(Siglo XX – comienzos del siglo XXI, América Latina)

Mariana Schmidt^[2], Malena Castilla^[3] y Virginia Toledo López^[4]

Definición

Sustancias o mezcla de sustancias químicas, de origen sintético o natural y de diversa estructura, actividad biológica y grados de toxicidad, utilizadas con el fin de prevenir, controlar o eliminar la presencia de seres vivos, y/o nutrir el suelo. Desde finales del siglo XX, su uso se vio incrementado a partir de su asociación con semillas transgénicas, lo que propició la emergencia de conflictos y controversias en torno a los desequilibrios ecológicos y enfermedades que generan. Frente a su conceptualización como fitosanitarios, fitofármacos y/o fitotérapicos –que invisibiliza su accionar letal y los presenta como remedios–, o como pesticidas, plaguicidas y/o matayuyos –que se acota a su función productiva y reedita la idea de control de plagas–, sostenemos la definición de agroquímicos y/o agrotóxicos, centrando la atención en su acción biocida y contaminante. Dada su persistencia en suelos, aguas, aire y alimentos, así como sus efectos en la salud humana y no humana, se constituyen como cuestión de salud pública, comunitaria y ambiental.

Los elixires de la muerte: sus orígenes y expansión

La historia del control de plagas se remonta a tiempos pretéritos, cuando civilizaciones antiguas como la egipcia, china y/o romana recurrían a sustancias derivadas de compuestos minerales o vegetales de origen natural. No obstante, es a partir de la posguerra, con la revolución verde y la consolidación posterior del agronegocio como modelo hegemónico que se generaliza la producción, comercialización y uso a gran escala de productos sintetizados.

Las condiciones para la emergencia y producción industrial de las primeras sustancias de origen sintético se consolidaron en el contexto bélico de inicios del siglo XX. Investigaciones científicas en torno a armas químicas (por ejemplo, el Agente Naranja, defoliante vertido por Estados Unidos durante la guerra de Vietnam) sentaron las bases para el éxito de productos como el Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT), miembro de la familia de los organoclorados y cuyas propiedades como insecticida fueron descubiertas en 1939. En el contexto de posguerra, esto derivó en la utilización masiva de un amplio espectro de tóxicos de diverso tipo: organofosforados, carbamatos, piretroides, triazinas y neonicotinoides, entre los principales.

Las primeras alertas sobre la potencia biológica de estos “elixires de la muerte” fueron lanzadas por la bióloga Rachel Carson en su libro La Primavera Silenciosa. Publicado en 1962, denunció que, en menos de dos décadas, los agroquímicos habían sido ampliamente distribuidos generando un “inventario de muerte y destrucción”. Su investigación detalló la existencia de residuos de estas sustancias en aguas superficiales y subterráneas, suelo, vegetación, animales vertebrados e invertebrados (pájaros, mamíferos, insectos, peces) y almacenados en el cuerpo humano dando lugar al aumento de problemas sanitarios derivados de su acción carcinogénica y mutagénica (Carson, 1962). Objeto de agravios y controversias, su publicación contribuyó a la emergencia de las primeras regulaciones e instituciones en torno a la temática, como la creación de la Agencia de Protección del Medio Ambiente en Estados Unidos y la prohibición del DDT en la agricultura.

El uso de estas sustancias tuvo un impulso a partir de innovaciones tecnológicas en semillas, maquinarias y procesos que permitieron el incremento en la productividad agrícola. Hacia la década de 1990, ello se vio potenciado por el desarrollo de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), en asociación con la siembra directa y en el contexto de expansión del modelo de agronegocios. Como consecuencia, el área implantada con transgénicos no ha dejado de crecer: si en 1996 la superficie mundial era de 17.000.000 ha, en 2019 se contabilizaron un total de 190.400.000 ha, de las cuales un 80% se encuentran en Estados Unidos, Brasil y Argentina (ISAAA, 2019).

