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Sociedades rurales del interior[1]

(Provincia de Buenos Aires, Argentina, 1879-2010)

Carlos A. Makler[2]

Definición

Las sociedades rurales del interior o locales constituyen organizaciones gremiales y corporativas de primer grado formadas por productores agropecuarios (personas físicas o jurídicas –empresas–), situadas en las ciudades cabeceras o en los poblados de los distintos partidos o departamentos de las provincias o territorios de la Argentina (cuyo nombre adoptan) y fundadas desde la década de 1870 en adelante. Dicha denominación permitió distinguir históricamente a tales entidades, por una parte, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), con sede en la Capital Federal, por la otra. No obstante, la SRA, establecida en 1866, se convertiría en una referencia insoslayable para sus similares del interior en cuanto a su estructura organizativa, al tipo de actividades realizadas y, avanzado el siglo XX, a las posiciones asumidas ante los problemas sectoriales. Atendiendo a su importancia cuantitativa, económica, social y política, esta contribución focaliza en las sociedades rurales de la Provincia de Buenos Aires.

Origen y estructura organizativa

Las sociedades rurales del interior surgieron en el último tercio del siglo XIX y sus preocupaciones iniciales se centraron en la comercialización de hacienda. En efecto, promovieron la realización de remates-feria por cuenta propia o bien arrendando sus instalaciones a martilleros y casas consignatarias de la zona y de la Capital. Paralelamente, inspirándose en la SRA, empezaron a organizar certámenes ganaderos en los que se exponían y premiaban reproductores de diversas especies y razas. Durante el siglo XX, tales muestras se ampliarían con la incorporación de secciones dedicadas a la industria, al comercio y a los servicios vinculados al sector agropecuario; constituyéndose así no sólo en una valiosa fuente de ingresos para las entidades que las organizaban, sino también en instancias de sociabilidad y de expresión de demandas sectoriales. En tal sentido, las primigenias bases sociales del ruralismo del interior estuvieron formadas, preponderantemente, por productores ganaderos medianos y grandes. No obstante, en el transcurso de la centuria pasada, dicha composición se haría más heterogénea al calor de las transformaciones en la propia estructura agraria, con propietarios de escala similar y escasa o nula diversificación económica, dedicados en especial a la producción ganadera y mixta de la región pampeana y, en menor medida, a las actividades regionales. También se sumarían profesionales afines al agro y a otros quehaceres (Bórea, 1917; Giberti, 1985; Lulinski, c. 1993; Lattuada, 2006; Ruffini, 2012).

Fundada en 1879, la Asociación Rural de Chascomús fue la primera de las sociedades rurales bonaerenses y tuvo como propósito inicial organizar la Exposición Regional y Feria local. En el año 1915, el Ministerio de Agricultura de la Nación contabilizaba 63 sociedades rurales, de las cuales 31 se hallaban en actividad, 29 no lo estaban y 3 habían sido liquidadas. Por entonces, la Capital Federal (sede de la SRA y de una entidad representativa de la Gobernación de La Pampa) y la Provincia de Buenos Aires reunían el 51,6% de las sociedades rurales activas en el país (16 entidades) y el 65,4% de los socios (que ascendían a 5.502). En tanto, la región pampeana (formada, además de dichos distritos, por las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe) poseía el 87,1% de las sociedades en funciones (27 entidades) y el 97,3% de los asociados (que ascendían a 8.176); porcentaje que podría acrecentarse para estos últimos ya que dos rurales bonaerenses no registraban cifras al respecto. Tales datos constituyen una palmaria expresión de las desigualdades regionales existentes en la Argentina moderna (Bórea, 1917; Girbal-Blacha, 1998).

Respecto de su estructura organizativa, de las 31 entidades en actividad, 17 (54,8%) se habían constituido como sociedades civiles y las restantes 14 (45,2%) como sociedades anónimas (Bórea, 1917). Entre las sociedades civiles creadas en la Provincia de Buenos Aires hasta mediados del siglo XX, pueden mencionarse las rurales de Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Dolores, General Guido, General Lamadrid, Necochea, Pergamino, Saavedra y Tapalqué. Según sus estatutos, se organizaban en función de una Comisión Directiva, una asamblea de socios y, en ocasiones, de un tribunal arbitral para dictaminar sobre distintas controversias. Entre las sociedades anónimas se encontraban las rurales de Ayacucho, Bolívar, Chascomús, Maipú, Mar del Plata, Nueve de Julio y Tres Arroyos. Sus estatutos definían un ordenamiento interno basado en un Directorio, una asamblea de accionistas y otras cuestiones relevantes, como las diversas categorías de acciones y el modo de distribución de las utilidades. En diferentes momentos del siglo XX, varias de ellas (Ayacucho, Bolívar, Mar del Plata, Nueve de Julio y Tres Arroyos) se reconvirtieron en sociedades civiles, y resulta probable que las restantes (incluyendo otras además de las citadas) hayan obrado en el mismo sentido. Por último, otras rurales (caso de las sitas en Navarro y Juárez) se organizaron como cooperativas. Todas estas entidades (civiles, anónimas y cooperativas) obtenían su reconocimiento como personas jurídicas mediante disposiciones legales emanadas del gobierno bonaerense (o de la jurisdicción que corresponda, según el caso).

