(América Latina, 1960-1980)

Ernesto Fabián Giuliano y Darío Agustín Machuca^[2]

Definición

Entre las décadas de 1960 y 1970, la noción de desarrollo rural designó a una propuesta de transformación en las características históricas del campesinado latinoamericano. Orientada hacia la búsqueda de una mejora en los niveles de vida de los habitantes de zonas rurales con base en un incremento de los niveles productivos, prestó especial interés a las problemáticas atinentes a la estructura agraria y las condiciones tecnológicas de la actividad agropecuaria.

Origen o genealogía

El concepto de “desarrollo rural” se desprende de la noción de “desarrollo”, uno de los principales tópicos de la posguerra. Al respecto, Osvaldo Sunkel y Pedro Paz (1970: 15-29) realizan un recorrido por sus antecedentes históricos: riqueza, evolución y progreso, en la Europa de la Primera Revolución Industrial; crecimiento, en las potencias con problemáticas de desempleo al calor de la crisis de 1930; e industrialización, referido principalmente a los países latinoamericanos que acicatearan su sector secundario iniciando el período de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) hacia 1930.

Con la finalización de la II Guerra Mundial (1939-1945), se asignaría a Latinoamérica el papel de exportadora de materias primas. Ya en 1942 se creaba el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA) –incorporado al organigrama de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948— y, progresivamente, la noción de “desarrollo agrícola” empezaría a ganar espacios. Para hacer frente al espectro del socialismo tras la Revolución Cubana de 1959, Estados Unidos impulsó la Alianza para el Progreso. En el marco de este programa y por orden de la Carta de Punta del Este (1961), hacia 1962 se crearía el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (CIDA), con la participación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la OEA y el IICA (véase Feder, 1978: 184-190).

Paralelamente al despliegue de la idea de desarrollo agrícola, se verían cambios dentro de las denominadas “teorías del desarrollo”. Cuando a fines de la década del cincuenta e inicios de los sesenta, las transformaciones operadas el mercado mundial de productos primarios afectaron a Latinoamérica, se intensificaron los esfuerzos destinados hacia áreas como vivienda, salud, y educación, procurando –entre otras cuestiones— una mejora de las condiciones de vida rurales (véase Sunkel y Paz, 1970: 28; 37; 42). De esta manera, el desarrollo rural se orientaba también hacia una mejora en las situaciones habitacionales del campesinado. Empezaba, por tanto, a presentarse como una vertiente dirigida a espacios productores de materias primas, pero incorporando perspectivas sociales, culturales y políticas que la diferenciarían de la noción de desarrollo agrícola, de índole netamente económica. Así, por ejemplo, hacia 1967, el Proyecto 206 Capacitación y Estudios sobre Reforma Agraria de la OEA ejecutado por el IICA, pasaría a denominarse Programa Interamericano de Desarrollo Rural y Reforma Agraria (IICA, 1968), y en 1973 se definiría al IICA como un “organismo de desarrollo rural” (IICA, 1973). Sin embargo, la mayor parte de las propuestas continuaría teniendo como eje a la transferencia de tecnología, cuando no al acceso a la tenencia de la tierra, dando cuenta de una constante preocupación por la faceta productiva.

Vínculos con el territorio, la tecnología, el consumo, la organización productiva y otros sujetos

En líneas generales, el desarrollo rural persiguió una mejora de los niveles de vida de los habitantes de zonas rurales con base en un incremento de los niveles productivos. Sin embargo, la teoría social y los discursos políticos e institucionales no siempre correspondieron a la aplicación de políticas públicas. Con respecto al territorio, la mayoría de los proyectos de reforma agraria lograron un alcance relativamente limitado en lo referente a tierras expropiadas y campesinos beneficiados. Sin embargo, debe reconocerse la diversidad de cada caso, dado que existen matices que van desde su ausencia en Argentina, hasta su mayor expresión en Cuba.

La transferencia tecnología, al calor del desarrollismo y la revolución verde, tenía un papel central en el esperado incremento productivo. La creencia en que una mejora en las condiciones de producción traería consigo un cambio de mentalidad y una mejora en las condiciones de vida rurales, fue un elemento central de la época. En otras palabras, el desarrollo rural se condecía más con la tecnología productiva que con cuestiones infraestructurales (acceso a la salud y educación formal, caminos, etc.). Por otro lado, la atención brindada a los medios de acceso del campesinado a los insumos tecnológicos, presentó también características diferentes en cada país y región.

En líneas generales, la organización productiva no se encontraba entre los principales tópicos del desarrollo rural. Más bien, se perseguía el modelo del granjero capitalista o farmer. No obstante, la presencia de proyectos comunitarios y las actividades de terreno frecuentemente dieron lugar a prácticas asociativas como las cooperativas. Con todo, existieron desde determinados sectores cuestionamientos a las realidades sociales rurales. Los mismos, dieron lugar a diversas experiencias de organización rural, las cuales bregaron por un abanico de aspectos que implicó desde las condiciones de comercialización agrícola, hasta el acceso a tenencia de la tierra.

El sujeto del desarrollo rural era el campesino, cuando no el mediano productor. Existió una fuerte influencia de la sociología del desarrollo, especialmente de los esquemas de Rogers (1969) para los agentes rurales, centrados en la adopción de tecnología productiva y una racionalidad económica capitalista. En términos generales, se buscaba un cambio de mentalidad y de productividad que deje de lado las economías agrarias familiares de subsistencia, las cuales se encontraban fuera de los planes de la mayor parte de los Estados. En otras palabras, se perseguía como finalidad un proceso de des-campesinización vía capitalización.

