(Misiones, Argentina, 2002-2023)
María Cecilia Gallero[2]
Definición
El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) es una entidad autárquica creada en 2002 con el fin de promover la producción, la industrialización, la comercialización y el consumo de la yerba mate. Con jurisdicción en todo el territorio de la República Argentina, su sede central se ubica en Posadas, capital de la provincia de Misiones. El INYM desempeña un papel crucial en la resolución de conflictos económico-políticos dentro del sector yerbatero, centrándose en la mejora de los precios de la materia prima y abogando por políticas públicas de fomento tanto a nivel regional como sectorial, con el objetivo de promover la equidad y el desarrollo.
Origen y antecedentes
La yerba mate, Ilex paraguariensis St. Hilarie, es un ejemplar natural del soto bosque de la Selva Paranaense o Mata Atlántica que se extiende en la región de Brasil, Paraguay y Argentina. Su nombre vernáculo es caá o ka’a (planta) en Paraguay y erva-mate o congonha en Brasil. En Argentina, debido a sus características particulares –requiere suelos rojos profundos y clima cálido-húmedo de tipo subtropical–, es un cultivo perenne que, desde inicios del siglo XX, se produce fundamentalmente en la provincia de Misiones y, en menor medida, en Corrientes (Gallero, 2019).
Según el último Censo Nacional Agropecuario (INDEC, 2021), constituye el cultivo industrial con mayor cantidad de explotaciones agropecuarias (EAP). El 97,3% de las mismas se ubican en Misiones (12.743 EAP) y el resto, en Corrientes (356 EAP). En Misiones el cultivo yerbatero ha asumido históricamente un peso significativo. Por ejemplo, a principios del siglo XX se hallaba presente en el 62% de las EAP. Más del 93% de las mismas poseía superficies implantadas inferiores a 25 ha, de las cuales aquellas con menos de 5 hectáreas constituían el 43%. El 7% restante estaba en manos de productores que concentraban casi el 40% de las hectáreas cultivadas con yerbales en la provincia (Rau, 2009, p. 69).
El INYM fue instituida en medio de una profunda crisis económica y social a fin de regular y fiscalizar la producción de la yerba mate, siguiendo los pasos de su predecesora, la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), creada en 1935. Con un carácter regulador ésta última había procurado proteger al sector yerbatero, afectado por la sobreproducción y la competencia de la yerba brasileña importada, otorgando cupos para la plantación y cosecha (Lagier, 2008). El organismo experimentó cambios significativos a lo largo del tiempo, con momentos muy críticos en su período de existencia, como la crisis de sobrestock de materia prima en 1966, en la cual se llegó a prohibir la cosecha, lo que generó problemas adicionales y afectó al Mercado Consignatario. En virtud de los perjuicios ocasionados, la cosecha fue liberada en 1976.
En 1991, la eliminación de la CRYM conllevó la supresión de todas las medidas regulatorias y de control, lo cual desencadenó una tercera crisis en el sector, que impactó principalmente en los productores debido al exceso de oferta de hoja verde. La implementación de la libre competencia dio lugar a una etapa signada por la abundancia de materia prima y la caída paulatina de los precios al productor (Freaza, 2002, p.118). Además, la desregulación devino en un manejo oligopólico de la comercialización: la falta de financiamiento impulsó la concentración de la demanda en pocos molinos yerbateros, lo que a su vez centralizó la actividad de secado en grandes establecimientos. Así, el retiro estatal de la actividad polarizó la agroindustria yerbatera, entre un reducido grupo de grandes molinos que incrementó notablemente sus excedentes y una mayoritaria fracción de productores empobrecidos (Rodriguez, 2020, p. 56).