Al año 2018, cuatro grandes empresas multinacionales –Corteva (Dow-Dupont), Bayer-Monsanto, Syngenta y Basf– concentraban el 70% del mercado de semillas comerciales y agrotóxicos, mientras que el volumen de químicos utilizados anualmente a nivel mundial superó las 4.000.000 tn. Asimismo, el comercio de estos productos se estimó para tales empresas en 84.500 millones de dólares en el año 2019 (Heinrich-Böll-Stiftung et al., 2022). Si bien, la soja y el glifosato son ejemplos paradigmáticos dada la masividad y extensión en el uso de transgénicos asociados a herbicidas, la problemática se extiende a una gran cantidad y diversidad de productos (2,4-D, endosulfan, atrazina, dicamba, cipermetrina, clorpirifos, glufosinato de amonio y paraquat, entre los principales) que presentan distintos usos y funciones: insecticidas, herbicidas, fungicidas, acaricidas, defoliantes, bactericidas, etc. El modelo se replica a lo largo y ancho del continente y en una multiplicidad de ámbitos regionales, cultivos y/o productos (en mayor medida son commodities para exportación) y el incremento en el uso de agroquímicos se da también como resultado de la aparición de malezas resistentes y/o tolerantes.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los plaguicidas son clasificados en base a su toxicidad aguda en estudios con animales: extremadamente peligrosos (Ia, rojo), altamente peligrosos (Ib, rojo), moderadamente peligrosos (II, amarillo), ligeramente peligrosos (III, azul), y normalmente no ofrecen peligro bajo uso normal (IV, a veces no clasificados, verde) (OMS, 2020). Algunos han sido identificados como Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) y están prohibidos o restringidos por acuerdos internacionales, como el Convenio de Estocolmo vigente desde 2004.

Transcurrido más de medio siglo de la “cadena de males” iniciada con la contaminación del aire, tierra y agua con peligrosas y letales materias en la “guerra del hombre contra la naturaleza” (Carson, 1962), las superficies fumigadas con variedades de productos tóxicos no han dejado de expandirse, y la construcción social y política de los riesgos en torno a los agroquímicos continúa fortaleciéndose como un campo de disputa en distintas escalas.

Hacia una cartografía de la conflictividad por agrotóxicos en América Latina

Los conflictos y controversias derivados de la exposición directa e indirecta a estas sustancias adquieren cada vez mayor relevancia social, tanto a nivel internacional como regional y en múltiples espacios locales, sustentados en las evidencias generadas por la comunidad científica, médica y las propias poblaciones afectadas. Las posiciones suelen discernirse de acuerdo con dos argumentos: por un lado, la postura encarnada en las empresas proveedoras de agroquímicos y semillas, las principales cámaras que nuclean al sector productivo y gran parte de los organismos estatales, que –bajo la promesa del desarrollo– sostienen que no existe evidencia para determinar una correlación directa entre la exposición a estas sustancias y los impactos ambientales y sanitarios. Por el otro, una postura precautoria, que enfatiza en los daños comprobados y en la existencia de consecuencias negativas para el ambiente, la salud humana y comunitaria (Skill y Grinberg, 2013).

En Latinoamérica, es posible advertir las consecuencias del uso extendido de agrotóxicos sobre una amplia diversidad de cultivos, que afectan una multiplicidad de ambientes y poblaciones, con consecuencias similares en toda la región. En México, la presencia de químicos en cultivos de consumo nacional e internacional (maíz, tomate, caña de azúcar, frijoles, entre otros) impactan en la seguridad alimentaria y ambiental (Aguilar y Osten, 2011). En países de Centroamérica, se destaca la lucha de largo aliento por parte de trabajadores de las plantaciones de banano (Solano, 2017) y, más recientemente, las consecuencias derivadas del cultivo de piña (Acuña, 2006). Similar es el escenario en diversas plantaciones presentes en Ecuador (Brassel et al., 2011) y en Colombia, donde se han reportado altas concentraciones de sustancias organocloradas en agua, sedimentos y peces, provenientes de cultivos de banano, palma aceitera y arroz (Lans et al., 2008). En Bolivia, se encontraron altos niveles de toxicidad en las canastas básicas de alimentos, que complejizan el sistema de salud público debido a los cuadros de intoxicación severa (Bickel, 2018), mientras que en Chile la exposición a tóxicos en cultivos de frutas, hortalizas y verduras ha provocado un incremento en las enfermedades entre poblaciones de las áreas fumigadas como también indirectas, en el consumo (Zúñiga Venegas et al., 2022). Por su parte, el vertido de efluentes con agroquímicos en cursos de agua en plantaciones de palma aceitera en Perú, Brasil, México y Ecuador, afectan la calidad del agua y los hábitats acuáticos, además de generar impactos en la salud humana (Meijaard et al., 2018).

