(Provincia de Buenos Aires, Argentina, primera mitad del siglo XX)
Emmanuel David Cicirello[2]
Definición
La burocracia técnico-agraria conforma un grupo de expertos, en general ingenieros agrónomos y médicos veterinarios, dedicados a la producción de saberes técnicos rurales. Constituye un actor social que gana importancia dentro del Estado bonaerense en la primera mitad del siglo XX, y desde allí impulsa políticas públicas tendientes al desarrollo agropecuario.
Origen profesional
La participación de ingenieros agrónomos y médicos veterinarios dentro del Estado se profundiza a principios del XX. Dentro del ámbito estatal, la aplicación de conocimientos profesionales está asociada a la modernización del agro y se concibe por entonces como una necesidad, en función del desarrollo económico agropecuario. En este marco, la capacidad de estos expertos de elaborar un saber especializado les brinda un rol preponderante en las prácticas estatales.
Como su experticia requiere de un minucioso aprendizaje profesional (Weber, 2014), debe mencionarse la institucionalización académica de sus saberes. Durante la primera década se crean dentro de la Universidad de Buenos Aires, la Escuela Superior de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires (1904) y la Facultad de Agronomía de Buenos Aires (1909), que se agregan a la Facultad de Agronomía y Veterinaria dentro de la Universidad de La Plata (1889). Dichos espacios universitarios brindan conocimientos técnicos y forman recursos humanos específicos, útiles para ocupar las nuevas dependencias estatales. Sus egresados, además de producir saber, participan y comparten diferentes proyectos orientados a la sociedad: son miembros de la “Sociedad amigos del árbol”, la Junta de Estudios Históricos, el Patronato de Liberados, como así también fundan diarios locales y se interesan por la recuperación del pasado familiar a través del impulso de comités y comisiones de estudios de inmigrantes (por ejemplo, vascos y holandeses).
Por su parte, el Estado provincial, a través del Departamento de Agricultura (instituido en 1891 y transformado en Dirección de Agricultura, Ganadería e Industrias en 1922) destina recursos económicos para la creación de instituciones que incrementen la productividad del sector. En el contexto, se impone la necesidad de un personal técnico capaz de enfrentar la creciente actividad económica y la ampliación estatal entendida en cargos burocráticos, sobre todo en materia estadística (Caravaca y Plotkin, 2007; González Bollo, 2011).
Inserción estatal
El proceso de consolidación de la burocracia técnica se produce a través del vínculo de instituciones que producen intelectuales y cargos en organismos públicos que apuntan a transformar la economía rural. Es decir, es el Estado quien define un espacio para que lo ocupe y desarrolle su labor en pos del bien común (Neiburg y Plotkin, 2004). Mientras que en la Provincia de Buenos Aires –eje político y agropecuario del país–, durante las décadas de 1910 y 1920 los técnicos se encuentran abocados al estudio y la resolución de diversas problemáticas que suponen las limitaciones de la economía abierta agroexportadora, en la década de 1930 estos expertos se convierten en una base esencial para el ejercicio del poder político. Este cambio se produce ya que la actividad política no garantiza una estabilidad, no logra dar una certeza en las relaciones sociales ni reparar la crisis institucional (Blacha, 2011).
Si bien existe un desarrollo institucional desde fines del siglo XIX, el crac neoyorquino de 1929 genera en la dirigencia política bonaerense la idea de escasez de técnicos y recursos para la provincia. Este aspecto se plasma en proyectos y estrategias como, por ejemplo, la creación de dependencias especiales dentro de la Dirección de Agricultura, Ganadería e Industrias durante la gobernación de Manuel Fresco en el período 1936-1940 (Béjar, 2005). De esta forma, el Estado provincial destina sus recursos a la ampliación territorial de sus capacidades e instituciones, lo cual transforma su fisonomía para regular las relaciones dentro del agro (Cicirello, 2017).
En este marco, las características de la burocracia se adecúan a las presiones y variaciones del mercado internacional. Estos cambios también influyen en sus fines e ideales, profundizando su perfil de mediadora en las relaciones sociales el ámbito rural, especialmente hacia fines de los años treinta y principios de los cuarenta. Su influencia dentro del gobierno bonaerense merma a mediados del siglo XX, en parte debido a la creación de instituciones específicas para el impulso de la investigación agropecuaria. Tal es el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que convoca a expertos para acelerar la tecnificación y mejorar la vida rural (de Arce y Salomón, 2018).
