(Argentina, 1975-2025)

Cristian Wilson^[2]

Definición

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) es una entidad gremial de segundo grado que representa a empresarios agropecuarios ganaderos y mixtos. En la actualidad, la Federación cuenta con dieciséis sociedades rurales adheridas, ubicadas en cabeceras departamentales, lo que le permite mantener una presencia institucional relevante en todo el territorio. FARER forma parte de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), consolidando así su articulación con el entramado agropecuario nacional.

Origen: de la instancia local a la federativa

El desarrollo de la organización rural en Entre Ríos debe situarse en el marco de un proceso más amplio de institucionalización gremial que, desde fines del siglo XIX, dio lugar a la conformación de numerosas sociedades rurales (SSRR) locales. Impulsadas en parte por el gobierno de Salvador Maciá (1895–1899), estas entidades surgieron en las cabeceras departamentales –como Paraná (1896), Gualeguaychú (1897) y Concordia (1898)– y se expandieron a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, generando un denso entramado territorial de representación agropecuaria.

A diferencia de la Sociedad Rural Argentina (SRA), cuya base se ubicaba en la gran propiedad pampeana y los intereses de las élites porteñas, las SSRR entrerrianas representaban a un espectro más diverso de productores, con fuerte anclaje regional y vínculos más directos con las dinámicas productivas y políticas provinciales. Esta diferenciación organizativa anticipó, en muchos sentidos, el surgimiento de estructuras federativas como FARER, que buscaron articular las demandas de estas entidades locales en un contexto de creciente complejidad productiva y presión fiscal sobre el sector.

La consolidación del entramado asociativo rural entrerriano a lo largo del siglo XX dio lugar a una institucionalización progresiva del gremialismo agropecuario en clave regional. En el contexto de crisis económica e intervencionismo estatal en la década de 1930, las SSRR de las provincias de Entre Ríos, Corrientes y las de los entonces territorios nacionales de Misiones, Chaco y Formosa formalizaron la constitución de la Confederación de Sociedades Rurales del Litoral (CSRL), entidad sobre la cual delegaron la representación de sus posiciones gremiales ante las CRA y que estuvo vigente hasta su disolución en 2003 (Wilson, 2024).

Esta transición de lo local a lo federativo estuvo marcada por dos factores clave: por un lado, las crecientes tensiones fiscales y políticas que enfrentaban los productores agropecuarios a nivel provincial y nacional; por otro, la necesidad de fortalecer la interlocución con el Estado y con otras organizaciones del agro argentino. En este contexto, la creación de la FARER debe entenderse como un momento culminante –aunque no definitivo– de ese proceso de institucionalización organizativa, a medida que se diversificaban las actividades productivas (incorporación de cultivos oleaginosos, lechería) y se complejizaban las demandas sectoriales. Las SSRR locales fueron reconociendo la necesidad de construir instancias de coordinación y representación colectiva más amplias.

La FARER fue constituida a partir de una Asamblea de las SSRR entrerrianas efectivizada el 24 de mayo de 1975 en la ciudad de Paraná. La misma contó con la participación de doce asociaciones correspondientes a los departamentos: Gualeguaychú, Victoria, Uruguay, Colón, Nogoyá, Tala, Gualeguay, Villaguay, Paraná, La Paz, Concordia y Federal. La misma eligió como presidente a José Luis Barbiero (SR de Rosario del Tala) y vicepresidente a Eduardo Caminal (SR de Concordia). Entre los objetivos se destacaba la unificación del accionar gremial para ejercer su representación ante el Estado provincial y promover el desarrollo de la producción agropecuaria, acciones que comenzarían a traducirse en demandas hacia los gobiernos provinciales y nacionales.