Encuentros y desencuentros durante la primera mitad del siglo XX

Promediando la década de 1910, Bórea señalaba la dispersión geográfica y falta de unidad de las sociedades rurales locales, y planteaba la necesidad de que éstas se confederen con la SRA, considerando que los estatutos de la última contemplaban esa posibilidad. Dicho anhelo se concretaría en 1919 cuando, en el marco de la crisis ganadera de ese entonces, el ruralismo del interior formó, junto a la SRA, una efímera Confederación de Sociedades Rurales, cuya actividad se extinguiría en la segunda mitad de los años veinte. Durante la “Gran Depresión” que signara la década de 1930, los pequeños y medianos criadores (que se habían sumado a esa Confederación) ensayaron, al margen de la SRA, nuevas estrategias organizativas a partir de las sociedades rurales locales que integraban. Comenzaron así a constituir una serie de entidades de segundo grado que agruparían, según provincias y territorios, a las de primero ya existentes y a otras creadas después. Una de las protagonistas más destacadas al respecto fue la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), fundada en 1932 (Giberti, 1985; Palomino, 1989; Lattuada, 2006; Makler, 2020).

A una etapa de concordia entre 1933 y 1936 aproximadamente, le seguiría hasta los primeros años cuarenta un período marcado por la agudización de las tensiones entre los pequeños y medianos criadores nucleados en las sociedades rurales del interior y los grandes invernadores e invernadores-criadores agrupados en la SRA. Esas tensiones tuvieron su origen en la inserción diferenciada de dichas fracciones socioeconómicas en la cadena productiva de ganados y carnes, y en las consiguientes luchas que entablaron por el control de la Junta Nacional de Carnes y la Corporación Argentina de Productores de Carnes, organismos con competencia en la materia creados por el Estado. Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-45), y más acentuadamente con el gobierno militar asumido en junio de 1943, las medidas implementadas en la comercialización de haciendas y carnes moderaron las tradicionales disputas entre ganaderos y frigoríficos en torno a los precios de la hacienda; en consecuencia, ambos sectores pasaron a enfrentarse con el gobierno. También coadyuvó a tal realineamiento la orientación de las políticas oficiales (en materia laboral, de uso y tenencia de la tierra, y de comercialización de la producción), que se mantendría (y profundizaría) durante el gobierno peronista de 1946-55, generando honda preocupación en la SRA y el ruralismo confederado. Por entonces, este último culminaría su organización en 1943 con la creación de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad de tercer grado formada por aquellas de segundo que la integrarían, como la CARBAP (Giberti, 1985; Lattuada, 2006; Makler, 2020).

Realineamientos en el ruralismo desde mediados del siglo XX hasta 2010

Durante la experiencia peronista en el poder, una serie de factores contribuyó a sentar las bases del acercamiento entre la SRA y el ruralismo del interior, entre los cuales cabe señalar –además de las políticas aludidas– los cambios ocurridos en sus respectivas bases sociales, su participación conjunta en reuniones, congresos y exposiciones rurales, y la elevación ante las autoridades de peticiones comunes. También condujo a ello la consolidación de un accionar gremial que los mismos interesados canalizaban simultáneamente a través de ambas organizaciones. Un accionar juzgado con desconfianza y rechazo en los años treinta, pero que luego sería habitual y aceptado con orgullo, aunque estuviera aderezado con periódicas polémicas. Desde 1956, ese acercamiento adoptó un carácter institucional, cuando la SRA y las CRA se sumaron, con otras organizaciones, a la Comisión Coordinadora de Entidades Agropecuarias (CCEA) y a la Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres (ACIEL) (Giberti, 1985; Palomino, 1989; Girbal-Blacha, 1998; Lattuada, 2006; Makler, 2020).

Si bien a partir de 1950 el ruralismo confederado apoyó la política oficial de “vuelta al campo”, en las postrimerías del régimen peronista sus vinculaciones con éste habían desmejorado y su continuidad institucional se hallaba seriamente comprometida: mientras algunas asociadas a las CRA optaron por desafiliarse, la CARBAP se vio privada de su personería jurídica en 1955 por un decreto del gobierno bonaerense. La reversión sustancial de ese cuadro se produjo con la llamada “Revolución Libertadora” (1955-58), cuando el presidente de las CRA, Alberto Mercier, fue designado ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación, y la CARBAP, tras recuperar su personería, se reintegró –junto con aquellas desafiliadas– a la organización de tercer grado. En paralelo, el movimiento ruralista cuestionó severamente las cancelaciones e intervenciones de entidades dispuestas por el peronismo, cuyas políticas agropecuarias criticó con dureza al tiempo que expresaba su apoyo a determinadas medidas sectoriales impulsadas por funcionarios oficiales que, en buena medida, procedían de sus propias filas. Por su parte, la incorporación de nuevas asociadas a la CARBAP, gradual pero sostenida en los años sesenta, cobraría renovados bríos en el marco del enfrentamiento que entablara el gremialismo confederado con el gobierno peronista de 1973-76 (Giberti, 1985; Lattuada, 2006; Baudino y Sanz Cerbino, 2013; Makler, 2020).

