(Región Pampeana, Argentina, siglos XVIII-XIX)

Mariana Canedo^[2]

Definición

Para los siglos XVIII y XIX, en la región pampeana puede considerarse pueblo rural a un asentamiento poblacional, relativamente poco numeroso pero concentrado, ubicado a la vera de una vía de comunicación. Sus pobladores vivían de la producción agraria o brindaban servicios a quienes se ocupaban de la misma. Al pueblo se le reconocía identidad comunal –vinculada con el arraigo y la residencia permanente de los habitantes– y algunas potestades en un ámbito circunscripto. Formó parte de organizaciones políticas mayores (gobernación, provincia) que designaban a las autoridades locales, hasta la conformación de los gobiernos municipales en la segunda mitad del siglo XIX.

Itinerarios diversos

En Hispanoamérica, hubo un marcado reacomodamiento poblacional durante el siglo XVIII. Los procesos europeos de conquista habían alterado las ciudades y pueblos construidos en algunas sociedades indígenas, generando destrucciones, deslocalizaciones, cierta volatilidad vinculada a los ciclos de producción minera y también nuevos asentamientos. Se ha estimado que, hacia finales del siglo XVIII, los asentamientos eran predominantemente rurales (93%), aunque todos incluían un vasto número de personas dedicadas a actividades rurales. El incremento de pueblos y pequeñas villas se destacó de manera significativa hacia fines del siglo XVIII, fundamentalmente en zonas de frontera (Hünefeldt, 2000).

Los estudios sobre la conformación de los pueblos muestran disímiles itinerarios transitados. En la frontera sur hispanoamericana, que se desplegaba entre el complejo portuario rioplatense y la Capitanía General de Chile y articulaba con otros circuitos mercantiles orientados hacia las zonas mineras, las reconstrucciones muestran situaciones conflictivas y procesos de negociación variados. Por ejemplo, en la jurisdicción de Chile, donde las autoridades reales habían realizado tempranos impulsos institucionales y económicos para la formación de pueblos y villas, se destacaron los conflictos generados por el acceso a terrenos adecuados para ese fin en las últimas décadas del siglo XVIII. En los nuevos asentamientos de frontera de la gobernación de Córdoba del Tucumán primaron problemas centrados en el arraigo poblacional y también acuerdos y hostilidades con las parcialidades indígenas. En la Banda Oriental prevalecieron los enfrentamientos jurisdiccionales entre pueblos, villas y ciudades. 

En la jurisdicción del cabildo de la ciudad de Buenos Aires, los pueblos de españoles –llamados así posiblemente para diferenciarlos de los denominados pueblos de indios– comenzaron a materializarse hacia mediados del siglo XVIII, en un contexto de llegada de migrantes que se asentaron en zonas dedicadas a la producción agrícola y ganadera para abastecer a Buenos Aires y otros mercados. Cercanos unos de otros, los pueblos tuvieron modalidades de implementación muy variadas. Algunos fueron impulsados por propietarios particulares que asignaron terrenos con ese objetivo (otorgando y vendiendo solares, estableciendo una capellanía o realizando donaciones piadosas de terrenos que se fueron fragmentando), otros se constituyeron a partir de ocupantes rurales que promovieron el asentamiento en terrenos realengos. También hubo virreyes que intentaron establecer villas, con sus propios cabildos. Los cuestionamientos recibidos por los cabildos de otras ciudades inhibieron esa posibilidad, pero quedaron conformados los pueblos. Las disputas por los terrenos de los pueblos de indios de Santiago de Baradero y Santa Cruz de los Quilmes, protagonizadas por curas, obispos y “españoles intrusos” que objetaban la jurisdicción de las autoridades indígenas y la presencia de “mulatos y mestizos”, encauzaron otra modalidad de conformación de pueblos “de españoles”.

Hacia 1810, se identificaban unos 30 pueblos con estados diferentes de consolidación en la jurisdicción de Buenos Aires. Paulatinamente, cada pueblo solicitó y alcanzó el reconocimiento de las autoridades reales dentro de un partido (jurisdicción local), con el que generalmente se compartía la identificación. A veces, se incorporó el apelativo de villa al nombre del pueblo, posiblemente para distinguirlo del partido y expresando una intención poco alcanzada. Desde varios pueblos, los vecinos y/o las autoridades del lugar (alcalde de la Santa Hermandad, el cura y, en varias oportunidades, el comandante de la zona) peticionaron al gobernador o virrey para acceder a la condición de villa y poder, entre otras prerrogativas, formar cabildo. En la jurisdicción del cabildo de Buenos Aires, solo se consiguió la excepción temprana de la villa de Nuestra Señora de Luján en 1755.