Saberes técnicos rurales
La burocracia de perfil técnico-agrario es quien elabora el conocimiento experto que la provincia de Buenos Aires difunde para mejorar las actividades agropecuarias. El saber técnico es un tipo de conocimiento, emergente de una práctica elaborada a partir de instituciones académicas que, por un lado, apunta a una mejor calidad de las actividades productivas, pero también es el elemento principal –acentuado a mediados de 1930– para sostener la relación de dominación del Estado sobre la población rural. Así, el conocimiento de la población, los recursos, la conformación de los suelos y el clima son datos que el propio Estado acumula para conocer la realidad y aplicar estrategias gubernativas que impliquen una legitimidad política.
Durante el período 1910-1930, los técnicos apuntan a difundir desde los organismos oficiales y privados el fomento del agricultor pequeño propietario y del arriendo a largo plazo con la coexistencia del latifundio. También proponen la diversificación productiva mediante la colonización granjera y opinan sobre los beneficios de sistemas y máquinas de cosechas para reducir costos, incentivando su aplicación en la producción agrícola. La discusión acerca de la subdivisión de la tierra y el contrato de arriendo presenta diferentes aristas, que rondan entre la fijación del poblador rural y la entrega de tierra pública a colonos, aunque no se determina la práctica de los mismos (Girbal-Blacha, 1992).
A partir de los años treinta, laboratorios (entomológicos, fitopatológicos, zootécnicos), estaciones experimentales y escuelas-viveros divulgan conocimiento experto mediante estadísticas, comparaciones, diagnósticos e informes para el beneficio de los pequeños y medianos productores –en especial, agricultores y ganaderos– del ámbito bonaerense. En general, el Estado provincial difunde las investigaciones a través de los Anuarios Rurales, Boletines y Publicaciones mensuales del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires. Allí se puede encontrar una descripción de los principales problemas de las producciones agropecuarias, sumado a consejos prácticos para el óptimo funcionamiento de las actividades. En este contexto, para el cuerpo burocrático es importante el fomento de producciones alternativas agrícolas –como la fruticultura y floricultura–. Asimismo, ofrece consejos e instrucciones referidos a la ganadería, como la aplicación de remedios elaborados por los laboratorios oficiales para una óptima alimentación del ganado (Cicirello, 2017). En definitiva, los aportes de la burocracia técnico-agraria son parte significativa de la intervención estatal: se proponen regular las actividades del heterogéneo espacio bonaerense para evitar conflictos sociales y brindan legitimidad política a los gobernantes.
Aportes e interpretaciones
Los estudios sobre la burocracia técnico-agraria se centran en su relación con el Estado y su rol en la superación de las limitaciones que presenta la economía agroexportadora. Para Girbal-Blacha (1992), el caso de los ingenieros agrónomos expresa la necesidad de la dirigencia política de crear hacia 1910 un cuerpo burocrático dedicado a la ciencia agronómica. En este sentido, los técnicos desarrollan una función económica y social, pues son los responsables de ensayar respuestas que varían entre la tradición y la modernización agrícola. En esta misma línea, Graciano (2001) –a partir del estudio de tesis y trabajos de egresados y estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de la Plata en el período 1906-1930– demuestra que el pensamiento agrario universitario responde a los intereses de los terratenientes de la Región Pampeana. En esta línea, Gutiérrez (2005) considera a los ingenieros agrónomos como los autores de gran parte del discurso sobre la enseñanza agrícola. Con sus propuestas ellos legitiman su accionar profesional, compartiendo con el sector dirigente la visión sobre la instrucción agrícola como fundamento de integración al orden social vigente y los valores que lo sustentan.
En el estudio de Blacha (2011) sobre la elite dirigente, se advierte que durante la década de 1930 la función de los técnicos es influenciada desde la política para ampliar su dominio social. A través de la producción del saber especializado, el sector dirigente logra resolver los conflictos sociales en el contexto de crisis estructural. Por el contrario, para Martocci (2010 y 2014), la elaboración del corpus de conocimientos agrícolas es más dinámica entre el productor y los expertos que representan al Estado. Si bien los expertos ofrecen saberes agrícolas elaborados en las instituciones académicas para obtener el reconocimiento de las instituciones estatales, la aplicación de los mismos se vincula con la experiencia de los trabajadores y productores. Es decir, se genera una circulación de saberes que rompe con la visión de receptores pasivos.
