(Argentina, 2008)
Osvaldo Barsky y Mabel Dávila[2]
Definición
El Conflicto agrario de 2008 se trató de una confrontación entre los productores agropecuarios de la región pampeana y el gobierno nacional por el intento de parte de este último de aplicar un nuevo esquema de retenciones móviles a las exportaciones de soja, trigo, maíz, girasol y sus subproductos.
Origen, desarrollo y desenlace de la protesta agraria
El origen del conflicto fue el anuncio del cambio en los derechos de exportación –en la Argentina denominados comúnmente retenciones agropecuarias– por parte del Ministro de Economía —a cargo de Martín Lousteau— el 11 de marzo. La Resolución 125/8 establecía un sistema movilidad de las alícuotas que se iban a ajustar según la variación de los precios internacionales (Barsky y Dávila, 2008). Si bien se trataba de un contexto de crecimiento económico, entre otros cuestionamientos se señalaba que el nuevo sistema de retenciones generaba una suba sustancial de las alícuotas, que ya habían registrado dos aumentos durante el año anterior.
El conflicto se prolongó durante cuatro meses. La tabla de retenciones móviles se convirtió en el elemento catalizador de una protesta agraria sin antecedentes por su magnitud en la historia argentina. Desde el inicio de la confrontación los medios de comunicación jugaron un destacado papel en la nacionalización del conflicto y en la instalación pública de una dirigencia rural hasta ese momento casi desconocida para la sociedad. Además, pusieron en escena a los productores rodeados del apoyo de los vecinos de los pueblos y ciudades del interior. Las asambleas y marchas en estos ámbitos rápidamente se trasladaron a las rutas y las manifestaciones se extendieron a las grandes ciudades.
Inicialmente el diálogo entre el Poder Ejecutivo y las organizaciones agrarias parecieron encauzar la situación hacia una salida negociada, pero finalmente los sectores más intransigentes de ambos grupos terminaron dominando las acciones y los debates entre los funcionarios del gobierno y sus aliados políticos con los dirigentes agrarios y los partidos de oposición. A pesar de sucesivas medidas compensatorias, los paros agropecuarios, que consistieron esencialmente en el bloqueo de las rutas, provocaron desabastecimiento y trabaron el transporte nacional e internacional, afectando fuertemente el desenvolvimiento de la sociedad.
Es necesario considerar que el conflicto sectorial había comenzado en 2005 con un enfrentamiento alrededor del tema de los precios internos de la carne, a lo cual se sumó la suspensión de las exportaciones de las mismas en marzo de 2006 (Barsky, 2009). De allí que la 125 haya sido la culminación de un estado de ánimo que tuvo mucho que ver con los enfrentamientos previos, con las campañas comunicacionales del gobierno y con los bruscos virajes de las políticas hacia el agro ocurridos en los mercados de carne vacuna y trigo –que provocaron una caída muy fuerte en el stock ganadero y en la producción de trigo–.
La masiva protesta forzó al Poder Ejecutivo a enviar al Congreso el proyecto de ratificación de la Resolución Ministerial 125 que establecía las retenciones móviles con sus modificatorias. La derrota legislativa de la iniciativa fue el corolario de un complejo proceso político e institucional del cual la movilización agraria se erigió como un potente catalizador (Dávila, 2019).
La centralidad estratégica del agro pampeano
Esta no es la primera vez que se enfrentan los gobiernos de turno con los productores agropecuarios. Más allá de las particularidades de cada caso, estos conflictos tienen como explicación común la profundidad de la inserción del agro pampeano en la economía nacional, en la medida que se trata de un sector económico decisivo para la generación de divisas a través de exportaciones, el aporte de recursos fiscales para el Estado y la provisión de alimentos para el mercado interno –determinando en gran medida el nivel de salarios y, en consecuencia, afectando los índices inflacionarios–. De esta forma, el agro pampeano motivó dos tipos de conflictos. Los que tienen que ver con el costo de los alimentos en el mercado interno en relación a las oscilaciones internacionales de los precios, contraponiendo claramente los intereses de los consumidores con los de los productores agropecuarios, y los que enfrentan a los productores con el estado nacional en función de la captura de los excedentes que éste procura vía impuestos (Barsky y Dávila, 2008).
Los cambios tecnológicos experimentados por la actividad agropecuaria y su creciente integración con complejos agroindustriales han permitido generar un considerable aumento de la producción total –a través de la expansión de la superficie agrícola como del aumento de la productividad– y de las cantidades exportadas, convirtiendo al sector agropecuario pampeano en un sector estratégicamente decisivo tanto en la provisión de divisas y de recursos fiscales, así como en la generación de empleo y alimentos.