Finalmente, durante la década de 1990 y hasta el año 2002, la SRA introdujo ciertas reformas en sus estatutos que incluyeron la formación de un Consejo Institucional, y luego de un Consejo Federal, a los que podrían incorporarse las sociedades rurales locales. Esta innovación organizativa generó un profundo recelo e irritación en el seno de las CRA, ya que –según aseguraban los críticos– su finalidad apuntaba a menoscabar al ruralismo del interior y a entrometerse en la vida interna de las rurales confederadas de primer grado (Ballario, 2001). Pero tales actitudes no menguaron el interés de estas últimas por sumarse a las filas de la SRA: según un análisis propio sobre datos del 2010, el 18,9% de las asociadas a la CARBAP (21 de 111) también integraba el Consejo Federal (porcentajes mayores arrojaban otros casos); al tiempo que numerosos dirigentes de rurales bonaerenses asociadas a dicha Confederación se desempeñaban simultáneamente como delegados zonales de la SRA.

Reflexiones y desafíos

En una contribución previa sobre la CARBAP planteábamos tres consideraciones que también resultan pertinentes para el estudio de las sociedades rurales del interior. En primer término, el análisis podría focalizar en las modalidades de articulación de (y entre) los diferentes niveles organizativos que componen el gremialismo confederado, procurando identificar e interpretar armonías y tensiones en función de sus márgenes de autonomía legal y de funcionamiento. En segundo, la pesquisa de las sociedades rurales posibilitaría considerar tópicos tales como su inserción local y regional, los procesos de toma de decisiones y la producción de acciones públicas. En tercero, dicha indagación permitiría examinar, en un ámbito acotado, de qué modo la dirigencia sectorial construye la legitimidad de su representación de (y ante) sus bases sociales. Finalmente, una última reflexión apuntaría a inquirir en las posibles confluencias y disputas generadas en el seno del ruralismo entre un accionar gremial que apela al compromiso colectivo de sus asociados como condición necesaria para satisfacer sus reivindicaciones, por una parte; y la dura competencia que, en tanto agentes económicos, los enfrenta en los mercados de bienes y servicios agropecuarios, por la otra.

Bibliografía

Ballario, A. (2001). El Ruralismo Argentino. Política Nacional o Fundamentalismo de Mercado. s/d.

Baudino, V. y Sanz Cerbino, G. (2013). El tercer gobierno de Perón y la fractura de la clase dominante. Revista Estudios del ISHIR, 3 (6), 84-110.

Bórea, D. (1917). La mutualidad y el cooperativismo en la República Argentina. En República Argentina. Tercer Censo Nacional. Levantado el 1º de Junio de 1914 – Tomo X – Valores mobiliarios y estadísticas diversas. Buenos Aires, Argentina: Talleres Gráficos de L. J. Rosso y Cía.

Giberti, H. C. E. (1985). Historia económica de la ganadería argentina. Buenos Aires, Argentina: Hyspamérica Ediciones Argentina.

Girbal-Blacha, N. M. (1998). Ayer y hoy de la Argentina Rural. Gritos y susurros del poder económico (1880-1997). Buenos Aires, Argentina: Red de Editoriales de Universidades Nacionales y Página/12.

Lattuada, M. J. (2006). Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina. Transformaciones institucionales a fines del siglo XX. Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes.

Lulinski, S. (c. 1993). Confederaciones Rurales Argentinas. Medio siglo de vida. Buenos Aires, Argentina: Amec Producciones – Revista Mercoagro.

Makler, C. A. (2020). Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP). (Buenos Aires y La Pampa, Argentina, 1932-1983). En Salomón, A. y Muzlera, J. (Eds), Diccionario del agro iberoamericano (pp. 359-367). Buenos Aires, Argentina: Teseo Press.

Palomino, M. L. de (1989). Organizaciones corporativas del empresariado argentino: CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa). 1955-1983. Buenos Aires, Argentina: CISEA.

Ruffini, M. (2012). “La Patagonia vestida de fiesta”. Las exposiciones rurales como espacios de sociabilidad y de expresión de demandas (1946-1955). Estudios Rurales, 2 (3), 188-219.


  1. Recibido: marzo de 2021.
  2. Profesor de Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la que se desempeña como docente, y miembro del Centro de Estudios de la Argentina Rural (CEAR) de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), donde realiza una investigación de doctorado sobre Estado, organizaciones gremiales agrarias y problemáticas sectoriales pampeanas. Contacto: relkam1975@gmail.com.


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