Debates y perspectivas de análisis

Cristóbal Kay (2001) distingue la presencia de tres paradigmas de desarrollo rural en Latinoamérica para los años sesenta y setenta, a saber: modernización y estructuralismo ambos con predominio hasta mediados de los sesenta, y la perspectiva de la dependencia desde mediados de tal decenio y a lo largo de la década del setenta. Nutridas en las concepciones de las ciencias sociales que no se desarrollaran específicamente en torno a configuraciones rurales, el cambio de una corriente a otra, puede responder tanto a cuestiones epistemológicas como a las alteraciones en la relación de fuerzas político-ideológicas (Kay, 2001: 337-338). Debido a los aconteceres de la historia latinoamericana, las dos primeras han gozado de un mayor impacto en el diseño y puesta en marcha de las políticas públicas en comparación al paradigma de la dependencia, acogido principalmente en ámbitos académicos.

En virtud de la revolución verde y del impulso programado para el agro latinoamericano durante la posguerra, la perspectiva de la modernización en el desarrollo rural se centró particularmente en la dualidad establecida entre sociedades tradicionales/sociedades modernas. De tal modo, el desarrollo se presentaría como una trasformación de un tipo de sociedad a otro. Asimismo, eran mostradas simpatías hacia la penetración económica y sociocultural de los países “modernos” en los “tradicionales”. El modelo a seguir era el farmer norteamericano, que encontraba su antítesis en el campesinado, parafraseando a Shanin (1983), la clase incómoda del capitalismo agrario. De esta manera, la receta del desarrollo rural consistía en la difusión de soluciones tecnológicas y en una la lógica capitalista de acumulación o reproducción ampliada.

El estructuralismo rural, por su parte, concebía al agro como una corriente de divisas que financiaría la industrialización urbana, entre otras cuestiones. Cuando sus objetivos se vieron truncados, se observó que la estructura agraria latinoamericana constituía un obstáculo para el desarrollo económico. Los latifundios no explotaban todas las tierras que tenían disponibles, mientras los minifundistas carecían de suelos. Se alentó, por tanto, la realización de reformas agrarias estribando en principios económicos, sociales y políticos. Por un lado, la producción incrementaría y liberaría divisas para continuar con el proceso de industrialización. Por el otro, una redistribución del ingreso reduciría las brechas sociales y, a su vez, dinamizaría la economía. Con todo, las reformas fueron concebidas también como una forma de prevenir levantamientos campesinos y cambios políticos y económicos más profundos. De este modo, el desarrollo rural consistía en una intensificación y diversificación del agro, una reforma de la estructura agraria tradicional, y una mejora en las condiciones habitacionales, sociales y políticas de los sectores rurales. Ahora bien, esto sería impulsado por medio de un papel central del Estado en el propio seno de un modo de producción capitalista.

La viabilidad del desarrollo rural latinoamericano en el marco de relaciones capitalistas fue criticada desde la perspectiva de la dependencia. En clara oposición al paradigma modernizador, e interpelando determinados elementos del estructuralismo, su idea central se basaba en la concepción del desarrollo y subdesarrollo como partes de un mismo proceso. En un sistema capitalista, la situación de los países dominantes era resultado del estado de los países dominados, y viceversa. En consecuencia, la superación de esta dependencia llevaría a un desenvolvimiento rural que deje de lado la pobreza y explotación del campesinado. Tal cambio, solo era posible mediante una transición hacia el sistema socialista. Entre los principales tópicos de los teóricos de la dependencia respecto a la temática, se encontraban el colonialismo interno, la naturaleza del modo de producción, el dualismo funcional del alimento y mano de obra baratas, la agroindustria, las agroempresas transnacionales y el futuro del campesinado (véase Kay, 2001: 366-386).

Como puede apreciarse, los principales intereses del desarrollo rural entre las décadas de 1960 y 1970 estribaron en elementos productivos como la estructura agraria y el acceso a la tecnología agropecuaria. En un segundo plano, las condiciones de vivienda, salud, y educación, entre otros menesteres, serían modificadas a partir de la trasformación de las condiciones económicas del campesinado.

En efecto, América Latina intensificó su agricultura durante este período y, aunque las reformas agrarias no lograron el impacto esperado, varios gobiernos contribuyeron a la tecnificación agropecuaria mediante asistencia técnica o créditos subsidiados para la adquisición de maquinaria, herramientas, ganado refinado, agroquímicos o semillas modificadas. Sin embargo, amplios sectores del campesinado no tuvieron acceso a los beneficios de tales políticas, quedando excluidos de las mismas (Kay, 1995: 37-39).

Así pues, la inestabilidad política del período y el continuo proceso de des-ruralización, sumadas a la pobreza estructural de la mayor parte de las áreas rurales latinoamericanas, pondrían en cuestión el grado de concreción de las propuestas del desarrollo rural en torno a la mejora de los niveles de vida y el incremento productivo de los sectores minifundistas. Con todo, en planos generales, las transformaciones a partir del esperado proceso de des-campesinización no se dieron por la vía de la capitalización, sino que lo hicieron principalmente por medio de la proletarización.

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