(Argentina, 1932-2003)

Cristian Wilson^[2]

Definición

La CSRL fue una entidad agropecuaria de segundo grado constituida en 1932. Nucleó a las sociedades rurales (SR) de primer grado de las provincias de Entre Ríos y Corrientes –las más numerosas y activas–, a las que se incorporaron también las de los entonces territorios nacionales de Misiones, Chaco y Formosa. Su base social estuvo constituida por empresarios ganaderos y mixtos. Fue una de las entidades fundadoras de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en 1943 y, desde esa fecha, asumió un peso importante en la definición de las relaciones de fuerzas y los alineamientos en su seno y, en consecuencia, en los pronunciamientos de esa entidad de tercer grado. Continuó vigente hasta su disolución en 2003.

Origen y contexto

Desde finales del siglo XIX y en el contexto de avance del capitalismo agrario en la Argentina, los empresarios rurales del Litoral se insertaron en un esquema productivo centrado en la ganadería extensiva de vacuno criollo. La consolidación de la especialización productiva de la región se produjo gracias a la instalación de frigoríficos extranjeros en el Río de la Plata –cercanos a la ciudad de Buenos Aires y a los puertos de exportación– que requerían ganado refinado. Es así que se beneficiaron los propietarios de las tierras más fértiles de la pampa húmeda, particularmente los invernadores dedicados al engorde de ganado. Eran ellos quienes poseían las mejores pasturas y campos con alfalfa, capaces de producir carne chilled o enfriada, de mayor calidad y muy demandada por el mercado europeo.

En el caso de Entre Ríos, una parte de los bovinos era enviada como ganado en pie a través de ferry boats que cruzaban la provincia de Buenos Aires, en donde se realizaba la faena y el procesamiento industrial, en tanto que el resto era elaborada en saladeros dentro de los límites provinciales (Mateo, Camarda y Rodríguez, 2018), hasta que se produjo un lento proceso de desaparición de aquellos a la par de la instalación de fábricas de extracto de carne. Mientras que, para el caso de Corrientes, se remitían animales vivos a los saladeros de Rio Grande do Sul, Uruguay y Entre Ríos (Schaller, 2014-2015).

Al calor de este proceso, los productores agropecuarios crearon sociedades rurales (SR) locales en defensa de sus intereses, sobre cuyo denso entramado se conformó posteriormente la CSRL. En la provincia de Entre Ríos, las primeras surgieron generalmente en las ciudades cabeceras de departamentos: Paraná (1896), Gualeguaychú (1897), Gualeguay y Concordia (ambas en 1898). Posteriormente se constituyeron las de La Paz (1904), Villaguay (1905), Victoria y Concepción del Uruguay (ambas en 1907) y Rosario Tala (1924). Las SR que se formaron en la provincia de Corrientes fueron las de Mercedes (1900), Curuzú Cuatiá (1901), Paso de los Libres (1905) y Santo Tomé (1915), así como la Sociedad Correntina de Hacendados (1908). También se fundaron la SR de Chaco (1918) y Formosa (1935). La mayoría de estas SR integraron las asambleas constitutivas de la CSRL en la década de 1930 y, desde la década de 1940, se agregaron otras, como las de Resistencia y Machagai (por Chaco). La SR de Misiones –tardíamente– se creó en 1991.

La conformación de la CSRL se insertó en un contexto de profundos cambios y nuevos alineamientos en el gremialismo rural. Durante la crisis ganadera de la década de 1920, los estratos ganaderos pampeanos más poderosos, articulados comercialmente con los frigoríficos, habían perdido el control de la Sociedad Rural Argentina (SRA) –entidad representativa de los grandes terratenientes desde 1866, con base en la actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires–. Las SR del Litoral, como las del resto del interior, se encontraban dispersas y sin poder aglutinante. Sus demandas eran similares a las del grupo de criadores que condujo la SRA a partir del liderazgo de Pedro Pagés desde 1922 (Giberti, 1985), quienes lograron interlocución para sus reclamos en torno a la caída de precios y demanda de ganado bovino, la denuncia del pool de frigoríficos y la necesidad de la intervención estatal para regular la actividad (Sanz Cerbino, 2022), hasta que en 1926 los invernadores recuperaron su dirección.

