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Trabajador vitivinícola[1]

(Valles Calchaquíes, Salta, Argentina, 1970-2019)

Andrea Jimena Villagrán[2]

Definición

En los Valles Calchaquíes de Salta, Argentina, el genérico “trabajador vitivinícola”,  asume una constitución heterogénea, que comprende el desarrollo de las distintas tareas de la producción de vid y vino. Estos trabajadores poseen disímiles posiciones, situaciones y condiciones de contratación y remuneración. Como veremos en las siguientes páginas, la estructura de propiedad e historia de esta región, imprimen particularidades a la configuración de la trama productiva y sus sujetos.

Un colectivo heterogéneo

Ensayamos aquí una definición del “trabajador vitivinícola” a partir de su localización en una región periférica respecto al centro productivo del país, que oscila entre la tercera y cuarta posición en las estadísticas del sector, que encabeza la provincia de Mendoza. Si bien la producción de los Valles Calchaquíes, que representa entre 1 y 2% del volumen del país, no es significativa en términos cuantitativos, constituye la principal actividad de la zona. La centralidad de la vid en la dinámica y economía de la sociedad local, su sostenimiento en el tiempo y la reciente inserción en el mercado mundial del vino, permiten advertir matices y ritmos particulares en los procesos de la vitivinicultura en Argentina.

Referirse al trabajador vitivinícola en este contexto, implica atender el conjunto de condiciones y relaciones sociales históricamente dadas que lo posibilitan y constituyen. En ese sentido, las formas del trabajo vitivinícola se configuran, adquieren sentidos y ciertas dinámicas sobre la base del sistema de trabajo residencial, que predomina en las fincas hasta los años 70s.

Si bien la cosecha demanda un mayor volumen de fuerza de trabajo, el ciclo de producción de la vid requiere trabajo a lo largo de todo el año. Las tareas comprenden desde la fertilización del suelo hasta la recolección de los frutos. Con presencia de algunas actividades semimecanizadas, predominan las manuales como desmalezado, selección y conducción de ramas y “nudos”, poda, “desbrote”, injerto, atado de las parras y fumigación. Las labores se diferencian entre las comunes y aquellas que involucran un saber o calificación específicos. La principal jerarquía se entabla entre la fase agrícola y la industrial de la producción, entre quienes trabajan en “la fábrica”, en la elaboración y envasado del vino, y quienes lo hacen  en el “surco”. En cada caso corresponde una escala salarial distinta, siendo mejor pagado el trabajo “industrial”. Localmente suele llamarse “peón” o trabajador de surco al que se ocupa de las viñas y a los que trabajan en “la bodega” o “fábrica” se los denomina “obreros”. También se manifiestan desigualdades respecto a las condiciones de trabajo y las modalidades de contratación, pudiendo ser de carácter permanente —“efectivo”—, o temporario y estacional. Las mujeres son empleadas en baja proporción, especialmente para la cosecha y no ocupan posiciones jerárquicas. Los puestos de supervisión y control, como el de “capataz”, encargado de viñas,  administrador de la Finca o encargado de secciones en la bodega son generalmente asignados a hombres.

La genealogía del “trabajador vitivinícola” y la vitivinicultura regional

La vitivinicultura de Salta se localiza en la zona de los Valles Calchaquíes, donde son propicias las condiciones ambientales. La configuración espacial de esta región es heredera del pasado colonial, donde instituciones y figuras jurídicas diversas posibilitaron el despojo territorial de las poblaciones nativas, y dieron lugar a una estructura agraria de gran concentración de la propiedad —los grandes latifundios equiparon a los terratenientes locales con “señores feudales”—. Esta área, que actualmente comprende cuatro departamentos, durante el período colonial se dividía en sólo dos Haciendas: Molinos y San Carlos, con una superficie aproximada de 11.580km2 (Mata de López, 1999 y 2005). Con la división de tierras posterior al proceso independentista del siglo XIX, la población expropiada de tierras resolvió la subsistencia y el acceso a los recursos mediante los sistemas de peonaje, arriendo o pastaje Esta última modalidad confería derecho al uso de terrenos para crianza y alimentación del ganado con la obligación de entregar a cambio, anualmente, una proporción de animales. 

