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Centro Cañero[1]

(Tucumán, Argentina, 1895-1926)

María Celia Bravo[2]

Definición

El Centro Cañero fue la primera organización de plantadores de caña de azúcar. Se formó en Tucumán en 1895, al influjo de la primera crisis de sobreproducción azucarera. Esta entidad, que representó un antecedente temprano en materia asociativa en el mundo agrario, centró su objetivo en la defensa del precio de la materia prima y en la conservación de la participación del sector cañero en la industrialización de la caña. Sus asociados, denominados cañeros, incluían al cultivador de caña de azúcar que producía en forma independiente y vendía su cosecha a los ingenios azucareros, independientemente de la superficie de sus propiedades. Éste podía ser propietario de la tierra o arrendatario y se diferenciaba del colono que laboraba los fundos de los ingenios.

Origen

A fines del siglo XIX, la crisis azucarera puso en riego la participación de los cañeros como sector independiente, en tanto los industriales procuraban alcanzar la anhelada integración vertical de sus ingenios, unificando el cultivo y el procesamiento de las cañas en una sola unidad productiva. Para oponer resistencia al avance de los industriales, la entidad orientó principalmente sus demandas al Estado provincial, perspectiva que menguó el perfil confrontador de la institución durante la primera etapa.  

En las peticiones del centro se configuraron los argumentos que ocuparían un lugar central en la retórica cañera de la década de 1920. La protección arancelaria tenía una función social cuyos beneficios debían hacerse extensivos a los cañeros, sector que por su vulnerabilidad merecía el amparo de los poderes públicos. En esa línea, el Centro Cañero, disputó la visión dominante que asignaba a los industriales una posición de preeminencia en el complejo azucarero tucumano como agentes primordiales de la modernización tecnológica y del progreso económico y social de la provincia.

La formación de esta primera asociación cañera constituyó un trabajo arduo. Al comienzo la iniciativa fue recibida con indiferencia por el conjunto de plantadores de caña de azúcar. Sin embargo, los resultados de la campaña de propaganda se manifestaron en una reunión celebrada el 12 de agosto de 1895 a la asistió una numerosa y “respetable concurrencia”. Entre los presentes se destacaban Pedro Koch y Zenón Santillán, ministros del gobernador Lucas Córdoba, así como numerosos plantadores de notoria militancia en el partido político oficialista, el Partido Provincial. Los integrantes de la primera Comisión Directiva de la entidad, como los asociados, eran básicamente grandes y medianos productores. En consecuencia, la presencia de un nutrido grupo de cañeros vinculados a los círculos selectos de la política notabiliar revelaba que el “progreso tucumano”, materializado en la expansión de la moderna industria azucarera, no sólo incluía a los industriales sino también a un segmento no despreciable de cultivadores de caña de azúcar.

De la acción a la rápida disolución

El principal triunfo de la organización cañera consistió en conseguir que los plantadores fueran contemplados en las controvertidas leyes de reguladoras de la producción de 1902 y 1903, denominadas leyes machete, que se adoptaron para tonificar el precio del azúcar. Las mismas impusieron la drástica restricción de la producción mediante impuestos prohibitivos y simultáneamente otorgaron indemnizaciones a los cañeros que aceptaran destruir sus cosechas. Las leyes fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a la demanda iniciada por un grupo de industriales. El fallo consideró que tales reglamentaciones no sólo vulneraban la libertad económica, sino que se avanzaba en un régimen de comunismo de Estado. Los términos de la sentencia revelaban el rampante liberalismo económico que embargaba no sólo a los jueces de la Corte sino también a gran parte de la opinión pública de la sociedad argentina.    