Hacia finales de la década, estallaron movilizaciones de productores y trabajadores rurales debido al deterioro de sus condiciones de vida, lo que además motivó el éxodo rural hacia pueblos y ciudades (Rosenfeld y Martinez, 2007, p. 357). La situación explotó en junio de 2001 a raíz del “tractorazo”, una protesta encabezada por tractores y manifestantes de diversa índole –entre los que se destacaron pequeños productores y tareferos– que confluyeron a la plaza central de Posadas y acamparon allí durante cincuenta días. Esta crisis, inédita en su manifestación, condujo a la fundación del INYM (Ley 25.564/02). El hecho fue festejado en el emblemático “Cruce de San José”, lugar en el cual los yerbateros se habían concentrado para sostener sus reclamos. Desde entonces, la entidad se ha convertido en la principal autoridad reguladora de la producción yerbatera, la cual detenta un poder de arbitrio mayor que la antigua CRYM. Juan José Szychowski, presidente del INYM, en el vigésimo aniversario de la entidad ilustró muy bien el rol que la misma detenta en la negociación sectorial:
Este aniversario pone en valor a la institucionalidad, entendida como la plena vigencia del organismo al servicio del bien común, en este caso dando pasos para fortalecer a la actividad más importante de la tierra colorada, a la yerba mate, que se compone de 209.276,896 hectáreas cultivadas, con 12.832 productores, 15.000 tareferos, 197 secaderos y 102 molinos y molinos–fraccionadores (Szychowski, 2022).
Regulación de precios y producción
El Directorio constituye el máximo órgano de decisión del organismo. Integrado por 12 representantes de los diversos eslabones de la cadena yerbatera –trabajadores rurales (1), producción (3), secaderos (1), cooperativas (2), industria molinera (2), gobierno de las provincias productoras (1 de Misiones y 1 de Corrientes) y gobierno nacional (1)– asume, entre sus funciones, la controvertida fijación del precio de la hoja verde y de la yerba canchada. Esta decisión, a diferencia del resto, debe adoptarse por acuerdo unánime. Cuando esto no ocurre, los valores son determinados a través de un laudo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación –que ha cambiado de nombre y rango desde entonces–.
El precio se fija por períodos semestrales (de abril a septiembre y de octubre a marzo) en base a la consideración de los costos de producción (incluidas cargas impositivas, laborales y previsionales), una “rentabilidad razonable” y el precio de góndola de las marcas que representen el 50% de las ventas del mercado (Schwarz, 2015, p. 137). El mismo pretende alcanzar un valor óptimo para los distintos actores, lo cual pocas veces se logra, principalmente por la dificultad que entraña el consenso entre la industria molinera, los pequeños productores y los tareferos. De hecho, entre 2002 y 2023, el precio de la hoja verde y de la yerba mate canchada ha sido fijado mayoritariamente por laudo –63% del total de disposiciones– antes que por resolución consensuada del Directorio. Por otra parte, la legislación no establece un organismo técnico que arbitre al efecto (por ejemplo, el INTA), así como tampoco interviene en la determinación del precio del producto comercializable en góndola.
Junto al control de precios, el INYM implementa medidas para facilitar el equilibrio entre la oferta y la demanda. En caso de detectar desequilibrios –en base a estadísticas, registro de existencia de materia prima, proyecciones de demanda futura, relevamientos satelitales o censos de plantaciones–, detenta la autoridad para limitar la producción, fijando el calendario de cosecha, restringiendo temporalmente nuevas plantaciones y/o aplicando cupos de cosecha.
Fiscalización y promoción yerbatera
Desde su creación, el INYM se ha transformado en la institución reguladora de la producción yerbatera, siendo su objetivo prioritario el de afianzar la sustentabilidad del sector, así como también asistir, investigar, fiscalizar y promocionar el consumo de la yerba mate argentina, tanto en el mercado interno como en el externo. Para realizar su labor efectúa operativos de control en establecimientos yerbateros, caminos, comercios, góndolas y otros puntos de venta de yerba mate al público. Dentro de su arbitrio figura:
- Verificar que los vehículos que transportan hoja verde, yerba mate canchada, molida o en paquetes cuenten con la documentación respaldatoria exigida, en labor conjunta con la Policía Provincial y Gendarmería Nacional. Esto permite controlar el flujo de producción desde su origen hasta el producto final.
