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Centro Azucarero Argentino (CAA) y Centro Azucarero Nacional (CAN)[1]

(Región Noroeste, Argentina, 1894-1930)

María Lenis[2]

Definición

El Centro Azucarero Argentino es una asociación que nuclea a los propietarios de ingenio y empresarios vinculados a los negocios azucareros (mayoritariamente concentrados en el Noroeste de la República Argentina) y que tiene como objetivo central gestionar antes los poderes públicos y agencias estatales la regulación de la actividad azucarera. A pesar de la abrumadora presencia de fabricantes tucumanos, también la integraron hombres de negocios vinculados a la agroindustria como importadores de maquinarias o financistas.

Poder e identidad grupal

Los empresarios azucareros se organizaron corporativamente a través de una asociación específica y eligieron esa plataforma institucional (y no la Unión Industrial Argentina) para diseñar acciones tendientes a proteger el funcionamiento de la actividad. En gran medida, el cerrado consenso en torno al proteccionismo contribuyó a delinear una semblanza del grupo azucarero como un colectivo homogéneo y exento de conflictos. El lugar preponderante del Centro en la defensa de la industria favoreció la configuración de un imaginario que atribuyó a esta entidad un gran poder de incidencia en el diseño de políticas económicas. Los conflictos internos y las impugnaciones al liderazgo de Ernesto Tornquist fueron en gran medida soslayados, privilegiándose un análisis que destacaba el capital político de los industriales y sus conexiones con la política conservadora.

Origen de la institución

El Centro Azucarero Argentino (CAA) se fundó en la ciudad de Buenos Aires, en 1894, al calor de los debates en torno al proteccionismo y al librecambio que se desarrollaron con motivo de la creación de la Comisión Revisora de Tarifas Aduaneras. En este contexto, los impuestos específicos que tributaban los azúcares extranjeros constituyeron un renglón central de la controversia. En consecuencia, las acciones colectivas giraron en torno a persuadir a los poderes públicos sobre el negativo impacto que una modificación del marco regulatorio vigente ocasionaría en el funcionamiento de la actividad. Las prácticas de lobby llevadas a cabo en el ámbito del Congreso de la Nación y la política editorial fueron dos de las estrategias utilizadas por la corporación azucarera que le permitieron gestionar soluciones favorables ante coyunturas que amenazaban con interrumpir el desarrollo industrial azucarero.

Durante los gobiernos protagonizados por el Partido Autonomista Nacional (1880-1916) los dirigentes de la asociación habían transitado con comodidad los espacios de negociación ofrecidos por los conservadores y habían conseguido mantener el statu quo en materia de aranceles aduaneros.

Reorganización institucional durante la etapa radical: la creación del CAA

El escenario político que emergió después de 1916 resultó sumamente complejo para los fabricantes de azúcar, puesto que alteró la composición parlamentaria en virtud del Censo de 1914. La consecuencia en el ámbito corporativo de este nuevo estado de cosas fue la reforma de los estatutos y la creación de las comisiones regionales de acuerdo a diferentes zonas productoras.

La reorganización institucional del Centro Azucarero Argentino a través de la reforma estatutaria de 1923 estuvo motivada, en gran medida, por el fracaso de la entidad para entablar un diálogo fructífero con los gobiernos radicales, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. La crisis del mosaico, la disputa con Yrigoyen sobre la interpretación de la ley Saavedra Lamas y, finalmente, la expropiación de 50.000 toneladas de azúcar marcó el derrotero de la entidad. De este modo, el Centro apareció en el nuevo contexto de la apertura democrática como ineficiente, sobre todo ante un gobierno que privilegiaba los intereses de los habitantes de los grandes centros urbanos y relegaba los reclamos y demandas de los grupos productores del interior. En tal sentido, la denominada “cuestión azucarera” reflejaba, para los propietarios de ingenio, las implicancias políticas del cambio operado por la Ley Sáenz Peña que había provocado el desplazamiento de los grupos conservadores del poder. Como consecuencia de la experiencia radical surgió la necesidad de reorganizar la institución con el objetivo de lograr la adhesión de un mayor número de industriales, y al mismo tiempo dotar a la corporación de nuevos mecanismos de gestión que le permitieran conseguir resultados exitosos.