De forma similar, González Bollo (2011) considera que, en un sector cambiante como es el agro argentino, los expertos acumulan experiencias en sus cargos y escalan posiciones gubernamentales, ampliando las áreas de gestión ministerial. A través del caso de la DERE (Dirección de Economía Rural y Estadística), el autor explora cómo se configura la burocracia especializada durante la primera mitad del siglo XX en temas agropecuarios, atravesando la concordancia o contradicción de diversos factores como el presupuesto nacional, la disposición legislativa, las demandas ministeriales y los condicionamientos económicos y sociales. Propone que la ampliación del accionar estatal respecto al agro produce el traslado del poder de decisión a un conjunto de técnicos, quienes diagnostican y median en conflictos sociales. Asimismo, Caravaca y Plotkin (2007) sostienen que las coyunturas críticas, como la crisis de 1930, dan lugar a la conformación de un grupo de economistas que se perciben como una elite técnica estatal, basando su legitimidad en el saber especializado. La apropiación de herramientas técnicas por parte de dicho grupo genera la necesidad de proveer instrumentos conceptuales para analizar, diagnosticar y alivianar los efectos de la crisis dentro de instituciones estatales, aspecto que perfila su actividad cerca del poder –económico o político–, independientemente del gobierno de turno.
Sobre la base de las características del Estado durante la década de 1930, Cicirello (2017) postula que la burocracia técnico-agraria ofrece saberes técnicos, es mediadora de conflictos dentro de la sociedad rural y es una herramienta para el intervencionismo estatal. Así, a partir de consejos técnicos y divulgación científica para los productores del campo bonaerense, el Estado logra diagramar un programa para organizar las actividades dentro del territorio, fomentando actividades alternativas a las tradicionales para incentivar el mercado interno.
Bibliografía
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Blacha, L. (2011). La burocracia como tecnología. Una mirada sociológica del intervencionismo estatal (1930-1943). En Ruffini, M. y Blacha, L. (Comps.), Burocracia, tecnología y agro en espacios marginales (pp. 103-119). Rosario, Argentina: Prohistoria ediciones.
Blanco, M. (2007). Reforma en el agro pampeano. Arrendamiento, propiedad y legislación agraria en la provincia de Buenos Aires. Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes Editorial.
Caravaca, J. y Plotkin, M. (2007). Crisis, Ciencias Sociales y elites estatales: la constitución del campo de los economistas estatales en la Argentina, 1910-1935. Desarrollo Económico, 47(187), 401-428.
Cicirello, E. (2017). Estado, agro y burocracia en el gobierno bonaerense de Manuel A. Fresco (1936-1940). Tesis de grado, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.
de Arce, A. y Salomón, A. (2018). Promover el bienestar rural. Los extensionistas del INTA en el terreno (1956-1980). Travesía, 20(2), 179-201.
Du Gay, P. (2012). En elogio de la burocracia. Weber, Organización, Ética. Madrid, España: Siglo XXI.
Girbal-Blacha, N. (1992). Tradición y modernización en la agricultura cerealera argentina, 1910-1930. Comportamiento y propuestas de los ingenieros agrónomos. Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas-Anuario de Historia de América Latina (JbLA), (29), 369-395.
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Graciano, O. (2001). El agro pampeano en el pensamiento universitario argentino. Las propuestas de los ingenieros agrónomos de la Universidad Nacional de la Plata, 1906-1930. Cuadernos del PIEA, (15), 33-76.
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Martocci, F. (2010). El azar y la técnica en las pampas del sur. Agricultores, expertos y producción agrícola (1908-1940). En Lluch, A. y Moroni, M. (Comps.), Tierra adentro. Instituciones económicas y sociales en los Territorios Nacionales (1884-1951) (pp. 89-117). Rosario, Argentina: Prohistoria-EdUNLPam.
Martocci, F. (2014). Cultivar al agricultor en la pampa seca. Generación y difusión de conocimientos agrícolas en las primeras décadas del siglo XX. Mundo Agrario, 15(29). Recuperado de http://t.ly/XFeI
Neiburg, F. y Plotkin, M. (2004). Intelectuales y expertos. Hacia una sociología histórica de la producción del conocimiento sobre la sociedad en la Argentina. Buenos Aires, Argentina: Paidós.
Weber, M. (2014). Economía y sociedad. Ciudad de México, México: Fondo de Cultura Económica.
