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Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA)[1]

(Argentina, 2012-2016)

Santiago Iorio[2]

Definición

El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) fue una entidad autárquica bajo jurisdicción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación que existió entre 2012 y 2016. Se proponía garantizar el empleo registrado en el sector agrario, facilitar el acceso a la seguridad social, promover la capacitación y formación profesional de los trabajadores agrarios, generar información sobre las actividades productivas agrarias con presencia de asalariados y coordinar con organismos nacionales y provinciales con la finalidad de potenciar los puntos anteriores.

Origen

El RENATEA fue creado en 2011 por medio de la Ley 26.727, a partir del marco normativo establecido por el “Nuevo Régimen de Trabajo Agrario”. La finalidad de este último consistía en combatir la informalidad laboral a través de la recuperación de la capacidad estatal de fiscalización y control, buscando la inclusión social de un sector históricamente excluido. En este sentido, se bregaba por regular el trabajo rural (permanente, no permanente y permanente discontinuo) y equiparar los derechos de los trabajadores agrarios con los de otras ramas.

En el marco de políticas laborales contra la informalidad y a la luz del conflicto por la Resolución 125/08, desde 2009 se había revitalizado al interior del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS) y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Nación (MGAyP) la discusión en torno al trabajo agrario, con el objetivo de modernizar la legislación que regía desde 1980. Por entonces, desde el MTEySS se promovía la generación de un marco jurídico-institucional regulatorio de las relaciones laborales, que impulsara la negociación colectiva, la reconstrucción de la inspección del trabajo y la capacidad estatal de mediación en los conflictos laborales. Este interés se tradujo en políticas orientadas a generar empleo registrado, tal como lo ejemplifican el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), la Ley de Ordenamiento del Régimen Laboral y la creación del Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social, entre otras.

Por otro lado, el denominado “conflicto del campo” del año 2008 llevaría al quiebre del “pacto virtuoso” (Aronskind, 2010) entre distintos sectores sociales y económicos consolidado por el kirchnerismo en los años previos. En este sentido, se estructuró un escenario de tensiones entre el gobierno nacional y las entidades gremiales del sector agropecuario que marcaría la dinámica institucional posterior. El gobierno nacional desplegaría una estrategia centrada en fortalecer los mecanismos de intervención estatal en ámbitos de la producción y el trabajo agrario buscando generar una mayor autonomía del poder Estatal frente a las entidades gremiales del sector agrario.

En este contexto, la máxima autoridad del MTEySS, Carlos Tomada presentó en 2010 un proyecto legislativo con la finalidad de instituir un estatuto jurídico que sustituyera la normativa laboral vigente desde la última dictadura militar que excluía al trabajador rural de las previsiones y el amparo de la “Ley de Contrato de Trabajo” de 1974 (Ley N°20.744). El espíritu de la iniciativa, sancionada al año siguiente, partía de los antecedentes del Estatuto del Peón Rural (1944) y del Estatuto del Cosechero (1947), los que –impulsados por Juan Domingo Perón– constituían la primera regulación sistemática de las relaciones laborales de los trabajadores ligados a las explotaciones tradicionales del sector agrario.

Entre otras disposiciones, el nuevo marco normativo establecía la disolución del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y la creación del RENATEA, en tanto ente autárquico bajo jurisdicción del MTEySS. A principios de 2012 éste último inició un proceso de normalización para efectuar el traspaso de la estructura y funciones al RENATEA, lo cual trajo aparejado un alto nivel de conflictividad. La resistencia de las entidades que conformaban el RENATRE (Sociedad Rural Argentina, Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Confederaciones Rurales Argentina y Federación Agraria Argentina), traducida en presentaciones judiciales y acciones de protesta, giraba alrededor de la pérdida de facultades y recursos. En efecto, la institucionalización del RENATEA implicaba la reconfiguración de aquella arquitectura corporativa dirigida por las entidades gremiales del sector agrario a otra cuya naturaleza fuera estrictamente estatal y orientada por las políticas de gobierno. Luego de ese proceso normalizador en los primeros meses del año 2012, el RENATEA comenzaría a implementar una serie de políticas públicas dirigidas a empleados y empleadores agrarios.  

Políticas Públicas

El proyecto institucional del RENATEA consolidó un abordaje multidimensional de la cuestión del empleo agrario. Desde este organismo se desarrollaron un conjunto de políticas que partieron de una concepción que entendía a las problemáticas del trabajo agrario no sólo como una mera cuestión de registración laboral, sino como un proceso más amplio vinculado a la desafiliación social de los trabajadores del ámbito rural. Dicha desafiliación no sólo se refiere a la precarización laboral sino también a la vulnerabilidad relacional, es decir, a procesos de segregación social a partir de una debilidad de los vínculos de inserción comunitaria. Esta fragilización de los soportes relacionales (Castel, 1995) se expresa tanto en términos de carencias materiales como en una dimensión política y social relacionada con una escasa organización colectiva que permita a estos grupos generar la visibilización de sus demandas en el espacio público y los ámbitos de decisión gubernamental (Kessler, 2010).