Frente a las críticas y objeciones que se expresaban en la prensa periódica, la dirigencia corporativa emprendió el camino de la reforma que se reflejaba, fundamentalmente, en un cambio de los estatutos y en una nueva dinámica de funcionamiento. La reforma iniciada tenía los aspectos de una refundación en tanto la Revista Azucarera anunció la “creación” del Centro Azucarero Nacional (CAN), institución que debía continuar la obra comenzada por el Centro Azucarero Argentino. Los objetivos que la nueva institución se proponía cumplir no diferían sustancialmente de los enunciados 30 años atrás cuando se fundó el CAA. Entre los principales propósitos de la asociación podemos mencionar: trabajar por los intereses de la industria azucarera en el país, estudiar y perfeccionar los métodos que tendieran al adelanto agrícola y fabril de la industria, velar por los intereses generales del gremio ante las autoridades o instituciones particulares, instalar o contribuir a la instalación de escuelas, estaciones experimentales y oficinas técnicas en las regiones azucareras del país. Es preciso destacar que estos objetivos quedaron relegados al plano discursivo, ya que la entidad —al igual que en sus orígenes— limitó su acción primordialmente a influir sobre los poderes públicos para asegurar la protección al azúcar. No obstante, el cambio más significativo fue la creación de comisiones regionales destinadas a atender los intereses locales. Se preveía la formación de tres comisiones regionales: una para Tucumán, otra para Salta y Jujuy y una última que representara las fábricas ubicadas en las provincias de Santa Fe, Corrientes y Gobernación de Chaco. Las comisiones estaban llamadas a atender los asuntos que afectasen a la industria dentro de su jurisdicción, a la vez que se establecía que no se podía ocupar cargos directivos, al mismo tiempo, en las comisiones regionales y en la central. La Comisión Regional de Tucumán fue la que se constituyó con mayor celeridad. Esto tenía que ver con las demandas que en diversas oportunidades algunos industriales realizaron solicitando el traslado del CAA a la principal provincia productora. Por otra parte, el cambio estatutario asumía la impronta de un recambio generacional. La muerte de Miguel M. Padilla, quien había conducido la entidad durante 17 años, abrió espacios en el seno de la Comisión Directiva para una nueva camada de dirigentes de la asociación.

Descentralización y democratización

El CAN se dirigió invariablemente a la nueva entidad como “Comisión Regional Tucumana del Centro Azucarero Nacional” (CRT) o “Primera Comisión Regional”, mientras los tucumanos se autodenominaban “Centro Azucarero Regional de Tucumán” (CART). Esto podría revelar las distintas concepciones que se tenían sobre las funciones que esta nueva entidad debía desempeñar. Si bien el CAN otorgaba a estas comisiones regionales un importante grado de autonomía para resolver los problemas locales, seguía considerándolas como entidades subordinadas. Sin embargo, a lo largo de 1923 la CRT se desenvolvió con un alto grado de independencia, tomando decisiones en momentos y no realizando consultas a la Comisión Directiva Central sobre los pasos a seguir.

Por otra parte, resulta llamativo que los industriales que conformaron la CRT no habían ocupado cargos directivos en el CAA, muchos de ellos ni siquiera habían acudido a las reuniones de industriales convocadas por la institución. Esto puede ser entendido como un intento de democratizar los espacios dirigenciales. Al mismo tiempo, posibilitaba descentralizar las decisiones con el objetivo de lograr un mayor respaldo de los asociados. Por otro lado, la formación de la CRT podría reflejar la decisión de los industriales tucumanos de formar su propia institución. Ante esta situación la creación de las “comisiones regionales”, sería la respuesta instrumentada por el CAN ante un hecho consumado. Este camino se habría elegido a fin de no forzar la ruptura y debilitar a un más al grupo azucarero. A lo largo de la década de 1920 la mayoría de las interacciones entre la Comisión Central Directiva (CCD) y la Comisión Regional de Tucumán estuvieron marcadas por la distribución de los recursos económicos de los que disponía la asociación. En septiembre de 1923 la CCD resolvió que la CRT se ocupara del cobro de las cuotas ordinarias y que remitiera el 50% al CAN, a la vez que autorizó a la comisión a retener el 70% de lo percibido en carácter de cuota extraordinaria. La cuota ordinaria se debía pagar todos los meses y no era fija, ya que su monto estaba establecido en base a categorías que se delimitaban en función de la capacidad productiva de las fábricas. Mientras que la cuota extraordinaria se abonaba anualmente y se establecía en base a la cantidad de azúcar fabricada, puesto que iba desde los $ 0,50 a 1 por tonelada de dulce producido. Como se desprende, eran estas entradas extraordinarias las que constituían el grueso de los recursos de la asociación. Desde el punto de vista de los ingresos, quedaba claro que la Comisión Regional de Tucumán estaba subordinada al CAN, sin embargo, en lo relativo a las gestiones que se realizaron en el ámbito de la provincia, la CRT se desenvolvió como entidad autónoma. Esta independencia adquirió mayor visibilidad en el marco del conflicto entre industriales y cañeros por el precio de la materia prima.

