(Sudamérica, comienzos del siglo XXI)

Virginia Toledo López^[2]

Definición

Son combustibles líquidos de primera generación, originados con biomasa de cultivos que son fuente potencial de alimento humano y que provienen de la agricultura industrial, cuyos impactos son crecientemente cuestionados. El término se establece para diferenciar y dotar de mayor precisión el concepto, al considerar que la noción de biocombustibles distrae la atención sobre los efectos ambientales y sociales de su producción y uso, siendo funcional a un discurso de modernización ecológica del capitalismo. Los agrocombustibles fueron especialmente impulsados desde fines del siglo XX como energía alternativa a los fósiles, en particular desde la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EUA), en el contexto de los debates por la crisis climática. En este marco varios países de América Latina, entre otras regiones del Sur Global, se constituyeron como proveedoras de estos carburantes desde el 2006.

Genealogía

Los diferentes tipos de biomasa han sido y son la principal energía renovable utilizada por la humanidad desde tiempos remotos, sea por sus usos tradicionales como calefacción o para cocinar, o más recientes como combustible para motores a explosión. En términos estrictos, bioenergía refiere a toda fuente de energía de origen biológico u orgánico, que bien puede ser de tipo sólido (como paja, leña, astillas, briquetas, pellets, carbón vegetal, etc.), líquido (como alcoholes o aceites vegetales) o gaseoso (como el metano, o biogás). En particular, el uso de carburantes elaborados a partir de cereales y oleaginosas en el transporte, llamados de primera generación, se remonta a fines del siglo XIX, casi en paralelo a la difusión de los hidrocarburos como fuente de energía, cuando el ingeniero alemán Rudolf Diesel creó motores capaces de funcionar con materia orgánica (año 1893), que luego portarían su nombre. En un momento de bajo precio del petróleo y expansión de su consumo, estos motores a explosión fueron adaptados al gasoil. Años después, en 1908, Henry Ford creó el primer modelo a base de etanol.

En cuanto a la promoción a través de políticas y planes de gobierno, desde la década de 1930 se registra un impulso a la producción de etanol en países como Brasil, donde igualmente, a partir de 1975 (en el marco de la crisis del petróleo, y en sintonía con legislaciones sancionadas en otros países como EUA) se instauró un programa de alcance nacional (Proálcool) para promover la producción de alcohol etílico anhidro a partir de biomasa, y su uso como combustible en el transporte. Desde entonces, Brasil se ubica entre los principales países productores y exportadores de etanol a base de caña de azúcar, con un vasto mercado interno consolidado, controlado en gran medida por capital transnacional. Asimismo, las políticas tendientes a una gradual supresión del plomo en los decenios de 1970 y 1980 constituyeron un incentivo adicional al etanol.

La reciente difusión de los biocombustibles líquidos -en el contexto del régimen agroalimentario corporativo- está asociada a factores contemporáneos que han incrementado el interés en ellos como alternativa a los combustibles destilados del petróleo para su uso en el transporte (dadas las proyecciones relativas a su escasez y encarecimiento, y su rol en la profundización del Cambio Climático, entre otros) (McMichael, 2010). En este marco, países industrializados como EUA y la UE establecieron medidas de apoyo y promovieron su uso. Se destaca la creación de la Comisión Interamericana del Etanol y el anuncio de la “Alianza del etanol” entre EUA y Brasil, consumada desde 2006 con la creación de la empresa Brazilian Renewable Energy Company (Brenco) (Ostos Cetina, 2011). Desde entonces y en pocos años el mercado mundial de combustibles agrícolas pasó a tener dimensiones considerables, caracterizándose por su concentración (tanto en los importadores como en los exportadores) y por la tendencia alcista en los precios, incluso pese a la crisis económica internacional de 2008. En ese año la crisis alimentaria recrudeció, con casos extremos como el de la tortilla en México, y quedaron de manifiesto los efectos negativos de este auge en la seguridad y soberanía alimentarias, a causa del aumento de los precios de los alimentos (con los niveles más altos en casi 30 años). En este marco, la Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial de Naciones Unidas titulada “Los desafíos del Cambio Climático y la Bioenergía” señaló al incremento de la producción de biocombustibles “de primera generación” como un factor determinante en la crisis. Se estimó que había unos 75 millones de personas más con déficit alimentario debido al espectacular alza de precios (FAO, 2008).