Afirmándose en esa configuración, la actividad vitivinícola es impulsada por las familias descendientes de encomenderos españoles —“familias tradicionales salteñas”, o extranjeros recientemente localizados en la zona, miembros del reducido grupo de las élites terratenientes. De la división y reparto de las haciendas coloniales surgen las fincas, donde las actividades productivas se desarrollaron con la disponibilidad permanente de fuerza de trabajo que, bajo diversas modalidades, residia en la propiedad. Ello se traduce en una organización espacial, conformada con distintos sectores: zona de cultivo de viñas, sector de fabricación y almacenamiento del vino (Bodega); espacio para la cría de ganado, la casona o casa principal de residencia de los patrones y las áreas de viviendas y ranchos para peones, arrenderos y pastajeros. La Finca, se constituía así, a la vez que en una unidad productiva, en el locus de un determinado tipo de vínculos sociales y de relaciones poder. La condición residencial de los trabajadores es el engranaje central de ese “sistema tradicional” de relacionamiento, donde se fusionan formas de coacción, coerción y explotación económicas y extraeconómicas.

El trabajador vitivinícola, el sistema tradicional y la primera modernización

El trabajo residencial constituía el engranaje central del sistema tradicional de producción, que se regulaba en base a un acuerdo informal, que suponía el acceso al trabajo y junto a ello el derecho a un lugar para vivir. Es decir, los términos de esa contratación involucraban trabajo, tierra y vivienda. Cada trabajador-peón acordaba personalmente con el patrón las concesiones incluidas en el trabajo, si además del salario recibía una fracción de tierra para cultivo y crianza de animales —y su extensión—, si ello comprendía acceso a agua de riego, y la forma en que debía compensarse el uso de éstas. Este contrato, que fijaba derechos y obligaciones entre las partes, guardaba cierta imprecisión, la que habilitaba cobros excesivos y el pedido de entregas desproporcionadas. Los pagos podían asumir la forma de tiempo de trabajo (prestación de servicios y realización de tareas) y de productos (derivados del huerto o la granja). Los integrantes de las familias residentes también podían ser convocados a prestar servicios, sobre todo en las épocas de vendimia, recibiendo o no una retribución monetaria en compensación. La complejidad de ese entramado de intercambios, donde circulaban pagos monetarios y no monetarios, operaba a favor de la minimización del salario, cuyos montos se ubicaban muy por debajo de lo establecido para el rubro y actividad y con lo cual la economía de susbsistencia de base campesina ocupaba un lugar central en la reproducción de la vida. En ese sentido, uno de los móviles principales de la organización sindical de los trabajadores vitivinícolas de la zona, y de las demandas y denuncias que llevan adelante entre los años 60 y 70, es la exigencia de la plena salarización de las relaciones de trabajo y el cumplimiento de los derechos laborales. 

Bajo el impulso de las transformaciones que buscan paliar la depresión y crisis del modelo tradicional vitivinícola de los 70, —que algunos analistas entienden como el agotamiento de un modelo de acumulación—, y acorde a preceptos modernizadores, se busca mejorar rendimiento e incrementar los volúmenes de producción de un vino de baja calidad, dirigido al consumo local y regional. Se amplían las superficies de cultivo y mecanizan parcialmente procesos, tanto en la fase agrícola como industrial, iniciándose así una etapa de reemplazo de ciertas tareas manuales y de reducción de trabajadores.

