(Argentina, 1988-2017)

Verónica Trpin^[2]

Definición

UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) es el sindicato que nuclea a los/as trabajadores/as que se emplean en actividades rurales en la Argentina. Se crea en 1988 de la FATRE (Federación de Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), año en el que por resolución del Ministerio de Trabajo se modifica la denominación de Federación a Unión y pasa a constituirse en una entidad de primer grado.

Historia

La conflictividad y el sindicalismo rural se remontan en la Argentina a las luchas de los peones rurales desde principios del siglo XX, cuyas demandas se refieren al mejoramiento de las condiciones laborales, a reclamos salariales y al reconocimiento de sus organizaciones gremiales (Alfaro, 2001). Décadas más tarde, la aprobación del “Estatuto del Peón Rural”, sancionado desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en 1944 (Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 28.169), reglamenta por primera vez, para el sector, un salario mínimo, pausas para las comidas, descanso los domingos, condiciones de higiene y seguridad laboral, asistencia médica para los trabajadores y su familia, vacaciones pagas e indemnización por despido entre otras mejoras laborales.

En 1947. con la Ley 13.029 se reglamentó —durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón— el trabajo de cosecha y se creó la CNTA (Comisión Nacional de Trabajo Agrario), destinada a regular las condiciones salariales y las relaciones de trabajo entre trabajadores/as y patronales rurales, además de la creación de comisiones paritarias locales. Este reconocimiento de marcos laborales para el campo fue acompañado por la conformación, en 1947, de un sindicalismo fiel al peronismo: la FATRE (Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores). En 1951, la FATRE unificó demandas con pequeños productores y con la Federación Rural Argentina de Transportadores, bajo la denominación de FASA (Federación Argentina de Sindicatos Agrarios). Recobró el nombre de FATRE en el año 1961. Desde su origen a la actualidad, el sindicato rural quedó nucleado a la CGT (Central General del Trabajo).

Juan Manuel Villulla (2010) señala que la identificación de FATRE con el peronismo desde su origen, se vincula a hitos —sumados al resto de beneficios económicos que la clase obrera experimentó durante los primeros gobiernos justicialistas— como el Estatuto del Peón Rural, la ley 13.020 que reguló el trabajo de los braceros temporarios y las modalidades de la obligatoriedad para los patrones de recurrir a las bolsas de trabajo, junto la creación de instancias paritarias a nivel nacional y regional; y la colaboración en la formación de un sindicato único de trabajadores/as.

El autor señala que la inclusión de los/as trabajadores/as rurales en la Ley de Contratos de Trabajo de 1974 significó un nuevo reconocimiento de los derechos laborales, al equiparar sus derechos al de los/as asalariados/as urbanos/as (Villulla, 2015).

Es importante remarcar que los gobiernos militares que sucedieron al peronismo se ocuparon de desarticular gran parte de las conquistas obtenidas por el movimiento obrero en la Argentina; incluso durante la última dictadura, en 1979 FATRE disminuyó de 120.000 a 55.000 afiliados/as en tan solo un año, como efecto de las políticas represivas del gobierno militar y como expresión de descontento con la dirigencia nacional (Villulla, 2015).

Los sindicatos han experimentado la historia contemporánea argentina a través de intervenciones, persecución y desaparición de afiliados/as y dirigentes y la promoción de leyes de flexibilidad laboral y desregulación de las obras sociales. Como reflejo de tales medidas, en el año 1980 el “Estatuto del Peón” fue sustituido por la Ley 22.248 que estableció el Régimen Nacional de Trabajo Agrario, lo cual eliminó las únicas regulaciones específicas del sector, se impuso la desregularización de la jornada y las modalidades de remuneración (Villulla, 2015), desarticulándose las negociaciones colectivas. Dicha ley reguló las relaciones laborales hasta el año 2011 en el que se sancionó el Régimen de Trabajo Agrario (Ley 26727).

Con la democracia consolidada nuevamente, fue designada una comisión normalizadora a cargo de Alberto Rodríguez, la cual se prolongó durante todo el gobierno de Raúl Alfonsín. En el primer período de la presidencia de Carlos Menem, se intervino el sindicato hasta que, en un congreso normalizador, en 1991, Gerónimo “Momo” Venegas fue elegido secretario general del gremio por la “Lista Verde Unidad Eva Perón”, votado por 191 sobre 195 delegados (Villulla, 2010). Venegas conformó el secretariado de la CGT, fue titular de las 62 Organizaciones Peronistas y permaneció en el cargo hasta su fallecimiento en el 2017.