A instancias de este debate, desde movimientos sociales, organizaciones políticas y sectores críticos se propone el concepto de agrocombustibles, a fin de resaltar el antagonismo con la producción de alimentos, entre otros efectos negativos asociados a su expansión. Además, se considera la apócope “bio” en términos de lavado ambiental (Honty y Gudynas, 2007). De este modo, también se los señala por despertar expectativas falsas sobre una solución tecnológica al problema del uso del petróleo y se documenta como forma de “acaparamiento verde”, concepto que alude al despliegue de nuevas formas de apropiación y de acumulación por desposesión en función de objetivos y agendas “verdes”, cuya meta principal es, sin embargo, el acaparamiento de tierras (Fairhead et al., 2012). En esta línea, las principales críticas enfatizan en la necesaria vinculación con los efectos territoriales de la expansión del agronegocio en términos de derechos humanos, extractivismo y soberanía alimentaria, que recrudecen la crisis ambiental y alimentaria (ver luego). Así, desde un enfoque más integral, se destaca que “la huella ecológica de los agrocombustibles es incluso mayor que la de los combustibles fósiles” (Fernández Durán y González Reyes, 2021: 122).

Por tanto, si bien los agrocombustibles son presentados como una opción prometedora para reducir las emisiones del sector del transporte, es importante señalar que su balance total fue uno de los principales puntos objeto de revisión. Entre otros elementos, se destaca que durante todo su proceso de producción se arrojan variados gases a la atmósfera (en algunos casos de mayor potencial de calentamiento como el óxido nitroso, principalmente generado por la utilización intensiva de agroquímicos en cultivos industriales) (McMichael 2010, Fernández Durán y González Reyes, 2021). Además, a instancia de estudios del Departamento de Agricultura de EUA que reportó un retorno neto positivo en la producción de etanol, David Pimentel y Tad Patzek (2005) mostraron que el etanol no provee un beneficio energético neto sino al contrario, producirlo requiere más energía fósil que la que genera (con datos de 50 Estados del país y tomando en cuenta todos los “inputs” de energía). Estos hallazgos, sumados al contexto de crisis alimentaria, motivaron en algunos casos la revisión de políticas. Por ejemplo, desde 2008 la UE estableció medidas orientadas a evitar las inversiones o importaciones de agrocombustibles nocivos para el ambiente y promovió el desarrollo de otras fuentes renovables no basadas en vegetales (no sin discusiones). La adopción del enfoque de la bioeconomía desde 2013 dio un nuevo matiz al debate. En este marco, se enfatizó especialmente en la consideración de las desigualdades estructurales globales (Backhouse et al. 2021), en tanto el fuerte consumo energético de las regiones más industrializadas del planeta y la importancia que continúan teniendo los combustibles fósiles en sus matrices energéticas indujo a que la UE y los EUA se desempeñen de hecho como los principales importadores de agrocombustibles a nivel mundial. Por su parte, en los países tradicionalmente exportadores de materias primas y commodities de origen agrícola, el surgimiento del mercado de los agrocombustibles despertó un interés renovado y creciente, lo que reforzó su histórica especialización productiva, con una inserción internacional basada en las ventajas comparativas naturales y estáticas, tal como se observa en el caso latinoamericano.

Perspectivas de análisis, vínculos con el territorio y la organización productiva

A partir del nuevo milenio, en diferentes países latinoamericanos, donde se sufren las consecuencias negativas de los crecientes cambios en el uso del suelo, la agroindustrialización y la necesidad de divisas por la crisis de balanza de pagos (que genera crecientes ecosistemas destruidos o degradados y zonas de sacrificio), se sancionaron leyes que impulsaron el corte obligatorio de naftas y gasoil con agrocombustibles y beneficiaron al sector con regímenes de promoción, mientras afloraron una serie de proyectos de gran envergadura orientados al mercado externo. Por ejemplo, la exoneración de impuestos a partir de las siguientes leyes: en Bolivia la Ley 3.207/2005; en Brasil las Leyes 8.723/1993, la 9.478/1997, la 10.453/2002, la 11.097/2005 y la 11.116/2006 y en Argentina la Ley 26.093/2006 y la Ley 26.190/2006 modificada en el año 2015, y la Ley 27.640/2021. En Paraguay, a partir de la Ley 2.747/2005, existen incentivos fiscales y de inversión; en Colombia, las Leyes 693/2001 y 993/2004 exoneran de impuestos y de aranceles a los agrocombustibles. Entonces, con distintos grados de avance y consolidación, diversos países del subcontinente se embarcaron en la producción y comercialización de agrocombustibles, lo que fue acompañado por diversas instituciones de ciencia y técnica, y de los principales medios de comunicación. Ello también se tradujo en el surgimiento de nuevas cámaras representativas y entidades corporativas, lo que redundó en la construcción y el fortalecimiento de la institucionalidad del sector empresarial.