La crisis económica mundial de 1929 impactó negativamente sobre el modelo de acumulación agroexportador sobre el que se asentaba la Argentina, que se manifestó en graves problemas en el sector externo (caída de exportaciones, déficit en la balanza comercial, fuga de divisas), déficit fiscal y derrumbe del nivel de ocupación (Rapoport, 2006). Se profundizó la disminución de demanda de las carnes por el principal comprador, Gran Bretaña. Entonces, las clases dirigentes argentinas impulsaron un cambio en la política económica a fin de atenuar los efectos perjudiciales de dicha crisis. Desde la década de 1930, la instauración del dirigismo económico dentro del Estado habilitó distintas instancias en las cuales los actores agrarios trasladaron y custodiaron sus demandas. Tal coyuntura no sólo instauró nuevos espacios de mediación política, sino que además contribuyó a estructurar y fortalecer los intereses de los productores del interior del país (Carini, 2015).

En este marco, la SRA –con gran capacidad para permear sus intereses en el Estado– presentó en 1931 un ‘Plan orgánico de defensa de la ganadería” para garantizar los niveles de rentabilidad de los grandes ganaderos. La ley 11.747 –finalmente aprobada en 1933– originó dos organismos: la Junta Nacional de Carnes (JNC) –para la regulación del comercio de las carnes– y la Corporación Argentina de Productores (CAP) –que posibilitó la creación de frigoríficos nacionales–, por lo que recrudecieron los conflictos entre la SRA y las SR del interior en torno a la composición dentro del organismo regulador, así como también por el control de la CAP. Ésta, con fondos de la JNC, debía distribuir las cuotas de carnes dispuestas por el Tratado Roca-Runciman de 1933. En este proceso fue fundada en 1932 la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), que nucleó a ganaderos dedicados a la cría de ganado en conflicto con los invernadores –articulados en la SRA–. Asimismo, se conformaron la Confederación de Asociaciones Rurales del Centro y Litoral Oeste (CARCLO) en 1937, la Federación de Sociedades Rurales de la Patagonia (FSRP) en 1938 y la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) en 1940.

El estrato de empresarios agropecuarios del Litoral demandó medidas de emergencia, como la creación de un Mercado de Frutos del Litoral y la puesta en funcionamiento de fábricas industrializadoras del ganado en Entre Ríos. En febrero de 1932 y en la sede de la SR de Concordia –la de mayor protagonismo–, se realizó una reunión entre representantes de algunas SR de Entre Ríos y de Corrientes para tratar un proyecto de estatuto que fijó como propósitos la defensa de los intereses de los productores agropecuarios y el fomento de su agremiación, la canalización de las demandas en torno a la comercialización y el estudio de mercados internos y externos más convenientes para la región. En junio de dicho año, en una asamblea de delegados, se aprobó dicho estatuto, se designaron autoridades provisorias y se resolvió realizar gestiones ante el gobierno nacional para obtener amortización de deudas de productores, rebajas de interés bancario, tarifas reducidas para el transporte de hacienda por ferrocarril y representación ante la JNC. Finalmente, su constitución definitiva se produjo en 1936 –con el apoyo del ministro de Agricultura de la Nación, Miguel Cárcano–, quedando conformada su comisión directiva bajo la presidencia del delegado de la SR de Concordia y la vicepresidencia del delegado de Curuzú Cuatiá.