Los países del Cono Sur, la llamada República Unida de la Soja, se constituyen en un ejemplo por excelencia del modelo transgénico, al albergar el 44% de la superficie mundial cultivada con OGM (ISAAA, 2019). En Paraguay, se han reportado casos de contaminación en humanos, animales y vegetales como consecuencia del uso de agroquímicos, se han demostrado los efectos en la salud de la exposición ocupacional y constatado el daño genético en la población rural infantil, al tiempo que se ha denunciado el incremento de desplazamientos forzados como consecuencia directa de la contaminación por agrotóxicos, en clave de violación a los Derechos Humanos (Benítez Leite y Corbalán, 2018; por citar una referencia). En Uruguay, se ha encontrado evidencia de residuos de agrotóxicos en agua, sedimento y peces del río Uruguay y en producciones apícolas, se han explorado las experiencias de exposición en contextos agrícolas y se realizaron estudios desde la toxicología y desde la salud colectiva, que inscriben el tema como un problema de salud pública (Bertullo, 2021). En el caso de Brasil, donde ya han sido aprobados más de 80 eventos transgénicos, se han abordado en diversas investigaciones los enfrentamientos científicos, jurídicos, políticos y socioambientales derivados de la expansión del uso de agrotóxicos (Motta, 2016; Mendonça Oliveira de Souza y Rodríguez Folgado, 2018).

En Argentina, la movilización social en diferentes localidades se tradujo en la progresiva conformación de redes y organizaciones de pueblos fumigados, así como de profesionales de diversas disciplinas que acompañan este proceso. Se han desplegado alianzas novedosas entre actores que permitieron el desarrollo de monitoreos ambientales y relevamientos epidemiológicos comunitarios, y produjeron una expertise basada en experiencias y saberes propios de las comunidades afectadas, respecto de la construcción colectiva del riesgo ambiental y sanitario (Folguera, 2022; Gárgano, 2022). En este contexto de problematización y cuestionamiento colectivo, al interior de la comunidad científica también emergieron conflictos en torno a los mecanismos de validación y una discusión ético-política que incluyó el fuerte cuestionamiento al predominio de una perspectiva tecno-científica afín a los intereses de mercado en el abordaje de la temática (Arancibia et al., 2018). Además, múltiples investigaciones han observado el incremento de acciones en el campo judicial (Cabaleiro, 2020), junto con la progresiva creación de legislación regulatoria de los modos de uso, gestión y transporte de agroquímicos en áreas cercanas a asentamientos poblacionales, cursos de agua y/o establecimientos educativos, como efecto de la insuficiencia de registros oficiales y de la falta de respuestas por parte de las autoridades.

Asimismo, numerosos estudios han explorado las consecuencias de la exposición a pesticidas en flora y fauna, así como la existencia de residuos en alimentos, leche materna y productos de higiene personal y han demostrado la persistencia de agrotóxicos en el ambiente (Aparicio, Gonzalo Mayoral y Costa, 2017; Alonso et al. 2018; Ronco et al. 2016; Paganelli et al., 2010; Lajmanovich et al., 2019). También se ha reportado su accionar como disruptores endocrinos y causantes de daño genético, junto con una mayor incidencia de ciertas enfermedades, abortos espontáneos, malformaciones congénitas y otros daños a la salud humana (Ávila-Vázquez et al., 2018; Bernardia et al., 2015; Verzeñassi y Vallini, 2019).