Así, en términos generales los agrocombustibles recibieron impulso estatal, y se producen en varios países de América Latina, como: Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Brasil y Argentina, destacándose especialmente estos dos últimos, que en años recientes se posicionaron entre los principales exportadores mundiales de “bio”etanol y “bio”diesel respectivamente. Estos procesos afectaron los sistemas agroalimentarios en general y a los agrícolas en particular, acarreando profundas transformaciones en los territorios. Entre los principales actores de este mercado se destaca la participación de las grandes empresas del agronegocio (encargadas del procesamiento y comercialización de granos), la industria biotecnológica, la petrolera y la automotriz. Se observa que entre los grupos de capital que lo integran se “libran procesos internos que buscan establecer muy bien los perfiles estratégicos de su intervención en el negocio”, generando incluso alianzas entre ellos (Bravo Velásquez, 2007).

La reorientación de crecientes cantidades de cereales y oleaginosas hacia la producción de combustibles puede comprenderse en el sentido señalado en 1951 por el brasileño Josué de Castro en su obra Geopolítica del Hambre, donde advierte la dimensión estructural de la problemática alimentaria, y en el contexto del proceso general de expansión del modelo de agronegocios y financiarización, en el “régimen agroalimentario corporativo” (McMichael, 2010). Además, la expansión de los agrocombustibles se asume como una renovada forma de explotación colonial, en la que los bienes naturales y recursos de los países del Sur global son aprovechados para satisfacer la creciente demanda energética de los países del centro. En este sentido, en América Latina la producción de agrocombustibles se asocia con procesos de deforestación, apropiación, acaparamiento y concentración de recursos, extranjerización de tierras, desalojos y desplazamiento de poblaciones campesinas e indígenas, precarización laboral, contaminación del suelo y las aguas, deterioro de la salud y pérdida de soberanía alimentaria, definiendo la problemática en términos de violación de derechos humanos y justicia ambiental. En el caso de Brasil, que se destaca por su trayectoria en el uso de etanol de caña de azúcar y por su rol a nivel mundial en la producción, diferentes organizaciones han denunciado el impacto de la expansión de los agrocombustibles, documentando la historia de despojos en la producción de etanol y los más recientes asociados al biodiesel, con especial foco en la ecorregión del Cerrado, generando amplia literatura al respecto (ver por ejemplo Assis, 2014; Wilkinson y Herrera 2010 o diversos artículos en Blackhouse et al. 2021). También en el caso colombiano se ha constatado el vínculo de los agrocombustibles con la geopolítica global y con renovadas violaciones a los derechos humanos (Valbuena Latorre y Badillo Sarmiento, 2021), que incluye la consideración del rol de este país en la expansión de los agrocombustibles en otros países de Centroamérica, destacándose el uso de palma aceitera como materia prima (Acuña Rodarte y Massieu Trigo, 2012).

En el caso argentino, especialmente interesante considerando el desempeño del país en el mercado mundial de biodiesel y su rol en la expansión del modelo de agronegocios en la región, la producción de diésel a base de soja (principal cultivo industrial del país cuya superficie implantada llegó a ocupar la mitad del área agrícola) comienza vinculado a sectores del agronegocio (previo a la existencia de un mercado interno, creado en 2010, por Ley 26.093), con un fuerte sesgo exportador (destinándose más de la mitad de la producción nacional al exterior), considerándosele como eje del extractivismo (Toledo López, 2013; Tittor en Blackhouse et al. 2021). Sin embargo, en un contexto nacional de recuperación económica, tras la profunda crisis que atravesó el país hacia fines del siglo XX, los agrocombustibles se promovieron a través de un discurso de desarrollo regional y territorial, que enfatizó en la posibilidad de agregar valor y de generar un producto competitivo con inserción en los mercados globales, mediante una apuesta a la agro industrialización orientada a la exportación, con foco en su disponibilidad, su potencial rentabilidad y sustentabilidad, definida según su renovabilidad y su papel en la reducción de emisiones, su potencialidad para desplegar empleos verdes y cadenas de valor, y más recientemente, desarrollar la bioeconomía (Toledo López y Tittor, 2019). Este discurso se plasmó en planes y legislaciones, y tuvo amplia difusión en los principales medios de comunicación. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) por ejemplo, colocó a la bioenergía entre sus Programas Nacionales, dándole al sector promoción y visibilidad. Enmarcado en esta cartera, un estudio presenta balances energéticos positivos para la fase industrial de la producción de diésel de soja (Donato et al. 2008) y otro enfatiza en la reducción de emisiones del agro diésel en la provincia de Santiago del Estero, zona de avance de la frontera agrícola (Hilbert y Galbusera 2011). Por otra parte, la fragilidad comercial derivada de la concentración de los mercados importadores quedó evidenciada desde el 2012, cuando la UE comenzó a debatir e imponer restricciones a la importación de agrocombustibles y en contexto del conflicto diplomático con España (a partir de la expropiación del 51% de las acciones de la empresa YPF en 2012, y por las denuncias de dumping en 2013). Sin embargo, la producción del agrocombustible continuó en aumento, motivada primero por la ampliación del cupo en el mercado interno, luego por los nuevos vínculos comerciales estimulados y finalmente por el fallo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en favor del país en 2016, llegando hasta el pico de 2,5 toneladas en el año 2018 (con una capacidad instalada para 4,5 millones), y con un consumo local de 1,1 toneladas (con el corte establecido en el 10%). En cuanto al agro etanol, se destaca desde el año 2012 el creciente destino del maíz a combustible, que sigue a la soja como cultivo de mayor producción en el país (Toledo López, 2021).