- Fiscalizar de manera interna las actividades declaradas por los operadores yerbateros en todos sus rubros: productores primarios, acopiadores, secaderos y molineros.
- Instruir y tramitar sumarios.
- Efectuar el control de estampillado en todo envase cualquiera sea su formato, en la salida de la planta molinera o fraccionadora, sea en transporte, distribuidoras y comercios. La estampilla es un sello que certifica el pago de la tasa de Inspección y Fiscalización al INYM.
La estampilla es la principal fuente de financiamiento del INYM. Por otra parte, el sistema contempla su participación y actuación como agente de instrumentación y percepción de la tarifa sustitutiva del Convenio de Corresponsabilidad para la Actividad Yerbatera, suscrito en el marco de la Ley 26.377. Esta regulación apunta a dotar a empleadores y trabajadores de un dispositivo de regulación laboral, capaz de saldar la histórica explotación de tareferos o cosecheros de yerba mate (Gortari, Re y Roa, 2017).
En lo que se refiere a los aspectos técnicos, el Instituto ejecuta el Programa Regional de Asistencia al Sector Yerbatero (PRASY), que brinda apoyo a grupos de productores en temas básicos como manejo de suelo, cosecha, control de plagas y malezas. También financia proyectos de investigación en los diversos campos de la yerba mate (producción primaria, elaboración, búsqueda de nuevos productos, análisis de sus propiedades, etc.). Por último, es importante mencionar una novedosa iniciativa: el Plan Estratégico para el Sector Yerbatero, el cual representa el primer intento –aún no concretado– por instaurar una planificación integral para la industria.
Reflexiones
Desde su creación el INYM se ha erigido en una plataforma de diálogo a favor del equilibrio entre los múltiples y disímiles actores involucrados en la cadena productiva de la yerba mate. A través de su desempeño, ha dejado una significativa impronta en el sector yerbatero y en la estructura social agraria y agroindustrial. Este impacto se manifiesta en la configuración de los diversos actores sociales representados en la entidad, tales como productores, tareferos, plantadores, agroindustria, molinos, secaderos, sector comercial y gobiernos provincial y nacional, entre sus principales.
Una de las críticas más recurrentes que ha recibido refiere a la fijación del precio, pues muchas veces éste no refleja los costos de producción como tampoco el punto de equilibrio de la demanda de los consumidores. Dependiendo de la situación económica general, tal discrepancia genera un mercado informal de yerba mate en sus diversas variantes (canchada y/o envasada), que incurre en la evasión fiscal y la carencia de todo tipo de control estatal. De modo que la regulación del precio específico del mercado yerbatero motiva insatisfacción en los diversos actores de la cadena. Mientras los molinos ejercen influencia política y detentan una posición hegemónica, los productores sufren los crecientes costos operativos y los tareferos bregan por estabilidad y seguridad laboral. Además, el grado de concentración en la etapa agroindustrial y comercial, así como la disparidad en el rendimiento por hectárea de los yerbales, las condiciones de vida y trabajo de los tareferos, entre otras realidades, muestran la complejidad que enfrenta el INYM.
Sin embargo, sus fortalezas se fundan en la promoción del cultivo, la mejora y tipificación del producto (yerba orgánica, biodinámica, secado a barbacuá, secado a cinta, etc.) y la exploración de nuevos mercados. Aunque a menudo es percibido por los productores como un organismo burocrático, el INYM ha representado un punto de inflexión en las políticas de planificación a nivel regional y nacional. En efecto, su reconocimiento dentro de las economías regionales ha marcado un cambio significativo en el enfoque de la política económica, que desde los años 2000 ha priorizado la intervención estatal.
Bibliografía
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- Recibido: marzo de 2024.↵
- Doctora en Historia por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCu), Magíster en Antropología Social por la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y Licenciada y Profesora en Historia por la Universidad del Salvador (USAL). Investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Estudios Sociales y Humanos (IESyH) de la UNaM y Profesora Adjunta en la misma universidad. Contacto: ceciliagallero@yahoo.com.ar.↵






