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Peón rural[1]

(Argentina, siglos XVI-XX)

Juan Manuel Palacio[2]

Definición

En América Latina, en forma genérica se denomina peón a todo trabajador rural libre y dependiente, sin importar el tipo de relación contractual, la función que cumple o el tipo de establecimiento en el que se desempeña. En la Argentina, y en particular en la región pampeana, el término se utiliza en un sentido más acotado, para referirse al trabajador permanente o “mensual” de los establecimientos rurales (por oposición los trabajadores temporarios o de cosecha, a quienes se denomina “jornaleros”).

Su evolución en América Latina

Durante la época colonial, las distintas regiones rurales de Iberoamérica y el Caribe fueron resolviendo de maneras diversas el problema de la provisión de mano de obra para las haciendas, estancias y plantaciones. Los grandes establecimientos rurales de las zonas centrales del imperio español como México y Perú inicialmente obtenían la mano de obra de una variedad de fuentes, combinando el trabajo libre con el trabajo forzado o semi-servil de las poblaciones nativas (a través de instituciones regias como la encomienda y el repartimiento de indios) y de esclavos negros importados de África. En el Brasil colonial y en el Caribe fueron estos últimos la mano de obra predominante.

Los procesos de independencia y las guerras civiles que los sucedieron, si bien significaron un descalabro de las estructuras económicas, no alteraron significativamente las características del trabajo en las haciendas. Los esclavos africanos siguieron siendo parte importante de la mano de obra rural hasta la abolición –que no llegó en forma generalizada hasta mediados de ese siglo, perdurando en Brasil y Cuba hasta los años ochenta– y en cuanto al trabajo libre, siguió combinando a trabajadores permanentes residentes, que gozaban de algunos beneficios de la hacienda (pastaje para sus ganados, parcelas de subsistencia, crédito o productos subsidiados en el comercio de la hacienda) como parte de su salario, con trabajadores transitorios provenientes de las familias de aparceros y arrendatarios de los mismos establecimientos o de las comunidades campesinas de la zona. Las relaciones laborales se caracterizaban por la informalidad, la falta de arreglos contractuales explícitos y una variedad de modalidades de contratación que en general distaban mucho de una relación salarial clásica. La remuneración en dinero era más la excepción que la regla y predominaban las retribuciones en especie o en cuasi monedas o más frecuentemente en vales para cambiar por mercaderías al final del período de trabajo o de la cosecha.

Es recién a mediados del siglo XIX, cuando las economías latinoamericanas se van incorporando al mercado mundial como exportadoras de alimentos y materias primas,que los regímenes de trabajo en el mundo rural van a sufrir cambios notorios.Aunque existieron procesos muy disímiles en la región, puede decirse que dicho proceso redundó en general en un deterioro de las condiciones de trabajo.La demanda internacional de productos primarios elevó los valores de la tierra en forma generalizada, lo que provocó el proceso de desposesión de los sectores campesinos de las comunidades fuera de las haciendas (que a su vez les quitaba medios alternativos de vida), tanto como condiciones menos generosas dentro de las mismas (Bazant, 1980; Kay, 1980; Duncan y Rutledge, 1977). Esto incluyó, entre otros mecanismos, el pago de menores salarios, la imposición de mayores obligaciones por los mismos salarios, la reducción de beneficios marginales (como cuotas de alimentos o tierras para crianza de animales de consumo), y el encarecimiento de los arrendamientos y aparcerías. Esta tendencia general, no implicó sin embargo ningún proceso lineal hacia la proletarización generalizada de la mano de obra rural. Antes bien, fue un proceso “pragmático” (Bauer, 1991) que dependió de una multiplicidad de factores, como la relación de fuerzas entre trabajadores y hacendados en cada lugar, la situación de la oferta y la demanda de trabajadores, el interés y el poder del estado en intervenir en las relaciones laborales, y a veces también el cálculo estratégico de los hacendados, que preferían una desposesión parcial de las comunidades, para descargar en ellas el costo de reproducción de la mano de obra durante los tiempos muertos del ciclo agrícola.

La segunda mitad del siglo XX vio una atenuación general del grado de explotación de los trabajadores rurales, aunque también con variaciones significativas. Esto se debió fundamentalmente a la implantación del llamado “Estado social” en la región, que impuso regulaciones de diverso orden en las relaciones laborales. El grado y ritmo que estas llegaron a los ámbitos rurales de cada país fue dispar y es motivo de estudio por parte de la historiografía, pero en general implicó un cambio de tendencia que, más tarde o más temprano, terminó mejorando tanto el ingreso como las condiciones de trabajo de los peones rurales (Kay, 1980; Bauer, 1991).