En sus primeros años de funcionamiento el Centro Cañero concentró sus energías en la defensa del precio de la materia prima, aunque el programa fundacional de la organización era más amplio. Se proponía el estudio de las múltiples cuestiones derivadas del trabajo agrícola (como el sistema de riego, las modalidades de cultivo y   la selección de abonos y de variedades de caña) y un servicio estadístico sobre la agroindustria azucarera destinado a orientar la acción de los poderes públicos. En consecuencia, el Centro Cañero se imaginaba como una institución que trascendiera las acciones meramente reivindicativas. No sólo procuraba reunir a los productores de caña que hasta entonces habían afrontado de manera individual y resignada la asimétrica relación comercial con los ingenios, sino que bregaba por incidir sobre el Estado.

No obstante, el desaliento generado por la inconstitucionalidad de las leyes machete, combinado con la superación de la crisis de superproducción, gravitó en la extinción de esta primera experiencia asociativa de los plantadores de caña. Se presume que la entidad declinó a partir de 1904 y hacia finales de la década el Centro Cañero estaba disuelto.    

Refundación

Una nueva iniciativa de agremiación se manifestó en 1918 debido a la crisis de la caña criolla que diezmó los cañaverales de la provincia por la generalización de la plaga del mosaico. Para los cañeros los efectos fueron devastadores. Los plantadores independientes descendieron sensiblemente: de 4684 productores en 1914 a 3191 en 1918. Al mismo tiempo, su participación en el área sembrada se contrajo de 51.278 ha en 1915 a 25.120 ha en 1919. Los industriales, que también fueron afectados por la crisis, incrementaron su presencia en la fase agrícola porque tenían mayor capacidad económica para replantar los cultivos destruidos, utilizando la nueva variedad de Java. La planta, dotada de mayor riqueza sacarina, les permitió acercarse al anhelado autoabastecimiento de la materia prima. En 1919 consiguieron controlar el 67 % del área cultivada con caña de azúcar, proporción que creció hasta alcanzar el 69 % en 1922.  En consecuencia, bajo los efectos de una nueva catástrofe agrícola, un grupo de plantadores reflotó el proyecto de asociación cañera. Se trataba de defender al productor independiente de caña de azúcar recuperando la participación en el área sembrada. La iniciativa fue recibida con apatía por el conjunto de los cañeros.

El segundo Centro Cañero se organizó en 1918 con un núcleo original de 84 asociados, número exiguo si se lo compara con los 3180 productores cañeros registrados en el Censo organizado por el Banco de la Provincia en 1918. Los objetivos de la entidad eran similares a los del frustrado intento gremial de 1895, aunque se definía con mayor claridad la prédica agrarista en torno a la independencia económica de los plantadores cañeros. En ese sentido, se comprometían a fiscalizar los contratos con los ingenios y a promover la formación de cooperativas para la industrialización de la materia prima de los asociados. No se descuidaba el carácter modernizador de la entidad, cifrada en la preocupación por el perfeccionamiento de los cultivos, la expansión de la enseñanza agrícola y la gestión del crédito agrícola. 

Estaba dirigida por un directorio integrado por seis miembros elegidos en asamblea general que se renovaba la tercera parte cada año y elegía anualmente entre sus miembros al presidente y vicepresidente. Las decisiones se adoptaban por mayoría simple y los cargos eran honoríficos. Este modelo de organización, sustentado en la asamblea como máxima autoridad y en directivos con mandatos cortos, sin gratificación monetaria, revelaba la concepción igualitaria que presidía el diseño de estas organizaciones.

Giro agrarista

Durante la década de 1920, como consecuencia de la replantación de los cañaverales con la planta de Java, la agroindustria azucarera tucumana transitó un ciclo de superproducción que deprimió el precio del azúcar y la materia prima. Se logró erradicar la escasez que desataba las protestas de los consumidores y los comerciantes del litoral, pero se instaló un factor de inestabilidad –el problema de la superproducción– que imprimió un giro conflictivo en las relaciones fabril-cañeras.

