(Argentina, 1947-1988)

Adrián Ascolani^[2]

Definición

La Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE) fue una organización sindical de alcance nacional, adherida a la Confederación General de Trabajadores (CGT) que unificó la acción gremial de los asalariados rurales. Pese a la considerable masa de afiliados que tuvo, no consiguió ocupar un lugar protagónico en el movimiento obrero argentino. La FATRE tuvo un vínculo estrecho con la política y, dentro de la CGT, con la agrupación peronista “62 Organizaciones”. Su interacción con el sector patronal abarcó a diversas entidades gremiales de productores agropecuarios, en especial Federación Agraria Argentina –debido a la importancia del empleo de mano de obra transitoria en las tareas de cosecha y manipulación de los cereales–, y también a cooperativas, acopiadores de granos y contratistas rurales.

Origen y unidad sindical

La FATRE fue creada en octubre de 1947, promovida por la CGT, con el propósito de concentrar en una central única a los trabajadores rurales del país. Desde 1900 y hasta ese momento las organizaciones sindicales del sector habían tenido desarrollo en la zona núcleo de la región pampeana y en el sudeste bonaerense, mientras que en la región patagónica las experiencias sindicales fueron temporales y en otras regiones surgieron en forma tardía y dispersa, como fue el caso del Territorio Nacional del Chaco. En las provincias con producciones agroindustriales predominantes, como Tucumán, Mendoza y San Juan se conformaron organizaciones específicas de esas industrias. En términos generales, las organizaciones sindicales locales habían sido impulsadas por las centrales sindicales nacionales o bien por las federaciones provinciales y por federaciones urbanas organizadas por industria o servicio.

Al iniciarse la década de 1940 la situación de la CGT, así como de las federaciones provinciales era complicada por las presiones ideológicas o electoralistas de los respectivos gobiernos. En Santa Fe, la Federación Santafesina del Trabajo, que incluía a los obreros rurales, tenía vínculos con el Partido Socialista y en Córdoba la CGT no lograba hegemonizar debido a falta de unidad de las organizaciones bajo su liderazgo. Sólo en la provincia de Buenos Aires los sindicatos locales rurales o de oficios varios –con predominancia de trabajadores transitorios de las cosechas– lograron conformar una federación propia. El gobierno militar que ocupó el poder en 1943 buscó controlar a estas organizaciones a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión, pero la fragmentación local de las mismas dificultaba ese proceso (Ascolani, 2009).

La creación de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores facilitó dicho contralor, al encuadrar a las organizaciones en los lineamientos políticos del gobierno peronista. A la vez, la fundación de la entidad tuvo correspondencia con la sanción de la Ley Nº 13.020/47, que regulaba el trabajo rural transitorio y creaba la Comisión Nacional del Trabajo Rural (CNTR), en la cual debía haber una representación nacional del gremio (Ascolani, 2015). La oportuna y conveniente creación de la FATRE resolvía el problema de la representación, dado que las entidades provinciales eran herederas de tendencias ideológicas antagónicas.

Asimismo, la negociación colectiva en la CNTR reduciría en gran medida la conflictividad laboral en las jurisdicciones locales. En el caso de los peones permanentes, continuó vigente el Decreto Nº 28.169/44 (reglamentado en 1949) que permitía al Poder Ejecutivo Nacional fijar las tablas salariales (Palacio, 2018). Las autoridades de la federación, desde su constitución hasta 1955, se alinearon con la CGT y mostraron una total lealtad al gobierno peronista, desplazando a los dirigentes locales comunistas. La FATRE cambió de denominación en sucesivas ocasiones: pasando a llamarse Federación Argentina de Sindicatos Agrarios (1952-1954 y 1957-1963) y Federación Argentina de Seccionales Agrarias (1954-1957) –manteniendo su sigla: FASA– y variando su estructura como entidad de primer o segundo grado. Adoptó esta última al volver a llamarse FATRE, en 1963.