Debates en la historiografía latinoamericana

La historiografía rural latinoamericana debatió largamente sobre el estatus de los trabajadores de las haciendas y plantaciones con la llegada del capitalismo. El punto de partida era cierta “leyenda negra” que construyeron trabajos clásicos en la década de 1950, basados en poco más que relatos de contemporáneos (Turner, 1911) y otros testimonios indirectos, que igualmente se convirtió en canónica (Zavala, 1944; Borah, 1951; Chevallier, 1952). En esta visión –construida originalmente sobre la experiencia mexicana–los hacendados y estancieros, aliados de los estados modernizadores, ejercían la suma del poder en sus comarcas, estableciendo con los arrendatarios, aparceros y trabajadores debajo de ellos relaciones contractuales y laborales arcaicas y no capitalistas. El sistema de trabajo dominante era el “peonaje por deudas”, que resolvía el problema de la escasez crónica de trabajadores por la vía de la coacción extraeconómica. Hacendados y productores, en forma directa o a través de agentes especializados –como contratistas o “enganchadores”–, generaban por vías diversas una deuda en las comunidades campesinas vecinas, dejándolas obligadas a pagarla con el trabajo de sus miembros en las haciendas. Esta deuda –que podían contraerla también los mismos trabajadores en las haciendas, a través de adelantos en efectivo o mercaderías en el almacén o “tienda de raya”– se reeditaba y acrecentaba cada año, ya que las cosechas con las que debían saldarse no siempre eran suficientes (o su producto falseado por el comerciante o hacendado), creando una situación de endeudamiento permanente.El poder omnímodo de los terratenientes, por otro lado, permitía imponer el sistema, persiguiendo a los trabajadores fugitivos, ya sea con policías privadas de las haciendas o con la ayuda de las fuerzas estatales.

Esta visión pesimista y opresiva fue discutida a partir de los años setenta, en particular a partir de una sucesión de estudios de caso basados en archivos de haciendas y plantaciones, que fueron reunidos en algunas compilaciones emblemáticas (Florescano, 1975; Duncan y Rutledge, 1977), y llevaron a una revisión de fondo del sistema de trabajo rural.Estos trabajos demostraron que la deuda de los trabajadores, si bien presente en muchos ambientes rurales, no siempre representaba una pesada carga que no podía saldarse. Más aún, muchas veces no representaba una atadura, sino un incentivo económico que daban los hacendados en la lucha con sus pares por atraer a los siempre escasos trabajadores. De esta manera, descartaron la idea del peonaje por deudas como sistema generalizado, circunscribiendo el fenómeno a lugares precisos –como el sudeste mexicano o las plantaciones azucareras del norte de Perú– en donde una particular combinación de circunstancias (como escasez de trabajadores, gran poder de los terratenientes vis a vis el poder del estado, aislamiento o lejanía de los centros urbanos) lo había hecho posible (Katz, 1984; Bauer, 1979; Knight, 1986).

El peón rural en la historiografía argentina

Ecos de este debate se vivieron en la historiografía rural argentina (y más específicamente rioplatense) sobre el período que abarca el fin de la colonia y las primeras décadas de la vida independiente. Aquí la discusión giró no tanto en el peonaje por deudas –que la literatura coincide en que en la región tuvo un carácter marginal, dado que las condiciones productivas y sociodemográficas no hacían viable la implementación de tal sistema– sino en cómo las estancias ganaderas que fueron creciendo conforme avanzaba la frontera obtenían la mano de obra necesaria en un contexto de escasez e inestabilidad crónica de la oferta de trabajadores. Para unos, esa inestabilidad se debió a la estacionalidad del trabajo en las estancias, pero sobre todo a los hábitos de trabajo del peón rural por excelencia de la época: el gaucho. Este sujeto social (tan vívidamente caracterizado en el Martín Fierro) era mitad trabajador y mitad bandido, lo que expresaba en verdad cierta racionalidad económica proveniente de las posibilidades de “vivir sin trabajar” que proporcionaba la frontera pampeana, como tantas otras de América (Slatta, 1983): acceso a medios de subsistencia alternativos en tierras disponibles (no apropiadas) en una frontera abierta, circuitos clandestinos de comercio que permitían traficar con productos robados (ganado, carne, cueros), etc. Estos gauchos-trabajadores, peones por excelencia de las estancias ganaderas, podían entrar y salir del mercado de acuerdo a sus necesidades, lo que daba una alta inestabilidad a la mano de obra rural (Mayo, 1984; Salvatore y Brown, 1987). Pero para otros, esta escasez relativa y estacional de trabajadores –tanto como su identidad– tenía todo otro origen: los peones de dichas estancias no habrían sido sobre todo ni mayormente “gauchos” sino miembros de familias campesinas productoras de cereales y alimentos que complementaban el ingreso familiar empleándose como peones en las estancias ganaderas cercanas. Su escasez relativa e “inestabilidad” denunciada por los estancieros era en realidad la estacionalidad de la oferta de esos trabajadores, que se ausentaban de la estancia cuando el ciclo agrícola en sus explotaciones familiares (v.g., la cosecha) demandaba su trabajo. Eso demostraba la regular estacionalidad de los trabajadores en algunas haciendas sobre las que basaban sus conclusiones (Gelman, 1989).