De acuerdo a sus Estatutos, el órgano máximo de la Federación es la Asamblea, constituida por todas las SSRR afiliadas, que poseen la potestad para designar las autoridades de la Mesa Directiva (MD), cada dos años. Ésta, conformada por un presidente, secretario y tesorero, tiene la función ejecutiva y de representación de la entidad. Un Consejo Directivo, integrado por la MD y un delegado de cada SR, se reúne mensualmente para evaluar lo actuado por la MD, informar avances en las mesas de trabajo (Ganadera, Lechería, Agrícola, entre otras) y definir el posicionamiento de la entidad ante diversos temas. Generalmente, el presidente y el secretario provienen de la misma SR y expresan la iniciativa de un grupo dirigencial que logra, a partir de alianzas con otras SSRR, posicionarse como conducción de toda la Federación, aunque también es relevante el peso económico de la SR que aspira a serlo, evidenciado por el aporte de la producción agropecuaria del departamento a la provincia y el grado de dinamismo económico de su Exposición rural anual.

Demandas y estrategias en dictadura

El posicionamiento político-ideológico de FARER se puede reconstruir a través de su accionar gremial durante el período de la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976–1983) y los gobiernos democráticos que le sucedieron. La FARER, al igual que las CRA, se encontraron en una situación paradójica ya que, por un lado, ofrecieron un respaldo público al autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” y a la “filosofía económica” del 2 de abril de 1976 –las reformas liberales expresadas por el ministro de Economía José Martínez de Hoz–, mientras que, por otro lado, señalaron –transcurrido el primer año de gobierno– el desvío del rumbo económico y la necesidad de aplicar medidas correctivas para el logro de las metas productivas y fiscales para posicionar al sector agropecuario como eje del crecimiento económico nacional.

Las demandas de FARER apuntaron a la disminución de aportes fiscales del agro al Estado y a la recuperación de la rentabilidad, que se lograría a partir de la liberación de los mercados, la eliminación de las retenciones a las exportaciones y la no aplicación de aranceles a los insumos agropecuarios. En ese contexto la entidad alertó sobre el estancamiento de la producción pecuaria y el retroceso de la actividad agrícola, por lo que formuló críticas al proceso inflacionario, como también al retraso cambiario y al gasto público “excesivo”.

Las estrategias de mediación política, tanto de las CRA como de la CSRL fueron canalizadas a través de comunicados y solicitudes de audiencia con las autoridades nacionales de las áreas económica y agropecuaria, en el marco de la prohibición de las actividades gremiales. La FARER se posicionaba así en consonancia con la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), en tanto “guardián de doctrina” (Palomino, 1989). Estas tensiones ideológicas durante la última dictadura y su reconfiguración en democracia sentaron las bases de un patrón de relacionamiento con el Estado.

Posicionamientos y alianzas en democracia

Tras el retorno de la democracia y la asunción como presidente del radical Raúl Alfonsín en 1983, las CRA tuvieron una actitud confrontativa con el gobierno, aunque su situación económica había mejorado sustancialmente (Lattuada, 1991). Lideró cuatro paros agropecuarios y el “camionetazo” a Plaza de Mayo en marzo de 1985, exigiendo la eliminación total de las retenciones y objetando la ley de impuesto a la tierra libre de mejoras.

En el ámbito provincial, las demandas de FARER fueron traducidas en acciones de protesta, como la “marcha a Paraná” de abril de 1985 en apoyo al paro comercial de las CRA, a lo que se sumaba el reclamo contra el anticipo del impuesto inmobiliario rural, dispuesto por el gobernador de Entre Ríos Sergio Montiel.

Los posicionamientos liberales respecto al rol del Estado, tanto de FARER como de las CRA y la SRA, se consolidaron a partir de las políticas neoliberales del gobierno de Carlos Menem en la década de 1990, signadas por la desregulación de los mercados agropecuarios, la eliminación de las Juntas de Carnes y Granos, el fin de las retenciones a la exportación y otros impuestos considerados distorsivos (Salvia, 2014). De todos modos, durante esos años en los que se impuso el régimen de la convertibilidad (1991-2001), el sector agropecuario se vio impactado por la aceleración del proceso de concentración y centralización del capital agrario y la expulsión de la producción de los capitales, especialmente de los más pequeños (Pérez Trento, 2015), lo que repercutió decisivamente sobre la base social de los representados por las entidades gremiales. Algunas problemáticas agropecuarias en común se traducirían en demandas hacia los gobiernos en torno al atraso cambiario y la refinanciación de las deudas.

