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Productor sojero[1]

(Región Pampeana, Argentina, 1990-2020)

Mariela Blanco y Melina Neiman[2]

Definición

Más allá de su asociación con el cultivo de soja, el concepto de productor sojero se define a partir de un cambio del paradigma productivo, con epicentro en la región pampeana, asociado a tres innovaciones tecnológicas que impactan en la adopción masiva de este cultivo: la siembra directa, la semilla de soja transgénica y el uso del glifosato como principal insumo fitosanitario. En este escenario, el productor sojero es aquél que se relaciona con múltiples actores (desarrolladores de tecnología, de conocimiento, de comunicaciones, de material biológico, de herramientas financieras, trabajadores, etc.) para llevar a cabo el gerenciamiento de su empresa agropecuaria y la coordinación del proceso de producción y de trabajo. No obstante, y a pesar de que el modelo tiende a una creciente homogeneidad de productores, se reconoce cierta variedad de productores sojeros según su escala de trabajo, la forma en que acceden a la tecnología, el tipo de tenencia de la tierra, las relaciones con las instituciones de la innovación y la forma que adquiere la dirección de la unidad económica.

Origen y características

Los procesos de reestructuración que atraviesa la agricultura pampeana desde mediados de la década de 1990 abarcan un conjunto articulado, aunque no exento de conflictos, de transformaciones tecnológicas, económicas, laborales e institucionales que convergen en la conformación de un modelo empresarial dominante que se desarrolla sobre la base de “un mapa de agentes económicos, de especializaciones productivas e innovaciones constantes, de sistemas de relaciones y de reparto del riesgo” (Bisang y Anlló, 2014: 9). Este modelo asociado con el agronegocio se asienta sobre cinco desplazamientos del modelo convencional de producción: 1) el abandono de la referencia a la unidad agropecuaria a favor de un nuevo sistema global pensado en términos verticales (agroindustria), horizontales (cluster) o reticulares (redes o pool); 2) la redefinición de las posiciones productivas y sus poderes de decisión por la subcontratación o tercerización de servicios; 3) el paso de lo agrario a lo transectorial con el desarrollo del modelo de producción en red, donde portadores de tecnología sin tierra prestan servicios a productores sin tierra; 4) la pérdida de importancia de la tierra en el cálculo del valor frente a las múltiples transacciones que forman parte del sistema y 5) el desplazamiento del saber sobre el “mundo rural” al saber de las competencias en las nuevas tecnologías del conocimiento (Hernández, 2009). Así es cómo se constituye un sistema organizacional donde confluyen conglomerados empresariales que combinan tierra, capital, equipamiento y maquinarias, servicios tecnológicos, y financiamiento a fin de alcanzar la escala económica que optimiza el uso del nuevo paquete tecnológico (Gorenstein y Ortíz, 2016).

Los cambios tecnológicos y el desarrollo de biotecnologías impulsaron el incremento del tamaño de las empresas desarrollando una nueva organización de la producción (Murmis y Murmis, 2012) y el alquiler de tierras jugó un rol clave en este nuevo paradigma productivo, inaugurando procesos de concentración productiva sobre la base de la posesión del capital antes que por la propiedad de la tierra (Teubal, 2001 y 2006; Basualdo, 2006; Fernández, 2010).

El actor social principal de este nuevo paradigma es el “productor sojero” e incluye en su definición diferentes perfiles que abarcan desde el empresario familiar con los miembros de su familia crecientemente desvinculados de la unidad productiva (Neiman, 2013); el productor de origen chacarero “aburguesado” en su modo de vida (Balsa, 2006); aquél que se autodefine por su perfil profesional e innovador (Gras y Hernández, 2009); hasta el paroxismo de la figura del productor sojero que es el productor “sin tierra”, asociado con un tipo de actor económico que no necesita ser propietario de tierra para insertarse en la actividad, sino que lo hace articulando diferentes elementos como el arrendamiento de tierras, la contratación de servicios de maquinaria y la disponibilidad de capital financiero (Hernández, Muzi y Fossa Riglos, 2013). Una figura que disputa su lugar con la del productor sojero, pero que forma parte del mismo entramado productivo es la de pool de siembra. La organización de éstos es conducida por fondos agrícolas de inversión directa o fideicomisos agropecuarios. El origen del capital que compone estos fondos es variado, reconociéndose bancos, compañías financieras y administradoras de fondos jubilatorios, empresas de insumos para el agro e inversores privados, entre otros y son proyectos de inversión a muy corto plazo (no más de 3 años), que se ajusta con el régimen de arrendamiento o aparcería (Caligaris, 2015; De Martinelli, 2008). Cuando Gras y Sosa Varrotti analizan las “megaempresas” agropecuarias, muestran que la figura del arrendamiento reviste particular importancia por la preferencia por conservar el control del sistema de producción en detrimento de la propiedad de la tierra. Así, por ejemplo, la empresa Los Grobo desarrolla lo que ellos mismos denominan el modelo asset smart, en el que “los cultivos son realizados en campos arrendados a corto plazo o en sociedad con productores-propietarios de distinto tamaño” (Gras y Sosa Varrotti, 2013: 224).

