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Dirección General de Tierras[1]

(Argentina, 1907-1958)

Adrián Alejandro Almirón[2]

Definición

La Dirección General de Tierras (DGT) fue la institución encargada de la administración de la tierra y los bosques fiscales durante los primeros cincuenta años del siglo pasado en los Territorios Nacionales, jurisdicciones creadas por el Estado Nacional en 1884 en las consideradas fronteras interiores del país (Chaco, Formosa, Misiones, Los Andes, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego). Desde esta repartición nacional, dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación, se diseñaron las políticas de colonización, planificación, conservación y regularización sobre dichos recursos.

Origen y funciones

A partir de la ley N° 817 de Inmigración y Colonización de 1876 – determinó el régimen orgánico que permitiría el manejo de las tierras pertenecientes al Estado Nacional– se creó la Oficina Central de Tierras y Colonias, dependiente del Ministerio del Interior. En 1895 la Oficina sufrió un vaciamiento de recursos y de atribuciones hasta la organización del Ministerio de Agricultura en 1898. Con este nuevo Ministerio se instituyó la División de Tierras y Colonias, la cual en 1907 se convirtió en una Dirección y amplió sus posibilidades de diseñar, planificar y atender las demandas y necesidades de la cuestión de la tierra. Hacia la década del veinte, la repartición pasó a denominarse DGT.

Las funciones de la DGT pueden sintetizarse en cuatro: adjudicación de tierras fiscales, fomento y colonización, recaudación de impuestos y tramitación de los títulos de propiedad. Todas estas operaciones guardaban estrecha vinculación entre sí, y su aplicación permitía llevar adelante una colonización integral en el marco de la gran trasformación que atravesaba el país, tras el auge agroexportador y la llegada de miles de familias de inmigrantes provenientes de distintos puntos de Europa. En este marco, la DGT alentó la creación de colonias oficiales en tierras fiscales de acuerdo a las condiciones agroecológicas de la tierra, por lo que las mismas se identificaban por el tipo de explotación: agrícola, pastoril o mixta. Junto al fomento de la colonización, en lugares donde la mayor parte de la tierra había sido vendida, como en La Pampa y Tierra del Fuego, la Dirección envió comisiones para tratar los asuntos que habían quedado pendientes de su regularización.

Personal

La Dirección se encontraba administrada por un director general, el cual se encargaba de firmar títulos provisionales de propiedad y suscribir contratos ad-referéndum sobre lotes pastoriles en arriendo, lotes forestales o concesiones yerbateras. El cargo no tenía una duración determinada, ya que el ejercicio de su función se supeditaba a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Entre los directores se destacó Melitón Díaz de Vivar (25 de julio 1880-12 de junio de 1950), por llevar adelante la regulación legal y normativa de la DGT, que incluyó la sanción de su reglamento y la redacción de la memoria de 1922-1928 –una de las más completas y con más detalle de las que tenemos registro–. También fomentó la creación de colonias agrícolas, pastoriles y mixtas en distintos puntos del país, atendiendo a las características agrícolas y ganaderas de cada región, y procuró dar una solución al problema de los “intrusos”, proyectando la realización de inspecciones territoriales y mayores recursos para las oficinas.

La DGT central se ubicaba en la Capital Federal y, para lograr un reconocimiento y control eficiente sobre el terreno, se establecieron oficinas en los Territorios Nacionales (Chaco, Formosa, Misiones, Chubut, Neuquén, Rio Negro y Santa Cruz), dependientes de la sección denominada División de Inspección Zonas. Los empleados de la oficina del Territorio respondían al jefe de la oficina y al director de tierras, pero debían notificar sus movimientos al gobernador de cada Territorio. Asimismo, tenían la facultad de pedir el auxilio de la fuerza pública frente a situaciones de conflicto. Esta potestad se vinculaba con las eventuales acciones de desalojo, aunque a éstas se recurría en casos extremos. Por su parte, el jefe de la oficina de tierras era nombrado cada dos años –salvo excepciones– por el director de la repartición nacional. Entre sus obligaciones, cabe mencionar la elaboración de un informe anual donde se detallaba el estado de la tierra pública.