Esta confluencia en unidad se evidenció con el paro de comercialización agrario de abril de 1999 –realizado de manera conjunta entre las CRA, Federación Agraria Argentina (FAA), Consejo Intercooperativo Agropecuario (CONINAGRO) y SRA–, que se materializó a partir de movilizaciones y cortes de rutas sostenidos por la FAA Distrito Entre Ríos y la Federación Entrerriana de Cooperativas (FEDECO) –con tono más duro y confrontativo–, dado que las posturas de FARER y SRA fueron más dialoguistas, siguiendo la tendencia manifestada en el plano nacional (Wilson, 2023). Con la salida de la convertibilidad y la devaluación del peso, en los inicios del gobierno de Eduardo Duhalde, en 2002, la FARER tuvo una participación destacada, alineándose a otras entidades del agro entrerriano que aprobaron la necesidad de conformar una nueva alianza del Estado con los sectores de la producción, que el entonces presidente impulsaba.

El restablecimiento de las retenciones a las exportaciones en abril de 2002 dividió el frente común en el ámbito nacional, ya que las CRA y la SRA rechazaron la medida bajo argumentos históricos –como la apropiación de renta agraria por el Estado– y, para la FARER, porque las retenciones harían pagar el costo de la devaluación a las economías regionales, remarcando la defensa de sus intereses dentro de la cadena agroindustrial.

Alineamientos y acciones colectivas en las últimas dos décadas

En julio de 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, tanto la FARER como las CRA –representantes de los intereses de productores ganaderos– fueron las principales entidades del agro que sostuvieron el conflicto contra la intervención estatal en el mercado de la carne vacuna y contra la restricción a las exportaciones, que originaban la caída en el precio de la hacienda, junto a cuestionamientos por las retenciones, plegándose en diciembre la FAA y la SRA a un paro comercial agropecuario. Sin lograr la unidad de todas las entidades ni constituir un comando central y un programa político (Sartelli, 2008), fue el antecedente inmediato del conflicto agrario de 2008.

El rechazo a la Resolución Nº 125 del Ministerio de Economía de marzo de 2008 –que estableció las retenciones móviles a los granos– originó uno de los conflictos agrarios más importantes y extendidos de la historia argentina (Barsky y Dávila, 2009; Giarracca, Teubal y Palmisano, 2010). En ese marco, la FARER se articuló con FEDECO, FAA y SRA, conformando la Mesa de Enlace provincial –tal como sucedió a nivel nacional–. Sus dirigentes, productores asociados y autoconvocados sostuvieron los cortes de ruta entre los meses de marzo y julio en Entre Ríos, uno de los epicentros de las movilizaciones ruralistas. La resolución del conflicto en el Senado nacional, favorable a las pretensiones de las entidades agrarias, generó la articulación con actores políticos opositores al gobierno de Cristina Fernández y, como ocurrió en diversos distritos del país, algunos de sus dirigentes se incorporaron a las listas para las elecciones legislativas de 2009. Así, el presidente de FARER, Jorge Chemes, resultó electo diputado nacional por el Acuerdo Cívico y Social.

La línea política opositora hacia el gobierno nacional continuó durante el segundo gobierno de Cristina Fernández (2011–2015). FARER, en el marco de un espacio multisectorial –junto a entidades de la agroindustria entrerriana– efectivizó diversas acciones de protesta en demanda de cambios entre junio y agosto de 2015. El triunfo de Mauricio Macri –de la alianza Cambiemos– en las elecciones presidenciales, como también las primeras medidas económicas –disminución a 0 de todas las retenciones excepto la soja, liberación del tipo de cambio, entre otras– motivaron expectativas en FARER, aunque con el restablecimiento de los derechos de exportación a todos los productos agropecuarios en 2018, las CRA volvieron a reactivar la Mesa de Enlace nacional, mostrando actitudes opositoras (Sanz Cerbino, 2024). En el plano provincial, durante los gobiernos de Gustavo Bordet (Partido Justicialista) –desde 2015 hasta 2023–, FARER concentró sus demandas en rechazo a los aumentos del impuesto inmobiliario rural y a favor de solicitudes de declaración de emergencia agropecuaria, con disputas con grupos ambientalistas en torno al proyecto de ley de regulación de agroquímicos. En el último año, con el gobierno de Rogelio Frigerio (alianza entre Propuesta Republicana –PRO– y UCR), dirigentes de las SSRR se incorporaron a las áreas de Producción, Agricultura y Ganadería, en un contexto nacional donde el atraso cambiario tensiona los posicionamientos históricos y coyunturales, tanto de las CRA como de FARER.

