(Argentina, 2001-2019)

María Florencia Fossa Riglos ^[2]

Definición

La categoría “rentista” denomina a todos aquellos actores que siendo jurídicamente propietarios de la tierra ceden, de modo total o parcial, su explotación a terceros a cambio del pago de un canon o renta. En tanto terratenientes estos actores controlan el acceso a la tierra, lo que les permite apropiarse de una parte de la ganancia agrícola producida por los arrendatarios mediante el pago del alquiler.

Los actores que abarca esta categoría conforman un grupo heterogéneo, cuyas características y modalidades de arriendo de sus tierras varían tanto en función de la calidad y ubicación de los lotes, como de sus trayectorias productivas y su inserción estructural en la trama socio-histórica considerada.

Genealogía

El origen genealógico de estos actores, en América Latina, se encuentra vinculado a los procesos de expropiación de tierras a los pueblos originarios y consolidación territorial de los Estados Nacionales entre mediados del siglo XIX y comienzos del XX, que garantizaron las condiciones para la formalización jurídica de la propiedad privada de la tierra mayormente bajo la forma de latifundios y su explotación (Wolf, 1973; Teubal, 2009). En Argentina, si bien desde fines del siglo XVIII se empleaban prácticas como la mediería y la aparcería, el arrendamiento se difundirá mayormente hacia fines del siglo XIX en el marco de grandes extensiones denominadas “estancias”, propiedad de una oligarquía terrateniente (Fradkin, 1995; Blanco, 2008). La necesidad de impulsar la producción agropecuaria ante el aumento de la demanda internacional lleva a estos grandes propietarios a ceder en arrendamiento pequeñas y medianas parcelas dentro de sus latifundios, generalmente a inmigrantes europeos atraídos por las políticas de colonización impulsadas por el Estado Nacional y provincial (Barsky y Gelman, 2001).

La ausencia de una legislación estatal que regulara el mercado de arrendamientos y sus condiciones daba lugar a grandes asimetrías en beneficio de los grandes propietarios, quienes capitalizaban no solo el alquiler sino también las mejoras productivas realizadas por los arrendatarios (Gori, 1958; Ansaldi, 1991). Las protestas por parte de los arrendatarios llevarían gradualmente, entre 1921 y 1948, a que se formulasen diversas normativas regulatorias (Blanco, 2008). Asimismo, entre 1940 y 1960, en el marco de la aplicación de las leyes de colonización y la presión ante las demandas de reforma agraria que se estaban impulsando en diversos países del continente (Teubal, 2009), se da un proceso de subdivisión de las explotaciones que modifica la estructura de tenencia de la tierra (Basualdo, 1993; Barsky y Gelman, 2001). Mediante la venta de parcelas, la sucesión hereditaria y la expropiación, gran parte de los arrendatarios agrícolas devienen pequeños y medianos propietarios, coexistiendo los nuevos minifundios orientados a la agricultura familiar con las grandes propiedades de producción extensiva (Teubal, 2009).

No obstante, durante los años 70s las transformaciones económicas y políticas introducidas por el neoliberalismo llevan nuevamente a la desregulación del mercado de arrendamientos, flexibilizando los arriendos con una nueva legislación en 1980 (Fernández, 2010). Durante los años 80s y 90s, los ajustes económicos estructurales y la liberalización de los mercados sentaron las bases para el giro hacia la agricultura industrial en América Latina (Murmis, 1998; Teubal 2009). La entrada de paquetes biotecnológicos, así como la adopción de nuevas lógicas de gestión financieras y empresariales, fueron parte del proceso de reorganización de la relación capital/trabajo/tierra en función de las condiciones inducidas por la globalización del capitalismo que cristalizaron a comienzos del siglo XXI en el denominado modelo de agronegocios (Hernández, 2009). El pasaje a este modelo, orientado a la producción agrícola intensiva en función de la demanda de los mercados globales, se tradujo en Argentina en la expansión de la superficie dedicada a la agricultura (con neta hegemonía de la producción de soja) y en una disminución de las hectáreas dedicadas a la ganadería (Balsa, 2006; Cloquel, 2007).

El rentismo en la era del agronegocio

La transformación de los perfiles socio-productivos bajo el paradigma agronegocios, llevó a numerosos terratenientes de propiedades pequeñas y medianas, cuyo grado de capitalización no les permitió adecuarse a los nuevos niveles de tecnologización y adopción de lógicas manageriales requeridos, a la necesidad/oportunidad de arrendar sus tierras, abandonando gradualmente la producción. También, algunos grandes terratenientes optaron por ceder sus propiedades en arriendo en vistas de aprovechar el incremento de los precios de la tierra ante el aumento de la demanda y de los precios de los granos en el mercado internacional. Otros propietarios de mediano tamaño optaron por ceder una parte de su propiedad en arrendamiento manteniendo la porción de tierra restante bajo su explotación, mientras que otros lograron combinar la propiedad de la tierra, el rentismo y el arriendo de tierras extra en zonas de mejor calidad productiva. Así, por un lado, se produjo una drástica reducción de la cantidad de explotaciones agropecuarias y un aumento del tamaño promedio de aquellas explotaciones que lograron adecuarse a las nuevas lógicas productivas y crecer en escala a expensas del incremento del arrendamiento (Arceo, 2011).