Desarrollo institucional en la alternancia de democracia y autocracia política

El gobierno de facto de 1955 intervino a la FASA, colocando en la conducción a sindicalistas “democráticos” en un marco de exclusión de los dirigentes peronistas. Al restablecerse el régimen constitucional en 1958, reunidos los delegados en el Congreso realizado en Villa María, elaboraron un programa de peticiones que fue sostenido hasta 1963, consistente en aumento de salarios de obreros transitorios y permanentes, modificaciones al Estatuto del Peón y a la Ley Nº 13.020, defensa de las bolsas de trabajo en los sindicatos, aguinaldo para los obreros transitorios, mayor autonomía de decisiones de las comisiones paritarias de zona de la CNTR, salario familiar, consolidación del beneficio de la jubilación y ampliación de la asistencia médica.

En cuanto a la conducción, siguió un quinquenio de desacuerdos y disputas internas entre el grupo fundador de la entidad, los “democráticos” que permanecían en la organización, y la dirigencia joven representativa de las bases sindicales de las provincias. En 1962 este último sector logró ascender a la conducción nacional, liderado por Sebastián Montoya. Al año siguiente, fueron aprobados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) los estatutos que restablecían el nombre de FATRE y la estructura de entidad de primer grado con seccionales –cuyo nombre genérico fue Sindicatos Únicos de Trabajadores Rurales y Estibadores (SUTRE)– (Luparia, 1973). La defensa sindical, la cobertura de servicios sociales básicos, la afiliación de los trabajadores rurales de todas las categorías y la reforma agraria fueron las metas de esta gestión, que contaba con más de 600 sindicatos adheridos, en su mayoría de la región pampeana.

Desde 1959 volvieron a suscitarse reclamos y conflictos en el área con tradición sindical más firme, el sur de la provincia de Santa Fe y el sureste de la provincia de Córdoba, en la cual la dirigencia local era de tendencias políticas diversas, incluyendo a numerosos activistas del Partido Comunista. El motivo de los conflictos era estrictamente salarial, al comienzo por el retraso de las resoluciones de la CNTR –que no siempre respetaba los acuerdos de las comisiones paritarias de zona– y, desde 1962 a 1966, por la divergencia entre los salarios homologados en ese organismo y los aumentos que pretendían los obreros debido a la inflación. No obstante, el clima de movilización sindical general que vivía el país enervaba los reclamos rurales. La conducción nacional de la FASA –y luego de la FATRE–, así como los Departamentos del Trabajo de ambas provincias, se mantuvieron respetuosos de los acuerdos asumidos en la CNTR. De modo que el Secretariado de aquella intervino a la Delegación Regional Rosario, desplazando a la conducción comunista, responsabilizándola de las decisiones autónomas de los dirigentes locales, de acción directa, que desencadenaron prolongadas huelgas en las tareas de estiba en chacras, en estaciones ferroviarias y en casas de acopio (Ascolani, 2020).

El ciclo de conflictividad no se prolongó luego del golpe militar de 1966, y el sindicalismo rural retornó a posiciones menos combativas por las proscripciones políticas y limitaciones gremiales impuestas, no obstante, no perdió el control de sus bolsas de trabajo en las seccionales. Las transformaciones productivas de la década de 1960 (Balsa, 2006; Villulla y Hadida, 2012), con una considerable disminución de la mano de obra ocupada, redujo la cantidad de obreros sindicalizados y también el número de sindicatos que aportaban a la FATRE. En esa coyuntura recesiva, los gobiernos militares hicieron algunos avances positivos en la asistencia social al asalariado rural. En 1970 fue creada una obra social con afiliación obligatoria, el Instituto de Servicios Sociales para las Actividades Rurales y Afines (ISSARA), en cuyo directorio tenía participación esa entidad. Además, se instituyeron las asignaciones familiares y hubo mayores controles de los aportes jubilatorios.

