(Argentina, 1994-2024)

Sabrina Logiovine^[2]

Definición

Este tipo de violencia busca perpetuar la subordinación social de las mujeres rurales a través de una matriz de dominación compuesta por el patriarcado, el capitalismo extractivista, la colonialidad y el racismo. Esta estructura genera desigualdades sobre las que se materializan los hechos de violencia en los entornos sociales y en los vínculos interpersonales, afectando el ejercicio pleno de sus derechos.

Debates en torno a la conceptualización de la violencia de género

La violencia de género contra las mujeres es reconocida como una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas y persistentes a nivel mundial, un grave problema de salud pública y un obstáculo para el desarrollo sostenible (OPS, 2024). Según los tratados de derechos humanos, implica cualquier acción o conducta contra las mujeres, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, ejercida en el ámbito familiar, comunitario o por agentes del Estado (Convención de Belém do Pará, 1994). Desde los años 90, Argentina adhiere a dichos tratados internacionales y comienza a construir un marco normativo propio, destacándose la Ley N.º 26.485 de abordaje integral, y políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar esta problemática.

Cabe señalar que estas violencias fueron definidas bajo distintos términos, los cuales se inscriben en contextos sociohistóricos y marcos teóricos e ideológicos determinados y configuran modelos particulares de intervención. Siguiendo el análisis desarrollado por Osborne (2009), uno de los términos ampliamente utilizados es el de violencia doméstica —y en esta misma línea, violencia intrafamiliar—, que alude a la violencia que afecta a todos los integrantes del grupo familiar, incluida la pareja. No obstante, se considera que esta denominación tiende a despolitizar el fenómeno, ya que invisibiliza su carácter estructural (Amorós, 2006) y deja de lado tanto las agresiones contra las mujeres que ocurren fuera del hogar como aquellas ejercidas por parejas no convivientes o separadas.

Surgen otras denominaciones, como violencia contra las mujeres, a las que, a pesar de acotar el campo, se les señala que no esclarecen la naturaleza de la violencia ni por qué se dirige principalmente a las mujeres. En este sentido, otras denominaciones como violencia masculina contra las mujeres, violencia machista, sexista o patriarcal apuntan a visibilizar que el agresor suele ser un varón y que esta violencia se inscribe en relaciones de poder desiguales (Osborne, 2009). Al calor del feminismo radical, estas violencias dejan de ser un problema personal entre agresores y víctimas, y son definidas como violencia estructural sobre el colectivo femenino (De Miguel, 2005). Con la perspectiva puesta en el género, se utilizan términos como violencia de género, basada en género o por motivos/razones de género, con la intención de remarcar que son formas de ejercicio de poder para perpetuar la dominación sexista (Osborne, 2009) y que, en su expresión más cruel, llegan a femicidios/feminicidios (Toledo Vásquez, 2014).

Además, se considera que estas violencias suelen ser socialmente toleradas dado que quienes agreden por motivos sexistas llevan al extremo conductas que se consideran “normales” y que responden a cada sexo (Osborne, 2009). En esa línea, se sostiene que estas violencias pueden manifestarse de forma invisible (Giberti y Fernández, 1992) o ser naturalizadas, como ocurre con los micromachismos: comportamientos sutiles ejercidos de forma constante por varones que restringen y violentan el poder personal, la autonomía y el equilibrio psíquico de las mujeres, con el fin de sostener las posiciones de poder que tienen en nuestras sociedades (Bonino, 2004).

Finalmente, los feminismos decoloniales (Lugones, 2008; Curiel, 2021; Espinoza Miñoso, 2022; Viveros Vigoya, 2023) complejizan la cuestión y, con una destacada crítica a los feminismos blancos europeos (Verges, 2022), plantean que la categoría de género es una construcción social heredada de la colonización, a partir de la cual la idea de mujer ha sido definida bajo una falsa universalidad que excluye a las mujeres que no responden al modelo blanco, burgués, europeo, urbano y alfabetizado (mujeres del Tercer Mundo, del Sur Global, rurales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, entre otras). Además, advierten que género y patriarcado no pueden analizarse de forma aislada, sino que deben ser entendidos como parte de un sistema de dominación en el cual el capitalismo, la colonialidad y el racismo estructuran nuestras sociedades contemporáneas como un sistema integrado de poderes, donde género, raza, etnia, región, nación y clase se interpretan en una composición social de gran complejidad (Segato, 2003). En estos marcos analíticos, la perspectiva interseccional (Viveros Vigoya, 2016) permite abordar las múltiples desigualdades que atraviesan la vida de esas otras mujeres y se promueve hoy como herramienta analítica y de intervención frente a las violencias por motivo de género (VMG) (Crenshaw, 2012; Guzmán Ordaz y Jiménez Rodrigo, 2015; Ramon Mesa, 2021; MMGyD, 2023a).

Condiciones de vida de las mujeres rurales y su relación con la VMG

A pesar de que las mujeres rurales de Latinoamérica y el Caribe conforman un colectivo heterogéneo en función de cómo organizan su vida social, dónde habitan, su origen y su actividad económica (Nobre, 2017), se identifica que comparten diferentes inequidades sociales, económicas y culturales, dadas por desiguales condiciones de vida (PNUD, FAO, RED-LAC, 2023). Dichas desigualdades sirven de marco para el despliegue, justificación y naturalización de los diferentes tipos y modalidades de la VMG.