Por otro lado, la competencia en el mercado de tierras entre viejos y nuevos actores interesados en el negocio agrícola produjo un recalentamiento del mercado de tierras, aumentando considerablemente el precio por hectárea y dando lugar a un cambio en la modalidad de arriendo de las tierras (Azcuy Ameghino, 2008; Fernández, 2010). La generalización de los arrendamientos a cambio de un monto fijo de quintales por hectárea (o su equivalente en dinero), independientemente del total cosechado, por sobre otras modalidades de renta como la aparcería (en donde el monto pactado es un porcentaje del total de la cosecha), permitió a los propietarios garantizar su renta independientemente de las adversidades climáticas y económicas de la producción agrícola. Asimismo, permitió a los rentistas negociar el momento del pago del alquiler llevándolo al inicio de la campaña o bien adelantando una parte del monto. Esta posibilidad incrementó la asimetría en el mercado de tierras, favoreciendo a los actores capaces de disponer del capital y poder arriesgarlo previo a la cosecha, como los fondos de inversión o los fideicomisos financieros (Barri, 2013). Estos cambios, evidencian uno de los aspectos más controversiales del modelo de agronegocios: la concentración de la explotación del suelo, suscitando nuevamente la necesidad de reabrir el debate sobre las modalidades de tenencia de la tierra y de revisar la legislación sobre arrendamientos rurales.

Por otra parte, se produjo un reposicionamiento de los actores rentistas en el nuevo mapa socio productivo que instala el modelo de agronegocios en los territorios. Numerosos trabajos (Bidaseca y Gras, 2009; Murmis y Murmis, 2010; Hernández et al., 2013) han registrado un movimiento del campo a las cabeceras urbanas, en donde los ex pequeños y medianos productores ahora devenidos mini-rentistas se instalaron con sus familias, desarrollando su vida social y económica. En algunos casos, montando pequeños comercios, invirtiendo centralmente en el sector inmobiliario y el automotor; en otros, estos propietarios, combinan el alquiler de su tierra con el ejercicio de profesiones no vinculadas directamente a la producción agropecuaria (albañilería, docencia, mecánica, etc.) para complementar sus ingresos; mientras que otros rentistas lograron re-posicionarse en la cadena productiva del sector agropecuario como prestadores de servicios (veterinarios, asesores técnicos, contadores, etc.). Finalmente, en mayor proporción se encuentran aquellos terratenientes que tienen una mayor dependencia de la renta de sus campos para garantizar su reproducción, tratándose mayormente de ex- productores jubilados. A su vez, en función del tamaño, ubicación y calidad de la propiedad estos diversos propietarios pueden acordar diferentes modalidades de pago del alquiler de la tierra (en pesos, en dólares, en granos) y de gestión de estos ingresos, vinculándose con contadores, abogados, acopiadores, cooperativas y bancos, quienes también pugnan por la apropiación de la renta agraria extraordinaria o el alcance de la ganancia normal.

Este modelo avanzó asimismo sobre países limítrofes, fundamentalmente Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, favoreciendo la concentración productiva de las tierras a escala regional (Almeyra et al., 2015). En este sentido, considerar el carácter relacional de los actores rentistas y su articulación dentro de la dinámica del modelo de agronegocios es fundamental para pensar la complejidad del mapa socio productivo rural latinoamericano en términos de sus solidaridades y contradicciones.

El debate en torno a la tierra

La complejidad de la articulación de los actores sociales rentistas entorno a la tierra, debe ser pensado de cara a tres aspectos o ejes fundamentales: la lucha por el acceso a la tierra, el rol social de la tierra y la sustentabilidad ecológica.

El primero, implica considerar las implicancias de la concentración del suelo, la expulsión masiva de productores y el rol del Estado en la regulación del acceso a la tierra. El segundo, supone reflexionar en torno a las concepciones sociales de la tierra, dándose la discusión entre quienes consideran la tierra como una mercancía al servicio de la generación de capital en función de las lógicas económicas globales, por un lado; y por otro lado, quienes la piensan como un bien común, vinculado no sólo a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria sino también al arraigo y la construcción de identidades sociales. Por último, pero no menos importante, el debate en torno a la sustentabilidad de la agricultura industrial implica considerar las consecuencias del uso intensivo del suelo, los desmontes, los monocultivos y el sobre-uso de insumos agroquímicos para el ambiente y la salud humana, así como su rol en la pérdida de productividad de las tierras a largo plazo.

Bibliografía

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