Dicho dirigente propició la llamada “normalización” del sindicato, desde la cual se concretó la recuperación de la obra social y la promoción de afiliaciones a lo largo de todo el país (Trpin, 2008a). Venegas difundió la necesidad de atender el trabajo no declarado en la producción rural, la fuerte presencia de trabajo infantil y la baja sindicalización de la mano de obra. Como manifestó Venegas en algunos discursos difundidos por el sindicato, el objetivo era “trabajar, trabajar y trabajar para dignificar al trabajador rural y a su familia” (Trpin, 2008b). Tal como se señalara, recuperar a fines del siglo XX el reconocimiento de derechos laborales para la mano de obra rural fue una bandera difundida por UATRE, materializándose, por ejemplo, en la sanción de la Ley 25.191 que crea el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), el uso obligatorio de la Libreta del Trabajador Rural y el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo. En el año 2012 el RENATRE dejó de ser un ente autárquico y se transformó en RENATEA (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios) en jurisdicción directa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Nuevos espacios para las mujeres

Cabe señalar que a principios del año 2000 comenzaron a discutirse problemáticas específicas de las trabajadoras rurales dentro del sindicato. En mayo de 2001 se realizó un encuentro de mujeres rurales de todas las provincias en el que quedó conformada la Red Nacional de Mujeres de la UATRE (García Lerena, 2006), cuya finalidad fue “la elevación social, cultural y moral de todas las mujeres de todo el país”, reglamentándose la participación de “trabajadoras rurales y trabajadoras del gremio y/o OSPRERA, afiliadas a la UATRE y representantes de todas las provincias” (Folletería de la Red de Mujeres de la UATRE, 2006).

Posteriormente en diciembre de 2003 el Congreso Extraordinario de la UATRE creó la Secretaría de la Mujer (art. 65 bis), con la aprobación de la modificación parcial del Estatuto, quedando la Red incorporada a dicha secretaría (Trpin, 2008b).

Ante la problemática de analfabetismo entre los/as afiliados/as, a través del Instituto de Capacitación y Empleo del sindicato se puso en marcha en el año 2002 el Programa de Alfabetización Rural (PAR) de la UATRE. Este programa quedaría coordinado por una Comisión de Alfabetización a cargo de la Secretaría de la Mujer. En el año 2006 los centros PAR ascendían a 408 a lo largo de todo el país con 7411 alumnos/as.

Perfil y características

En los años noventa se reestructuró la obra social: ISSARA (Instituto de Servicios Sociales para las Actividades Rurales y Afines) se transformó en OSPRERA (Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina) con cobertura en todo el país.

La organización de UATRE posee también la fundación Fundatre, “institución solidaria sin fines de lucro trabajando para el desarrollo y crecimiento social, laboral y cultural de nuestra población rural”, un Área de Turismo, una Comisión Legislativa Rural cuya función es “investigar y analizar la problemática del trabajador y trabajadora rural y su familia, formulando propuestas alternativas de solución” (Revista Trabajo Rural, 2005: 46), una Comisión Investigadora para la Erradicación del Trabajo infantil, entre otras áreas específicas. UATRE participa junto a representantes gubernamentales y las entidades del agro de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) y en la REL-UITA (Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación) entre otras organizaciones.

Tal como señala Villulla (2015), Venegas fortaleció la estructura del sindicato, de la obra social e hizo crecer las afiliaciones, llegando a casi 800.000 afiliados/as en los años dos mil, siendo las proyecciones duplicar su número. UATRE se ha consolidado como un sindicato “prestador de servicios”, sin caracterizarse en las últimas décadas, por encabezar conflictos en las diferentes producciones agrarias de la Argentina.

Para analizar los procesos de pérdida de centralidad de los sindicatos como entidades de representación de los/as trabajadores y de generación de luchas colectivas, Boltanski y Chiapello (2002) apelan al fenómeno de “desindicalización” como reflejo de un debilitamiento de herramientas y de recursos de la crítica social. En la Argentina y tal como se observa en UATRE, el decaimiento de acciones reivindicativas no derivó necesariamente en una desaparición de los sindicatos, sino en su transformación hacia políticas asistencialistas. UATRE se condice con esta tendencia: se consolidó como un sindicato “tradicional” y “prestador de servicios” (Novick, 2001).

A pesar de que durante el siglo XX, organizaciones como FATRE/UATRE o la FOTIA (Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera) han protagonizado conflictos decisivos para la visibilización de las condiciones laborales de los/as trabajadores/as rurales (Alfaro, 2001), la tendencia de los estudios rurales y del trabajo fue la de resaltar sus limitaciones, sin presentar los diversos interlocutores que participan en su construcción y la vigencia que posee la categoría de trabajador/a rural o sindicalismo en los diversos contextos productivos del país.