Alineamientos, estrategias políticas y discursos

Para ponderar el peso efectivo de la CSRL en las CRA, sirve el siguiente dato. De las 80 entidades de primer grado que componían cada una de las confederaciones y federaciones de segundo grado que participaron de la asamblea de fundación de las CRA (en febrero de 1943), CARBAP contó con el 48,75% del total, distribuidas entre la provincia de Buenos Aires (35) y La Pampa (4). Por ende, se reservó los cargos de presidente y secretario. Cabe resaltar que el segundo lugar le correspondió a la CSRL con el 25% (11 en Entre Ríos, 7 en Corrientes, 1 en Formosa y 1 en Chaco), por lo que obtuvo los cargos de vicepresidente y de prosecretario; mientras que el porcentaje restante se repartió entre la FSRP y CARCLO (de Olariaga, 1943).

Las confederaciones rurales expresaban –en estos años iniciales– un perfil crítico del latifundio y un reclamo en favor de la nacionalización del comercio exportador, demandas que requerían la protección estatal y las acercaron al gobierno peronista (1946-1955) en sus primeros tiempos. Pero la política de precios bajos a los productores de granos y carnes sostenida por el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) –una de las medidas de captación de renta para incentivar la industrialización por sustitución de importaciones (ISI)– y la reticencia al alineamiento con las organizaciones oficialistas –la Confederación General Económica (CGE) y la Federación Argentina de la Ganadería (FARGA), dependiente de la Confederación de la Producción de la CGE–, las llevó luego a un enfrentamiento con el gobierno que incluyó la quita de la personería jurídica de CARBAP y el beneplácito de ésta con el golpe de estado de 1955 (Makler, 2008).

La dictadura (1955-1958) procedió a desarticular el Estado peronista, eliminó el IAPI, la CGE y los controles de precios, lo que satisfizo algunas demandas de las CRA. Durante el gobierno de Frondizi (1958-1962) surgieron nuevos alineamientos: la SRA y las CRA crearon la Comisión Coordinadora de Entidades Agropecuarias (CCEA) en defensa ante los proyectos de redistribución de la tierra tanto a nivel nacional como provincial, en un contexto de gran activismo gremial por parte de la dirigencia de la CSRL.

La estrategia política de acercamiento entre las CRA y la SRA tuvo como antecedente la participación de la SRA en el VI Congreso de CRA en 1956, aunque también contribuyó el cambio estructural producido desde 1942 con la incorporación a CARBAP de SR de zonas de invernada de la provincia de Buenos Aires, la presentación de listas conjuntas a las elecciones de la CAP en 1958 y la actuación simultánea de dirigentes de ambas entidades en sus cuerpos directivos (Giberti, 1985). Esta confluencia obedeció a cambios productivos, económicos y sociales durante la segunda mitad del siglo XX –incorporación de la agricultura a sus explotaciones rurales, criadores que se convirtieron en invernadores y viceversa–.

Ambas entidades adoptaron una postura liberal extrema, por ejemplo, con el rechazo a las retenciones a las exportaciones y a cualquier tipo de impuesto para el sector (Lattuada, 1992), aunque sin llegar a conformar una única representación, dado que las CRA recogen las demandas de las entidades de primer o segundo grado que representan a productores del interior que precisan de la intervención estatal (por ejemplo, en la fijación de precios o aranceles a la importación). Esta posición “doctrinaria” se evidencia en discursos en los que la CSRL cuestionó férreamente las políticas tanto de gobiernos constituciones como de facto. Según su visión, la raíz del problema agropecuario radicaba en el avance del Estado sobre la actividad privada, aunque esta postura entró en contradicción en diversas coyunturas en las que esta entidad –que agrupó también a productores de granos, citrícolas, arroceros y de lechería– requirió una política sectorial de urgente intervención estatal ante la caída de los precios agropecuarios, el aumento de los costos de los insumos y la protección ante desastres (sequías, inundaciones).