Acción colectiva frente a la crisis azucarera de 1925/1927

El año 1925 marcó el inicio de una nueva crisis de sobreproducción de la industria azucarera argentina. La fabricación de 395.410 toneladas de azúcar, de las cuales sólo 330.000 eran absorbidas por el mercado doméstico, fue el punto de partida de un conflicto entre industriales y cañeros por el precio de la materia prima. La saturación del mercado interno impactaba directamente sobre el precio del dulce lo que a su vez se traducía en una menor cotización de la caña de azúcar. Frente a esta situación el gobierno nacional se mostró reticente a modificar el marco arancelario vigente (la ley 8877) a los efectos de dotar de mayor competitividad al azúcar tucumano. En tal dirección los stocks sin vender comenzaron a acumularse y las presiones de los diferentes actores productivos de la provincia se hicieron sentir sobre las autoridades locales. Una cuestión fundamental planteada, tanto por fabricantes de azúcar como plantadores de caña, fue la necesidad de reducir la carga tributaria imputada al sector. Asimismo, se intentó diseñar un modelo de contrato entre industriales y cañeros a los efectos de uniformar las condiciones y modalidades de compra-venta de caña.

El proyecto del llamado “contrato único” y las reuniones con los representantes más conspicuos del sector cañero fueron gestionadas por el CRT sin intervención formal del CAN, esto quiere decir que no fueron registradas en el Libro de Actas de la Comisión Directiva, pero que no excluye, obviamente, negociaciones y acuerdos tejidos de manera informal. El problema central, que se traducía en una disputa por el precio de la caña, era la cuestión de los costos de la crisis. En ese contexto adverso y signado por una mayor presión fiscal de las administraciones radicales, los industriales intentaron transferir las pérdidas ocasionadas por el descenso de precios a los cultivadores. La implementación del contrato único era la muestra más tangible de esa intención. Este estado de cosas estalló hacia mayo de 1927 cuando, con la intervención de la Federación Agraria Argentina, se declaró la huelga cañera. Frente a la gravedad de la situación el Presidente Alvear decidió intervenir, sin embargo, condicionó su arbitraje al levantamiento de la medida de fuerza, decisión que los delegados cañeros tomaron el 15 de junio de 1927. En septiembre del mismo año Alvear emitió su fallo, que favorecía decididamente a los cañeros, puesto que entendía “que resultaba equitativo distribuir los aportes del producto elaborado por partes iguales”. En ese sentido, quedaron estipulados los costos de producción cultural e industrial, la modalidad en que debían realizarse los pagos de la materia prima, las normas que debían regir los contratos de compraventa (como el pesaje), las condiciones de entrega de la caña y por último los cupos de molienda correspondientes a los cañeros y a los industriales, que se fijó de la siguiente forma: 48% para los primeros y 52% para los segundos.

De este modo, el proceso de descentralización llevado a cabo mediante la reforma de 1923 posibilitó a la CCD abstenerse de participar directamente en las negociaciones con los cultivadores de caña y con el Estado provincial. Fueron los industriales tucumanos los que cargaron con el peso de desarrollar acciones colectivas tendientes a gestionar ante las autoridades locales transformaciones en el presupuesto provincial que se expresaban en el reclamo de una disminución de la presión fiscal sobre la actividad, y acordar con los cañeros nuevas condiciones de funcionamiento de la actividad. En este sentido, el desgaste producto del enfrentamiento con el radicalismo tucumano y del conflicto cañero fue asumido, casi en su totalidad, por los industriales que integraban la CRT. A pesar de ello, la resolución final del conflicto en favor de los agricultores impactaba del mismo modo en todo el sector industrial, de tal manera, que los propietarios de ingenio que dirigían el CAN se veían igualmente afectados por el fallo de Alvear. No obstante, su exposición política en el conflicto fue casi nula.