Esta imagen tan discordante no era solo el fruto de la discusión de la mano de obra rural sino del descubrimiento por parte de algunos historiadores de la importancia de la producción de trigo a fines de la época colonial y por ende de todo un mundo de familias campesinas que la historiografía anterior había desatendido, a favor de una imagen del paisaje rural solo compuesto de grandes estancias ganaderas y trabajadores errantes. Iniciada por los trabajos de Juan Carlos Garavaglia (Garavaglia, 1985), esa línea historiográfica abrió una larga huella de investigaciones que se transita hasta hoy y que llevó a revisar por completo la centralidad del gaucho en nuestra historia rural (Garavaglia y Gelman, 1995; AA.VV., 1987).

Escasez y control estatal del trabajo rural

Más allá de ese debate, la escasez de mano de obra en la campaña bonaerense no hizo sino empeorar en el medio siglo siguiente (1830-1880), debido a la acelerada ocupación de la frontera y a la mayor demanda de trabajo por parte de los productores ovejeros que, desde 1840, se dedicaban al lucrativo negocio de la producción de lana para la exportación. Buena parte de la mano de obra provenía de las familias de los aparceros que se encargaban de esta actividad (muchos de ellos de origen irlandés) pero también había lugar para la demanda de trabajo asalariado en tareas cada vez más especializadas (alambrados, aguadas, etc.) y sobre todo durante los picos de trabajo de la esquila (Sabato, 1989). A su vez, la constante demanda de brazos para las milicias y el ejército de línea –para las guerras civiles, las expediciones contra el indio y las guerras internacionales– hizo de los Estados provinciales competidores netos de los productores rurales por la misma mano de obra. De esta época son los distintos instrumentos ideados por el Estado de la provincia de Buenos Aires para controlar el trabajo rural: el pasaporte para circular por la campaña, la papeleta de conchabo y, más tarde, las provisiones del Código Rural de 1865, instrumentos todos que perseguían coartar la libertad de movimiento de posibles trabajadores, obligar a los trabajadores a encontrar empleo lícito en los establecimientos rurales y, de lo contrario, reclutar soldados para los ejércitos de línea bajo la imputación de “vago o malentretenido”.

Inmigración y desprotección jurídica en tiempos de auge exportador

El período del auge exportador de la Argentina (en trazos gruesos, de 1880 a 1930/40) es también el de la conformación de un mercado de trabajo estable para el sector rural. La mayor demanda de mano de obra provocada por la gran expansión de la producción agropecuaria fue cubierta por el ingreso masivo de inmigrantes europeos: entre 1880 y 1914 la población del país de 2,5 a casi 8 millones de habitantes (y la provincia de Buenos Aires, de 300 mil a 2 millones) crecimiento vertiginoso que no cesó hasta 1930. Si bien una gran proporción permaneció en las grandes ciudades, la parte que se dirigió a zonas rurales (como aparceros, arrendatarios o trabajadores) sirvió para atender holgadamente la demanda de trabajo en los establecimientos. Pero paradójicamente, este período de oro del sector rural del país es a la vez el más oscuro para la historiografía rural en lo que a los trabajadores rurales se refiere. La gran escasez de estudios de caso sobre empresas rurales explica en parte estas lagunas en nuestro conocimiento y los pocos que existen (Reguera, 1991 y 2006) nos proveen solo indicios, mientras que la informalidad reinante en la contratación de trabajadores hasta bien avanzado el siglo XX los ha hecho invisibles a la mirada del historiador. En consecuencia, es poco más lo que conocemos hoy sobre las condiciones laborales en los establecimientos rurales de lo que sabíamos por el testimonio de observadores contemporáneos de hace más de un siglo (Bialet Massé, 1904).