En ese momento, las denuncias y reclamos sindicales hacen pública la violación de derechos laborales y junto a ello cuestionan las condiciones de trabajo y de vida en las Fincas, poniendo en el centro de la crítica el sistema residencial. Tras ello, distintos mecanismos impulsan la relocalización y expulsión de los trabajadores y sus familias de los predios. Entre otros impactos, esto trae aparejada la redefinición de las funciones patronales y la restricción de su injerencia sobre la vida de los trabajadores, y el desplazamiento de la provisión de vivienda al ámbito de lo estatal-público.

Con el estímulo a la “salida” de las Fincas y con restricciones para acceder a la tierra, la economía de subsistencia familiar queda imposibilitada. Las estrategias de los trabajadores en pos de la consecución de otro ingreso monetario tienden a multiplicarse y diversificarse. Se incrementan el empleo temporal agrícola en fincas cercanas y la migración estacional —a la zafra de los ingenios azucareros de Orán y Jujuy, o la cosecha de tabaco en el Valle de Lerma—, en complementación con ocupaciones en construcción, comercio o servicios. El saldo nagativo que deja el movimiento migratorio empieza a reconocerse como un riesgo de despoblamiento del Valle, y la pobreza que lo impulsa se torna un problema de interés público. Las políticas estatales y las del sector empresarial encuentran en el turismo las claves para promover desarrollo económico en la región. Junto a éste se activa un comercio de manufacturas, artesanías y productos regionales, así como empleos, también estacionales y eventuales, en hotelería y gastronomía.

La nueva vitivinicultura

Entre los años 1990 y 2006, la superficie de cultivo de vid se incrementó en un 35,2% en esta región, según lo que se informa en el Plan Estratégico de Desarrollo Productivo del Sector Vitivinícola (Ministerio de Desarrollo Económico de Salta), y entre 2003 y 2013 creció en un 140% el número de bodegas (fuente Instituto Nacional de Vitivinicultura), en el marco de la reconversión hacia el modelo de la nueva vitivinicultura.

Estas transformaciones forman parte del proceso de reestructuración que implica el pasaje de un modelo productivista basado en la cantidad a otro regulado por requerimientos de calidad. La obtención de vinos finos y de alta gama se instala como objetivo principal en Argentina a finales de los años 80s, acentuándose desde el año 2000. Distintos estudios señalaron que tal transformación está implicada en la intensificación del vínculo con mercados internacionales, segmentados, y la desestructuración del “modo tradicional” de organización social de la producción vitivinícola, de las formas de propiedad y las estrategias de comercialización (Aspiazu y Basualdo, 2003; Neiman y Bocco, 2005; Neiman 2005; y Richard Jorba, 2008).

Esta reconfiguración neoliberal localmente adquirió algunos rasgos singulares: la orientación de la producción hacia la exportación, la ampliación de espacios y segmentos de comercialización y la sustitución de saberes de oficio por conocimientos técnicos en el proceso productivo, —tendientes a alcanzar los estándares de calidad exigidos por el mercado mundial—. Se incorporaron nuevas cepas y variedades e implementaron innovaciones tecnológicas en el sistema de riego. Con ello se corre la frontera agropecuaria activando el mercado de tierras con una tendencia a la concentración de la propiedad. Se  desencadenan así conflictos territoriales y disputas entre actores en condiciones y con capacidades muy desiguales. En información estadística relevada en 2012, se contabilizan 241 viñedos, que ocupan 2553 hectáreas. El 80% de éstos de una superficie menor a 5 hectáreas (siendo el promedio de los pequeños productores de 0,7 ha), que representan sólo el 6% de la producción provincial de vino.

Sobre condiciones laborales históricamente precarizadas, inestables y temporarias, se introdujo la modalidad de contratación mediante intermediarios, que reclutan mano de obra local y foránea. Mientras los niveles de ocupación bajaron se incrementaron los requerimientos de especialización de la mano de obra.

