año y medio posteriores al lanzamiento del programa) de 19.440 productores formando 1620 grupos distribuidos por todo el país abarcando diferentes rubros productivos (agricultura, carne, leche, hortalizas, frutas, cultivos industriales y producciones alternativas) y constituyendo la experiencia grupal de mayor impacto en la historia del sector agropecuario argentino” (Cambio en marcha, 1995).

Con estos programas articulados al territorio y un fuerte apoyo de los Consejos Regionales (como recordamos constituidos a partir de INTA II, en 1986), se genera una fuerte “estrategia defensiva” (Alemany, 2003), que consigue mantener la extensión rural como parte de la política institucional de INTA, sin que se concreten las intenciones de privatización (a través de la provincialización).

El retorno a la autarquía y el Plan Estratégico Institucional (2002-2015)

En el año 2002 el INTA recupera su autarquía y las facultades asignadas al momento de su creación. Gracias a este nuevo contexto inicia un proceso de evaluación y planificación que dará origen el Plan Estratégico Institucional 2005-2015 (PEI), cuya misión expresa:

el INTA realizará y promoverá acciones dirigidas a la innovación en el sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial para contribuir integralmente a la competitividad de las cadenas agroindustriales, salud ambiental y sostenibilidad de los sistemas productivos, la equidad social y el desarrollo territorial, mediante la investigación, el desarrollo tecnológico y la extensión” (INTA, 2005).

De esta manera prioriza “cuatro componentes estratégicos” para llevar a cabo su accionar, los cuales deben actuar coordinadamente: 1) la investigación y el desarrollo tecnológico; 2) la transferencia y la extensión, 3) la vinculación tecnológica y 4) las relaciones institucionales.

Más allá de un aggiornamiento al nuevo contexto (ampliación de la mirada al sector agroalimentario y agroindustrial, que en la práctica ya ocurría) y del fuerte apoyo presupuestario (tanto en infraestructura, como en ingreso de personal –concursos- y capacitación del mismo), los principales cambios son:

  • Se reorganizan la investigación y desarrollo tecnológico, consensuándose líneas prioritarias en el mediano plazo. También se destaca un esfuerzo para reorientar los recursos humanos afectados en los convenios de VT (durante los años de escasez presupuestaria) hacia los nuevos objetivos institucionales.
  • Se crea el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (2005; CIPAF). El mismo con cinco institutos (coincidiendo con las macrorregiones ecológicas): Pampeana, NEA, NOA, Cuyo y Patagonia, tiene como objetivo: “generar, adaptar y validar tecnologías apropiadas para el desarrollo sostenible de la pequeña agricultura familiar”
  • Se jerarquizan las funciones de “vinculación tecnológica” y las “relaciones institucionales”, tanto a escala local, regional como nacional e internacional, con importantes iniciativas, especialmente con Francia.
  • Se fortalece sustancialmente la transferencia y la extensión, incorporándose el “enfoque del desarrollo territorial”. El INTA reconoce formalmente de esta manera el trabajo de muchos de sus extensionistas (especialmente fuera de región pampeana) con los actores del medio.

El INTA define ahora cuatro audiencias: las empresas, las PYMES, los pequeños productores minifundistas y productores familiares, y los sectores excluidos y más vulnerables de la sociedad. Las tres últimas están vinculadas a programas existentes (Cambio Rural, Minifundio y de Agricultura Familiar -ex PSA- y ProHuerta) y articulados en el “Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable” (PROFEDER).

Se reconoce la falta de recursos humanos formados como una de las grandes falencias para implementar el PEI, motivo por el cuál existe una fuerte apuesta al ingreso de profesionales y a la capacitación de los mismos. Durante este período se crean 5 EEA más (especialmente en regiones extrapampeanas), unas 90 agencias y centros de extensión, además de 7 institutos de investigación.

Bibliografía

Alemany, C. (2003). Apuntes para la construcción de los períodos históricos de la Extensión Rural del INTA. En R. Thorton y G. Cimadevilla (Eds.), La Extensión Rural en debate: concepciones, retrospectivas, cambios y estrategias para el Mercosur (pp. 137-171). Buenos Aires, Argentina: Ediciones Libros INTA.

Blanco, ([a1] 1966). Informe de situación del área de influencia de la AER San Justo (Prov. Santa Fe). EEA Pergamino: Buenos Aires, Argentina: Ediciones INTA.

Calandra, G. (2009). El INTA y sus órdenes simbólicos en pugna. En C. Gras y V. Hernandez (Coords.), La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios (pp. 193-213). Buenos Aires, Argentina: Ediciones Biblos.

Carballo Gonzalez, C. (2006). Cincuenta años de agricultura familiar en el INTA. Viejos desafíos en un nuevo contexto para el Desarrollo Rural y Nacional. XIII Jornadas Nacionales de Extensión Rural y V Jornadas de Extensión del Mercosur. Asociación Argentina de Extensión Rural (AADER). Esperanza, 19 al 20 de setiembre de 2006. Disponible en CD-rom.

Devoto, R. (2004). El INTA y sus iniciativas de vinculación tecnológica: hitos y propuestas. 70 p. Recuperado de www.inta.gov.ar

Giordano, H. (1935). El problema de la experimentación agrícola y mejoramiento de variedades en el centro y norte de Santa Fe, norte y este de Córdoba y sur y este de Santiago del Estero. Informe de situación. Inédito. 13 p.

INTA. Historia del INTA. Recuperado de www.inta.gov.ar

INTA (1960). Objetivos fundamentales de la labor experimental de extensión y de fomento de la Estación Experimental Agropecuaria de Rafaela. Publicación Técnica Nº 2. EEA RAFAELA: INTA.

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Moscardi, E. (2006). La política de vinculación tecnológica en el INTA: 1987-2006. Hitos de una estrategia innovadora. Buenos Aires, Argentina: INTA

Torres, C. y Nocetti, J. (1994). La extensión agropecuaria. Evolución y presente institucional a nivel de INTA. En N. Ras, R. Caimi, C. Fernandez Alsina y C. Pastor, La innovación tecnológica agropecuaria. Aspectos metodológicos de la transferencia de tecnología (pp. 65-83). Buenos Aires, Argentina: Ed. Hemisferio Sur SA.

Villar, A. (1978). Antecedentes de la Estación Experimental de Rafaela. Inédito.


  1. Recibido: julio de 2019.
  2. Ingeniera Agrónoma y Magíster en Extensión Agropecuaria por la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Diplôme d’Etudes Approfondies Espaces, Sociétés Rurales et Logiques économiques, Université de Toulouse 2, Francia. Doctora en Estudios Rurales por la Université de Toulouse. Investigadora (categoría II) y Jefa de Trabajos Prácticos en la UNL. Contacto: susanagrosso@gmail.com


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