Esta concepción se tradujo en una arquitectura estatal y dispositivos integrales de intervención sobre las heterogéneas situaciones de vulneración laboral y social en que estaban sumidos los trabajadores agrarios y sus familias. Entre las políticas se pueden distinguir aquellas dirigidas a:

  • Registración laboral. Con el objetivo de lograr un aumento significativo del número de trabajadores y empleadores registrados se desarrollaron distintos mecanismos permanentes, accesibles y masivos de registración. Por otro lado, se potenció el rol fiscalizador del organismo a partir del fortalecimiento de la capacidad de inspección laboral a nivel territorial.
  • Protección social de los trabajadores y sus familias. Con el propósito de promover, proteger y hacer efectivos los derechos básicos del trabajador rural, se generaron una serie de protecciones sociales mediante la gestión del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo y Seguro de Sepelio y la asignación de prestaciones extraordinarias ante situaciones de vulneración (como la trata de personas) o catástrofes climáticas.
  • Formación y Capacitación. Se desarrollaron una serie de programas orientados a la recalificación laboral, la certificación de competencias, la alfabetización, la formación política y el fortalecimiento de las comunidades educativas agrarias, procurando un aumento de los índices de registración a partir del empoderamiento técnico-político de los trabajadores agrarios y sus familias.
  • Investigación y Estadística. La generación de información actualizada sobre las dinámicas productivas, tecnológicas, comerciales y laborales del sector agrario permitió adecuar y promover estrategias de registración, fiscalización y capacitación acorde a las dinámicas regionales y locales.
  • Políticas de inclusión y equidad. Se implementaron una serie de acciones para atender y acompañar a la población de mayor vulnerabilidad del sector agrario: mujeres, niños y jóvenes. Entre éstas se destaca un programa destinado a la fundación de centros de cuidados, atención y recreación para hijos de trabajadores agrarios, la promoción de derechos para la erradicación del trabajo infantil y el desarrollo de la perspectiva de género para las distintas políticas del organismo.

De esta manera, las políticas públicas implementadas por el RENATEA tuvieron como propósito contribuir a la generación de empleo de calidad, al mejoramiento de las condiciones de vida de los asalariados agrarios y la restitución de derechos.

Redes territoriales

La disolución del RENATRE y la creación del RENATEA suponía también (re) una configuración del entramado institucional en el territorio para aproximar el Estado Nacional a los trabajadores agrios y sus familias. En este sentido, la sanción de la Ley 26.727 implicó no solo la puesta en marcha de un conjunto de políticas, sino también un proceso novedoso de estructuración de una arquitectura institucional orientada a forjar una capilaridad territorial cercana a las producciones agropecuarias. Para esto, se generó una red de 5 Delegados Regionales (del Noreste, Noroeste, Centro, Patagonia y Cuyo) que articulaban con las Delegaciones en cada una de las provincias argentinas. Al mismo tiempo, estas Delegaciones Provinciales coordinaban la labor en las distintas localidades a partir de sus Unidades Territoriales, conformadas por pequeños equipos técnicos-administrativos y sus Unidades de Gestión Local y operadas junto a áreas municipales. En total se constituyeron 100 Unidades Territoriales y 156 Unidades de Gestión Local en todo el país.

Por último, la dispersión territorial de las actividades económicas agrarias y la multiplicidad de problemáticas que afectan a trabajadores agrarios y sus familias condujeron al RENATEA a consolidar una política de articulación interinstitucional con organismos estatales, municipios, instituciones de ciencia y técnica, sindicatos, empresas y organizaciones sociales. Esta concepción permitió generar redes territoriales con diversos tipos y niveles de articulación entre actores, ampliando el alcance de las políticas implementadas, así como mejorar su efectividad en cada provincia.

Reflexiones

La sanción de la Ley 26.727 y las políticas públicas desarrolladas por el RENATEA ampliaron el radio de acción pública sobre las relaciones del capital y el trabajo en el sector agrario, generando una arquitectura estatal que permitió abordar diferentes problemáticas que afectaban a los trabajadores y sus familias. La constitución de esta nueva institucionalidad profundizó un conjunto de políticas socio-laborales orientadas a la generación de empleo registrado en ramas de actividad que históricamente se habían caracterizado por una elevada informalidad.