Repliegue y debilitamiento

Pueden entenderse estas acciones como una estrategia destinada a preservar a la institución de los avatares de la política azucarera sobre todo de la política azucarera radical, lo que también implicó que su liderazgo como entidad defensora de los industriales se fuera desdibujando notoriamente.

La debilidad del Centro Azucarero Argentino se debía a las disputas que hacia el interior de la asociación se habían producido a lo largo de la década de 1910. En ese sentido, la reformulación organizacional que afrontó la entidad durante los años veinte expresaba la falta de apoyo y los cuestionamientos realizados por parte de un grupo de industriales tucumanos. De este modo, la descentralización puede ser entendida como una estrategia que perseguía conservar la unidad del mundo empresario azucarero, por lo menos desde el ámbito asociativo. En el mediano plazo, esta dinámica de funcionamiento, que reservaba al CART las gestiones relativas al parque industrial tucumano y a los poderes públicos locales y al Centro Azucarero Argentino las acciones de alcance nacional, se reveló como altamente peligrosa para los tucumanos, en tanto estos quedaron atrapados en la madeja de disputas con cañeros, trabajadores y Estado provincial y fueron abandonado las posiciones obtenidas en el ámbito nacional. A medida que la industria azucarera tucumana se tornaba más caótica y conflictiva, la agroindustria jujeña se consolidaba y lentamente aumentaba su presencia en puestos dirigenciales dentro de la asociación. Los tucumanos se fueron replegando sobre sí mismos y los lazos con los poderes públicos nacionales, con los partidos políticos y con las agencias estatales se fueron deteriorando y debilitando paulatinamente. En consecuencia, cuando en la década de 1950 se comenzó a plantear una racionalización de la actividad azucarera, la gravitación de los propietarios de ingenio de Tucumán se encontraba debilitada. En tal sentido, las acciones desdibujadas del CAA a lo largo del período marcaban el inicio de una transición que suponía el desplazamiento de los industriales tucumanos y la construcción del liderazgo jujeño.

Bibliografía

Balán, J. (1978). Una cuestión regional en la Argentina: burguesías provinciales y mercado nacional en el desarrollo agroexportador. Revista Desarrollo Económico, 18(69), 49-88.

Bravo, M. C., (2008). Campesinos, azúcar y política: cañeros, acción corporativa y vida política en Tucumán (1895-1930). Rosario, Argentina: Prohistoria Ediciones.

Girbal de Blacha, N. (1993). Estado, Modernización azucarera y comportamiento empresario en la Argentina (1876-1914). Expansión y concentración de una economía regional. En D. Campi (Comp.), Estudios sobre la historia de la industria azucarera argentina TI (pp. 383-417). San Miguel de Tucumán, Argentina: Facultad de Ciencias Económicas, UNT. Unidad de Investigación Regional, UNJu.

Guy, Donna (1981). Política Azucarera Argentina: Tucumán y la generación del 80.  San Miguel de Tucumán, Argentina: Ediciones Fundación Banco Comercial del Norte.

Lenis, M. (2016). Empresarios del Azúcar. Corporaciones, política y discursos, Tucumán 1894-1923. Buenos Aires, Argentina: Imago Mundi.

Lenis, M. (Coord.) (2017). El Asociacionismo Empresario: sociabilidad y política. Buenos Aires, Argentina: Imago Mundi.

Sánchez Roman, J. A. (2005). La Dulce Crisis: estado, empresarios e industria azucarera en Tucumán, Argentina (1853-1914). Sevilla, España: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios Hispano-americanos, Diputación de Sevilla, Universidad de Sevilla.


  1. Recibido: julio de 2019.
  2. Licenciada en Historia y Doctora en Humanidades (Área Historia) por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Actualmente se desempeña como Secretaria Académica de la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión de la UNT y como Profesora Adjunta de la asignatura Historia de la Cultura. Contacto: marialenis@gmail.com


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