Poniendo especial énfasis en los condicionamientos que obstaculizan el desarrollo de representaciones “más democráticas” en el campo, Forni y Neiman (2001) sostienen que las restricciones que poseen las organizaciones de trabajadores rurales están vinculadas al carácter cíclico de la producción, la dispersión geográfica, el carácter “campesino” de asalariados y las relaciones personales que se establecen con las patronales.

Esta mirada es complementada por Scott Whiteford (1977) quien observó que la afiliación de los temporarios en la zafra en las provincias de Salta y Jujuy estaba limitada por otro factor: la desconfianza que estos trabajadores tenían a la disposición del sindicato para satisfacer sus demandas.

Sin embargo, Víctor Rau (2004), en el análisis que realiza sobre “protestas” encabezadas por los cosechadores de yerba conocidos como “tareferos” —en diferentes localidades de Misiones en los años 2000 y 2001—, concluye que a pesar de la actual vigencia de las argumentaciones señaladas por Forni y Neiman, el fenómeno por él estudiado también permite advertir lo inadecuado de algunas conclusiones que recaen sobre la cuestión de la concentración-aislamiento, de la presencia-ausencia de relaciones permanentes entre los obreros en el lugar de trabajo. Para él, las cuadrillas se han constituido en un lugar de referencia y cooperación, y también en un entorno de referencia sindical y de negociación con las patronales, aún ante contrataciones temporarias para las cosechas.

Reflexiones

Analizar la complejidad de los conflictos y de la organización del sindicalismo rural implica contextualizarlo en las relaciones sociales presentes en las diferentes producciones del país. La diversidad de acciones de protesta y participación por las que optan los/as afiliados/as y los/as no afiliados/as de las “seccionales”, las relaciones de poder político y económico que dominan las escenas provinciales y las lecturas y ejecuciones que realizan los dirigentes locales de los lineamientos provenientes del “secretariado en Buenos Aires”, constituye un amplio marco de análisis.

La demanda intensiva que asumen ciertas actividades agrarias, como la cosecha de frutas frescas de exportación, le otorga a la conflictividad laboral una importancia estratégica tanto desde el punto de vista de las empresas como de los/as trabajadores/as (Neiman, 2010). Hemos observado que ante grandes números de trabajadores/as temporarios, la conflictividad laboral sostenida en los períodos de inicio de la cosecha en la citricultura en Tucumán y la fruticultura del Alto Valle de Río Negro, ha movilizado la presencia de UATRE (Rau, Trpin y Crespo Pazos, 2011), dada la necesidad de sostener arreglos salariales que permitan encauzar la cosecha de fruta con destino internacional.

Por otro lado, procesos como la mecanización del trabajo agrícola en producciones pampeanas y la consolidación de la presencia de contratistas (Tort, 1983), dispersó a la mano de obra, disminuyó su número y segmentó los perfiles y demandas (Villulla, 2015), fortaleciéndose una tendencia de desarticulación entre el sindicato rural y los/as trabajadores/as. Reflejo de ello, en el año 2008, ante el llamado “conflicto del campo” en el que el sector empresario de la producción agrícola-ganadera de la Argentina (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales, CONINAGRO y Federación Agraria Argentina) realizó un paro y cortes de ruta durante 129 días —en rechazo a la Resolución 125 que establecía retornar hacia un sistema móvil las retenciones impositivas a las exportaciones de soja, trigo y maíz—, el sindicato UATRE apoyó informalmente las medidas de las patronales rurales y se mostró como mediador en el conflicto. Villulla (2009) señala que, en el marco de dicho paro, la conducción de la UATRE no contribuyó a hacer visible la participación que asalariados/as rurales, ni los perjuicios que la medida oficial traía a los/as trabajadores/as, ante la ausencia de medidas para contener la descarga de las retenciones sobre los sueldos, la amenaza de desocupación por quiebra de pequeños productores o contratistas endeudados.

En el siglo XXI, lejos ha quedado UATRE de ejercer una representación de los/as trabajadores/as rurales que lidere las demandas y necesidades del sector en su diversidad, especialmente ante una profundización de la informalidad laboral, la expansión de tercerizadoras de mano de obra y cooperativas de trabajo que tienden a precarizar las condiciones de trabajo en los espacios rurales de la Argentina.

Bibliografía

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