(Región Pampeana, Argentina, siglo XX)

Pablo Volkind^[2]

Definición

Los trabajadores asalariados de la agricultura pampeana constituyen la fracción de la clase obrera contratada para preparar la tierra, sembrar, cuidar los cultivos y recolectar los granos “tranqueras adentro”. Son artífices fundamentales de las “cosechas record” argentinas. Esto no resulta un fenómeno novedoso dado que, a lo largo de 120 años, han tenido un papel protagónico en la expansión de la superficie cultivada. Para comprender su peso cualitativo en la estructura económica nacional, así como la persistencia de la estacionalidad, la informalidad y la precarización laboral imperante, resulta relevante rastrear su origen, los diversos afluentes que le imprimieron una particular fisonomía y las transformaciones que sufrió a lo largo del siglo XX. Desde aquel “granero del mundo”, hasta el presente caracterizado por el “agronegocio”, estos obreros participaron —en diverso grado y medida— en las distintas labores agrícolas. Se desplegaron y movilizaron en un espacio comprendido por las provincias de Buenos Aires, centro-sur de Santa Fe y Entre Ríos, noroeste de la Pampa y Sudeste de Córdoba, garantizando la producción de granos para consumo interno y, fundamentalmente, para exportación.

Historia

El proletariado rural se consolidó entre fines del siglo XIX e inicios del XX, al calor de la expansión agropecuaria y la inserción de la Argentina en el mercado mundial.En aquel período inicial, la preparación del suelo, la siembra y el cuidado de los cultivos eran tareas efectuadas, mayoritariamente, por el núcleo familiar que titularizaba la explotación agropecuaria. Estos agricultores fueron incorporando medios de producción más modernos que les permitieron incrementar la productividad del trabajo, cultivar mayores extensiones y eludir, hasta donde fuera posible, la demanda de peones. Cuando llegaba el momento de la cosecha y la trilla, que se efectuaban en distintas etapas,los chacareros y los empresarios contratistas, requerían un elevado porcentaje de jornaleros que ponían en funcionamiento segadoras, espigadoras, trilladoras y desgranadoras (Ansaldi, 1993). Así, en los albores de la Primera Guerra Mundial, oscilaban entre 250.000 y 300.000 los asalariados que se desplazaban a los campos entre diciembre y junio para recolectar y embolsar el trigo, el lino y el maíz.

En un principio, estos trabajadoresprovenían fundamentalmente de las zonas rurales y pueblos cercanos, de las grandes ciudades como Rosario, Bahía Blanca o Buenos Aires a la cual arribaban anualmente miles de inmigrantes. También, en menor medida, acudían pobladores de otras provincias. Entrado el siglo XX, cobró mayor importancia las migraciones transitorias desde el Viejo Continente y se modificó la composición étnica en favor de los europeos. Estos obreros y obreras, realizaban sus tareas a lo largo de jornadas que podían extenderse 14 o 16 horas, recibían una pésima alimentación, no tenían ningún tipo de cobertura legal, cobraban exiguos jornales o como el caso de los “juntadores de maíz”, un salario a destajo y, prácticamente, carecían de vivienda en los campos donde desempeñaban sus labores durante dos o tres meses (Volkind, 2015).

Estas condiciones de vida y trabajo estimularon diversas formas de conflictividad social que fueron desde la acción individual hasta la huelga de braceros en los momentos de cosecha. En las primeras décadas del siglo XX se registraron tres picos de protesta colectiva. La primera oleada se desplegó entre 1902 y 1904; la segunda, que mostró mayores niveles de sindicalización, combatividad y violencia, se desarrolló entre 1918 y 1922 y, la tercera, en 1928 (Sartelli, 1993). En este proceso jugaron un destacado papel criollos e inmigrantes anarquistas y socialistas, más tarde también sindicalistas y comunistas, que buscaron organizar y orientar políticamente a los asalariados rurales y a los pequeños y medianos agricultores con el objetivo de alcanzar transformaciones estructurales.

En la década de 1930, los efectos de la crisis económica mundial, el quiebre del sistema multilateral de comercio y crédito, el retroceso de la superficie cultivada y la paulatinaincorporación de la cosechadora automotriz de granos finos, el tractor y el camión, profundizaron y aceleraron las transformaciones cuantitativas y cualitativas de los trabajadores asalariados agrícolas.Así, los obreros rurales, se fueron transformando en un contingente menos numeroso, pero también más homogéneo. La caída de la demanda de braceros para las cosechas y, paralelamente, el desarrollo industrial, acotaron sensiblemente los desplazamientos desde las urbes. La demanda de brazos se circunscribió a las zonas cercanas a los campos. Se fue afianzando el “localismo” que tendió a dividir al movimiento sindical dado que, los trabajadores de una zona no veían con “buenos ojos” el arribo de jornaleros de otras latitudes al momento de la cosecha (Ascolani, 2009).