El caso de la provincia de Buenos Aires

Durante la primera mitad del siglo XIX, signada por los procesos independentistas, los enfrentamientos internos y la militarización de las sociedades, las transformaciones de los pueblos rurales parecieran haber estado más vinculadas con dinámicas económicas y sociales decimonónicas que con los cambios sucesivos de gobierno. Sin embargo, el establecimiento de estados provinciales en 1820 generó modificaciones en la organización político institucional y nuevas agendas de gobierno, que en el caso de Buenos Aires tuvo a la expansión agraria y al ordenamiento territorial como cuestiones nodales. Durante estas décadas, se incrementó el precio del ganado (para el abasto o la exportación de cueros y productos derivados, que lograron altas tasas de ganancias) y de la tierra (generando presión para reducir la pluralidad de derechos de propiedad reconocidos).

Los pueblos rurales incrementaron su número a 45 en una jurisdicción provincial que se fue expandiendo poblacional y productivamente hacia el sur y el oeste, aunque con limitaciones y en base a acuerdos con las parcialidades indígenas en las zonas de frontera. El crecimiento de la población rural durante la primera mitad del siglo XIX evidencia el arraigo de vecinos en la mayoría de los pueblos, aunque también muestra el desigual ritmo de evolución, independientemente de la ubicación o la antigüedad de asentamiento. En este contexto, sobresalen los estímulos generados desde el gobierno provincial para establecer pueblos en zonas de frontera con donaciones de terrenos, acuerdos con indígenas e instalación de milicianos, aunque con resultados disimiles.

Particularmente en las décadas de 1820 y 1850, los gobiernos provinciales intentaron sistematizar el “ordenamiento” de los pueblos: crearon y fortalecieron oficinas técnicas (como el Departamento Topográfico); fomentaron comisiones de vecinos (como las de Solares) u otorgaron funciones específicas a los gobiernos municipales; y elaboraron leyes y decretos referidos a la demarcación territorial, a la delimitación de edificios y calles y al establecimiento de terrenos de pan llevar (específicamente para cultivos de cereales); además de sancionar normativas sobre ejidos e inmigración. En términos generales, los estudios han mostrado que los alcances de estas políticas estuvieron, en gran parte, mediados por los intereses de los vecinos y poderes locales, a la vez que tendieron a reconocer las prácticas y configuraciones propias de cada pueblo rural.

A partir de 1856, la implementación de las municipalidades de campaña en los pueblos, al igual que en la ciudad capital, constituyó un proyecto ambicioso del Estado de Buenos Aires. Enfrentado con la Confederación Argentina –por la organización del Estado nacional y el lugar de Buenos Aires en él– y con parcialidades indígenas, el nuevo gobierno buscaba afianzar su soberanía interviniendo en la organización político-administrativa del ámbito rural ante los desafíos de gobernar la campaña, cuya adhesión política no era clara. Fue un proyecto que se destacó por la extensión, al involucrar a todos los pueblos rurales, y la simultaneidad de su implementación, a partir de las elecciones directas de las autoridades municipales. La ley de Municipalidades (1854) y el Reglamento de las Municipalidades de Campaña (1856) asignaban funciones en diferentes ámbitos al presidente y los cuatro municipales, que se fueron desenvolviendo (sin cobrar sueldo) según las posibilidades de cada caso: defensoría de Pobres y Menores, y de huérfanos; inspección de corrales del abasto y de la higiene del pueblo; control de pesas y medidas, y casas de negocios; mantenimiento de los establecimientos de instrucción pública y de los de culto, debiendo hacer cumplir los decretos gubernativos sobre la inspección de escuelas y parroquias; recaudación de las rentas, elaboración de un presupuesto de entradas y gastos anual e informes trimestrales de funcionamiento al gobierno; y  propuesta al gobernador la terna para la elección del juez de paz y presidente de la municipalidad, entre otras.

Sin embargo, el ordenamiento jurídico-territorial de los pueblos resultó un tema prioritario para las municipalidades de campaña durante las décadas de 1850 y 1860. Con el asesoramiento del Departamento Topográfico, los municipales delinearon la ubicación de las viviendas, las calles y los terrenos del pueblo. También impulsaron la discriminación de los derechos de propiedad de los terrenos denominados del Santo, el Pueblo o la Reducción (formados en el siglo XVIII a partir de capellanías, ocupantes en tierras realengas o pueblos de indios, carecían de delimitaciones precisas). Varias municipalidades reclamaron por la ampliación del tamaño de los ejidos de los pueblos, con el objetivo de incrementar la población, “otorgar” terrenos y ponerlos en producción, entre otras cuestiones. Nuevamente, el proceso de resolución de las situaciones resultó moroso y no carente de conflictos. Estuvo vinculado a los intereses locales, la pervivencia de derechos basados en la costumbre y al contexto de enfrentamientos bélicos.  