La acción territorial de estos funcionarios permitía a la DGT disponer de un registro de quienes ocupaban y trabajaban el suelo fiscal. Sin embargo, uno de los principales inconvenientes fue la heterogénea distribución de personal, en especial, de los expertos, agrónomos e inspectores. Por ejemplo, en 1934, de las 358 personas que trabajaban en la DGT solamente 36 se localizaban en los Territorios Nacionales. Esta concentración obstaculizó la regularización y proyección de políticas sobre la tierra fiscal.

Intervenciones y modificaciones en la DGT

El funcionamiento de la DGT durante el siglo XX estuvo atravesado por cambios de administración e intentos de modernización del Estado. De esta manera, se destacan diversas investigaciones e intervenciones sobre el organismo. Una de las investigaciones fue encarada por la Cámara de Diputados de la Nación en 1910, con la Comisión de Investigaciones de Tierras y Colonias, que tenía el propósito de estudiar la integración y situación en la cual se encontraba la Dirección. Los parlamentarios advirtieron prácticas fraudulentas en el manejo de la tierra y recomendaron al Poder Ejecutivo la mejora de la organización y del financiamiento para dotarla de mayor personal en los espacios subnacionales.

Otro hito ocurrió en la etapa radical (1916-1930). En los comienzos, y en el marco de políticas regeneracionistas, el gobierno presidido por Hipólito Yrigoyen planteó tres grandes objetivos respecto a la tierra: rescate de aquella que formaba parte de extensos latifundios y que transgredía las normativas; conocimiento del suelo fiscal, sus potencialidades productivas y estado legal de sus pobladores; y conservación del suelo, en lo posible limitando las adjudicaciones. A fin de cumplimentar estos propósitos, inició una investigación de la DGT. El encargado de la misma, el director Isidro Maza, organizó distintas comisiones de inspecciones entre 1918-1919, con la intención de establecer una nueva colonización, conociendo el terreno y las posibilidades de afianzar el poblamiento de los espacios considerados libres. Estas inspecciones fueron novedosas, pues hasta ese momento el Estado Nacional adolecía de conocimiento preciso sobre la capacidad del suelo y el status de sus ocupantes. Además, como era importante actualizar y regularizar la situación de los “intrusos”, los inspectores debían registrar el estado legal de los ocupantes, las mejoras realizadas, la actividad económica y las vías de comunicación, entre otros aspectos que describían la realidad del terreno. Todas estas acciones y modificaciones mejoraron considerablemente el funcionamiento de la repartición (Girbal-Blacha, 1991). En cuanto a la política de recuperación de la tierra, dentro del marco de la lucha contra del latifundio, se lograron rescatar 1.739.000 hectáreas, principalmente del Territorio Nacional de Santa Cruz –mediante cinco decretos de caducidad entre 1917 y 1918, dadas las irregularidades en los procedimientos para su adjudicación–.

Una nueva investigación e intervención sobre la DGT ocurrió tras el golpe de Estado cívico-militar de 1930, ya que el gobierno provisional de José Félix Uriburu abogó por mejorar la administración del organismo. Para ello impulsó una investigación con la finalidad de corroborar la existencia de prácticas de corrupción dentro de la política de tierras durante la administración de Hipólito Yrigoyen.

Otro momento importante de la DGT ocurrió en 1940, a partir de la ley N° 12.636 que creó el Consejo Agrario Nacional (CAN). Por entonces, el gobierno estimó que la nueva repartición debía absorber las funciones de la DGT, aunque el intento quedó suspendido en 1944. En 1945 el CAN pasó a la Secretaria de Trabajo y Previsión gestionada por Juan Domingo Perón y, a partir de una reconfiguración del aparato estatal, se fundó la Dirección General de Tierras y Bosques. Esta nueva dirección perduró hasta 1949, donde nuevamente se constituyó la DGT. Durante el primer peronismo, la repartición pudo llevar adelante nuevas inspecciones en el Norte y la Patagonia, logrando conceder títulos de propiedad a los ocupantes (Ruffini, 2011).