Por un lado, se identifican diversas problemáticas que afectan la autonomía económica de las mujeres rurales. Entre ellas se encuentran las dificultades para la tenencia de la tierra (Ferro, 2013); las barreras de acceso y control de recursos financieros, así como su participación limitada en programas de desarrollo rural (ALM-ONU Mujeres, 2025); una inserción laboral caracterizada por la precariedad y la inestabilidad (Mingo, 2020); el acceso restringido a herramientas de trabajo; la escasa incorporación a los cambios tecnológicos y la baja participación en instancias de capacitación (Biaggi, 2010), con una brecha digital de género que afecta la distribución y el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (Bidaseca et al., 2020; MMGyD, 2023b). A ello se suma la persistencia de una desigual división sexual del trabajo en el ámbito rural (Linardelli y Pessolano, 2021), que insta a las mujeres a asumir, de forma simultánea, tanto las tareas domésticas y de cuidado como actividades productivas destinadas al autoconsumo o a la venta local. Estas jornadas laborales se extienden por más de 13 horas diarias (Isac et al., 2025) y, sin embargo, no son remuneradas ni reconocidas como trabajo, ya que quedan por fuera de la esfera mercantil (Logiovine y Bianqui, 2020). Todo esto evidencia una violencia económica y patrimonial hacia las mujeres rurales (Rodríguez Peña, 2019).

Por otro lado, los largos trayectos que ellas deben recorrer —muchas veces en malas condiciones y con escasa oferta de transporte público— para acceder a servicios de educación, salud, justicia, seguridad y redes de abastecimiento, sumados al aislamiento, constituyen algunos de los principales obstáculos que deben enfrentar (INAM, 2018). Asimismo, para llevar a cabo sus actividades domésticas, de cuidado y productivas, deben invertir tiempo y esfuerzo adicional para superar diversas limitaciones, como la falta de acceso a energía para calefaccionarse y cocinar, dificultades en el aprovisionamiento de agua y la baja disponibilidad de tecnologías para las tareas reproductivas (como calefón, estufa, lavarropas y/o heladera) (Isac et al., 2025). Por otra parte, como consecuencia de la depredación de los recursos naturales impulsada por un modelo de capitalismo extractivista, se observa que las mujeres rurales “son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático, como las sequías, las crecidas y la deforestación, a causa de las convenciones culturales y la distribución desigual de las funciones, los recursos y el poder” (OIT, 2019, p. 4). De este modo, tanto las barreras para acceder a servicios sociales y cumplir con sus tareas domésticas, de cuidado y productivas, como el impacto del modelo extractivista en los territorios que habitan, evidencian una forma de violencia en clave territorial que repercute directamente sobre sus cuerpos y vidas.

Por último, las tareas domésticas y de cuidado que realizan las mujeres rurales son fundamentales para la sostenibilidad de la vida. Además, sus actividades productivas, agroecológicas y su labor en el cuidado de la biodiversidad y la genética son claves para contrarrestar los efectos del cambio climático (INAFCI, 2023). Sin embargo, su rol social, económico, productivo y político continúa siendo desvalorizado, lo que evidencia una forma de violencia en clave simbólica que invisibiliza su aporte esencial a la comunidad. A esto se suma la persistencia de construcciones estereotipadas y racistas sobre las ruralidades que, al entrelazarse con los estereotipos de género, configuran una imagen simbólica de la mujer rural asociada al atraso, la ignorancia, la brutalidad, la rusticidad, el sufrimiento y la carencia. Representaciones que operan como dispositivos de sentido que legitiman su invisibilización y subordinación dentro de los sistemas económicos, políticos y culturales dominantes.

Estas violencias económicas, físicas y simbólicas son el soporte para la ejecución de las agresiones que las mujeres vivencian en los ámbitos sociales que habitan y transitan a lo largo de sus vidas, como el espacio doméstico, público, comunitario, institucional, laboral y político y que se manifiestan en los vínculos interpersonales que allí establecen. A modo de ejemplo, la VMG en los vínculos de parejas/ex parejas se sostiene, acrecienta, justifica y naturaliza por la existencia de una violencia económica, física y simbólica estructural que sirve de marco y apoyatura.

Para finalizar, si bien a nivel nacional no existen normativas ni programas específicos para abordar la VMG en zonas rurales, se han impulsado algunas iniciativas con enfoque interseccional que buscaron fortalecer la presencia estatal y la autonomía económica de las mujeres rurales (Logiovine, 2024). No obstante, su alcance ha sido limitado en términos de prevención y asistencia. Ante este escenario, junto al espíritu de hacer en común, surgieron experiencias colectivas de resistencia y de lucha, como organizaciones de mujeres o comisiones de género en espacios mixtos, que impulsan campañas y redes de apoyo para las mujeres rurales en situación de VMG.

Reflexiones

Para comprender e intervenir de manera integral frente a la VMG en zonas rurales, es necesario visibilizar el fenómeno en su totalidad. La violencia contra una mujer rural no se limita a los hechos visibles —como las agresiones contra sus cuerpos, sexualidades y subjetividades—, sino que también involucra capas más profundas, menos evidentes, que conforman sus sedimentos. En estos sedimentos se encuentran las desigualdades de género, clase, raza y territorio, producidas de manera articulada por sistemas de dominación que construyen los marcos estructurales donde las violencias económicas, físicas y simbólicas se despliegan, se justifican y se naturalizan. Estos elementos ocultos operan de forma rizomática, sosteniendo y reproduciendo las violencias más visibles.

Para visibilizar estas violencias, resulta útil partir de los marcos interpretativos de la interseccionalidad y de las imbricaciones de opresiones desarrolladas por los feminismos decoloniales. Estos enfoques permiten dar lugar a las experiencias particulares de las mujeres rurales, tanto en relación con las múltiples desigualdades que las atraviesan a diario como con sus resistencias y luchas colectivas por una vida libre de violencias.

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