Estos rasgos descritos se expresan en una nueva forma de organización del proceso de producción y de trabajo que asume características distintivas. Se reducen significativamente los tiempos de trabajo en el campo como consecuencia de la adopción de nuevas tecnologías, principalmente la siembra directa y las semillas transgénicas, trayendo como correlato la baja demanda de mano de obra y la oportunidad de aumento de escala de trabajo. Sin embargo, mientras el proceso de trabajo se reduce en el campo, se incrementan los vínculos con agentes especializados de toda la cadena (asesores agronómicos, contables, centros de I+D, circuitos financieros, etcétera) dentro de lo que se conoce como tecnologías de proceso, con un impacto en la organización del trabajo por la creciente externalización de tareas (Blanco, 2005). En este marco, el productor sojero asume un perfil más ligado a la organización de la actividad tanto en el interior de la unidad productiva como tranqueras afuera en sus vínculos con los demás agentes de la producción, alejándose a la figura tradicional del “hombre de campo”.

Vínculos para la producción

La tarea principal del productor sojero se basa, en buena medida, en establecer los vínculos necesarios para que el proceso productivo se lleve a cabo. Entre los agentes con los que se relaciona se reconoce los que le facilitan tecnología (empresas proveedoras insumos, contratistas de maquinaria, ingenieros agrónomos), aquéllos se ocupan de la gestión administrativa (contadores y abogados), quienes se ocupan del transporte y comercialización (fletes, empresas exportadoras) y, en caso de arrendar la tierra, el propietario de ésta. Todo ello en un contexto de profesionalización de la agricultura a través de la incorporación de un conjunto de tecnologías de procesos vinculadas a la información y el conocimiento que permiten controlar y gerenciar de manera más precisa el proceso de producción (Blanco, 2009).

Este entramado de vínculos, con centro en la zona núcleo de región pampeana, ha inaugurado una especialización institucional que ha reemplazado de la escena central a las tradicionales organizaciones de representación del agro (SRA, CRA, FAA), como resultado de que el productor de soja se identifica más con el contacto directo con la innovación que con la propiedad de la tierra. Se trata de una nueva institucionalidad en la cual, la innovación es el atributo del nuevo productor (Hernández, 2009) y los centros generadores de tecnología se constituyen en los referentes en la defensa de los intereses de la producción (AAPRESID, ACSOJA, ASAGIR, MAIZAR, AACREA, entre otros).

Si bien, como se mencionó, el productor sojero tiene su origen e identificación con la región pampeana, también se expande hacia otras regiones mediante el avance de la frontera agropecuaria, donde los vínculos que establecen guardan sus diferencias. Por un lado, se reconocen procesos de deforestación y expulsión campesina para su asentamiento. También, para llevar a cabo el proceso productivo, estos productores gestionan la empresa desde su ciudad de origen y se ocupan de llevar, para el momento de la siembra y la cosecha, a los contratistas de maquinaria y a los trabajadores que se ocupan de la actividad, que permanecen en el lugar de destino el tiempo que lleva la tarea. Sólo contratan localmente a trabajadores eventuales para tareas específicas (carpida, desmalezado) y al encargado que se ocupa del predio en los períodos de mantenimiento del cultivo. Además, en las zonas extrapampeanas es más habitual la compra de tierras, en lugar de su arrendamiento; esto se debe a que, por un lado, los precios son más bajos y, por el otro, a que se recurre a prácticas fraudulentas para su obtención (Neiman y Blanco, 2020). Para que este proceso de expansión se haya podido llevar a cabo fueron claves los vínculos de este actor social con el poder político local que lo permitió (Barbetta, 2010; Lapegna, 2017).

Reflexiones, debates y perspectivas de análisis

La difusión del modelo productivo de la siembra directa y su asociación con la figura del productor sojero ha generado intensos debates en torno a tres tópicos principales: la creciente concentración de la producción; el impacto en el medio ambiente; y la cuestión política en torno a las retenciones a las exportaciones.

El proceso de concentración de la tierra que comenzó a finales de los 60 y se profundizó en los 90 llevó a un intenso debate en torno a su impacto en la estructura agraria (Barsky y Pucciarelli, 1991; Basualdo, 2010) que tendería a la conformación “una agricultura sin agricultores” por la desaparición de la pequeñas y medianas explotaciones (Teubal, 2006). Estos debates en torno a los procesos de crecimiento con exclusión del agro argentino (Lattuada y Neiman, 2005) mostraron que concentrar el capital presupone la concentración en el uso de la tierra más allá de lapropietarización de la misma (Azcuy Ameghino, 2004; Fernández, 2010) transformando la imagen del tradicional terrateniente en la del flamante productor sojero.