Por estos años comenzó a plantearse la llegada del ferrocarril a los pueblos rurales, en forma paulatina y discontinua en los primeros tiempos. Se generaron modificaciones en la puesta en valor de los terrenos e incorporaron nuevos actores e intereses, aunque con un impacto desigual entre los pueblos.  Asimismo, Buenos Aires como provincia de la República Argentina  experimentó modificaciones en su organización político-administrativa con procesos de centralización que, entre otras consecuencias, afectaron al gobierno en los pueblos en la década de 1870 y nos permiten considerar una nueva etapa.  

Interpretaciones

En Hispanoamérica, como en otras regiones del mundo, acepciones diferentes sobre el concepto pueblo coexistieron durante los siglos XVIII y XIX (Abrams y Wrigley, 1978; Sá e Melo Ferreira, 2009). Este carácter polisémico que incluye a los pueblos rurales pareciera corresponderse con la variedad de disciplinas que indagaron problemáticas sobre ellos, las que mantuvieron esa característica. Uno de los sentidos, que los estudios socio-demográficos han acordado con finalidades comparativas a nivel global, enfatiza la dimensión poblacional: un pueblo rural constituye un asentamiento de hasta 10.000 pobladores (en etapas “pre-industriales” o “pre-modernas”) en un territorio acotado (Royle, 2000). Otra perspectiva acentúa el análisis hacia el territorio del asentamiento y ha sido adoptada tanto por la historia agraria como por la historia urbana, coincidiendo en las particularidades de los pueblos respecto a la transferencia de las propiedades, los derechos comunales o el tipo de conflictividad.

Otras concepciones focalizan en la dimensión jurídico-política de los pueblos, señalando la no elección de sus propios gobernantes (autogobierno) y otras potestades vinculadas, como una diferencia con las villas y las ciudades que funcionaron con cabildo durante el siglo XVIII y parte del siglo XIX. Asimismo, se han destacado las variadas prácticas políticas instrumentadas por los pobladores, que permitieron iluminar la activa acción política desde la conformación de los pueblos.

El término pueblo es también utilizado para realzar el sesgo social o socio-étnico de parte de la comunidad local, como lo ponderan los estudios de historia social o sobre sociedades indígenas o afrodescendientes. En este sentido, las denominaciones de pueblos de indios, pueblos de españoles, los “sitios de libres de todos colores”, o las rochelas, entre otras categorías empleadas en el siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX en Hispanoamérica, respondieron más a configuraciones de procesos políticos, sociales y económicos en estos asentamientos multiétnicos que a una supuesta clasificación de sus integrantes. Desde otro ángulo, la concepción de pueblo o pueblos anclada en el ejercicio de la soberanía y la legitimación de los gobiernos ha sido puesta de manifiesto por la historia política y la historia conceptual, fundamentalmente al analizar el principio de la retroversión de la soberanía ante la crisis de la monarquía hispánica y en otras situaciones de crisis política en el siglo XIX que alcanzaron a las ciudades capitales, pero también a los pueblos rurales.

En términos generales, los estudios sobre problemáticas relacionadas con los pueblos rurales han modificado los enfoques. Así, tras la búsqueda del distanciamiento de las historias localistas y los mitos de fundación, identificaron políticas de los gobiernos impulsadas hacia los pueblos, elaboraron modelos o tipos ideales de pueblos y ponderaron interacciones más complejas que incluyeron intereses y prácticas provenientes de los propios pueblos. Asimismo, las interacciones permitieron analizar diferencias y conflictos entre los propios vecinos y complejizar las dinámicas poblacionales y mercantiles, así como las relaciones entre autoridades y sectores políticos, entre otras cuestiones.

Estos desplazamientos en los enfoques han conducido a considerar itinerarios diferentes en la formación y consolidación de los pueblos, generalmente más lentos de lo esperado por los gobiernos. Asimismo, las modificaciones observadas no responden a evoluciones unilineales de crecimiento poblacional, ordenamiento territorial o procesos “civilizatorios”, sino que, sin dejar de formar parte de las dinámicas globales, parecieran encontrarse más vinculadas con las configuraciones regionales.

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