En 1973, el triunfo electoral del Frente Justicialista de Liberación, dio lugar a un fluido diálogo entre la FATRE y el gobierno, que permitió una mejora en los salarios reales, la aplicación de un régimen jubilatorio benefactor, y la aplicación de algunas disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo en determinadas jurisdicciones provinciales. Este breve período de bonanza acabó en 1975, al impactar en los salarios la brusca devaluación de la moneda. En el mismo año murió en un accidente el secretario general de la FATRE, Sebastián Montoya.

Crisis organizacional durante la Dictadura

Al producirse el golpe de estado de 1976, algunos miembros de la conducción nacional de la FATRE mostraron su adhesión al nuevo régimen. No obstante, para el gobierno la dirigencia sindical rural de las provincias del Noreste, en las cuales había contactos con las Ligas Agrarias, así como de algunas áreas pampeanas con presencia comunista, era un potencial peligro. De tal modo, la entidad fue intervenida en 1978, siendo designados en las delegaciones regionales interventores afines entre los dirigentes del gremio. Las medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo en este período fueron extremadamente perjudiciales para esta organización, así como para el sector asalariado rural (Villulla, 2018).

La supresión de la CNTR y el traspaso de sus funciones a ese ministerio aumentó la centralización de las decisiones sobre salarios y condiciones de trabajo de los obreros transitorios –presente en el caso de los permanentes comprendidos en el Estatuto del Peón–. Vedada la capacidad de negociación con los empleadores y de interlocución con el Estado a causa de esta supresión y de la intervención a la FATRE, los trabajadores perdieron importantes derechos conseguidos en las décadas de 1960 y 1970, entre ellos las bolsas de trabajo, las asignaciones familiares, numerosas bocas de expendio de la mutual ISSARA y aumentaron los requisitos para obtener la jubilación.

Estas acciones perjudiciales para el gremio se acentuaron con el dictado de la Ley Nº 22.248, de Régimen Nacional de Trabajo Agrario, en 1980, que sustituyó a la Ley Nº 13.020, regulando en un solo cuerpo normativo el trabajo de todos los asalariados rurales. En reemplazo de la CNTR, estableció la Comisión Nacional de Trabajo Agrario que, si bien tenía representación del sector obrero, y de ella dependían las comisiones asesoras regionales, no funcionó en este período. La nueva ley otorgó a los empleadores flexibilidad en cuanto al cumplimiento de la jornada de trabajo de sus obreros, con lo cual hubo una regresión a la lógica productivista de la “jornada de sol a sol”.

Hasta 1982 la FATRE permaneció intervenida, por lo que sus cuerpos ejecutivos y deliberativos permanecieron suspendidos. Aunque hay indicios de negociaciones salariales locales, esto fue excepcional, de modo que los salarios nominales quedaron supeditados a los progresivos aumentos definidos por el gobierno, mientras que los salarios reales cayeron notablemente. En 1982, el interventor militar fue reemplazado por un secretario general, aún bajo la tutela del gobierno de facto, lo cual retrasó la recuperación de los derechos laborales. No obstante, fueron emergiendo intentos de reorganización gremial, como la asamblea autoconvocada de Pergamino, que se fijó el objetivo de lograr un aumento salarial del 40%.

Obstáculos para la recuperación en la transición democrática

En 1984, el MTSS dispuso la normalización de la FATRE, designando una Comisión Transitoria, integrada por representantes gremiales vinculados a diversos sectores políticos. Por entonces la FATRE contaba con 53.153 afiliados, mientras que había un millón de trabajadores rurales en el país. La primera convocatoria a elecciones, anunciada en septiembre, fue objetada por algunos dirigentes ante dicho ministerio, consiguiendo su impugnación debido a diversas inconsistencias en el proceso electoral. Peronistas y comunistas organizaron una lista de unidad, llevando como candidato a Alberto Rodríguez y, desconociendo la inesperada decisión ministerial, realizaron la elección en el Congreso Ordinario del 2 de marzo de 1985, triunfando este candidato por amplia mayoría. El programa de esta lista proponía recuperar los derechos perdidos durante la dictadura: derogación de la Ley Nº 22.248 e inclusión en la Ley Nº 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo; actualización salarial respetando el salario mínimo, vital y móvil; salario familiar para todas las categorías; jornada de 8 horas; reimplantación de las bolsas de trabajo y prohibición de la libre contratación; regularización y control de ISSARA, abriendo bocas de expendio en todas las seccionales de la FATRE; reforma agraria integral.