El Centro Cañero interpeló al Estado provincial al reclamar indemnizaciones para los cultivadores que habían quedado con la cosecha sin colocación. A los industriales les recordó que la armonía debía regir las relaciones de industriales y cañeros, las que debían fundarse en el criterio de equidad. Sobre la base de tales propósitos, la nueva asociación cañera fue recibida con simpatía por varios industriales azucareros. En 1922 el Centro Cañero contaba con un local propio y a partir de 1924 comenzó a editar una publicación, El Azucarero. Entre 1920 y 1926 las acciones de la asociación se concentraron en garantizar la molienda de la totalidad del cañaveral a precios rentables. Logró que la provincia aprobara indemnizaciones para productores con materia prima sin vender, aunque los resultados fueron limitados. En 1920 sólo se acogieron a este beneficio 119 cultivadores que reunían 3.279 ha, estimadas en 27 ha por productor. Esta conquista que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia y estaba destinada a solucionar los problemas de los grandes cañeros que podían especular el precio de la caña, concertando a último momento sus operaciones de venta. La ley no contemplaba la situación del pequeño cañero que por necesidad aceptaba contratos con precios que no tenían relación con los costos de cultivo.

El sector cañero estaba integrado por una abrumadora mayoría de pequeños productores de fundos entre 0-10 ha que representaban el 83 % del total. Se trataba de campesinos que laboraban sus explotaciones directamente, apoyados por mano de obra familiar, y en tiempos de cosecha trabajaban en las fincas de medianos y grandes cañeros. Por otra parte, se distinguía un segmento de medianos cultivadores, cuyas propiedades oscilaban entre 11 a 100 ha y que expresaba a un 16 % de los cañeros. Por último, una pequeña fracción cuyas propiedades excedían las 100 ha, involucraba al 1 % del total y representaba a una minoría selecta de lo que se pondría considerar grandes plantadores. 

De modo que el Centro Cañero sólo había logrado concitar las expectativas de grandes y medianos productores cañeros que se beneficiaron con las indemnizaciones a los productores con materia prima sin vender. A pesar de las demandas moderadas y los gestos conciliadores de sus dirigentes, la formación de la entidad representó el punto de partida de la acción independiente de los plantadores y sus trabajos abrieron el cauce para una acción común que posteriormente integró como actores más decididos a los pequeños productores.

A medida que se intensificaba la crisis cañera, el Centro Cañero logró articular un discurso impregnado de postulados agraristas. Defendía las bondades de la agricultura cañera independiente en el campo tucumano: subdivisión de la propiedad, arraigo de la población a la tierra, mejoramiento de las explotaciones, desarrollo del comercio en el área rural, iniciativa e independencia en el medio agrario. Asimismo, sostenía que la protección arancelaria tenía un claro sentido social, puesto que no sólo contemplaba la situación de la industria, sino también debía incluir a los cañeros (desde el punto de vista discursivo los trabajadores azucareros también fueron incorporados en el planteo distributivo). En consecuencia, exigía una justicia contractual fundada en la equidad que se sintetizaba en el valor de la materia prima, estimada en el 50 % del valor del azúcar, sin la deducción del importe de los fletes por la caña, ni de los impuestos al azúcar. Esta demanda se respaldaba en un prolijo estudio de los costos de producción de los ingenios y las fincas cañeras. En función de dicho análisis los plantadores afirmaban que el capital inmovilizado para elaborar una tonelada de azúcar y el que se requería para la producción de una tonelada de materia prima eran equivalentes, de modo que se imponía una distribución equitativa de utilidades entre fabricantes y cañeros. Este reclamo debía instrumentarse en un contrato tipo que contemplara los fundamentos distributivos de tales consideraciones. La mayoría de estos conceptos fueron incorporados posteriormente en el Laudo Alvear de 1928.