Este modelo productivo reviste una alta sensibilidad con respecto al tema ambiental. En un principio, el paso de una agricultura que utilizaba una gran cantidad de labranzas hacia una agricultura de labranza cero se presentaba como favorable para evitar procesos de degradación de suelos sobre todo en los indicadores de erosión hídrica y eólica. De hecho, la tecnología de siembra directa emerge dentro de un paradigma de producción conservacionista en donde los incrementos de productividad van acompañados con la conservación de los recursos naturales de producción. Sin embargo, el cambio de paradigma implicó no sólo la adopción de una tecnología (siembra directa) sino todo un nuevo paquete tecnológico de insumos que derivó en un debate técnico, académico y político sobre la problemática ambiental, que aún se encuentra inconcluso. Hay tres grandes líneas que interpelan a la producción agraria actual. La primera es la controversia en torno a la mono producción de soja. Un contexto internacional de precios favorables, junto al menor costo de implantación de este cultivo, impulsó el uso del suelo “soja sobre soja” causando efectos negativos sobre la propiedad edáfica de los mismos con la consecuente homogeneización del paisaje ecológico que conduce a la instalación de ecosistemas frágiles con baja incidencia en los valores de biodiversidad (Morello y Solbrig, 1997; Pengue, 2000). La segunda tiene que ver con el uso de las semillas transgénicas y el herbicida glifosato. En relación con las semillas, el debate gira en torno a los efectos a largo plazo para la salud humana del consumo de productos con un origen en la trangénesis, mientras que, con respecto el glifosato, la preocupación es por los impactos directos de las aplicaciones químicas sobrelas poblaciones colindantes a los campos (pueblos fumigados), en los trabajadores expuestos a esos riesgos y por la contaminación ambiental de la tierra y el agua (Gómez Lende, 2017; Eleisegui, 2015). Por último, a medida que la producción de soja avanzó hacia zonas extrapampeanas, principalmente en el norte argentino, aparecieron nuevas objeciones cuyo epicentro ambiental más importante es la deforestación a través del avance de la agricultura sobre tierras no agrícolas y sobre bosques nativos (Delgado, 2008). En torno a estas problemáticas, proliferan gran cantidad de movimientos ambientalistas, redes ambientales, discursos e informes académicos, instancias judiciales y hasta nuevas reglamentaciones por parte del estado nacional, las provincias y los municipios e incluso de alcance internacional. No obstante, permanece una gran segmentación entre los detractores y los usuarios del nuevo paradigma de producción (Reboratti, 2010). Finalmente, un punto a destacar a escala global son los efectos de la agricultura frente al cambio climático. Según la FAO (2014), la agricultura contribuye con alrededor del 30% en las emisiones de CO2 y, desde las instituciones defensoras del paradigma agrícola, se están proponiendo respuestas frente a esta situación como la producción de agricultura por ambientes y la agricultura de precisión (AgTech, 2020).

La constitución del productor sojero como actor político es otro punto para destacar. Más allá de las especificaciones técnicas de producción, el productor sojero se consolida en la escena política nacional cuando se desata el conflicto por las retenciones móviles en el año 2008. La identidad y el fortalecimiento de este tipo de productor fue acompañado, como ya se mencionó, por un nuevo entramado institucional, en el que se situó como portador de determinadas características técnicas, pero también en el que fue afianzando una nueva ideología de la escena agraria. Se propone así una visión de la sociedad basada en el conocimiento, en la justificación moral de la producción para el abastecimiento de alimentos en el mundo y en una mirada sobre la innovación empresarial y la responsabilidad social de las empresas (Girbal-Blacha, 2013; Liaudat, 2015). La expresión de este imaginario ha ido plasmándose en distintas instancias que van desde la organización de congresos, el establecimiento de vínculos académicos hasta la instalación de programas de formación educativos, de solidaridad y de liderazgos (Liaudat, 2015). La articulación con los medios de comunicación y la promoción desde el Estado de políticas de investigación hacia desarrollos biotecnológicos han colaborado en sustentar la base ideológica de este actor (Córdoba, 2014).

Así, definir al productor sojero implica considerar aspectos productivos y tecnológicos (con su impacto ambiental), de organización económico-empresarial (tendiente a la cada vez mayor concentración de la producción) y de posicionamiento político (por su capacidad de generar divisas mediante la exportación de la producción).

Bibliografía

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  1. Recibido: mayo de 2020.
  2. Mariela Blanco es Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Magister en Sociología y Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Doctora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con mención en Geografía otorgado por la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL). Investigadora Adjunta del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL-CONICET). Profesora de Sociología Rural en la carrera de Sociología (UBA). Contacto: mblanco@ceil-conicet.gov.ar. Melina Neiman es Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Magister en Estudios Sociales Agrarios por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Investigadora Adjunta del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL-CONICET). Profesora de Relaciones del Trabajo en la Agroindustria en la carrera de Relaciones de Trabajo (UBA). Contacto: mneiman@ceil-conicet.gov.ar.


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