Declive y disolución

En consonancia con los cambios políticos y las transformaciones productivas –ligadas al modelo de agronegocios, como el proceso de agriculturización, el desplazamiento de la ganadería hacia zonas marginales y el avance del cultivo de la soja–, desde la década de 1970 emergieron nuevas formas de representación en el sector agropecuario del Litoral, por lo que paulatinamente se fue diluyendo la CSRL como el ámbito representativo de una diversidad de espacios productivos con problemáticas rurales y demandas específicas hacia los gobiernos provinciales. Así, se formaron la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) y la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), existiendo paralelamente –y por unas décadas más– la CSRL, entidad a la que delegaban la representación de sus posiciones gremiales ante CRA. Posteriormente, al conformarse la Confederación de Asociaciones Rurales de Chaco y Formosa (CHAFOR), estas asociaciones se retiraron de la CSRL y también adhirieron a las CRA.

Hasta principios de los 2000, la CSRL fue la Confederación distintiva de las organizaciones gremiales de la Mesopotamia –incluyendo a la SR de Misiones, que luego pasó a constituirse como Confederación Rural de Misiones, también adherida a las CRA–. Si bien existieron múltiples factores que contribuyeron a su disolución concretada en 2003, los motivos económicos tuvieron un rol destacado: la CSRL atravesó graves problemas financieros, con saldos pendientes de pago por parte de FARER y, fundamentalmente, de ASRC, por lo que se encontraba en deuda con las CRA.

Desafíos y perspectivas de análisis

Son fragmentarios los estudios sobre el gremialismo rural en el Litoral, por lo que es menester continuar con líneas de trabajo que profundicen en el conocimiento de sus bases sociales, la conformación de su modelo organizativo y los discursos históricamente sostenidos, con particular atención a los cambios operados en su seno a raíz de las transformaciones en el sector agropecuario nacional. Algunas confederaciones y federaciones rurales como CARBAP ya han sido exploradas, otras como CARCLO, CARTEZ, FSRP y la CSRL poseen un desarrollo incipiente. Esto resulta imprescindible para la concreción de perspectivas de análisis comparativos que permitan ahondar en la reconstrucción de sus demandas, alineamientos y posicionamientos que han incidido en las políticas gremiales de CRA. Por otro lado, los estudios sobre corporaciones agropecuarias han privilegiado ciertas dimensiones como, por ejemplo, sus declaraciones ante diversas políticas sectoriales, las alianzas intra e intersectoriales y la reconstrucción de las movilizaciones ruralistas en contextos de conflicto agrario, pero aún son escasos las investigaciones referidas a las dinámicas organizativas de las sociedades rurales locales y a los procesos de articulación con las instancias federativas (consensos, quiebres), en tanto implican una instancia de mediación política ante los Estados provincial y nacional.

Bibliografía

Carini, G. (2015). Nuevo estado, viejos intereses: corporaciones agrarias y mediación política en el interior de Córdoba (1935-1955). Estudios del ISHiR, 5(11), 93-113.

de Olariaga, N. (1943). El ruralismo argentino. Economía ganadera. Buenos Aires, Argentina: El Ateneo.

Giberti, H. (1985). Historia económica de la ganadería argentina. Buenos Aires, Argentina: Hyspamérica.

Lattuada, M. (1992). Notas sobre corporaciones agropecuarias y Estado. Tendencias históricas y cursos de acción posibles en la experiencia democrática contemporánea. Estudios Sociales, 1(2), 123-148.

Makler, C. (2008). Las organizaciones gremiales agropecuarias durante el peronismo y la “Revolución Libertadora”: respuestas y desafíos en tiempos de cambio (1946-1958). XXI Jornadas de Historia Económica. Buenos Aires, Argentina.

Mateo, J., Camarda, M. y Rodríguez, L. (2018). Una aproximación a la estructura productiva de Entre Ríos en la década de 1930. Tiempo y Economía, II(5), 179-208.

Rapoport, M. et al. (2006). Historia económica, política y social de la Argentina, 1880-2003. Buenos. Aires, Argentina: Ariel.

Sanz Cerbino, G. (2022). Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) (Región Pampeana, Argentina, 1932-2020). En Muzlera, J. y Salomón, A. (Coords.), Diccionario del Agro Iberoamericano. Buenos Aires, Argentina: Teseo.

Schaller, E. (2014). La formación de la economía correntina. Res Gesta, 51, 119-143.

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