Desafíos y perspectivas de análisis

A la luz de los procesos revisados, resulta crucial indagar cómo los cambios productivos impactaron en la base social de FARER, especialmente tras la consolidación de los agronegocios y el desplazamiento de productores tradicionales. Algunos estudios –enfocados en la región pampeana– señalan las mutaciones producidas en el modelo organizativo y en los discursos sostenidos por las SSRR –como la incorporación de un discurso empresarial y de gestión de servicios para sus asociados, la relación de complementariedad con las asociaciones técnicas y las exposiciones rurales anuales como ámbitos de circulación de saberes y de concertación de negocios– que, para el territorio entrerriano, aún no han sido suficientemente exploradas.

Además, resulta imperioso profundizar el conocimiento de las disputas al interior de las CRA hacia la primera mitad de la década de 1970, el posicionamiento respecto a la política agraria peronista y su relación con el origen de FARER, como también el desarrollo de perspectivas de análisis comparativas sobre las Federaciones que integran las CRA en el contexto de los cambios en los regímenes de acumulación, que se traducen en modificaciones de sus estructuras organizativas.

Bibliografía

Barsky, O. y Dávila, M. (2009). La rebelión del campo. Historia del conflicto agrario argentino. Buenos Aires: Sudamericana.

Giarracca, N., Teubal, M. y Palmisano, T. (2010). Paro agrario: crónica de un conflicto alargado. En Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.), Del paro agrario a las elecciones de 2009: tramas, reflexiones y debates (pp. 253-274). Buenos Aires: Antropofagia.

Lattuada, M. (1991). El gobierno de Alfonsín y las corporaciones agrarias: una visión de conjunto. En Nun, J. y Lattuada, M. (coords.), El gobierno de Alfonsín y las corporaciones agrarias (pp. 107-171). Buenos Aires: Manantial.

Palomino, M. (1989). Organizaciones corporativas del empresariado argentino. CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) 1955-1983. Buenos Aires: CISEA.

Pérez Trento, N. (2015). La acción política de la Federación Agraria Argentina durante el período de la Convertibilidad (1991-2001). Mundo Agrario, 16(32), 1-24.

Salvia, S. (2014), Asociaciones empresarias del agro y crisis de acumulación, 1998-1999. Un antecedente de la “Mesa de Enlace”. Mundo Agrario, 15(28), 1-30.

Sanz Cerbino, G. (2024). Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) (Región Pampeana, Argentina, 1932-2020). En Muzlera, J. y Salomón, (eds.), Diccionario del agro iberoamericano. Buenos Aires: TeseoPress.

Sartelli, E. (2008). Patrones en la ruta. El conflicto agrario y los enfrentamientos en el seno de la burguesía, marzo-julio de 2008. Buenos Aires: Razón y Revolución.

Wilson, C. (2023). ¿Una “Mesa de Enlace provincial”? La coordinación de acciones entre las asociaciones agropecuarias de Entre Ríos en los ciclos de protesta agraria del período 1999-2008. Cuadernos del Sur, (52), 85-114.

Wilson, C. (2024). Confederación de Sociedades Rurales del Litoral (CSRL) (Argentina, 1932-2003). En Muzlera, J. y Salomón, A. (eds.), Diccionario del agro iberoamericano. Buenos Aires: TeseoPress.

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