El golpe de Estado cívico-militar de 1955, denominado “Revolución Libertadora”, trajo aparejado nuevas investigaciones sobre la DGT. No obstante, hacia 1958 la Dirección ya no poseía la misma agenda de trabajo y planificación, dado que los Territorios Nacionales se habían convertido en provincias, correspondiendo la administración de la tierra a las nuevas jurisdicciones. Solamente quedaba en aquella condición el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Reflexiones

La DGT asumió un rol protagónico en la administración y distribución de la tierra de los Territorios Nacionales. El proceso de adjudicación y titularización del suelo dependió de las acciones diseñadas por esta repartición. Sin embargo, los inconvenientes propios de los cambios de administración y las constantes investigaciones, sumados al viraje de estrategias por parte del Estado para lograr una mejor distribución del suelo, dificultaron su accionar. Por otro lado, a los problemas derivados de la falta de presupuesto y de personal para las distintas oficinas territoriales, se agregaron las insuficientes inspecciones y mensuras en aquellos espacios subnacionales en donde predominaban tierras fiscales.

Más allá de estos inconvenientes, el diseño de la colonización emprendida por la DGT sirvió para lograr el registro y control del territorio, en el marco de un Estado Nación que desde principios del siglo XX atravesaba un conjunto de cambios sociales, culturales y económicos provocados por, entre otros fenómenos, la inmigración y la expansión agroexportadora. Por este motivo, los desafíos de la Dirección fueron relevantes para resguardar la tierra fiscal de los acaparadores y para ampliar la capacidad recaudatoria estatal. En el proceso de registro se buscó consolidar un control efectivo sobre el territorio, conocer quiénes habitaban y cómo vivían. Esto era una prioridad para el Estado Nacional en espacios donde debía construirse la argentinidad. En este contexto, comprender la relevancia de esta repartición nacional permite visibilizar su rol en el diseño y la planificación de la cuestión de la tierra en los primeros cincuenta años del siglo XX.

Bibliografía

Almirón, A. A. (2015). Organizar la ocupación: La política de tierras durante el primer peronismo en el Territorio Nacional del Chaco. Estudios Rurales, 5(9), 27-52.

Bandieri, S. (2005). Historia de la Patagonia. Buenos Aires, Argentina: Sudamericana.

Barbería, E. M. (1995). Los dueños de la tierra en la Patagonia Austral, 1880-1920. Río Gallegos, Argentina: Universidad Federal de la Patagonia Austral.

Blanco, G. (2018). La tierra pública en la Patagonia. Normas, usos, actores sociales y tramas relacionales. Rosario, Argentina: Prohistoria.

Blanco, G. y Banzato, G. (2009). La cuestión de la tierra pública en Argentina. A 90 años de la obra de Miguel Ángel Cárcano. Rosario, Argentina: Prohistoria.

Carcano, M. A. (1968). Evolución histórica del régimen de la tierra pública 1810-1916. Buenos Aires, Argentina: Eudeba.

Girbal-Blacha, N. (1991). Política de tierras publica en la Argentina (1916-1930). El caso de los Territorios Nacionales del sur. Revista de Historia del Derecho, (19), 209-240.

Lazzaro, S. (2006). Bernardino Horne: política, legalidad y resignificaciones de la cuestión social agraria. En Graciano O. y Gutiérrez T. (Cords.), El agro en cuestión. Discursos, políticas y corporaciones en la Argentina, 1870-2000 (pp. 161-180). Buenos Aires, Argentina: Prometeo.

Leoni, M. S. (2001). Los Territorios Nacionales. En Nueva Historia de la Nación Argentina. La Argentina del siglo XX c. 1914-1983 (pp. 43-76). Buenos Aires, Argentina: Planeta.

Ruffini, M. (2007). La pervivencia de la Republica posible en los Territorios Nacionales. Poder y ciudadanía en Río Negro. Buenos Aires: Argentina: UNQ.

Ruffini, M. (2011). Peronismo, burocracia y tierra pública. En Ruffini, M. y Blacha L. (Comps.), Burocracia, tecnología y agro en espacios marginales (pp. 159-181). Rosario, Argentina: Prohistoria.

Oddone, J. (1967). La burguesía terrateniente argentina. Buenos Aires: Argentina: Líbera.

Schaller, E. C. (1986). La colonización en el Territorio Nacional del Chaco en el Periodo 1869-1921. Resistencia, Argentina: Investigaciones del Instituto Geohistóricas.

 


  1. Recibido: febrero de 2021.
  2. Doctor en Humanidades y Artes por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Magíster y Especialista en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Profesor y Licenciado en Historia por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Docente Investigador con dedicación exclusiva en la Facultad de Humanidades de la UNNE, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI). Contacto: almiron.historia@gmail.com.


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