El MTSS no reconoció a las nuevas autoridades, manteniendo como órgano ejecutivo a la Comisión Transitoria. Ésta estaba integrada por el mismo A. Rodríguez y otros miembros también electos, pero el problema de fondo era que no pudieron ser constituidos el Consejo Confederal y el Secretariado, restando representación a las minorías. Meses después, A. Rodríguez murió en forma imprevista y esto abrió una crisis hegemónica en la organización, de la cual no se saldría hasta 1988, con el cambio de estatutos y autoridades que dio lugar la constitución de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Tal crisis se debió a diversos factores: a) la coexistencia de facciones que respondían a tres partidos políticos: peronistas, radicales y comunistas, cuyos líderes tenían poder en las delegaciones regionales o bien eran apoyados por el gobierno nacional; b) la permanencia de dirigentes desacreditados en el gremio por su colaboración con el régimen militar; c) un juego de alianzas y reacomodaciones en la cúpula dirigente, que provocaba una disociación entre esa burocracia y las bases sindicales.

Si bien la conducción de tendencia peronista era mayoritaria y hubo acuerdos con los sectores comunistas, el gobierno conservó gran influencia en las autoridades elegidas en el Congreso Ordinario del 6 de abril de 1986, respaldada por el MTSS. Dos agrupaciones de alcance nacional, la Agrupación Nacional “20 de Octubre” y la Agrupación Sebastián Montoya, filiación comunista y peronista, respectivamente, fueron la oposición interna más fuerte a la conducción. Sus reclamos de 1986 y 1987 reflejan los escasos avances en la recuperación de los derechos laborales y sociales durante esos cuatro años bajo el gobierno radical: numerosas delegaciones regionales estaban intervenidas; la obra social ISSARA no lograba tener correcto funcionamiento ni se abrían todas las bocas de expendio solicitadas; el salario real no acompañaba la creciente inflación –289 australes, frente a los 500 australes solicitados–, mientras que no se adhería a los paros de la CGT; no se había aplicado la libreta de trabajo para peones transitorios que permitía el uso de los beneficios sociales; no había negociaciones paritarias zonales ni se había constituido la CNTA; el Secretariado no giraba el 50% de la cuota sindical a las delegaciones; y, sobre todo, continuaba vigente la regresiva Ley Nº 22.248. En suma, se cuestionaba la obsecuencia de la cúpula de la FATRE con el gobierno, cuyo Plan Austral había sido un fracaso y cuya política exterior acrecentaba el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, mientras que los únicos favorecidos eran los grandes empresarios rurales y las multinacionales.

Perspectivas de análisis

Quizás porque no ha ocupado un papel central dentro del movimiento obrero la FATRE no ha despertado el interés colectivo de historiadores y sociólogos, de modo que el debate en torno a sus problemáticas se está instalando a partir de trabajos muy recientes (Ascolani, 2020). En la producción previa las referencias son tangenciales y dispersas, resultantes de investigaciones más amplias sobre diversas dimensiones del trabajo agrario durante la segunda mitad del siglo XX, ya sea relativas a la cuantificación de la mano de obra, su composición e inserción laboral (Flichmann, 1977; Neiman, 1996; Neiman, Quaranta y Bardomás, 2003; Balsa, 2006; Villulla y Hadida, 2012), o a las relaciones laborales, en diversos aspectos, tales como los institucionales, legales y judiciales (Luparia, 1973; Palacio 2018; Villulla, 2018) y los conflictos con las corporaciones agropecuarias (Mascali, 1986; Ascolani, 2009, 2015; Rau, 2010; Moglia, 2011; Sanz Cerbino, 2015).

Bibliografía

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