Pero si en materia de condiciones de trabajo dentro de los establecimientos rurales nuestros conocimientos son escasos, muchas menos dudas tenemos acerca de la desprotección jurídica y la falta regulación estatal sobre el trabajo rural que rigió hasta la mitad del siglo XX para los peones. En efecto, hasta la década de 1940 los peones mensuales carecían casi totalmente de protección jurídica y supervisión estatal del Estado sobre la mayoría de los componentes del contrato laboral (salarios, jornada laboral, condiciones de higiene, vivienda, alimentación) y por lo tanto estaban sujetos a las condiciones que les imponían los establecimientos. La escasa legislación laboral que existía no tenía alcance en el medio rural o si lo tenía no llegaba a aplicarse.

Las novedades del Estatuto del Peón

Esta situación iba a comenzar a cambiar con la sanción del Estatuto del Peón, en octubre de 1944, una ambiciosa pieza de legislación elaborada por Juan Domingo Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, que constituía el primer intento serio de regulación estatal del trabajo de los peones rurales en la historia argentina. A través de 29 artículos, la norma establecía disposiciones detalladas sobre condiciones de trabajo, higiene, alimentación y alojamiento en los establecimientos rurales, además de salarios mínimos para una lista exhaustiva de trabajos rurales.El Estatuto declaraba obligatorio el descanso dominical, las vacaciones pagas y la asistencia médica de los obreros, y protegía la estabilidad de los trabajadores rurales estableciendo una indemnización por los despidos injustificados.

El grado de aplicación del Estatuto en los medios rurales del país es aún materia pendiente de la historiografía. Sabemos sí, que el impacto sobre ciertas facetas del trabajo rural –como los salarios o el pago de las indemnizaciones por despido– fue inmediato y extendido, gracias al contralor de las delegaciones de la Secretaría de Trabajo en todo el país y a la actitud proactiva de los mismos trabajadores, que no dudaron en denunciar los incumplimientos y, llegado el caso, demandar ante los nuevos tribunales del trabajo (Palacio, 2018 y 2019).

El progreso tecnológico y la menor demanda de mano de obra

Luego de la caída de Perón, el país vive la llamada “segunda revolución agrícola”, fomentada desde organismos internacionales. La creación del INTA, junto a créditos de los bancos oficiales y beneficios impositivos, derivó en la incorporación de nueva tecnología que, como los tractores y las nuevas cosechadoras-trilladoras, permitían ahorrar mano de obra, sobre todo en las cosechas. Como resultado, entre 1947 y 1960 el número de obreros rurales descendió un 52% solo en la región pampeana (y casi 80% en el caso de los temporarios). Así, los peones rurales, que en la región habían sido 560 mil en 1914 (y en todo el país, 630 mil) pasan en 1960 a ser 232 y 300 mil, respectivamente (Barsky y Gelman, 2001: 333-335).

A partir de la década de 1970, nuevos progresos tecnológicos en agricultura, esta vez de la mano de las semillas híbridas y la incorporación de la soja, provocan el fenómeno de “agriculturización” (5 millones de hectáreas pasan de ganadería a agricultura en la región pampeana, sobre todo para la producción de oleaginosas, como el girasol y en especial la soja). Esto transformó no solo las formas de producción sino todo el paisaje social del agro: ahora eran contratistas, propietarios de grandes máquinas (que habían crecido en tamaño, potencia y capacidad de trabajo) los que se encargaban de las distintas etapas del ciclo agrícola. La nueva maquinaria –que podían afrontar la empresa agrícola de varios establecimientos–junto las nuevas técnicas de la siembra directa, produjeron un ahorro adicional de mano de obra agrícola que, según ciertos cálculos, se habría reducido otro 30% entre 1970 y el fin del siglo, pasando de 170 mil a 95 mil puestos de trabajo (Villulla, 2015). Ese fenómeno y el desalojo de los campos por parte de los productores–que, liberados de la necesidad de su presencia cotidiana en los establecimientos, eligieron para vivir la mayor comodidad de los pueblos cercanos– redundó en un notorio despoblamiento del campo y en una completa redefinición de las unidades productivas, tal como eran concebidas tradicionalmente.

Bibliografía

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  1. Recibido: agosto de 2019.
  2. Licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Master y Doctor en Historia por la University of California at Berkeley. Investigador Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Profesor Titular de Historia Latinoamericana en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Autor de La paz del trigo. Cultura legal y sociedad local en el desarrollo agropecuario pampeano, 1890-1945 (Edhasa, 2004) y La justicia peronista. La construcción de un nuevo orden legal en la Argentina, 1943-1955 (Siglo XXI, 2018). Contacto: jmrpalacio@gmail.com


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