En este sentido, en términos de soberanía alimentaria la cuestión de los agrocombustibles en Argentina (como en otros países del subcontinente) se inserta en un debate previo, ya vigente, referido a las consecuencias de la expansión del modelo de agronegocios, lo que permite complejizar el debate respecto de su sustentabilidad, incorporando elementos que nos permiten perfilar transiciones energéticas más justas (Bertinat, Chemes, Forero 2020). Así, resulta indispensable ponderar en el análisis la competencia con la producción de alimentos, la emisión total de gases de efecto invernadero, su balance energético global, la profundización de los impactos territoriales asociados al modelo de agricultura industrial, como el crecimiento de la concentración económica, el aumento en el uso de agrotóxicos y de la contaminación de las aguas, el deterioro de la salud y la pérdida de biodiversidad, la reducción de sumideros de carbono por la expansión de la frontera agraria y el incremento de conflictos territoriales, entre otros (Iermanó y Sarandón, 2009), a los que se añaden los propios del proceso agroindustrial, algunos de los cuales especialmente visibilizados en el contexto de conflictos ambientales, advirtiendo también sobre la profundización de la colonialidad y la las asimetrías socioecológicas globales consecuencia de la especialización internacional (Toledo López, 2021).

Reflexiones finales

El discurso de promoción a los agrocombustibles se difunde desde las corporaciones del agronegocio, por los medios de comunicación masiva, y se reitera en los agentes gubernamentales y planes de gobierno. Sin embargo, la problemática asociada a su producción puede ser caracterizada por su complejidad, en tanto se define a partir de procesos correspondientes a diferentes dimensiones (físicas, económicas, sociales, políticas, jurídicas, tecnológicas, culturales, biológicas), que se expresan en distintas escalas, afectando de múltiples formas las condiciones para el desarrollo de la vida. La cuestión ambiental de los agrocombustibles se inscribe en el debate previo, ya vigente, sobre los pasivos generados por el agronegocio, que estos contribuyen a profundizar. Gravísimas violaciones de los derechos humanos tienen lugar en distintas etapas de su proceso productivo, considerando desde el uso y apropiación de la tierra, pasando por el cultivo, hasta su procesamiento y distribución.

En el caso de los países latinoamericanos, los combustibles agrícolas adquirieren especial relevancia en una coyuntura marcada por la renovación de los mecanismos del acaparamiento verde, lo que cobra mayor importancia en el contexto de colapso ecológico que asistimos.

Por su parte, los fuertes impactos de los agrocombustibles en la población campesino-indígena, en los precios de los alimentos y en la salud de los territorios que son sacrificados para su producción, sumado a las vertiginosas condiciones de vida actuales y las alarmantes crisis que se suceden y expresan en distintos ámbitos y escalas territoriales, llaman la atención sobre la necesaria construcción de alternativas energéticas basadas en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, en términos de justicia ambiental, social y ecológica, frente a la apabullante dependencia de una matriz fosilizada.

Entonces, en términos de una transición justa se advierte la disyuntiva que plantea la promesa de los agrocombustibles como propuesta de las corporaciones, siendo necesario fortalecer el camino hacia una transformación ecológica y popular que considere las sinergias entre los objetivos de soberanía alimentaria y energética, y la promoción de la agroecología, considerando las alternativas energéticas en los contextos territoriales en los que se inscriben.

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