En este sentido, el RENATEA se enmarcó en un proyecto de gobierno que fortaleció el rol del Estado Nacional en el mundo del trabajo, a partir de la reconstrucción de las instituciones del trabajo y el despliegue de políticas de empleo e ingresos, consolidando un “régimen de empleo con protección social” (Palomino, 2007). Asumiendo que el empleo otorga reconocimiento social y político (un status de derecho) a partir de su inserción en un sistema de regulación (Castel, 2008), el “Nuevo Régimen de Trabajo Agrario” no solo reafirmó los derechos de autonomía individual sino también los derechos económicos y sociales ligados al trabajo digno, a la salud, la alimentación, la vivienda y la seguridad social, entre otros. Contribuía así a la reconstitución de la ciudadanía social de los trabajadores agrarios.

Hacia fines del año 2015, a días de la victoria electoral de la Alianza Cambiemos sobre el Frente Para la Victoria, las acciones de amparo presentadas en 2012 por la UATRE fueron atendidas por la Corte Suprema de Justicia. La máxima autoridad judicial declaró la inconstitucionalidad de los artículos que creaban al RENATEA, sentenciando su disolución. En 2016 el gobierno nacional encabezado por Mauricio Macri, a través del Decreto 1014/2016, estableció la reorganización institucional del RENATEA, conformando nuevamente el RENATRE. A lo largo de ese año, se completaría la eliminación de la arquitectura estatal y la reducción de su personal, pasando a un esquema dirigido por las entidades de la Mesa de Enlace y la UATRE.

Teniendo en cuenta que las instituciones constituyen una expresión de conflictos (de acumulación económica, política o simbólica) entre fuerzas sociales (Roig, 2008), la disputa entre el gobierno nacional y las entidades gremiales que conformaban el RENATRE clausuró la posibilidad de gestar ámbitos de concertación que permitieran transformar o catalizar ese conflicto en políticas públicas sostenidas que trascendieran los cambios de gobierno. En este sentido, la institucionalidad estatal se edifica y modifica como resultado de procesos políticos, arreglos de poder entre actores sociales. Por lo tanto, la estabilidad de la mismas está atada a las condiciones en que se forjan esos arreglos que le dieron origen (Vilas, 2012). Así, el desafío para la constitución de arquitecturas estatales y políticas públicas sostenidas en el largo plazo reside en que los actores sociales en disputa logren acordar, al menos, la continuidad de condiciones básicas que posibiliten sustentar arreglos institucionales en pos del reconocimiento de los derechos humanos, la equidad y la justicia social.

Bibliografía

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Aronskind, R. y Vommaro, G. (comps.) (2010). Campos de batalla. Las rutas, lo medios y las plazas en el nuevo conflicto agrario. Buenos Aires, Argentina: Prometeo Libros- UNGS.

Castel, R. (1995). De la exclusión como estado a la vulnerabilidad como proceso. Revista Archipiélago, 21, 27-36.

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Díaz, M. E. (2019). Trata laboral agraria en Argentina: La implementación de la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas en el sector agrario (2008-2015). Tesis de Maestría. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.

Iorio, S. (2020). Conflicto político, políticas públicas y capacidades estatales: el caso del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios de Argentina. Tesis (en evaluación) de Maestría, FLACSO, Argentina.

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Marshall, T.H. (1949). Ciudadanía y clase social. Madrid, España: Alianza.

Neiman, G. et al. (2006). Los asalariados del campo en la Argentina: diagnóstico y políticas. Secretaría Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Buenos Aires, Argentina: Ediciones CICCUS.

Oszlak, O. y O’Donnell, G. (1981). Estado y políticas estatales en América Latina: Hacia una estrategia de investigación. Documento CEDES/CLACSO, 4, Buenos Aires.

Palomino, H. (2007). La instalación de un nuevo régimen de empleo en Argentina: de la precarización a la regulación. Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo (RELET), 12(19), 121-144.

Premici, S. (2016). De patrones y peones. Los aliados esclavistas de Mauricio Macri. Buenos Aires, Argentina: Acercándonos Ediciones.

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Vilas, C. (2006). Pensar el Estado.  Conferencia en la ceremonia de homenaje a su trayectoria académica e intelectual, Universidad Nacional de Lanús, Argentina.

Vommaro, G. (2019). Estado y alianzas…, cuarenta años después. Elementos para pensar el giro a la derecha en Argentina. Ciencias Sociales, 32(44), 43-60.


  1. Recibido: mayo de 2020.
  2. Licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Maestrando en Diseño y Gestión de Programas Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (FCS-UBA). Contacto: ioriosantiago@gmail.com.


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