Reflexiones, debates y perspectivas de análisis

Las consecuencias ambientales y sanitarias del uso extendido de transgénicos y agrotóxicos se suman a otros impactos del extractivismo en el agro: acaparamiento de tierras, agronegocios, desalojos, avance de la frontera agraria y deforestación, pérdida de seguridad y soberanía alimentaria, entre otros. A su vez, el problema de su aplicación y efectos se extiende más allá de los ámbitos estrictamente rurales, localidades agrarias y/o campos de cultivo pulverizados, dado que cobra cada vez mayor presencia en zonas periurbanas y urbanas.

La ausencia y/o falta de implementación de normativas destinadas a su aplicación, control y monitoreo se conjuga con la falta de estadísticas oficiales que den cuenta de usos e impactos de estas sustancias en la población y los territorios. A su vez, se ha evidenciado la adopción de medidas contrapuestas en relación con un mismo principio activo por parte de los organismos intervinientes, junto con deficiencias en los sistemas regulatorios encargados de la evaluación de sus riesgos, así como los de los formulados comerciales. En particular, esto se vincula con la medición sólo de efectos agudos (la dosis letal 50: cantidad del principio activo tóxico necesario para matar a la mitad de un conjunto de organismos que han servido de prueba) y no de su toxicidad crónica y de largo plazo. Las críticas también apuntan a la inexistencia de reevaluaciones periódicas o plazos de caducidad, la falta de evaluación de la interacción de los principios activos con las sustancias transportadoras o diluyentes (coadyuvantes) incluidas en las formulaciones comerciales, y/o sus efectos sinérgicos en el ambiente con otros contaminantes naturales y/o artificiales. Por su parte, desde las empresas proveedoras de agroquímicos y semillas, las principales cámaras que nuclean al sector productivo y diversos organismos estatales se sustenta la posición de que no existe certeza acerca de los impactos negativos sobre la salud humana y el ambiente, a través de la difusión del discurso de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).

Entretanto, en los múltiples y diversos territorios latinoamericanos, las poblaciones continúan siendo víctimas del envenenamiento por acumulación que advertía Carson a mediados del siglo XX, lo que se ve agravado por la escasez de registros sanitarios y ausencia de controles. Ello se suma a la invisibilización –y en muchos casos criminalización– que afecta a actores de la sociedad civil y movimientos ambientales, a quienes no sólo se les niega la participación en instancias decisorias sino también se les obliga a gestionar los tratamientos médicos y comprobar sus afectaciones. Si bien en el plano normativo el principio precautorio establece que no es la población afectada la que debe acreditar el nexo causal entre la exposición a una sustancia contaminante y los riesgos en la salud, con frecuencia se advierte una inversión de la carga de la prueba, forzando a las poblaciones a exponer sus cuerpos y padecimientos. El debate sobre los riesgos asociados a los agrotóxicos se renueva dramáticamente con casos de enfermedades y muertes que adquieren relevancia pública, en un contexto político y económico global que lejos está de torcer el rumbo productivo.

El conocimiento científico ocupa un rol fundamental en la conceptualización, estimación y evaluación de los riesgos asociados. No obstante, involucra también un proceso social y cultural en el cual las comunidades afectadas irrumpen en el debate público, revelando el carácter intrínsecamente político implicado en las cuestiones científicas y sanitarias. El diálogo de saberes, la movilización social y la creciente problematización en torno al uso de agrotóxicos retroalimentó y permitió el desarrollo de categorías como las de salud integral y ecocidio, así como su necesario abordaje desde los derechos humanos y la salud pública. Ese camino está garantizado por la resistencia colectiva, la organización comunitaria y la consolidación de la agroecología para la soberanía alimentaria de los pueblos, y la salud humana y no humana.

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