La constante expansión productiva, iniciada hace varias décadas y acelerada en las últimas dos, está asociada estrechamente a importantes cambios tecnológicos en que los avances acumulados por la acción de los productores, las compañías proveedoras de insumos y organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) encuentran actores sociales como los contratistas, de maquinarias o tomadores de tierras, que contribuyen a adoptar con gran rapidez y alta eficiencia estos avances, posibilitando también la incorporación de gran cantidad de nuevas tierras hacia el norte y dilatando la frontera agrícola.
La expansión agrícola implica, además de una de una gran inversión de capital, un incremento de puestos laborales calificados y estables, una significativa absorción de profesionales en tareas productivas y el desarrollo de una vasta red de servicios de asesoramiento para la incorporación de insumos y el uso de maquinarias agrícolas. La fuerte dinamización de este capitalismo agrario ha tenido también formas originales de articulación de tierra, capital y trabajo. Estas asociaciones, los llamados pools de siembra, que combinan con gran eficiencia estos factores, han devenido también en algunos casos en mega empresas que manejan refinados sistemas de articulación de contratistas, profesionales y dueños de la tierra (Barsky y Dávila, 2008).
Estas transformaciones, junto a los beneficios enumerados, también generan preocupación por las consecuencias sociales de los procesos de concentración productiva debido a la mayor inversión de capital asociada con la economía de escala necesaria para alcanzar niveles mínimos de rentabilidad en un escenario de creciente competitividad. El tipo de producción intensiva en capital es excluyente, en muchos casos, de un gran número de productores que se ven obligados a dejar la actividad agropecuaria. Otra problemática vinculada con el sistema productivo tiene relación con los impactos ambientales, asociados estrechamente con el tipo de cambio tecnológico y, consecuentemente, con la intensificación productiva. En este caso la mayor presión sobre los suelos, a pesar de las ventajas de la siembra directa que reduce la erosión debida al laboreo, se debe a que la intensificación aumenta considerablemente la extracción de nutrientes, que no pueden ser compensados a través de alternativas tecnológicas como las rotaciones o la fertilización. En el contexto argentino actual el crecimiento exponencial de la producción soja, en muchos casos, bajo la forma de monocultivo, puede contribuir a acentuar este tipo de problema.
Reflexiones
La magnitud de los actores movilizados y las consecuencias políticas negativas para el gobierno –al no poder solucionar razonablemente la situación– son sólo aspectos que no deben ocultar la nueva centralidad que ocupa el sector agropecuario modernizado en la sociedad y la amplia y poderosa red de intereses económicos y sociales que incluye también a proveedores de insumos, empresas agroindustriales, una parte decisiva del transporte automotor de cargas, profesionales, comerciantes y entidades financieras y de servicios.
También fue haciéndose visible, a través de los medios de comunicación, la presencia de actores sociales muy diversos que integran el denominado “campo”, poniendo de manifiesto su complejidad y su protagonismo en los procesos de expansión geográfica de la agricultura tradicionalmente pampeana y de la ganadería vacuna (debido a su extensión a las provincias del norte, que de esa forma incluyeron a sus propios participantes en las acciones desarrolladas) (Barsky y Dávila, 2008).
En una sociedad realmente preocupada por los impactos de la expansión productiva, los Estados nacionales elaboran y aplican políticas específicas para hacer compatibles el desarrollo productivo, la preservación de los suelos y el fortalecimiento de sociedades rurales más democráticas y más involucradas en el control de los espacios sociales locales. Sin embargo, desde hace años ello no sucede. El modelo agrario de expansión productiva y social ha sido una respuesta lineal a estímulos de precios y de oportunidades de incremento veloz de los ingresos.
Ello ha fortalecido en los productores una fuerte autoconciencia de su autonomía social, acentuando tendencias históricamente asentadas en sus imaginarios, que ven al Estado sólo como un recaudador de impuestos que devuelve servicios de baja calidad y no contribuye a mejorar aspectos complementarios de las “tranqueras afuera” –como caminos, ferrocarriles y otros servicios–, que fortalezcan la productividad del sector agropecuario y mejoren la calidad de vida de la población. Por ello, los impuestos irritan, particularmente aquellos como los derechos de exportación, cuyo sistema automático de descuento en los precios que reciben los productores los hace de imposible evasión.
Bibliografía
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- Recibido: julio de 2020.↵
- Osvaldo Barsky es Magíster en Sociología Rural por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y Contador Público Nacional y Perito Partidor por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Investigador Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y docente de posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y otras universidades nacionales. Es Director del Centro de Altos Estudios en Educación de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y consultor de organismos nacionales e internacionales. Contacto: osvaldo.barsky@gmail.com. Mabel Dávila es Doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Magister en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) e Ingeniera Agrónoma por la Universidad de la República (UDELAR). Docente de posgrado en FLACSO y otras universidades nacionales e internacionales. Es investigadora y consultora en instituciones educativas y organismos nacionales e internacionales. Contacto: mabdavila@gmail.com.↵