Esta novedad estuvo acompañada por el predominio de corrientes sindicales más reformistas y políticas gubernamentales tendientes a contener la conflictividad rural a través de diversas instancias de negociación.La creación de la Confederación General del Trabajo en 1930 y la irradiación de su influencia, a través de campañas de propaganda y organización, fueron consolidando un nuevo clima de ideas que se limitaba al reclamo de mejoras en el plano laboral y salarial y apelaba a la intermediación del Estado para resolver los conflictos. Al mismo tiempo, los anarquistas sufrieron una feroz represión y los comunistas, a pesar de que fueron perseguidos con mayor virulencia, lograron extender su influencia en las zonas agrarias.

En este período, bajo la dirección de los sindicatos, cobraron relevancia las Bolsas de Trabajo como espacios donde se agrupaban los obreros transitorios a la espera de ocupación. Estas instancias constituían un foco alrededor del cual se podían organizar los peones y, a su vez, un canal de interlocución con los gobiernos. También operaban como un dique de contención de los anhelos de los productores que, munidos de nuevas maquinarias, aspiraban a resolver todas las labores con la mano de obra familiar o limitarse a contratar peones no sindicalizados.

Los efectos de la política peronista

Con el golpe de 1943, primero, y la llegada de Perón al gobierno, después, se inicia un nuevo momento para los trabajadores rurales. Por un lado, varios de sus históricos reclamos encontraron eco en el proyecto político del ejecutivo. Dichas reivindicaciones se materializaron en una legislación con alcance nacional que,primero, modificó sustancialmente las condiciones laborales y salariales de los obreros permanentes y luego, también,las de los peones transitorios.Además, las nuevas instituciones impulsadas por el gobierno peronista, tuvieron por objeto garantizar el cumplimiento efectivo de estas disposiciones a través de la creación de delegaciones y dependencias específicas diseminadas a lo largo de todo el país (Palacio, 2018).

En este contexto se fortalecieron las Bolsas de Trabajo y se conformó el sindicato nacional de obreros rurales: la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE). La contracara de este proceso, fueron las concesiones realizadas por el ejecutivo a los chacareros: la habilitación de mecanismos para eludir la contratación de peones organizados en dichas Bolsas y, finalmente, la prohibición del derecho a huelga de los obreros en los momentos de cosecha (Mascali, 1986).

Luego del golpe de 1955 se produjeron avances significativos en la tecnificación de las tareas que afectaron severamente la demanda de fuerza de trabajo. En particular, la introducción masiva de cosechadoras de maíz impactó sobre la demanda de jornaleros dado que dicha actividad, hasta ese momento, se efectuaba a mano y requería un elevado volumen de fuerza de trabajo, También la incorporación de cosechadoras de granos finos con sistema de carga a granel, eliminaron las tareas del bolsero, el costurero y el estibador.

La situación de los obreros rurales, particularmente de aquellos desligados del manejo de las nuevas máquinas, se agravó con la derogación o suspensión de diversos artículos de la legislación que deterioraron las condiciones laborales y salariales. En medio de una ofensiva patronal para incrementar la“eficiencia”, se elevó la productividad del trabajo rural pero las remuneraciones efectivas sufrieron escasas variaciones. Estos cambios incentivaron nuevos ciclos de conflictividad social que, sin embargo, tuvieron escasos efectos sobre una realidad que se les imponía.

La creciente mecanización de las labores, también tuvo su impacto en la composición del proletariado agrícola: maquinistas y tractoristas se transformaron en un núcleo particular, con calificaciones especiales, mayor demanda, remuneración y alejados de la actividad gremial. Así, paulatinamente se distanciaron del resto de los peones que realizaban tareas generales y buscaban eludir la desocupaciónpor distintos caminos.Los primeros se fueron aislando e incorporando como peones permanentes en las estancias mixtas y chacras de mayores dimensiones (Bocco, 1991).

En los inicios de la década de 1970, especialmente durante el tercer gobierno peronista, los obreros rurales lograron nuevas conquistas laborales y una breve recuperación de sus ingresos. En el año 1974, su situaciónmejoró a partir de la inclusión en la Ley de Contratos de Trabajo y este cambio se reflejó en el número de afiliados al sindicato (García Lerena, 2006). En dicha legislación se equipararon sus derechos laborales a los de los trabajadores urbanos: se establecieron instancias de discusión salarial, duración de la jornada diaria, pago de horas extras e indemnizaciones por despido. Sin embargo, existieron muchas dificultades, a diferencia de lo sucedido durante los primeros gobiernos peronistas, para hacer efectivas las nuevas disposiciones en el ámbito rural.