Los grupos empresariales o inversores particulares, de origen local, nacional o extranjero, que adquirieron antiguas fincas y bodegas, o construyeron nuevas, ofrecen productos y servicios donde se articulan los emprendimientos vitivinícolas con la actividad turística y los negocios inmobiliarios. Así surgen las bodegas turísticas, hoteles de vino y clubes de campo. La búsqueda de agregación de valor sobre el vino, para hacer de este un producto diferenciado, singular y competitivo, incorporó al marketing elementos del paisaje, la historia y cultura del lugar, de los Valles Calchaquíes, a la vez que el vino se transformó en un atractivo local. La promoción de los vinos de altura, como marca local, fue estimulada desde políticas estatales y agentes privados del rubro, y contó con el financiamiento de organismos internacionales de crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo. El proyecto Rutas del Vino y el Museo de la vid y el vino, inaugurado este último en 2011, son una clara expresión de esas iniciativas mancomunadas.

Los preceptos neoliberales y empresariales de producción y gestión, según las Fincas y Bodegas, y sus perfiles, o bien articularon funcionalmente las racionalidades y modos de organizar el trabajo y encarar la producción que lo antecedieron, o avanzaron en su remoción. Un reducido número de elaboradores artesanales de vinos a muy pequeña escala y en base al trabajo familiar, ha logrado sostenerse en el tiempo. Surgieron también iniciativas colectivas de pequeños productores vitivinícolas, la más significativa es la Cooperativa Trassoles, inicialmente reunía a 18 productores y se expandió a 60 integrantes. Mediante financiamiento estatal y a través del asesoramiento de técnicos de agencias gubernamentales como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Subsecretaria de Agricultura Familiar, esta Cooperativa construyó su bodega en 2011, la que funciona bajo principios de economía social.

Reflexiones

Ejercitando una perspectiva que puntualiza en los trabajadores y las formas de trabajo, desde los inicios de la actividad al presente, una serie de rasgos se evidencian como constantes: precarias y flexibles condiciones de contratación, baja remuneración y parcial o temporal salarización. Sobre el grupo familiar recae así el desarrollo de estrategias y actividades económicas complementarias.

A ese escenario heterogéneo y complejo se suman las distintas formas de trabajar en la vitivinicultura, como pequeño productor autónomo —propietario o arrendero—, o asociado a emprendimientos colectivos de autogestión y cooperación que, en cualquier caso, por las adversas condiciones de producción y comercialización, y los bajos niveles de rentabilidad, también requieren de la complementación con alguna otra actividad o empleo. En ese sentido, es posible que el mismo sujeto, en su trayectoria, integre, alterne o realice simultáneamente diversas modalidades de trabajo vitivinícola. Es frecuente encontrar “obreros viñateros” que a la vez arriendan tierras y elaboran vinos como productores artesanales independientes, o que venden su producción de uvas a otros elaboradores.

Este panorama descrito, para el caso de los Valles Calchaquíes, da cuenta de que las heterogéneas lógicas y condiciones de producción de vid y elaboración del vino, se extienden sobre las formas del trabajo en el rubro. Esto permite actualizar clásicos debates sobre las particularidades de las agroindustrias y llamadas economías regionales, las elites rurales y el capitalismo periférico en Argentina. Así mismo, habilita problematizarse a la luz de renovadas conceptualizaciones respecto a las reestructuraciones capitalistas en el agro contemporáneo, las problemáticas territoriales asociadas a esos procesos y las lógicas de concentración y extranjerización. También puede abordarse enfocando en las dinámicas de expansión neoliberal y la globalización, los modos de acumulación contemporáneos, la generalización del empleo precario en el agro y su continua articulación con formas de producción y trabajo subsidiarias al capitalismo.

Bibliografía

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  1. Recibido: julio de 2019.
  2. Doctora en Antropología por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Licenciada en Antropología por la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Se desempeña como Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicos y Técnicas (CONICET), en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH) de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y como Profesora Adjunta de la carrera de Antropología, en la Facultad de Humanidades (FH) de la Universidad Nacional de Salta. Contacto: ajvillagran@gmail.com


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