En la base de este discurso sobrevolaba una imagen ambigua del productor cañero. En algunas circunstancias se presentaba al sector como un conjunto homogéneo, sin grandes diferencias internas. Por ende, los plantadores eran considerados una suerte de clase media agraria, integrada por productores activos e independientes, plenos de iniciativa y tenaces en el mejoramiento del medio rural. En otras circunstancias, la retórica cañera enfatizaba el carácter sufriente del plantador, que laboraba su pequeña parcela, impotente frente a la arbitrariedad de las fábricas. En este caso, el discurso esbozaba una pintura más cercana a la situación del campesino minifundista, presentado como un actor indefenso, merecedor de la conmiseración social. En estas imágenes, deliberadamente contrastantes, se condensaba la crítica a la arbitrariedad de los ingenios. Tales alegatos contribuyeron a construir un “imaginario cañero” que constituyó el sustrato de identidad del sector.

Escisiones y pérdida de representatividad

A partir de 1925 el problema de la superproducción azucarera se agravó considerablemente. En 1926 el stock se elevó a 217.372 toneladas, mientras que el consumo interno se mantenía estacionario en 330.000. Bajo esas circunstancias, el precio de la materia prima bajó de 14 centavos promedio los 10 kg de caña en 1921 a 10 centavos promedio en 1925. En ese año, un grupo de dirigentes cañeros se contactó con la Federación Agraria Argentina (FAA) para solicitar su apoyo en la difusión de sus demandas. La vinculación con esta entidad marcó una nueva etapa en las formas de organización y acción cañera. En esa sintonía, un reducido grupo de grandes cañeros, contrario a la confrontación con las fábricas y a las prácticas de agitación y resistencia alentadas por la federación, se separó de la entidad. Su alejamiento no afectó a la nueva asociación que había consolidado su influencia entre los pequeños y medianos productores que constituían la mayoría del sector. En consecuencia, el Centro Cañero quedó vaciado y sus dirigentes perdieron representatividad. Por lo tanto, a comienzos de 1927 esta asociación desapareció del universo cañero y sus acciones se tornaron irrelevantes. En su reemplazo, adquirió dinamismo la Federación Agraria Argentina, que comandó la primera huelga cañera de 1927.

Reflexiones finales

El sector cañero logró configurar tempranas organizaciones asociativas, plasmadas en el Centro Cañero, liderado por grandes y medianos plantadores con experiencia política. La entidad, en sus dos etapas de existencia, logró imponer políticas públicas bajo la figura de leyes, que otorgaron a la industria azucarera tucumana un sentido distributivo. Al influjo de la crisis de sobreproducción de la década de 1920, medianos y pequeños productores abandonaron el Centro Cañero y se integraron a la FAA, que lideró la primera huelga agraria de la provincia, resuelta a través del Laudo Alvear. Este instrumento modificó de manera radical las formas de comercialización fabril-cañeras y la distribución sectorial del ingreso global azucarero en Tucumán.

Bibliografía

Botana, N. y Gallo, E. (1997). De la República posible a la República verdadera. Buenos Aires, Argentina: Ariel.

Bravo, M. C. (1991). Las leyes machete y la ruptura del frente azucarero tucumano.  En Campi, D. (Comp.), Estudios sobre la historia de la industria azucarera argentina, Tomo 1 (pp. 97 -136). Tucumán: Argentina: NT-UNJU.

Bravo, M. C. (2008). Campesinos, azúcar y política: cañeros, acción corporativa y vida política en Tucumán (1895-1930). Rosario, Argentina: Prohistoria.

Lenis, M. (2016). Empresarios del azúcar. Corporaciones, política y discursos. Tucumán (1894-1923). Buenos Aires, Argentina: Imago Mundi.

Moyano, D. (2015). Desde la empresa. Firmas familiares y estructura empresarial en la industria azucarera tucumana, 1895-1930. Buenos Aires, Argentina: Prometeo.


  1. Recibido: julio de 2020.
  2. Doctora en Historia por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Investigadora independiente del Conejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES-UNT). Profesora titular de Historia Argentina de la carrera de Profesorado y Licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras (UNT). Contacto: mceliabravo@hotmail.com


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