Impacto de la dictadura y el “agronegocio”

Con el golpe de Estado de 1976, se cerró abruptamente la efímera y breve “primavera” que dio paso a un oscuro “invierno”. Una de las primeras medidas del gobierno militar fue la exclusión de los obreros rurales de la ley que regulaba y resguardaba los derechos de los asalariados. A partir de ese momento, los salarios se establecieron de manera unilateral. También intervinieron las Bolsas de Trabajo y persiguieron a sus dirigentes. Se desató una feroz represión sobre los más combativos que sufrieron encarcelamiento y asesinatos. Adentro de las estancias se impuso, sin discusión, la voz del patrón (Villulla, 2015).

Frente a esta situación, la dirección nacional de FATRE hizo público su apoyo al nuevo gobierno y éste, en principio, no lointervino. Pero como dicha conducción no pudo “mantener la disciplina” de los peones rurales y algunos sectores enfrentaron la política dictatorial, los militares finalmente desplazaron a la dirección nacional del gremio en 1978. Ese paso se completó en 1980 cuando se impuso el decreto Ley 22.248 que separaba definitivamente a los obreros rurales de la Ley de Contrato. También se eliminaron la mayoría de los derechos laborales y todo el poder volvió a recaer en el empresariado. La dictadura buscó destruir el funcionamiento de las bolsas de trabajo que incidían sobre la provisión de mano de obra y sus condiciones, con el objetivo de garantizar la “libertad de trabajo” (Villulla, 2018).

En 1983 se recuperó la democracia, pero la herencia dictatorial golpeó con fuerza a los trabajadores rurales. El sindicato nacional estaba intervenido, desarticulado y sólo se reducía al funcionamiento de algunas bolsas de trabajo que tenían una dinámica muy distante a la práctica de maquinistas y tractoristas. La legislación prácticamente no los contemplaba y las direcciones obreras más combativas habían desaparecido o estaban recluidas luego de la terrible represión (Villulla, 2015).

Esta situación se combinó con la expansión de la agricultura y el crecimiento y protagonismo del contratismo de servicios de maquinaria, modalidad de trabajo “tercerizado” que acentuó el aislamientoy la especialización de los asalariados. Así, miles de obreros fueron desvinculados de los grandes campos y un porcentaje de los mismos fue contratado para operar los equipos de siembra, pulverización y cosecha (Villulla, 2010). Esta nueva situación complejizó y dificultó aún más la posibilidad de la organización sindical e impuso una dinámica laboral que se afianzó y consolidó en las últimas décadas.

Reflexiones finales

La dispersión espacial, la escasa concentración de trabajadores por contratista, la mecanización de todas las labores, la ocupación temporal y la permanente movilidad entre diversas latitudes —a veces muy alejadas—, caracterizan la vida del obrero agrícola. Además, la nueva organización del proceso productivo,que gira en torno a un reducido número de operarios por máquina en un terreno donde coexiste un heterogéneo universo de contratistas, contribuyó a atenuar la distancia social entre patrones y empleados en las empresas de menores dimensiones. Dicha situación se explica, entre otros factores, por los orígenes relativamente similares de unos y otros, por ciertas tareas manuales que realizan en conjunto, por la vecindad en pueblos y ciudades, por el trabajo compartido a lo largo de muchos años y por la percepción de que los unen “preocupaciones y problemas”. Esta situación no debe oscurecer que los obreros viven de la venta de su fuerza de trabajo y reciben un salario a destajo, que varía en función de la superficie trabajada, de sus calificaciones y el tiempo que consiguen ocupación. Esta remuneración les permite llevar una vida relativamente similar a la de un trabajador industrial, pero representa una ínfima parte de la riqueza que generan. Los empresarios, por el contrario, perciben una tasa de ganancia que emana de la plusvalía generada por los asalariados (Villulla, 2016).

Estos nuevos obreros agrícolas se encuentran frente a dos realidades que inciden objetiva y subjetivamente en su cotidianeidad e impactan en las posibilidades de organizarse y participar con mayor visibilidad en los ciclos de conflictividad: el accionar del propio sindicato, que no despliega ni está interesado en impulsar iniciativas que los agrupen y generen mejores condiciones para avanzar en sus reivindicaciones y, al mismo tiempo, la propia percepción sobre su vínculo laboral.De este modo, tienden a difuminarse las posibilidades de reconocer y reconocerse como parte de un colectivo más amplio de trabajadores rurales con quienes no sólo comparten un lugar en el proceso productivo. Así, los caminos para resolver sus reclamos y demandas suelen limitarse a encuentros bilaterales con los patronese incluso, si el malestar persiste, algunos abandonan la empresa y buscan conseguir empleo con otro contratista.

A lo largo de este prolongado y sinuoso camino, se puede advertir que, si bien en el “agro del Siglo XXI” se evidencia una disminución de la fuerza de trabajo total, el número de asalariados se incrementó proporcionalmente y éstos siguen ocupando un lugar protagónico en la producción agrícola pampeana.

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